¿Adónde va Arabia Saudí?

Venía de largo, pero todo terminó por estallar el 17 de diciembre de 2010 en Túnez. Ese día, Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de 26 años, se inmoló frente a una comisaría en Sidi Bouzid tras sufrir la enésima vejación por parte de la policía, que le había retirado el carro donde exponía su mercancía y lo había apaleado en público apenas unas horas antes.

El vídeo de su cuerpo ardiendo corrió como la pólvora entre los teléfonos magrebíes y árabes, y muchos de quienes lo compartieron no pudieron evitar sentirse identificados con su historia. También ellos habían sufrido la represión y los abusos, que siempre estaban en el orden del día. Y así, fruto de un sentimiento de hartazgo compartido, entre los años 2010 y 2011 una serie de levantamientos populares, que han pasado a la Historia como la Primavera Árabe, desafiaron el statu quo en la mayoría de los países de la región.

Millones de personas salieron a las calles para protestar contra regímenes que impedían avances en pro de la modernidad y la democracia. Los gobiernos autoritarios de países como Túnez, Libia, o Yemen habían agotado la paciencia de una población cada vez más numerosa que no encontraba salidas laborales tras finalizar los estudios, y a la que no se permitía participar de la vida política para buscar soluciones a los problemas nacionales. Fue el toque de atención que el authoritarian bargain, la suerte de contrato social predominante en los países árabes, venía exigiendo desde hacía tiempo. Un contrato social mediante el que los gobiernos se valían del superávit de cuenta corriente que les generaba la vasta exportación de petróleo —sobre todo desde que subieran los precios en 1973— para financiar ambiciosos planes de gasto público que garantizasen a sus ciudadanos unos niveles de vida bastante aceptables. Como contrapartida, la ciudadanía cedía el total control de la política a las altas esferas del gobierno.

Tenía razón Edmund Burke cuando dijo eso de que “un Estado sin los medios de algún cambio carece de los recursos para renovarse” . Lo que no sabía Burke es que su afirmación, que aparece en la obra de 1790 Reflexiones sobre la Revolución Francesa, sería válida más de doscientos años más tarde. Y es que el gran ritmo de crecimiento demográfico y el estancamiento de unas economías nacionales demasiado dependientes de la explotación de combustibles fósiles fueron dos factores clave del colapso de muchos países árabes y norteafricanos a principios de década, que habían sido incapaces de actualizar sus dinámicas internas a las necesidades de su población.

Cuando las barbas del vecino veas cortar…

En Arabia Saudí, la Primavera Árabe no causó demasiados estragos, más allá de unas cuantas protestas entre 2011 y 2012 que terminaron con el gobierno haciendo una serie de concesiones simbólicas a la ciudadanía. Pero fue suficiente para que la familia real saudí tomara buena nota de la necesidad de modernizar su sistema productivo para seguir legitimada en el poder y evitar una debacle a gran escala, como había ocurrido en Egipto o Siria.

El análisis de la situación del reino llevó a la conclusión de que Arabia Saudí, tanto a nivel económico como en el plano social, dependía demasiado de las exportaciones de petróleo, y eso les estaba impidiendo avanzar en otros frentes. No en vano, la bajada del precio del barril de Brent desde 2014 ha afectado especialmente al país, que lleva seis ejercicios seguidos registrando un déficit presupuestario o, lo que es lo mismo, gastando más dinero del que ingresa. De momento, puede financiar el déficit echando mano de sus reservas de moneda extranjera. Pero la familia real ha comprendido la necesidad de ir más allá y transformar su economía adaptándola de manera competitiva al mercado internacional. Hay otros datos que avalan esa decisión: ha aumentado el paro entre los ciudadanos saudíes, los salarios están subiendo a un ritmo bajo y el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018 fue del 2,2% —el más alto de los últimos tres años, pero apenas la mitad que en 2015—.

