3 semanas que han conmovido a Colombia

Por Alfredo Campos , abogado especializado en protección internacional.

En el momento en que escribo estas líneas, Colombia vive su tercera semana de protestas y violencia en las calles, aunque sin la virulencia de los primeros días, pero ¿qué está sucediendo realmente en el país? Al margen de explicaciones simplistas y de “brocha gorda” que tratan de reducir el conflicto a una serie de protestas instigadas por elementos de la izquierda radical; subyacen toda una serie de causas y factores que indican que se trata de algo más complejo.

Para empezar, la violencia se encuentra enraizada en las etapas más tempranas del nacimiento del estado colombiano que se fue desarrollando al mismo tiempo que se desangraba en guerras fratricidas entre los seguidores de los partidos liberal y conservador, coincidiendo con el momento histórico denominado “La Violencia” (años 40-50). Este período culminó el 9 de abril de 1948, con el asesinato del político liberal que azotaba a las élites conservadoras tradicionales Jorge Eliecer Gaitán. Su muerte desató una ola de violencia denominada el “Bogotazo”.

Desde la propia formación de la nación colombiana se ha consolidado un sistema económico y social caracterizado por un sistema de explotación y distribución de la tierra de los más desiguales del mundo que entronca con el sistema de haciendas vigente durante la colonización española y del que han surgido unas élites que han controlado el poder desde un primer momento.

Paralelamente, la aparición de movimientos guerrilleros a mediados del siglo XX ha provocado la aparición de toda una respuesta de reacción contra estos grupos de ideología marxista, muy enraizada en amplios sectores del estado y de las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, se ha desarrollado una cultural política fuertemente impregnada por la violencia, la corrupción, el clientelismo y el narcotráfico.

Las protestas actuales tienen como punto de partida la propuesta del gobierno de Colombia de sacar adelante la Ley de Solidaridad Sostenible; una reforma fiscal de gran calado que el gobierno ha presentado tal vez en el momento menos oportuno. La norma tiene como propósito pagar la “factura” del gasto generado por la pandemia, dar confianza a los inversores y agencias de calificación, y, en cierta medida, financiar programas sociales que benefician a aquellos sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad o pobreza.

La sociedad colombiana se encuentra inmersa en una profunda crisis social, política y económica. Las tasas de desempleo se han disparado lo que ha provocado un aumento de la desigualdad y el crecimiento económico ha sufrido una importante caída. En definitiva, el proyecto de ley implica que el grueso de la carga fiscal recaiga sobre una empobrecida y disminuida clase media; ya que se amplía el colectivo de personas que deberán declarar la renta a partir de 2022, y esta clase media constituye en su mayoría la población trabajadora del país.

Para añadir ingredientes a este cóctel de incertidumbre, el año que viene se celebran en Colombia elecciones Legislativas y Presidenciales, lo cual enturbia aún más el enrarecido panorama político.

Si bien es cierto que el detonante de las protestas es el proyecto de reforma tributaria, existe previamente un caldo de cultivo de descontento social que ha venido a acentuarse con la pandemia. Algunos datos vienen a corroborar esta tesis. El PIB ha sufrido un batacazo del 6,8% a lo largo de 2020, el peor de toda su historia. La tasa de desempleo ha escalado a finales de 2020 hasta el 15,9% y la pobreza monetaria se sitúa en una media del 42,5% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

No hay que olvidar que la pandemia ha arrojado a 3.5 millones de personas nuevas a la pobreza. Por ello, no es de extrañar que la cifra de ciudadanos colombianos que emigran para buscar un futuro mejor no para de crecer cada año situándose en el 2019 en 2.869.032, un 5,70% de la población total del país, siendo España uno de los principales destinos.

Las protestas actuales que tienen lugar a partir del 28 de abril de 2021, en plena tercera ola de la Covid-19, en realidad son una extensión de una cadena de protestas y movilizaciones sociales que ya se venían produciendo desde el año 2019-20. Así, en septiembre de 2020 la muerte violenta de una persona a manos de la policía desató una ola de inusitada violencia en la ciudad de Bogotá. Este episodio causó una profunda conmoción en la sociedad colombiana.

El 28 de abril marca el pistoletazo de salida para las actuales protestas, convocadas por organizaciones sociales, sindicales y asociaciones representativas del movimiento indígena. Desde un primer momento se han sucedido manifestaciones multitudinarias y pacíficas con disturbios violentos, bloqueo de carreteras y ataques contra el patrimonio. El día 3 de mayo, coincidiendo con la sexta jornada de protestas, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su viceministro, Juan Alberto Londoño, presentan su renuncia.

