La impotencia europea ante Irán, Israel y EE.UU.
Desde el inicio de las negociaciones con Irán en 2003, la Unión Europea se posicionó como arquitecta de una vía diplomática multilateral capaz de contener una amenaza sin precedentes en Oriente Próximo.
Bajo el formato P5+1, Bruselas logró consolidarse como garante técnico y normativo de un enfoque que priorizaba la verificación, el equilibrio y la estabilidad regional. El punto álgido de este proceso fue la firma del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) en Viena en el año 2015. Un pacto que simbolizaba la capacidad europea para actuar como mediadora global a la vez que limitaba el programa nuclear iraní.
Sin embargo, la retirada unilateral del tratado por parte de Estados Unidos en 2018 marcó una fractura profunda en la estructura negociadora. Desde entonces, la UE ha tratado de preservar los fundamentos del acuerdo sin los recursos necesarios para sostener su posición. Adicionalmente, la reconfiguración de alianzas y la intensificación del eje Washington–Tel Aviv frente a Teherán han desplazado el centro de gravedad estratégico, relegando a la UE a un papel cuasi irrelevante.
La reciente operación israelí, bautizada como León Ascendiente, contra instalaciones críticas del programa nuclear iraní, respaldada tácitamente por las principales capitales europeas, revela una mutación del posicionamiento europeo. Por primera vez desde 2003, las potencias europeas han validado la lógica de la disuasión militar como respuesta legítima.
Este giro plantea una pregunta de fondo sobre el lugar real de Europa en las crisis internacionales cuando se erosiona el marco multilateral y la fuerza se impone como principal vector de acción.
De guardianes del acuerdo a socios irrelevantes
La implicación europea en la cuestión nuclear iraní comenzó formalmente en 2003, cuando Francia, Alemania y el Reino Unido impulsaron una primera vía de negociación con Teherán tras las revelaciones sobre las actividades clandestinas de su programa nuclear.
En un contexto marcado por la invasión estadounidense de Irak y la inclusión de Irán en el denominado como Eje del Mal por el presidente estadounidense George W. Bush, el objetivo del entonces E3 era evitar una nueva escalada militar en Oriente Próximo mediante un enfoque multilateral. Bajo la coordinación de Javier Solana como Alto Representante de la UE, Bruselas respaldó plenamente esta iniciativa, consolidando el papel europeo como interlocutor.
A partir de 2006, el proceso adquirió una dimensión más amplia con la incorporación de Estados Unidos, China y Rusia, formando el grupo conocido como P5+1, con el Organismo Internacional de Energía Atómica como entidad técnica de verificación. El diseño institucional de la UE permitió sostener una interlocución continuada con las autoridades iraníes, en la que se combinaban incentivos económicos y exigencias jurídicas, todo ello con el objetivo de evitar una ruptura del Tratado de No Proliferación.
El resultado más relevante fue la firma del Plan de Acción Integral Conjunto en julio de 2015, bajo la Administración Obama. El acuerdo limitaba las capacidades nucleares de Irán (enriquecimiento de uranio, cantidad de centrifugadoras, acceso a instalaciones…) a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones internacionales.
La Alta Representante Federica Mogherini desempeñó un papel central en la coordinación del proceso, articulando posiciones entre Teherán y las potencias firmantes. La UE consolidó así su perfil como mediadora global, combinando peso normativo y legitimidad técnica con credibilidad estratégica.
Sin embargo, el acuerdo arrastraba debilidades estructurales desde sus inicios. La falta de instrumentos financieros autónomos para operar con Irán al margen del dólar y la red de sanciones secundarias estadounidenses limitó gravemente su aplicación.
El golpe definitivo llegó con la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018, decretada por Donald Trump. La reactivación de las sanciones secundarias convirtió el JCPOA en un marco jurídico sin fuerza práctica, mientras que el eje europeo se vio incapaz de ofrecer garantías a Irán para mantener vivo el acuerdo.