Como una posible solución, varios economistas argumentaron en 2016 que Arabia Saudí podría revertir la situación con una simple modificación de su política de tipo de cambio, dejando que el rial, la moneda nacional, flotase libremente en lugar de mantenerlo controlado mediante el sistema peg, que permite ajustar el valor de la moneda constantemente para evitar pérdidas bruscas. Sometiendo el rial a un tipo de cambio flotante, sujeto a la oferta y demanda de divisas como el que existe en aproximadamente la mitad de los países del mundo, la moneda perdería parte de su valor con respecto al resto de divisas en un primer momento. Eso se traduciría en una menor capacidad para importar productos extranjeros, y muy probablemente bajaría el precio de los productos propios del país, permitiéndole entonces venderlos al extranjero y aumentar el flujo de dinero entrante. Pero los saudíes han preferido mantener el control sobre el tipo de cambio a sabiendas de que deben ofrecer una moneda fuerte y estable a los inversores extranjeros para que asienten sus negocios en el territorio.

Por tanto, Arabia Saudí ha decidido buscar otras vías para arreglar su economía y protegerla de la volatilidad de los precios del petróleo.  Para ello, el gobierno del país publicó en 2016 el documento Vision 2030, en el que analiza la situación actual del reino y presenta una amplia serie de medidas para mejorarla. Impulsadas por el príncipe heredero Mohamed bin Salman, las reformas van enfocadas sobre todo a la diversificación del sistema productivo nacional, a fin de hacer su economía menos dependiente de la industria petrolera. De entre los once objetivos económicos que marcan los saudíes para el año 2030, destacan los siguientes: disminuir la tasa de desempleo al 7%, aumentar la aportación de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) al PIB del 20% al 35%, potenciar la inversión directa extranjera hasta que suponga un 5,7% del Producto Interior Bruto (PIB), fomentar las actividades del sector privado para que su contribución al PIB llegue al 75% (era tan solo del 40% en 2016) y aumentar la tasa de exportaciones no petrolíferas del 16% hasta el 50% del PIB.

El primer paso hacia semejante transformación económica consiste en potenciar el sector privado del país, ya que el gobierno no es capaz de seguir sosteniendo la producción nacional a base de subsidios. Para ello, ha puesto el foco en las pequeñas y medianas empresas, que, con tan solo un 20% de contribución al PIB, distan mucho de ser tan productivas como las de las principales economías internacionales (en EE. UU., por ejemplo, solamente las pequeñas empresas ya representan algo más del 40% del PIB).

Las reformas correrán a cargo de la Small and Medium Enterprises General Authority (SMEA), cuya actividad principal consistirá en la elaboración de un nuevo marco regulatorio que facilite la creación de empresas, eliminando obstáculos burocráticos y favoreciendo la obtención de inversión nacional y extranjera. Con estas medidas, las autoridades esperan fomentar la creación de empleo y que surjan nuevos negocios dedicados a una amplia variedad de actividades. Además, se ha planeado la venta del 5% de las acciones de ARAMCO, la mayor compañía petrolera del reino (y la empresa más rentable del mundo), en una operación que se estima podría reportar un beneficio de hasta 100.000 millones de dólares a las arcas del Estado. Desde que se estatalizara en la década de 1970, su gestión ha dependido del gobierno saudí, que con esta estrategia pretende solventar la disminución de los ingresos por exportaciones de los últimos años. De todos modos, la operación está ahora mismo paralizada, después de que el año pasado se suspendiera sin que los saudíes diesen mayores detalles sobre la decisión.

Paralelamente, las autoridades saudíes introdujeron en 2018, por primera vez, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Hasta entonces, y en cumplimiento de ese “contrato social” mencionado al principio, el gobierno libraba a los ciudadanos del pago de impuestos para mantenerlos satisfechos con su gestión. Pero, cuando la realidad golpeó las arcas del reino, los mandatarios decidieron escuchar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) e introducir una tasa impositiva del 5% a los bienes de consumo. La medida ha funcionado parcialmente, y durante el primer año en vigor ha conseguido aumentar las recaudaciones del Estado, que así podrá sufragar nuevas partidas de gasto público sin tirar de subsidios. Pero el FMI advierte de que una tasa del 5% es demasiado baja y que deberá aumentarla en los próximos años si quiere que tenga impacto a largo plazo.

Bienvenidos, extranjeros

Además de incentivar la actividad del sector privado en el país y subir los impuestos, Arabia Saudí pretende establecer estrechas relaciones comerciales con el exterior. En su programa, se hace hincapié en la voluntad de establecer acuerdos a largo plazo con otros países para fomentar el comercio internacional y la movilidad de capital humano.

