DC: ¿El 51º estado?

De las 13 colonias originales, los Estados Unidos se han expandido continuamente durante los últimos 245 años, anexando territorios británicos, franceses, españoles y mexicanos en América del Norte, y luego avanzando hacia el Caribe y el Pacífico. Como resultado, el país está actualmente compuesto por 50 estados, 1 distrito federal, 5 territorios habitados y 9 territorios deshabitados.

Las diferencias entre un estado de EE. UU. y un territorio se refieren a sus atribuciones, al tipo de gobierno practicado y a la representación que se le da a cada uno en el ámbito federal. Los estados poseen una estructura autónoma por derecho propio. Están sujetos a leyes nacionales en común, pero aún pueden aprobar su propia legislación. Sus ciudadanos eligen un gobierno local y una legislatura, así como su delegación en el Congreso (2 senadores más un número de representantes proporcional a la población del estado). También participan en las elecciones presidenciales, votando para indicar a qué candidato deben respaldar sus delegados en el Colegio Electoral.

Los territorios son más difíciles de definir y pueden ser incorporados, no incorporados, organizados o no organizados. En general, corresponde al Congreso definir las atribuciones de cada territorio. En el caso de los habitados, también se eligen gobernadores locales y legislaturas, pero sus ciudadanos no pueden votar en las elecciones nacionales. Puerto Rico es el caso más prominente, eligiendo su propia Asamblea Legislativa y gobernador, pero sin derecho a elegir al presidente de EE. UU. ni a tener representantes con derecho a voto en el Congreso.

Sin embargo, esta configuración no es definitiva y aún es posible que se agreguen nuevos estados a la Unión. Hawái y Alaska son los más recientes, admitidos en 1959 por el presidente Dwight Eisenhower. Pero algunos territorios aún mantienen un debate sobre su estadidad, incluido el Distrito de Columbia (DC), siendo el caso que ha ganado más fuerza en los últimos meses.

Fundada en 1790 para servir como la nueva capital de la nación, la ciudad de Washington DC fue construida en un territorio cedido por los estados de Maryland y Virginia, a lo largo del río Potomac. Sin embargo, DC nunca ha tenido el estatus de estado, lo que impone ciertas limitaciones a su administración.

A nivel local, sus residentes eligen un alcalde y un consejo municipal de 13 miembros. Mediante la 23ª Enmienda, promulgada en 1961, DC también tiene 3 votos en el Colegio Electoral, participando así en las elecciones presidenciales. Pero no tiene representación votante en el Congreso. O sea, sus aproximadamente 712 mil residentes (más que los estados de Wyoming y Vermont) no eligen a congresistas ni a senadores, tan solo a un delegado sin poder de voto para la Cámara de Representantes. Además, toda la legislación local, incluido el presupuesto, debe ser aprobada por el Congreso, lo que aporta un control federal sobre las decisiones del distrito.

En consecuencia, es natural que se haya desarrollado un movimiento para apoyar la ascensión de DC a la condición de estado. Y no es algo nuevo, ya que hay un impulso a la idea desde el siglo XIX, cuando el entonces presidente Ulysses Grant despojó por primera vez a DC de sus poderes después de que a los hombres afrodescendientes se les permitiera votar en las elecciones locales (1867).

El argumento básico para la estadidad se mantiene: permitir a sus residentes elegir una delegación votante en el Congreso y otorgar autonomía en relación al gobierno federal a las leyes locales. Los partidarios de la idea argumentan que la gente de la ciudad de Washington son ciudadanos y/o residentes con los mismos derechos y deberes que los de los demás estados. Pagan su parte de los impuestos, contribuyen a las Fuerzas Armadas y manejan su propio presupuesto. ¿Por qué entonces no asegurar a la capital exactamente los mismos derechos electorales y administrativos que el resto de los EE. UU.?

Desde 2020, la propuesta ha ganado fuerza y ​​ahora puede considerarse de forma más seria. En abril de 2021, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que puede habilitar la estadidad de DC por una mayoría modesta (216 votos). Esencialmente, esta propone que el nuevo estado sea rebautizado como Washington, Douglass Commonwealth (en homenaje al primer presidente de EE. UU., George Washington, y al abolicionista Frederick Douglass), con su actual delegada en la Cámara, Eleanor Holmes Norton, obteniendo derechos de voto y la concesión de 2 senadores a la nueva división. Ahora esta propuesta enfrenta una nueva batalla en el Senado, ya que es poco probable que sus miembros republicanos le brinden suficiente apoyo. Sin embargo, es lo más cerca que hemos estado de la admisión de un nuevo estado desde Hawái y Alaska.