Entre 2018 y 2022, los esfuerzos europeos se centraron en evitar el colapso total de la vía diplomática, manteniendo contactos con Teherán, apelando al OIEA como garante de cumplimiento e intentando preservar una arquitectura multilateral cada vez más debilitada.
La reelección de Trump en 2024, sumada al deterioro de las relaciones entre Irán y las potencias occidentales, ha reducido aún más el margen de maniobra europeo. Las nuevas dinámicas regionales, junto con la pérdida de coordinación efectiva entre los actores del JCPOA y la escalada belicista en la región han relegado a la UE a un rol testimonial.
Trump, Netanyahu y la realpolitik
La salida de Estados Unidos del JCPOA en mayo de 2018 marcó un punto de inflexión en el enfoque europeo hacia la cuestión nuclear iraní. La Administración Trump reemplazó la lógica de contención multilateral impulsada por Obama por una estrategia de presión máxima centrada en sanciones económicas y aislamiento diplomático.
La reactivación de las sanciones extraterritoriales neutralizó las relaciones comerciales entre Irán y el bloque europeo. A pesar del lanzamiento del mecanismo europeo de pagos alternativos al dólar, el INSTEX, la mayoría de las empresas europeas optaron por cesar sus actividades en Irán ante el riesgo de sanciones secundarias. Esta retirada masiva debilitó la arquitectura del JCPOA y redujo el margen de maniobra europeo a un rol esencialmente simbólico, centrado en la preservación del canal diplomático.
En paralelo, Israel consolidó una doctrina de contención unilateral frente al programa nuclear iraní. A partir de 2020, se intensificaron las operaciones encubiertas como instrumento de disuasión activa, incluyendo sabotajes técnicos, ciberataques e intervenciones selectivas contra personal científico iraní.
Este patrón de actuación, no coordinado oficialmente con Washington, se vio, sin embargo, reforzado por la afinidad estratégica entre ambos gobiernos y por una percepción compartida. Concluían que el JCPOA no abordaba suficientemente las capacidades militares latentes de Irán ni sus proyecciones regionales.
La convergencia entre Estados Unidos e Israel en torno a una política de presión directa tuvo un efecto inmediato sobre la capacidad de influencia europea. A medida que se consolidaba una lógica de realpolitik priorizando la fuerza y la disuasión sobre la mediación y el acuerdo, la UE fue desplazada a una posición secundaria, sin capacidad efectiva de reactivar la negociación ni de modificar el rumbo del enfrentamiento.
Los intentos de los Estados miembros y del Servicio Europeo de Acción Exterior por mantener abiertos canales con Teherán se vieron debilitados por un entorno cada vez más hostil, caracterizado por la ruptura de compromisos por parte de Irán, el debilitamiento del OIEA como instancia verificadora y la polarización creciente entre las potencias firmantes originales del acuerdo.
Con la reelección de Trump en 2024 y el deterioro progresivo del equilibrio de disuasión regional, esta dinámica se agravó. El reciente ataque selectivo israelí y estadounidense contra infraestructuras estratégicas del programa nuclear iraní, justificado como medida preventiva, ha marcado una nueva fase en la confrontación.
París, Berlín y Londres han respaldado públicamente el derecho de Israel a actuar en defensa propia, sin intención de reactivar efectivamente los marcos diplomáticos anteriores.
Esta postura representa una inflexión táctica. Por primera vez desde 2003, las principales capitales europeas han asumido como legítima la respuesta militar frente a un riesgo nuclear percibido como inminente. Si bien no supone una ruptura formal con los principios del multilateralismo, sí refleja una adaptación estratégica al nuevo entorno.
Ante la imposibilidad de liderar la reconstrucción de una vía diplomática efectiva, los Estados europeos han adoptado una lógica de alineamiento, explícito o implícito, con Washington y Tel Aviv.