Por un lado, esperan atraer capital exterior especialmente hacia empresas dedicadas a la sanidad, la educación, los servicios municipales, las finanzas, la industria energética y la industria armamentística, que serán precisamente el foco de la privatización. Abren así las puertas de la economía a los inversores extranjeros que deseen formar parte de este proceso de expansión, cuyo capital será más que bienvenido dado que durante los últimos años se ha reducido la cantidad de dinero invertido en el país. Pero, por lo pronto, la liberalización de los movimientos de capital estará centrada sobre todo en las inversiones entrantes. En cuanto a las inversiones directas de los empresarios saudíes en el exterior, el gobierno establece sus propias prioridades, a saber, la inversión en grandes compañías multinacionales y en tecnologías emergentes. Lo deja claro en Vision 2030, donde asegura que continuará “facilitando el acceso a la inversión y el comercio en los mercados de valores”. Es decir, que el proceso de apertura de las salidas de capital privado quedará bajo su tutela.

En cuanto a la movilidad del capital humano, aunque la prioridad es reducir la tasa de desempleo nacional —actualmente de un 12,7% según datos oficiales—, los saudíes esperan seguir atrayendo profesionales extranjeros de diferentes áreas para que contribuyan con sus aptitudes al rendimiento de la economía. Por eso, Arabia Saudí ha destinado una gran parte de sus recursos a reducir las trabas a la entrada de extranjeros en el país, facilitando el proceso de obtención de visas o desarrollando ambiciosas “ciudades económicas” como Jizan Economic City o NEOM, el nuevo proyecto con el que el Estado espera levantar una ciudad basada en los pilares de la sostenibilidad y la innovación. La zona gozará de independencia económica, por lo que sus habitantes podrán desarrollar las actividades empresariales con mayor libertad que en el resto del país, fomentando la creación de nuevos empleos.

En Vision 2030 también se incide en la importancia que tiene la educación en la formación de futuros profesionales y se plantean medidas destinadas a mejorar la enseñanza en colegios y universidades. Hasta ahora, la educación de la región árabe ha recibido críticas de algunos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, por la escasa calidad de los contenidos y la ausencia de independencia en actividades de investigación. Acatar reformas en dichas áreas supondría un enorme avance para la sociedad saudí, que, disponiendo de profesionales mejor formados y capaces de desarrollar actividades laborales de más alto nivel, podría promover la contratación de locales en lugar de extranjeros.

Además, para mejorar la imagen internacional del país, los legisladores han querido desmarcarse del Wahabismo: una corriente religiosa que propone una vuelta a la rigurosidad de las tradiciones musulmanas de los tiempos del Profeta y que ha influido en las leyes tan restrictivas del país, especialmente duras para las mujeres. Por eso, Mohamed bin Salman ha reiterado su intención de moderar el peso de la religión en el Estado, y ha impulsado reformas para permitir que las mujeres puedan conducir y acudir como espectadoras a eventos deportivos, cosas que antes tenían prohibidas. También se ha especulado con la posible eliminación de la ley que obliga a las mujeres a obtener el permiso de su tutor masculino para viajar fuera del país. No está claro hasta qué punto estas reformas responden a una convicción personal del príncipe, pero desde luego contribuirán a mejorar la imagen del país fuera de sus fronteras y aumentar la voluntad de inversores extranjeros de buscar oportunidades de negocio en Arabia Saudí.

Una guerra, un asesinato, y un tiro en el pie

El plan parecía ir sobre ruedas cuando, en 2017, Mohamed bin Salman y su padre, el rey Salman bin Abdulaziz, convocaron en Riad por primera vez el Future Investment Initiative. Planteado como un foro de inversión, a su primera edición acudieron más de 3.500 personas, entre las que se encontraban representantes de las principales compañías e instituciones financieras del mundo, como el director ejecutivo de la gestora de fondos de inversión BlackRock, Larry Fink, o la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Los asistentes parecían encantados con la nueva Arabia Saudí que se les presentaba, un país donde el reconocimiento de las libertades civiles iría de la mano de una apuesta por la innovación empresarial y la liberalización de una economía hasta entonces demasiado controlada por la Administración. En definitiva, un lugar idóneo para invertir.

