¿Por qué los agricultores toman realmente las calles europeas?

Si hay un protagonista de la actualidad política europea en las últimas semanas este es, sin duda, el sector agrario. Y es que, los agricultores y ganaderos han salido a la calle en prácticamente todos los países de la Unión Europea para expresar que se sienten marginados tanto por la Unión como por sus respectivos gobiernos, exigiendo un cambio de rumbo. 

A la importancia evidente del sector como base de la cadena alimentaria se le une la relevancia política debido a que las zonas rurales son decisivas para imponerse en las elecciones en muchos países. 

Esto no ha pasado desapercibido para muchos partidos, especialmente de extrema derecha, que perciben cierta convergencia entre sus demandas y las de los agricultores y están tratando de capitalizar su descontento con vistas a las próximas elecciones europeas de junio. Para comprender el fenómeno en toda su complejidad es fundamental entender qué es lo que está llevando a los agricultores y ganaderos a la calle. 

Causas locales

A todas las diferentes protestas del sector agrario les subyacen problemas globales europeos que explican el estallido en numerosos países. Sin embargo, en todas ellas también hay un componente local que las diferencia del resto. El origen de esta oleada de protestas podemos trazarlo en Países Bajos, allí las protestas surgieron contra la legislación climática del gobierno.

El ejecutivo neerlandés anunció medidas para reducir las emisiones de nitrógeno. Con diferencia, el sector que más nitrógeno emite es el agrario (se calcula que el 80% de las emisiones proceden del sector) y el gobierno diseñó un plan para reducir el tamaño de las granjas y el número de cabezas de ganado. 

El problema con el nitrógeno proviene del uso de fertilizantes químicos. Estos fertilizantes, que se basan en el amoniaco, contienen nitrógeno y el coste medioambiental proviene de que los suelos no pueden absorber todo el fertilizante que se les da y el exceso de amoniaco se acaba filtrando a las corrientes de agua, desencadenando así una serie de reacciones químicas que reducen los niveles de oxígeno en el agua, matando a los peces que se encuentran en ella. 

Otra fuente de contaminación en forma de nitrógeno es la ganadería. El ganado se alimenta de proteínas como la soja, que está conformada entre un 13% y un 19% por nitrógeno. Sin embargo, el sistema digestivo de las vacas no puede absorber tanta cantidad y lo acaba expulsando en forma de heces u orina. 

Cuando estos deshechos se combinan forman amoniaco que se libera a la atmosfera. Este fenómeno ocurre con más frecuencia en aquellas granjas cuyos animales ocupan un espacio más limitado que en el campo abierto, donde sus deshechos se esparcen por un área amplia.

Este problema es especialmente grave en Países Bajos, el segundo exportador agrícola del mundo y el mayor exportador de carne en Europa. En un país de 17 millones de habitantes viven más de 100 millones de cabezas de ganado (incluyendo avícola), lo que ha ocasionado que la presencia de nitrógeno en algunas zonas supere los niveles tóxicos máximos para la vida. 

Este es el motivo principal por el que el gobierno neerlandés propuso la reducción del número de cabezas de ganado. Esta reducción enfureció a los ganaderos que consideraban que estaban siendo maltratados teniendo en cuenta que ya habían reducido sus emisiones en casi dos tercios desde 1990 y que las drásticas medidas que pretendía imponer el gobierno ponían en cuestión su modo de vida. 

Además, muchos se encontraban atrapados en una situación en la que no podían vender su granja ya que el gobierno no iba a emitir los permisos para que continuara la actividad agrícola, por lo que solo les quedaba la opción de aceptar la expropiación del gobierno y ver como se destruía el trabajo de toda una vida. 

Por otro lado, muchos en el sector consideraban que la legislación les perseguía especialmente a pesar de que otros sectores, como la automoción o la industria, también producen una cantidad significativa de emisiones. 

Así es como empezaron las protestas que no tardaron en extenderse a otros países.

