El fin de la independencia judicial en Israel

El pasado 4 de enero el ministro de justicia israelí, Yariv Levin, anunció la nueva reforma judicial que pretende llevar a cabo el actual gobierno de Netanyahu, formado por una coalición entre la derecha tradicional, la ultraderecha nacionalista religiosa y partidos haredíes (más conocidos como ultraortodoxos).

Dicha reforma tiene varios objetivos. El primero de todos pretende modificar la composición del comité que elige a los jueces. Hasta ahora, dicho comité estaba dominado por el poder judicial. Sin embargo, la reforma cambiaría su configuración de tal manera que la mayor parte de los miembros del comité serían escogidos por el gobierno, dándole a este la capacidad de forzar el nombramiento de los magistrados más favorables a sus intereses.

Otro punto clave se refiere a la capacidad del Tribunal Supremo Israelí de vetar leyes que considere anticonstitucionales. Si bien Israel no tiene una constitución oficial, hay un conjunto de trece leyes conocidas como “Leyes Básicas” que han actuado de facto como la constitución de Israel, y que hasta ahora podían ser utilizadas como pretexto legal por el Supremo israelí para impugnar propuestas legislativas del gobierno.

No obstante, si la reforma sale adelante dicha capacidad desaparecería, ya que el Parlamento podría revocar cualquier decisión del Supremo con una mayoría de 61 sobre 120 escaños.

También desaparecería la cláusula de “razonabilidad”, que permitía al Supremo bloquear decisiones del gobierno cuando estas no se consideraban razonables. Esto ocurrió por última vez el pasado enero, cuando el Supremo revocó el nombramiento de Aryeh Deri, líder del partido haredí Shas, como ministro del interior y de sanidad, al considerarlo “extremadamente irrazonable”debido a sus condenas por corrupción previas.

Por último, los asesores legales del gobierno, dependientes del ministerio de justicia y cuyas opiniones son vinculantes, pasarían a ser elegidos por el propio gobierno, y sus opiniones dejarían de tener peso legal. A efectos prácticos, la independencia del poder judicial desaparecería por completo, así como su capacidad para anular cualquier decisión del poder ejecutivo.

Desde su anuncio, amplios sectores de la población han mostrado su rechazo hacia la reforma. Aparte de multitudinarias manifestaciones y bloqueo de carreteras por parte de la sociedad civil, otros grupos considerados estratégicos para los intereses del país han expresado su descontento. El 5 de marzo un grupo de pilotos en la reserva se negó a acudir a los ejercicios que tenían programados.

Posteriormente, ante el número creciente de reservistas descontentos, el jefe del Estado Mayor, Herlz HaLevi, expresó su preocupación respecto a cómo el ejército y su capacidad operativa podría verse afectada seriamente por las protestas.

La incomodidad creciente del ejército es uno de los factores de mayor presión sobre el gobierno. El 26 de marzo, Netanyahu cesó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, tras dar este un discurso por televisión en el que llamaba a un alto en la reforma. Su cese generó multitudinarias protestas por todo el país. El martes 28 seguía desarrollando sus funciones como ministro, por lo que su futuro aún está en duda, y cabe la posibilidad de que el jefe de gobierno israelí reconsidere su decisión.

También el presidente israelí, Isaac Herzog, ha criticado duramente la reforma. El 15 de marzo, a través de un anuncio en el que hablaba incluso del peligro real de una guerra civil, hizo público un plan que pretendía ofrecer una solución más equilibrada como alternativa para desbloquear la situación. Apenas unas horas más tarde su propuesta fue rechazada por Netanyahu. Es importante tener en cuenta que el presidente en Israel no suele entrar en debates políticos. La excepción hecha por Herzog en este caso puede entenderse como un indicador de la gravedad de la situación.

En cuanto al plano internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró el pasado 21 de febrero que la reforma “minaría drásticamente” la capacidad del poder judicial para proteger los derechos humanos y el imperio de la ley en Israel. E incluso Estados Unidos, el aliado más importante de Israel, se muestra reticente ante la reforma.

El 12 de febrero, a través de una declaración en el New York times, Biden recordaba que una de las fortalezas tanto de la democracia israelí como la democracia americana es que cuentan con un poder judicial independiente, y que es necesario “construir consensos” a la hora de llevar a cabo cambios fundamentales para que estos puedan ser sostenibles en el tiempo.

Es notable la ausencia de la comunidad palestina en las protestas que atraviesan el país, pero tampoco sorprende, ya que el aparato judicial israelí nunca ha sido especialmente favorable a las demandas de los palestinos, e incluso en ocasiones ha sancionado legalmente acciones consideradas ilegales a ojos de la comunidad internacional.

La presente escalada de tensión social en Israel no parece aún cerca de su final. El pasado lunes, tras una jornada de huelga general convocada por el mayor sindicato del país, el primer ministro israelí anunció un aplazamiento de la reforma hasta finales de abril.

Sin embargo, la oposición lo ve insuficiente, y teme que sea una simple estrategia para calmar las calles mientras siguen adelante los aspectos menos polémicos de la reforma, como la reestructuración del comité de selección de los jueces, que ya ha superado todas las fases preliminares y solo está a una votación de llevarse a cabo.

Por otro lado, los miembros más radicales de la coalición consideran el alto de la reforma un signo de debilidad, y Netanyahu ha tenido que hacer concesiones para mantenerlos contentos, como la promesa de que crearía una “guardia nacional” a las órdenes de Itamar Ben Gvir, líder nacionalista religioso y uno de los miembros más radicales del gobierno.

Todo ello es el reflejo de una sociedad profundamente dividida entre elementos cada vez más conservadores y una izquierda débil que no fue capaz de agotar la anterior legislatura sin acabar desunida.

También es el resultado de una serie de problemas no resueltos, como el conflicto árabe – israelí o el carácter judío del estado, que chocan con los pilares fundamentales de cualquier democracia liberal moderna.

Este año se cumplen setenta y cinco años de la fundación del Estado. Esta puede ser la oportunidad para Israel de convertirse en una democracia moderna y madura capaz de resolver problemas largo tiempo estancados, o sucumbir ante los encantos de un gobierno fuerte y efectivo, sin límites a su poder. Pero parece difícil no escuchar a falsos profetas cuando las promesas de redención llevan resonando tanto tiempo.