El día anterior, el presidente Iván Duque había anunciado la retirada del proyecto de reforma tributaria y su reformulación, en un intento desesperado de desactivar la ola de violencia que se extendía por todo el país. La respuesta del gobierno ha oscilado entre restar importancia a las protestas y condenarlas como actos de “vandalismo terrorista”, empleando mano dura en su represión al margen de concesiones como la retirada de la reforma. A esto se le une el polémico tuit que escribió el expresidente Álvaro Uribe, principal padrino político del actual presidente Iván Duque, apelando al “derecho de soldados y policías de utilizar sus armas”. El tuit fue posteriormente eliminado y la cuenta del exmandatario suspendida por los administradores de la red social.

Los muertos y los desaparecidos se multiplican y ciudades como Cali, tradicionalmente “olvidadas” en la agenda de los diferentes gobiernos de la Casa de Nariño, se han convertido en emblema de las protestas contra el mismo.

Lo cierto es que la ola de protestas ha suscitado un amplio apoyo social tanto dentro como fuera del país por parte de la diáspora colombiana. El panorama social, económico y político que afronta Colombia es ciertamente desolador.

Si bien después de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se produjo un importante descenso de la tasa de violencia en el país, especialmente en las zonas rurales. A lo largo de 2020 con una gran parte de la población en cuarentena, numerosos grupos armados han aprovechado la situación para ampliar y consolidar su control territorial. El vacío dejado tras la retirada de las Farc de territorios que estaban bajo su control, ha provocado encarnizados combates entre grupos disidentes de esta guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por el control de las actividades ilegales que venían ejerciendo éstas.

Las cifras de desplazamiento forzado volvieron a remontar en 2020 después de algunos años de descenso y no hay que olvidar que Colombia es el país que acoge a más desplazados internos de todo el mundo, ascendiendo su cifra a casi 8 millones de personas.

Resulta muy ilustrativo echar un vistazo, por ejemplo, al mapa de 2018 de la ciudad de Cali presentado anteriormente, donde se puede observar la relación entre un mayor número de homicidios con un estrato social más bajo. Los homicidios se concentran en las comunas de Ladera y Oriente, las cuales coinciden con las zonas de menor estrato socioeconómico de la ciudad y dónde se concentra un mayor número de desplazados.

Propuestas como la reforma tributaria presentada en abril de 2021, ciertamente desconectadas de la realidad, no hacen más que exacerbar los ánimos de la ciudadanía ya de por sí castigada por la grave crisis que atraviesa Colombia y la situación causada por la pandemia, mientras al mismo tiempo funcionarios y representantes de las instituciones del estado no han dudado un momento en tomar un avión para vacunarse en el extranjero.

Otro factor determinante en la exacerbación de las protestas ha sido la excesiva violencia con la que se han empleado las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en las diferentes protestas que se han venido produciendo durante los últimos años. El 30 de abril, el Ministro de Defensa anunció que los militares serían desplegados en las calles para “acompañar” a la policía. Se han viralizado numerosos vídeos en los que unidades motorizadas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se emplea con dureza, incluso con armas de fuego, contra manifestantes.

Estas circunstancias han reabierto el debate de por qué la Policía Nacional en Colombia, con más de 160.000 efectivos en todo el país, es un cuerpo militar y no civil que depende directamente del Ministerio de Defensa. Esto se explica en un pasado contexto de lucha contra los poderosos cárteles del narcotráfico y los grandes grupos guerrilleros que azotaron el país durante décadas. Hoy en día, esta justificación no se sostiene y, en todo caso, no parece adecuado el empleo de un cuerpo policial con entrenamiento y tácticas militares para mantener el orden público ciudadano.

Lo cierto es que resulta innegable que se han producido intolerables actos de violencia por parte de manifestantes que incluyen ataques contra el patrimonio, saqueos, lanzamientos de piedras y objetos contundentes contra las fuerzas de seguridad e incluso la quema de puestos y estaciones de la policía. No obstante, la mayor parte de los indicios y pruebas gráficas de los disturbios apuntan a que los abusos generalmente han ido en otra dirección. Urge una revisión profunda de la organización y funcionamiento de las fuerzas de seguridad en Colombia.

Es indudable que estas protestas pueden marcar un punto de inflexión que determine el rumbo a medio plazo en la política colombiana. La brecha entre amplios sectores de la ciudadanía y las élites gobernantes se hace cada vez más grande. Se impone en primer lugar y como medida urgente, desescalar la actual espiral de violencia y enfrentamientos y, por otro lado, abrir un amplio diálogo nacional para tratar de alcanzar acuerdos entre sectores de la sociedad cada vez más polarizados y con el riesgo de caer en una ruptura sin retorno.