El resultado es una reconfiguración del papel europeo de mediador activo a legitimador de decisiones tomadas por otros actores. Esta transformación plantea interrogantes sobre la capacidad de la UE para sostener estrategias exteriores autónomas en escenarios marcados por la primacía de la fuerza sobre el derecho.
Del multilateralismo a la aceptación tácita del uso de la fuerza
La reacción europea al ataque israelí del 12 de junio de 2025 ha evidenciado un cambio sustancial en la orientación estratégica de la Unión Europea respecto a la cuestión iraní. Tras más de dos décadas defendiendo una aproximación basada en el multilateralismo, la contención diplomática y el rechazo al uso de la fuerza, el respaldo explícito de Francia, Alemania y el Reino Unido al derecho de Israel a usar la fuerza señala una inflexión doctrinal de primer orden.
Este posicionamiento no solo rompe con la narrativa histórica del E3 más la UE como garantes de soluciones negociadas, sino que, valida, aunque sea de forma tácita, el empleo preventivo de la fuerza frente a amenazas estratégicas.
Este giro no se ha producido de forma abrupta. Desde la retirada de Estados Unidos del JCPOA en 2018, la UE había adoptado una estrategia de resistencia diplomática orientada a preservar las condiciones mínimas para una eventual reactivación del acuerdo.
Sin embargo, el endurecimiento del programa nuclear iraní, la fractura entre los actores signatarios y el progresivo alineamiento de Teherán con Moscú en el contexto de la guerra de Ucrania minaron las bases políticas y técnicas sobre las que se sustentaba dicha estrategia.
Paralelamente, la arquitectura multilateral construida en torno al OIEA ha sufrido un deterioro notable. Las restricciones de acceso impuestas por Irán, la interrupción de inspecciones clave y la suspensión de compromisos verificables han debilitado de forma crítica el régimen de supervisión. La resolución aprobada por la Junta de Gobernadores el mismo 12 de junio, que condena la falta de cooperación iraní, ilustra la pérdida de funcionalidad de un instrumento que había sido central en la estrategia europea desde 2003.
En este nuevo contexto, el respaldo europeo a la operación israelí no constituye tanto una ruptura formal con la vía multilateral, sino una adaptación pragmática a la imposibilidad de sostenerla. No hay una adhesión explícita a una doctrina de disuasión preventiva, pero sí una aceptación implícita de que, ante ciertas amenazas percibidas como existenciales, el uso de la fuerza puede constituir una respuesta legítima.
La UE, lejos de liderar una alternativa diplomática, ha optado por respaldar la narrativa estratégica de su aliado atlántico, en un movimiento que redefine sus límites operativos.
Este desplazamiento responde, en gran medida, a factores estructurales. La falta de capacidades coercitivas, la dependencia estratégica del paraguas de seguridad estadounidense y la inexistencia de una política exterior europea verdaderamente común han reducido el margen de autonomía en escenarios de alta tensión. La aceptación del uso de la fuerza no es fruto de una decisión política soberana, sino de una posición subordinada en un ecosistema geopolítico asimétrico.
Más allá del caso iraní, este episodio plantea interrogantes profundos sobre la trayectoria de la política exterior europea. La UE se enfrenta al riesgo de perder su estatus como actor normativo global, diluyendo su credibilidad en defensa del derecho internacional, precisamente en un momento en el que dicho orden sufre una erosión acelerada.
La transición desde una diplomacia basada en normas a una lógica de legitimación táctica del uso de la fuerza implica no solo un cambio de lenguaje, sino una redefinición estratégica de objetivos, medios y roles.
A medio plazo, esta evolución obliga a repensar el papel de la UE en la gobernanza de crisis internacionales y en la arquitectura de seguridad global. Si Europa aspira a recuperar relevancia en el sistema internacional, deberá reforzar sus instrumentos, revisar sus alianzas y articular una narrativa que combine credibilidad normativa con capacidad real de influencia.