El pasado año 2019 será recordado por la extensión de las revueltas y manifestaciones sociales a lo largo y ancho de toda la región. Las causas son diversas, y varían en grado e impacto en función del país concreto del que hablemos, por lo que difícilmente se puede aplicar una receta general cuando las dolencias tienen orígenes disímiles. Analizamos la delicada situación por la que pasan algunos Estados latinoamericanos en este 2020 y lo que se puede esperar en los próximos meses.

Argentina

Mauricio Macri, el hombre destinado a modernizar la economía argentina, cayó derrotado en la primera vuelta de las elecciones del 27 de octubre y cedió el puesto al peronista Alberto Fernández, lo que supone el retorno del kirchnerismo a la Casa Rosada.

La política gradualista de Macri se marcó como objetivo desmontar las redes clientelares edificadas durante los doce años de mandato de la dinastía Kirchner (2003-2007 con Néstor; 2007-2015 con Cristina Fernández).

El endeudamiento externo (58 % del PIB en junio de 2019) para compensar el gasto social, sumado al cierre del crédito internacional como consecuencia de las tensiones comerciales, hicieron tropezar el plan económico del entonces presidente. Las políticas expansivas no lograron reactivar una economía mermada, el peso argentino sufrió una devaluación del 62 % el año pasado y la inflación interanual rebasó el 50 %, lo que derivó en un alarmante incremento de la pobreza que afectó al 35,4 % de la población.

Todo ello creó un campo de cultivo perfecto para que el peronismo pudiera reunificarse bajo la coalición Frente de Todos. En una hábil jugada para no espantar a los inversores y a parte del electorado, Cristina Fernández se echó a un lado y cedió todo el protagonismo al antiguo jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, de corte más moderado y carácter apaciguador.

La tarea del nuevo presidente es titánica. En primer lugar, debe renegociar la deuda con el FMI, bancos y fondos de inversión. El propio FMI declaró hace poco que la deuda argentina, de unos 150.000 millones de dólares, es insostenible y pidió a los tenedores de bonos una quita de la misma, lo que supone una bocanada de aire para el nuevo Ejecutivo.

En paralelo, Fernández aumentará las retenciones a la soja para paliar el déficit fiscal, así como aumentar las exportaciones, preservar el superávit comercial, mantener una disciplina fiscal y activar medidas de estímulo al consumo.

Para el Gobierno, fortalecer el mercado interno será fundamental. Se limitarán las importaciones de todos aquellos productos que pueda fabricarse en suelo argentino y se dotará a ciertos sectores de subsidios su fortalecimiento. Sólo así, considera el oficialismo, se podrá crecer y eventualmente pagar la deuda.

Por lo demás, sigue habiendo grandes interrogantes en torno a cuestiones previas a la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Una de ellas es si Cristina Fernández terminará fagocitando la presidencia o si Fernández podrá imponer su figura a lo largo de todo el mandato. Cuestión aparte es la relación que tenga Argentina con Brasil, su principal socio comercial y con cuyo presidente ha habido algunos roces.

En el aire está también el acuerdo Mercosur – Unión Europea, cuya ratificación por los parlamentos nacionales sudamericanos y el Parlamento Europeo. No es un secreto que Alberto Fernández se ha mostrado reacio al tratado, aunque su gira por Europa y la imperiosa necesidad de mejorar la situación económica pueden haber flexibilizado su postura al respecto, en tanto que el acuerdo podría favorecer la inserción y creación de pymes, y la contratación de mano de obra local por parte de empresas extranjeras.

Chile

De todas las protestas sociales que se vivieron el año pasado en América Latina, las de Chile fueron las que más cobertura mediática tuvieron, las que más impacto podrían llegar a tener en el país vía reforma constitucional, y las que mayores críticas despertaron por la utilización del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

Lo que comenzó con una medida en apariencia tan aséptica como el incremento de las tarifas del metro derivó en una serie de protestas callejeras que pusieron de manifiesto el malestar soterrado de una sociedad agotada de la desigualdad imperante durante años.

Las manifestaciones ciudadanas, como siempre pacíficas en su mayor parte pero con un pequeño número de alborotadores que lastraron la imagen de las concentraciones, se encontraron con una desmedida violencia policial, que recordaba a los tiempos de la dictadura. La desafortunada frase de Sebastián Piñera, en la que establecía que “estaba en guerra”, terminó por romper el delicado pacto social de Chile.

El balance del enfrentamiento, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue de 3.765 heridos, 10.365 detenidos y una veintena de fallecidos. Del número total de personas que pasaron por las comisarias, el Instituto alertó de 1.835 vulneraciones denunciadas: 197 por violencia sexual; 520 por torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; y 1.073 por uso excesivo de la fuerza, entre otras.

Ante esto, Piñera viene preparando una Agenda Social que prevé una reforma del sistema sanitario, la aprobación de un proyecto de ingreso mínimo garantizado con vistas a mejorar la situación económica de 700.000 trabajadores y el combate contra los abusos empresariales. Y si bien son medidas paliativas, son insuficiente para los chilenos, que demandan cambios estructurales.

Es por lo anterior que el próximo 26 de abril la ciudadanía votará un plebiscito de reforma constitucional para determinar si se modifica o no la Constitución y, en caso afirmativo, mediante qué órgano (Convención Mixta, Asamblea Constituyente, etc.). Se iniciaría, así, un largo proceso que podría llegar a durar aproximadamente dos años.