Pero en 2018 los saudíes sabotearon su propio plan. El 2 de octubre, agentes enviados desde Riad asesinaron al periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, y las autoridades del reino trataron de ocultarlo. Primero aseguraron que Khashoggi había salido por su propio pie del consulado. Después, reconocieron su muerte, pero se excusaron diciendo que había sido accidental, como resultado de una pelea dentro de las oficinas. Todo ello mientras periodistas y fuentes del gobierno turco aseguraban que había pruebas de que se trataba de una operación premeditada, y que incluso el propio Khashoggi sabía que en Riad querían su cabeza. Las semanas que siguieron la muerte del periodista fueron devastadoras para Mohamed bin Salman, sobre quien, como encargado de facto de todo lo que ocurre en Arabia Saudí, cayeron las acusaciones de la prensa y la comunidad internacional —y con razón, según las conclusiones de una investigación de las Naciones Unidas—.

Como no podía ser de otra forma, le llovieron críticas por todos lados y la presión creció entre la sociedad civil de occidente para que los gobiernos cortaran la relación con el país árabe. Y varios respondieron, sobre todo cuando grupos de activistas sacaron a colación los desastres provocados por la administración saudí en la guerra civil de Yemen, donde lidera una coalición que ha causado la mayor hambruna de los últimos 100 años según las Naciones Unidas. Así, países como Alemania, Finlandia o Dinamarca se animaron a embargar temporalmente las exportaciones de armas a Arabia Saudí, poniendo en evidencia al príncipe heredero, que tan solo un año antes había recorrido Europa y Norteamérica en una gira para disparar su popularidad.

Ante ese panorama, varias personas en todo el mundo pidieron boicotear la segunda edición del Future Investment Initiative, que se celebraba el mismo mes de octubre, y muchos de los asistentes que habían confirmado su plaza se retiraron en el último momento. Entre quienes privaron a los saudíes de su presencia se encontraban figuras tan destacadas como los representantes de Uber, Mastercard, el New York Times y Bloomberg. A pesar de todo, el evento reunió prácticamente al mismo número de personas que el año anterior y se cerraron acuerdos por valor de más de 50.000 millones de dólares.

Desde entonces, Mohamed bin Salman se ha mantenido alejado de los focos. Sabe que su comportamiento tiránico ha estado muy cerca de comprometer un proyecto reformista que ha sido alabado a lo largo del globo, y que realmente ofrece a los saudíes una oportunidad para reinventarse.

Por lo pronto, parece que ha cejado en su intento por caer bien en occidente, y se ha refugiado en Asia, donde al parecer sus métodos son vistos con mejores ojos. Allí, se ha reunido a lo largo de este 2019 con los primeros ministros de India y Pakistán, con quienes firmó acuerdos comerciales y energéticos por varios miles de millones de dólares. También tuvo un encuentro con Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, que se comprometió a invertir 10.000 millones de dólares en una refinería del país. Como ya hiciera en Europa y Norteamérica, en esos encuentros se esforzó por parecer un líder abierto y amable, e hizo importantes concesiones: liberó a más de 2.000 prisioneros pakistaníes apresados en Arabia Saudí en un gesto de buena fe, y en su visita a China evitó mencionar los abusos sobre los musulmanes uigur, sobre los que el gobierno chino ha implantado medidas extremas en la provincia de Sinkiang, enmarcadas en su particular lucha contra el extremismo.

Pese a todo, y sobre todo pese a sí mismo, el príncipe heredero seguirá a los mandos del país. No parece haber nadie en Arabia Saudí dispuesto a disputarle el derecho al trono. Y fuera del país, mal que pese en la comunidad internacional, Arabia Saudí es un aliado económico imprescindible para muchos estados. A fin de cuentas, sus vastas importaciones de material armamentístico constituyen un flujo de dinero fundamental para Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, y otros como Italia, Portugal o Bélgica dependen de su petróleo para mantener sus economías a flote. Todo lo más que se puede esperar es que el trabajo de los activistas, periodistas y observadores internacionales siga sirviendo para denunciar las malas prácticas del reino del desierto, de manera que cada vez sea mayor la presión para que deje de lado la agresividad y se centre por fin en mejorar las condiciones del interior del país.