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Por Mateus Lopes Aquino.

No existe un líder político como Luiz Inácio Lula da Silva. Nacido en una familia de clase baja de Caetés, Pernambuco, no formaba parte de la élite política, intelectual o económica de Brasil, de donde procedían la mayoría de sus presidentes. Con una educación formal inconclusa, construyó su carrera política como líder sindical en los movimientos de trabajadores del acero de las ciudades de São Bernardo do Campo y Diadema (São Paulo). A principios de la década de 1980, mientras Brasil reconstruía un régimen democrático tras casi 20 años de régimen militar, ayudó a fundar el Partido de los Trabajadores (PT), a través del cual se postularía para presidente varias veces sin éxito, hasta que finalmente fue elegido en 2002 y reelegido en 2006.

Lula y su vicepresidente, José Alencar, en la ceremonia de inauguración de su primer mandato (Brasilia, 1 de enero de 2003).

Su elección estuvo llena de incertidumbres, pero su administración acabó por llevar a Brasil a un período de notable desarrollo económico y social. El producto interior bruto (PIB) del país creció con precios relativamente estables y los avances fueron significativos en la distribución de la renta, lo que elevó a millones de personas por encima de la línea de pobreza. Además, Brasil no se vio tan afectado por la crisis financiera de 2008 como otras economías más avanzadas, debido a una serie de medidas económicas de inspiración heterodoxa para mantener los niveles de consumo de la población.

También hubo un gran entusiasmo por el país en el extranjero, alentado por una política exterior que combinó un enfoque pragmático hacia las naciones desarrolladas, con una construcción de vínculos más estrechos con el mundo en desarrollo, lo que incluso llevó a albergar el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Al entregar el poder a Dilma Rousseff (la primera mujer elegida presidenta, también del PT) el 1 de enero de 2011, Lula disfrutaba de una tasa de aprobación de casi el 87%, algo sin precedentes para un presidente brasileño, especialmente después de cumplir 2 mandatos. Brasil parecía finalmente despegar después de décadas de inestabilidad política y económica.

Sin embargo, los años siguientes no fueron amistosos con Lula ni con su partido. Dilma no pudo mantener los niveles de crecimiento socioeconómico, lo que empujó al país a una crisis financiera en 2015. Al mismo tiempo, el avance de la Operação Lava-Jato, una importante operación anticorrupción realizada por la Policía Federal, llevó al enjuiciamiento y encarcelamiento de varios líderes políticos, muchos del PT. El descontentamiento con la presidenta y sus principales aliados alimentó el proceso de destitución de Dilma, aprobado por el Senado en agosto de 2016, lo que devolvió al poder a la derecha a través de su sustitución por Michel Temer, de tendencia liberal, hasta entonces el vicepresidente del país.

Dilma durante un discurso en el Senado Federal, antes de la votación final de su proceso de destitución (31 de agosto de 2016).

En cuanto a Lula, fue condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras ser imputado por el Ministerio Público Federal. Fue trasladado a una cárcel de Curitiba en abril de 2018 para comenzar a cumplir su sentencia. El proceso, sin embargo, fue condenado por simpatizantes y juristas, por la celeridad en la que se dictó la sentencia y su conveniencia, justo a tiempo de interrumpir su campaña a la Presidencia en las elecciones generales de 2018. Estas acusaciones ganaron fuerza poco después de la victoria de Jair Bolsonaro, cuando el juez Sérgio Moro (quien dictó la sentencia de Lula) fue nombrado Ministro de Justicia en su gobierno.

El juez Sérgio Moro en su nombramiento como Ministro de Justicia.

En los últimos años, parecía poco probable que Lula volviera a disputar elecciones. Sin embargo, en marzo de 2021, el juez de la Corte Suprema Edson Fachin anuló su sentencia, alegando que el proceso había ocurrido en un tribunal del estado de Paraná, mientras juzgaba delitos que no se habían cometido dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, Moro no tenía capacidad legal para condenar al expresidente. Aunque esta decisión aún es apelable y no equivale a la inocencia, Lula ha recuperado sus derechos políticos. El 23 de marzo, la Corte Suprema determinó igualmente que Moro había sido parcial al dictar la sentencia de Lula, lo que reforzó la decisión de Fachin, y fundamentalmente significa que cualquier nueva investigación contra el expresidente debe recomenzar desde el principio. Si no se emiten nuevas condenas, este estaría libre para disputar las elecciones generales de 2022.