Los principales desafíos para el cambio del estatus de DC son los diferentes niveles de apoyo entre demócratas y republicanos, y sus registros electorales nos dan una idea de por qué es así.

Desde su primera participación en las elecciones presidenciales, en 1964, DC ha votado sin excepciones a candidatos demócratas. El Consejo Municipal de Washington refuerza la preferencia, una vez que está compuesto por 11 miembros demócratas y 2 independientes. Y la actual alcaldesa, Muriel Bowser (también demócrata), ha pasado de ser una líder que antagonizaba a los activistas de izquierda a una destacada voz anti-Trump tras el surgimiento del movimiento Black Lives Matter, ganando más respeto entre progresistas y atrayendo críticas de conservadores.

En otras palabras, DC es un bastión demócrata. Por lo tanto, otorgarle representación en el Congreso probablemente se traduciría en 2 senadores adicionales para el partido y un par de representantes más en la Cámara. Esta simple matemática explica por qué la estadidad de DC se ha convertido en una prioridad para los demócratas, mientras que los republicanos aún se muestran reacios. El propio Trump llegó a afirmar que la capital nunca sería un estado, pues esto permitiría la elección de más senadores y congresistas demócratas.

También se han presentado argumentos más prácticos en contra de la propuesta, como los costes de administrar el territorio como un estado, especialmente en la conducción de tribunales y prisiones. En 2016, por ejemplo, el sistema judicial de DC le costó al gobierno federal 274 millones de dólares. En el caso de una eventual estadidad, este dinero provendría de los contribuyentes locales, lo que probablemente llevaría a un aumento de impuestos.

Además, es posible que la propuesta no se sostenga legalmente. La Constitución de los EE. UU. no otorga de momento al Congreso el poder de crear un 51º estado. La Carta Magna es igualmente explícita al determinar que un distrito debe albergar al gobierno federal. De acuerdo con la propuesta de estadidad actual, dicho distrito estaría compuesto por tan solo algunos edificios alrededor del National Mall. Sin embargo, según la 23ª Enmienda, las pocas personas que allí viven todavía tendrían derecho a 3 votos en el Colegio Electoral, lo que llevaría a la sobrerrepresentación de un territorio demasiado pequeño.

Hay por supuesto alternativas que no se han considerado en este debate. Otros países federales, como Australia, México, Brasil o Bélgica, mantienen sus capitales en territorios autónomos, pero aun así han desarrollado mecanismos constitucionales para asegurarles representación votante en el Legislativo. Otros, como Canadá, ni siquiera otorgan un estatus especial a la sede del gobierno nacional, destinando a Ottawa las mismas atribuciones que los demás municipios de la provincia de Ontario (cuya capital es incluso una ciudad distinta, Toronto).

Se podrían proponer soluciones similares para Washington DC, ya sea permitiéndole elegir representantes y senadores sin la necesidad de ser un estado, o volviendo a asimilar la ciudad a territorios vecinos con representación votante en el Congreso (Maryland o Virginia). Sin embargo, dado que este debate se mantiene esencialmente por los intereses electorales de demócratas y republicanos en la ciudad, es poco probable que dichas alternativas sean consideradas.

Como podemos ver, las discusiones sobre la estadidad no son un tema nuevo en la capital de EE. UU. Pero la creciente polarización entre los principales partidos del país en los últimos años, que ha asimilado dicho debate, ayudó a impulsar la propuesta en la Cámara de Representantes. Esta también encuentra apoyo en gran parte de la ciudadanía local. Sin embargo, cualquier cambio en el estatus de DC solo se llevará a cabo a través de un consenso entre ambos lados del pasillo. Y no parece ser el caso en el Senado actual.

En consecuencia, mientras no haya suficientes garantías legales, ni suficiente apoyo del Partido Republicano, el debate sobre la estadidad no será mucho más que un intento demócrata de reafirmar su fuerza en la capital del país. Las condiciones actuales, por lo tanto, no favorecen al surgimiento de un 51º estado en el Distrito de Columbia.

Referencias

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