El terrorismo y variables de correlación: La Pobreza (I)

En la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, decía que “No es por medios militares como detendremos el terrorismo, ni el tráfico de drogas. Derrotaremos esto cuando enfrentemos el problema esencial, que es la pobreza”.

La opinión de Lula es un argumentario extendido cuando se intenta profundizar en las raíces del surgimiento del terrorismo. El entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, también apuntaba en la misma línea de razonamiento: “El terrorismo realmente brota en donde hay pobreza, desesperación y desesperanza, donde la gente no ve un futuro”. Pero, ¿Hasta qué punto es esto verdad?

Pavón-Villamayor y Velázquez Roa (2006) realizaron una revisión sistemática de la principal evidencia sobre la materia al respecto. Ambos autores sostienen que si la pobreza es uno de los catalizadores principales del terrorismo, las sociedades más pobres serían aquellas que sufrirían en mayor instancia la intensidad de las actividades terroristas.

Si se toma como muestra dos países que presentan niveles de pobreza similares como Senegal y Chad (Senegal línea de pobreza en 2,21 y Chad en 2,24; datos homogeneizados al año 2011 en Paridad de Poder Adquisitivo), los datos sobre actividad terrorista difieren significativamente.

El Índice Global de Terrorismo 2020 muestra que mientras Senegal ocupaba la posición 110, que representa un impacto bajo, Chad ocupaba la posición 34, con un impacto medio-alto. Para Villamayor y Velázquez Roa la primera razón que explica estos datos es que el marco institucional de un país es especialmente relevante para explicar el surgimiento del terrorismo. La segunda, sería considerar que se ha partido de una premisa equivocada.

Blomberg, Hess y Weerapana proveen evidencia de que, entre 1968 y 1991, las regiones más afectadas por la actividad terrorista fueron aquellas con rentas más elevadas, es decir, Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, pese a que el Índice de Terrorismo 2020 muestre como en la actualidad la lista está encabezada por países con baja renta per cápita como Afganistán, Irak, Nigeria o Siria, la tendencia en el pasado evoca que deben existir otros factores con un mayor peso relativo (Blomberg et al., 2004).

Otro estudio pionero que trata de contrastar esta hipótesis es el llevado a cabo por Krueger y Maleckova, donde refutan la asociación directa entre situación económica y disposición a alinearse en actividades terroristas en el marco del conflicto palestino-israelí. El estudio emplea las encuestas de opinión pública con el objetivo de obtener información indirecta sobre la predisposición de la población a apoyar dichas actividades. Para ello, se recogen los datos de opinión pública recogidos por el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas (PCPSR).

El PCPSR realizó una encuesta a 1.357 palestinos mayores de 18 años en Cisjordania y en la Franja de Gaza del 19 al 24 de diciembre de 2001. La encuesta, que se llevó a cabo mediante entrevistas en persona, abarcó temas como la opinión sobre los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el apoyo a un acuerdo de paz Israel-palestino y la opinión sobre los ataques armados contra Israel (Krueger y Maleckova, 2003; Pavón-Villamayor y Velázquez Roa, 2006).

Uno de los principales resultados de la encuesta es que los desempleados palestinos eran más propensos a oponerse a la realización de ataques contra bases militares y objetivos civiles israelís que el resto de la sociedad. Una conclusión que parece desalinearse de la hipótesis de que la pobreza resulta un catalizador del terrorismo, pues uno esperaría que los desempleados fueran significativamente el grupo que apoyase en mayor medida la realización de dichos actos (Krueger y Maleckova, 2003; Pavón-Villamayor y Velázquez Roa, 2006).

El estudio también proporciona información sobre las características de los militantes del ala armada del grupo extremista libanés Hezbolá (Al-Muqawama Al-Islamiya) con respecto a la población general. La tasa de pobreza era del 28% entre los militantes de Hezbolá y del 33% para la población, es decir, 5 puntos menos para los miembros del ala militar de Hezbolá, aunque como bien apuntan los autores, la diferencia no es estadísticamente significativa (Krueger y Maleckova, 2003).

Los resultados muestran que los mártires que murieron en la actuación de atentados terroristas entre 1982 y 1994 provenían de estratos sociales cuya calidad de vida era superior a los niveles de pobreza. Las estimaciones del estudio sugieren que la pobreza está inversamente relacionada con la probabilidad de que alguien se convierta en combatiente de Hezbolá (Krueger y Maleckova, 2003).

En esta misma línea, Berrebi analizó el entorno de los atentados terroristas palestinos en Israel y los territorios ocupados. Creó un conjunto de microdatos a partir de las biografías de 285 shahids publicadas en las revistas de Hamás, la Yihad Islámica Palestina y la Autoridad Nacional Palestina entre 1987 y 2002. Las gráficas que se adjuntan a continuación muestran sus principales conclusiones sobre los terroristas suicidas.

Los individuos que llevaron a cabo ataques suicidas con bombas para estas organizaciones tenían menos probabilidades de provenir de familias empobrecidas y era mucho más probable que hubieran completado la escuela secundaria y asistido a la universidad que la población palestina en general (Berrebi, 2003). Estos resultados coinciden con las observaciones de Nassra Hassan sobre los terroristas suicidas palestinos: “Ninguno de ellos era inculto, desesperadamente pobre, de mente simple o deprimido. Muchos eran de clase media” (Nassra Hassan, 2001).