No obstante, la reforma constitucional debería abordarse con cierta prudencia y no entenderse como una solución mágica a todos los problemas que puedan tener los chilenos.

Cabría recordar que las constituciones, con independencia del país del que se hable, funcionan como marcos normativos que establecen las reglas de juego mínimas para vivir en sociedad, pero dentro de las cuales se halla un amplio espacio donde insertar una serie de políticas públicas determinadas.

Tampoco se debe olvidar que el bienestar -o el malestar- de la población está estrechamente ligado a los ciclos económicos que se den a escala regional y global, algo que sobrepasa a menudo las disposiciones que recoja una constitución. Es decir, la reforma de la Carta Magna de Chile puede ayudar a calmar las aguas a corto plazo, pero la población chilena haría bien en no tomarla como la panacea.

El Salvador

El Salvador atraviesa una crisis constitucional desde el día 9 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele introdujo al Ejército y la Policía en la Asamblea Legislativa para obligar a los partidos opositores a aprobar un préstamo para financiar el Plan de Control Territorial del Ejecutivo. Este episodio viene a sumarse a los de Bolivia, Chile, Brasil o Venezuela, donde el poder castrense está tomando un papel protagónico cada vez mayor en la política.

La jugada de Bukele no tuvo éxito. La votación en torno a la aprobación del préstamo no llegó a producirse en un parlamento con mayoría del derechista ARENA y el izquierdista FMLN, y donde ningún partido alcanza la mayoría absoluta (38 de los 75 representantes).

Por su parte, la cámara legislativa arguyó como improcedente la votación, al ser tramitada mediante un procedimiento de emergencia activado por Bukele y amparado en el artículo 167 de la Constitución, que prevé la convocatoria de sesiones parlamentarias extraordinarias en caso de emergencia nacional. Para ello, Bukele debería haber contado con el visto bueno de la Comisión de Hacienda, algo con lo que no contaba.

El Plan de Control Territorial es de gran importancia para el joven mandatario, en tanto que sustenta una de sus grandes promesas: pacificar el país y enfrentar la violencia de las maras. De haber sido aprobado por el legislativo, el presidente habría solicitado un préstamo de 109 millones de dólares al BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) para sacar adelante dicho plan de seguridad, de enorme importancia en un país donde la tasa de homicidios se situó en 36 por cada 100.000 habitantes el año pasado, un 28,7 % menos en comparación con el año 2018.

Lo que parece seguro es que el “presidente millennial”, como lo llaman algunos, seguirá forzando el sistema constitucional. El incidente en la Asamblea podría ser solamente el principio de un proceso de fagocitación por parte de un presidente de marcado carácter personalista, con un excelente dominio de las redes sociales y con un elocuente discurso “pueblo vs. élite» que, además, se ampara en un supuesto mandato divino para legitimar sus políticas.

Venezuela

Venezuela ha comenzado el año 2020 como dejó el 2019: sumergida en una crisis política, económica y social de gran calado y para la cual no se avista un desenlace inmediato. Las novedades en estos dos meses se resumen en una revitalización de la figura Juan Guaidó y en el enésimo intento de oficialismo para evitar la renovación de su mandato.

En enero se cumplió el primer aniversario de la proclamación de Guaidó como presidente interino. A lo largo de los doce meses siguientes, sus acciones estuvieron encaminadas a conseguir apoyos internacionales a su candidatura, debilitar la ya denostada imagen del régimen de Maduro y atraer al alto mando del ejército a su causa.

El resultado no ha sido el esperado. Si bien es cierto que gran parte de los países occidentales lo reconocieron como presidente encargado y que ha conseguido financiación para su cruzada particular, sacar a Nicolás Maduro de Miraflores y hacerse con el control efectivo de la administración y el territorio venezolanos requiere mucho más.

La renovación de su mandato en la Asamblea Nacional terminó con la proclamación por parte del madurismo de Luis Parra, un opositor crítico con Guaidó, al tiempo que obligaba a éste a juramentarse en la sede del periódico El Nacional. Semejante espectáculo deja a Venezuela con dos presidentes y tres parlamentos (la Asamblea Nacional de Guaidó, la Asamblea Nacional que preside Parra y la Asamblea Constituyente de Diosdado Cabello, la cual carece ahora de sentido).

Aprovechando los apoyos internacionales tras el incidente y consciente de que ésta sería una oportunidad para reavivar su imagen de pieza útil dentro del panorama político venezolano, Guaidó realizó una gira para afianzar lazos con aquellos dirigentes que le dan soporte de cara a nuevas acciones este año, como el impulso al TIAR alegando vínculos con el ELN y Hezbollah. Sabe que el tiempo corre en su contra y que la posición de Maduro no se ha visto demasiado debilitada por su desafío.

Y más allá de las fronteras venezolanas, la comunidad internacional sigue sin tener una actitud totalmente armonizada para fomentar el diálogo entre las partes. Los mecanismos establecidos caminan entre la inoperancia (Mecanismo de Montevideo, Grupo de Contacto Internacional) y la ineficacia (Grupo de Lima), al tiempo que la oposición rechazó volver a sentarse en la mesa de diálogo impulsada por Noruega.

Los retos candentes en América Latina

Álvaro Díaz Navarro