En Polonia y el este de Europa las protestas no tenían tanto que ver con una legislación nacional concreta sino con la guerra de Ucrania. Con el estallido del conflicto y el bloqueo de las rutas marítimas, la UE estableció unos corredores de grano para que Ucrania pudiera seguir exportando y evitar una crisis alimentaria. 

Por diversas razones, los corredores han experimentado problemas en su funcionamiento y, en lugar de continuar atravesando Europa, en muchos casos el grano ucraniano se quedaba almacenado en lugares como Polonia, Bulgaria o Eslovaquia. Este exceso de oferta provocó un descenso generalizado de los precios que sacó a los agricultores a la calle. 

En lugares como Polonia o Rumania estas protestas se combinaron con las de los transportistas que se quejaban por los retrasos en la frontera y las subidas de costes, lo que ocasiono que durante algunos días se bloquearon carreteras importantes en estos países. 

Curiosamente, en los países bálticos ocurre una situación similar, pero en su caso las importaciones que están llenando su mercado son rusas, no ucranianas. Las sanciones contra Rusia no se aplican para alimentos y, dado el cierre de las rutas marítimas, su gran capacidad de almacenamiento y su proximidad a Rusia, los países bálticos han visto como se han multiplicado por tres las llegadas de cereales rusos con el consiguiente desplome de precios. 

Por su parte, en Alemania las protestas se centran en el fin de los subsidios al combustible agrícola, algo similar a lo que ocurre en Italia, donde el fin de las ayudas al combustible impuestas durante la pandemia y la subida de costes generalizados han sido los principales detonantes de las movilizaciones. 

Es en Francia, el mayor productor agrícola de la UE, donde las protestas han sido más significativas. Los agricultores franceses se quejan de las subidas de impuestos, el exceso de burocracia y, sobre todo, de la competencia de productos extranjeros más baratos y sometidos a legislación menos estricta. A pesar de que en la UE la legislación es común y, por tanto, todos los Estados se someten a las mismas leyes, la legislación europea actúa como una base y cualquier estado tiene la potestad de ir más allá si lo quiere. 

Si, en un ejemplo hipotético, la legislación europea dijera que el 10% de las tierras deben destinarse a barbecho, este 10% sería de obligado cumplimiento para todos los países de la UE, pero si, por ejemplo, Bulgaria decidiera que el porcentaje debería ser del 20% puede aplicar perfectamente esta legislación nacional. No podría reducirla del 10%, pero sí aumentarla tanto como desee. 

Esta situación es la que ocurre en Francia, la ley francesa va más allá de la Europea en algunos puntos para mejorar la protección del sector, especialmente en términos de negociación de contratos frente a los supermercados, que no se aplican en otros lugares de Europa. Por eso, los productores franceses sienten que están en una situación de desventaja respecto a otros productores europeos.

Problemas globales

A pesar de las particularidades locales de las protestas, todas ellas mantienen puntos en común que afectan a todo el continente y explican la convergencia en el tiempo de estas movilizaciones. 

Aunque los precios que se pagaban a los agricultores alcanzaron su máximo en 2022, desde entonces no han parado de bajar. Entre finales de 2022 y finales de 2023 se ha producido un descenso del 9%. Al mismo tiempo los costes, especialmente de fertilizantes, energía o transporte han subido desde la invasión de Ucrania. 

Además, al tiempo que la UE continúa reforzando su legislación medioambiental, entran en el mercado europeo productos de países como Chile, Nueva Zelanda o Marruecos con una legislación más laxa. Esto repercute en los costes y el producto europeo se ve desplazado por productos más baratos de fuera de la Unión.

El cambio climático es un factor fundamental para comprender el fenómeno pues opera en dos niveles decisivos. Por un lado, como hemos visto, la legislación medioambiental impone mayor regulación y costes a los productores. Por otro, el sector agrario es el más vulnerable a los efectos del cambio climático y eventos climáticos extremos como inundaciones, sequias o incendios forestales.

Asimismo, existe una sensación de vulnerabilidad frente al estado y la falta de reconocimiento. La PAC, política a la que se destina la mayor parte del presupuesto de la UE, históricamente se ha basado en la consolidación buscando explotaciones más grandes con reglas comunes mientras que, ahora, en un impulso por reducir las emisiones, parece transitar hacia la dirección contraria con explotaciones más pequeñas. 