Aunque no se haya confirmado que Lula será el candidato del PT para la Presidencia, muchos consideran que esta decisión es solo una cuestión de tiempo. Fue suficiente para hacer sonar las alarmas entre los círculos íntimos de Bolsonaro, ya que una campaña de Lula sería muy capaz de comprometer sus esfuerzos de reelección.

Actualmente, es un escenario bastante probable. El desastroso manejo de Bolsonaro de la pandemia del COVID-19, con graves repercusiones económicas y sociales, está agotando rápidamente su popularidad. En marzo de 2021, una encuesta realizada por el periódico A Folha de S. Paulo señaló que el 54% de la población desaprobaba sus acciones para enfrentar la crisis sanitaria. Además, el 44% desaprobaba fuertemente su administración en general, llevando al presidente a sus peores niveles de impopularidad desde el comienzo de su gobierno. Durante el mismo mes, Brasil superó a Estados Unidos en el número de casos y muertes cada 7 días, convirtiéndolo en el nuevo epicentro mundial de la pandemia.

Existe la sensación, dentro y fuera de Brasil, de que el país carece de liderazgo, con gobernadores y alcaldes actuando con poca coordinación para intentar frenar la propagación del virus. Dentro de este escenario, Lula comienza a presentarse como un político moderado y experimentado, que podría llenar el vacío que Bolsonaro parece incapaz de llenar.

Manifestación contra Bolsonaro en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, tras Brasil alcanzar la marca de 300 mil muertos por COVID-19 (26 de marzo de 2021).

El efecto del primer discurso de Lula tras la anulación de su sentencia nos da una idea de la influencia que aún tiene. En cuestión de horas, Bolsonaro adoptó un apoyo más asertivo a la campaña de vacunación masiva e incluso usó una máscara en un evento, contradiciendo sus anteriores críticas sobre estos temas. Días después, el Ministro de Sanidad, Eduardo Pazuello (también muy criticado por su manejo de la pandemia) anunció su renuncia, con el cardiólogo Marcelo Queiroga como su sucesor. Ernesto Araújo, el polémico Ministro de Relaciones Exteriores, vino en seguida presentando su renuncia oficial el 29 de marzo, tras varias acusaciones de sabotear las negociaciones con proveedores extranjeros para adquirir vacunas y material para producirlas en territorio nacional. En su lugar entró Carlos Alberto Franco França, un diplomático cercano al Palacio del Planalto, pero sin el mismo historial de declaraciones u opiniones controvertidas de su antecesor.

El apoyo al actual gobierno también se está agotando en el Congreso Nacional, con muchos de los principales partidos del “centrão” (compuesto por grupos sin una clara afiliación ideológica) condenando la falta de una respuesta nacional al COVID-19 y amenazando con retirar su apoyo al presidente, lo que despojaría a Bolsonaro de sus principales aliados legislativos. Algo semejante sucedió con Dilma en 2016 y sabemos como terminó eso.

El “efecto Lula” también se puede ver en el electorado. Otra encuesta realizada por PoderData en marzo de 2021, concluyó que, en el escenario actual, una disputa entre Lula y Bolsonaro llevaría el expresidente a la victoria con el 34% de los votos, frente al 30% del actual. Si Bolsonaro se enfrentara a Ciro Gomes (Partido Laborista Democrático), otro potencial candidato de centro izquierda, volvería a perder: tendría el 34% de los votos, contra el 39% de Gomes. En otras palabras, si las cosas no cambian en la actual administración, Bolsonaro será el primer jefe del Ejecutivo en no conquistar un segundo mandato desde la introducción de la cláusula de reelección presidencial en 1997.

De izquierda a derecha, Lula, Bolsonaro y Gomes.

Por lo tanto, la supervivencia política de Bolsonaro está en riesgo y Lula puede ser responsable por el fin de su presidencia, ya sea ganando las próximas elecciones o simplemente por su regreso al juego político, lo que podría drenar al presidente del apoyo legislativo necesario para evitar un proceso de destitución. Otros grupos ya están revisando sus estrategias electorales en consecuencia y los partidos de izquierda y de tendencia más al centro se preparan para elegir bandos. Mientras tanto, Bolsonaro busca reformar rápidamente los puntos más frágiles de su gobierno, cambiando discursos y miembros del gabinete, buscando resultados que le aseguren los votos de las elecciones en 2022.

Aún no se han confirmado candidatos oficiales, pero con Lula otra vez elegible, las próximas elecciones presidenciales en Brasil ya han comenzado y están destinadas a ser las más largas y polarizadas de su historia.

Referencias

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