Villamayor y Velázquez Roa (2006) sostienen que el hecho de que el estrato socioeconómico del que provienen en mayor medida los terroristas no sea el más desfavorecido no implica que la correlación entre pobreza y terrorismo sea prácticamente inexistente. Para ambos, la pobreza podría representar una fuente indirecta de terrorismo, convirtiéndose en la bandera de una causa política que justifique la realización de dichos actos violentos.

Abadie (2004), por ejemplo, no encuentra una asociación significativa entre el terrorismo y variables económicas como la renta una vez que se tiene en cuenta el efecto de otras características del país. Las estimaciones de su estudio sugieren que la libertad política, no obstante, tiene un efecto no monótono sobre el terrorismo; un resultado coherente con el aumento del terrorismo observado en los países en transición de regímenes autoritarios a democracias.

Angrist, que también analiza el conflicto palestino-israelí, esboza un aspecto que puede ser clave. El autor sostiene que uno de los factores más significativos en el estallido de los enfrentamientos fue el deterioro de las condiciones de los estratos sociales más educados. Tanto la tasa de desempleo como los salarios reales descendieron para esta clase social. Por lo tanto, ya no sería el deterioro de las condiciones económicas de los estratos sociales más desfavorecidos un catalizador de la acción violenta, sino que se trata del deterioro de las condiciones económicas de los grupos menos desfavorecidos (Villamayor y Velázquez Roa, 2006; Angrist, 1995).

Cragin y Chalk analizan el vínculo entre pobreza y terrorismo midiendo el impacto de las políticas de desarrollo económico aplicadas por diferentes gobiernos, con el objetivo de resolver conflictos internos, sobre la frecuencia de actividades terroristas. La hipótesis que se pretende contrastar es que, si la pobreza y el terrorismo tienen un vínculo positivo, uno esperaría que la exitosa implementación de estos programas reduciría efectivamente la frecuencia de atentados terroristas (Cragin y Chalk, 2003).

Ambos autores parten de la muestra de tres países, Israel, Filipinas y el Reino Unido. Todos ellos promulgaron políticas de desarrollo social y económico para inhibir el resurgimiento del terrorismo dentro de sus fronteras.

En el caso particular de Irlanda del Norte, la implementación de estos programas parece que tuvo un efecto inhibitorio significativo en el resurgimiento del terrorismo, con niveles que no alcanzaron los de los años 70 y 80. Apareció una clase media emergente y una elite empresarial que se benefició directamente de los programas de desarrollo en las ciudades de Irlanda del Norte desde los Acuerdos del Viernes Santo. Esta nueva clase social desempeñó un papel importante en la mediación del conflicto republicano-lealista, facilitando los intercambios intercomunitarios.

No obstante, no parece que las políticas de desarrollo terminaran con el terrorismo de raíz. Al menos dos grupos no renunciaron en ese momento a la actividad terrorista: el Ejército Republicano Irlandés Real (RIRA) y la Fuerza Voluntaria Lealista (LVF), con ambos grupos conservando un nivel residual de apoyo popular. Aunque estos programas parece que han tenido éxito en la reducción de las disparidades económicas entre la comunidad protestante y católica, han sido incapaces de ayudar a las comunidades marginadas (Cragin y Chalk, 2003).

En el caso de Filipinas, el principal objetivo de las políticas de desarrollo social y económico consistía en abordar los agravios de las comunidades musulmanas para reducir el potencial de la insurgencia en Mindanao. Cragin y Chalk destacan la inefectividad de estos programas como consecuencia de cuatro factores claves (Cragin y Chalk, 2003):

• En primer lugar, la mayoría de los proyectos a gran escala financiados por Manila se determinaron sin evaluaciones exhaustivas de las necesidades de la comunidad musulmana.
• No se utilizaron eficazmente los fondos asignados y no se entregó lo prometido a las comunidades musulmanas de la región.
• El gobierno central no estableció mecanismos adecuados para la rendición de cuentas y supervisión de los fondos de desarrollo.
• La ayuda al desarrollo proporcionada por los donantes internacionales no parece haber tenido un impacto significativo en las comunidades musulmanas.

Por todo ello, el impacto de los proyectos de desarrollo social y económico en términos de desarrollo real en el sur de Filipinas ha sido marginal. Según un congresista de la zona, prácticamente no se produjo ningún progreso significativo entre 1996 y 2001 (Cragin y Chalk, 2003).

Por último, las políticas de desarrollo implementadas por Israel tenían como objetivo declarado el demostrar al pueblo palestino un interés real por la paz. No obstante, tanto los palestinos como la comunidad internacional criticaron a la Autoridad Palestina por la corrupción y la mala ejecución de estos proyectos. Aunque tal y como apuntan los autores, la evidencia disponible indica ciertos resultados positivos.

En 1999, la prestación de servicios sociales, principalmente educación y salud, había mejorado en muchas áreas. Los avances en estos y otros proyectos a pequeña escala, como los servicios de agua y teléfono, indican que los residentes palestinos experimentaron algunos beneficios económicos y sociales tangibles de la paz entre 1993 y 2000 (Cragin y Chalk, 2003).