Debido a esta concentración, el número de granjas en la UE se ha reducido en más de un tercio desde 2005. Esta consolidación incentivada por el Estado ha dejado a muchos agricultores y ganaderos con deudas (algo especialmente gravoso en un sector que opera con poco margen de beneficio) que contrajeron para aumentar el tamaño de la explotación y ahora ven como se les pide que rectifiquen. 

Así, consideran que la legislación actual, que incluye medidas como reducir a la mitad el uso de pesticidas para 2030, reducir en un 20% el uso de fertilizantes, reservar más tierras para uso no agrícola o doblar la producción orgánica, no es realista y se hace en las grandes ciudades alejadas de la realidad del campo.

Esta situación no sólo se manifiesta en forma de concentraciones, sino que tiene unas consecuencias políticas que preocupan, y mucho, en la Unión Europea. En Países Bajos, donde comenzaron las protestas, surgió el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) un partido político de derechas y euroescéptico que consiguió canalizar el descontento por la legislación contra el nitrógeno del gobierno. 

El BBB obtuvo un gran resultado en las elecciones municipales y actualmente es el partido más grande del Senado. En las elecciones generales se frenó su impulso y no lograron superar el 5%. Este frenazo en las generales se explica en parte por el auge de la extrema derecha del PVV que se impuso en las elecciones y que compraba buena parte del discurso y el programa del BBB. 

En el resto de Europa, con elecciones al Parlamento Europeo en pocos meses, es la extrema derecha quién está logrando recoger los frutos sembrados por el descontento agrario. A pesar de que las protestas no están organizadas por ningún partido concreto existen ciertas sinergias entre las reivindicaciones del sector y el discurso de la extrema derecha, que están provocando cierta vinculación entre ambos. 

En primer lugar, las zonas mayoritariamente rurales son más proclives al euroescepticismo y a esto se une cierto hartazgo de la política y los partidos tradicionales, que consideran que no hacen frente a las necesidades de estas poblaciones. También se acompaña con un sentimiento general de nostalgia por el pasado dónde la vida era más sencilla y amable. 

Por último, la crítica a las políticas climáticas (sin abrazar, en ningún caso, el negacionismo climático ya que el campo es quién más sufre las consecuencias de la crisis climática) completan un cuadro discursivo en el que la extrema derecha encaja sin grandes conversiones ideológicas. 

Así, partidos de extrema derecha como Reconquista Nacional en Francia, Alternativa por Alemania o Vox en España han tratado de capitalizar el descontento mostrado en estas protestas. Esta situación es especialmente relevante por dos motivos; el primero, que se celebran elecciones europeas en junio. El segundo, que a pesar de que el sector agrario incluye a un porcentaje de población del 4% y supone un 1,4% del PIB de la UE, es absolutamente fundamental para que la derecha tradicional pueda ser competitiva. 

Desde hace tiempo venimos observando como las distintas elecciones europeas se están desarrollando entorno al clivaje campo/ciudad con unas ciudades más cosmopolitas, multiculturales y favorables a la Unión Europea frente a un mundo rural más conservador que observa con recelo a Bruselas. 

Estos votos rurales son fundamentales para que el Partido Popular Europeo (extrapolable a sus aliados nacionales) sea competitivo electoralmente. De producirse un desplazamiento general hacia la extrema derecha en este tipo de poblaciones la derecha tradicional vería como sus opciones de gobernar se reducen significativamente.

A esto hay que añadir la importante posición del sector como base de la cadena alimentaria. Todo ello explica la reacción tanto de la Unión Europea como de los gobiernos de sus Estados Miembros tratando de desactivar las protestas rápidamente. 

Por su parte, la Comisión Europea ha publicado sus recomendaciones para reducir las emisiones en un 90% para 2050. En el plan original se incluía una reducción a la mitad del uso de pesticidas y una reducción de un 30% de las emisiones en el sector agrícola, que se han eliminado en la propuesta final. También se incluían recomendaciones para que los ciudadanos cambiaran sus hábitos y comieran menos carne y a los gobiernos para que eliminaran los subsidios a los combustibles fósiles, que también se eliminaron del texto final. 

Por otro lado, para recibir las ayudas de la PAC los agricultores deben acogerse a unas normas concretas, una de ellas es la de dedicar un porcentaje mínimo de las tierras al barbecho. Pues bien, la UE ha promulgado una excepción para que este año puedan recibir las ayudas sin cumplir este requisito. 

En términos políticos, la posición de la presidenta de la Comisión Europea es especialmente complicada en este sentido. Von der Leyen ha hecho de la transición climática y el Green Deal el gran pilar de su Comisión, tanto que las políticas verdes, junto con la gestión de la pandemia y la guerra en Ucrania, se han convertido en sinónimo de su mandato. 

Al mismo tiempo, su partido, el Partido Popular Europeo, ha estado virando a la derecha en los últimos tiempos para cortejar al electorado de extrema derecha y ha ido mostrando una posición crecientemente hostil a las medidas climáticas. 

Con unas elecciones a la vuelta de la esquina en la que la extrema derecha crecerá e incluso es posible que sean decisivos, Von der Leyen tendrá que buscar el equilibro entre defender y profundizar en las medidas climáticas que han dado forma a su Comisión y ganarse el apoyo tanto de su partido como de sus posibles aliados ultras que son cada vez más hostiles a estas políticas.

En términos nacionales la respuesta se ha centrado en dar marcha atrás respecto a las medidas que llevaron a los agricultores a la calle, como en Alemania, que retrasó el fin de los subsidios a los combustibles agrarios, o Italia, dónde el gobierno está considerando hacer lo mismo además de implementar algunas rebajas fiscales adicionales. 

En Francia, el gobierno ha renunciado a sus planes de incrementar el impuesto al diésel y ha anunciado medidas por valor de 400 millones de euros, además de 200 millones extra en ayudas para el sector. Igualmente, pretenden modificar la legislación europea para equipararla a la francesa y garantizar la protección de los pequeños productores centrándose en aumentar su poder respecto a los supermercados. 

En España el enfoque es similar, centrándose también en el poder de los supermercados. El gobierno ha propuesto reforzar la Ley de Cadena Alimentaria para evitar las ventas a perdidas, reducir la burocracia y reforzar la posición de los productores. Además, se han anunciado nuevas ayudas y el gobierno presionará en la Unión Europea para que se apliquen a los productos de terceros países los mismos estándares que a los europeos.

Otros de los grandes afectados en términos políticos son los partidos verdes. En su caso están tratando de aumentar sus políticas sociales como acompañamiento a la lucha contra el cambio climático. Del Nuevo Pacto Verde al Pacto Verde y Social. La situación les ha dejado en una posición vulnerable y de competencia con los partidos socialdemócratas por ver quién propone una transición climática más justa en un contexto electoral que se atisba adverso para ambos. 

Las protestas del campo están aumentando la presión a los partidos políticos en un año electoral clave teniendo en cuenta el contexto internacional. Los motivos vienen de muy atrás en la mayoría de los casos; la precaria posición de los productores de la cadena alimentaria les coloca en una posición de debilidad que ha ido exacerbándose en tiempos recientes a medida que los costes de producción aumentaban y los gobiernos perseguían políticas para evitar la subida de los precios de los alimentos. 

Tanto es así, que la probabilidad de suicidio parece haber subido de manera más pronunciada entre los miembros del sector primario que entre la población general. Este descontento se alinea bien con las pretensiones de la extrema derecha, que aspira a tener la llave de la gobernabilidad en el futuro Parlamento Europeo que saldrá de las elecciones en junio. 

De la capacidad de la Unión Europea para articular las políticas necesarias de protección contra el cambio climático con la protección de un sector clave en la sociedad y movilizado políticamente, dependerá que los partidos extremistas aumenten su cuota de poder. Suele decirse que la extrema derecha llegará al poder en tractor, en sus manos está evitarlo.