Escocia, sin opciones para la independencia

En septiembre de 2014, Escocia celebró un referéndum de independencia en el que se impuso la opción de mantenerse en el Reino Unido con el 55% de los votos. La consulta fue profundamente divisiva y lo igualado del resultado hizo imposible cerrar el debate al respecto.

Ahora, más de 8 años después, el gobierno escocés sigue intentando realizar un nuevo referéndum, pero se ha topado con la oposición del gobierno británico y con la del Tribunal Supremo. ¿Sigue teniendo opciones Escocia de construir su camino a la independencia?

Primer referéndum

Para analizar la situación actual debemos comenzar hablando de cómo se realizó el primer referéndum. El Gobierno escocés no tiene competencias propias para realizar un referéndum y, por tanto, tuvo que hacerse bajo un acuerdo con el Gobierno británico.

La Scotland Act de 1998 recoge la posibilidad de que el Gobierno escocés y el Gobierno británico lleguen a un acuerdo para que el Gobierno escocés pueda legislar sobre materias que son competencia exclusiva de Westminster, como en este caso, organizar un referéndum de independencia, ya que afectaría al conjunto del Reino Unido y por tanto sería competencia exclusiva del parlamento.

Bajo este parámetro se llegó a un acuerdo entre el Gobierno británico y el Gobierno escocés para realizar el referéndum en 2014. Finalmente, como todos sabemos, el referéndum arrojó un resultado negativo para la independencia y Escocia permaneció en el Reino Unido. Esto no acabó con el debate, pero por lo menos lo acalló durante cierto tiempo hasta que llegó un nuevo referéndum, en este caso el referéndum del Brexit.

En 2016 el Reino Unido votaba sobre si salir o no de la Unión Europea y, a pesar de que en el conjunto del Reino Unido ganó la opción favorable a salir de la Unión Europea, en Escocia ganaron los partidarios de mantenerse en la Unión por una mayoría considerable (62%).

Tan pronto como se supo el resultado del referéndum comenzaron a surgir voces que llamaban hacia un segundo referéndum de independencia, ya que en este caso el Partido Nacionalista Escocés consideraba que el acuerdo por el que se había regido el primer referéndum estaba roto.

Escocia había votado a favor de permanecer en un estado miembro de la Unión Europea y ahora el referéndum del Brexit cambiaba completamente la situación del país, por lo que los partidos escoceses consideraban que era necesario realizar un nuevo referéndum para ver si el pueblo escocés seguía queriendo pertenecer a un estado que acababa de cambiar completamente.

En este punto, el debate continuó en lo retórico, pero no se hicieron iniciativas oficiales. El SNP continuó pidiendo un referéndum de independencia y el gobierno británico haciendo caso omiso. Entretanto, en 2021 se celebraron nuevas elecciones al Parlamento escocés y en ellas los independentistas lograron mayoría absoluta gracias al SNP y Los Verdes.

Ambos partidos forjaron una coalición de gobierno que recogía la realización de un nuevo referéndum de independencia durante la actual legislatura. Así, Nicola Sturgeon solicitó en junio al Gobierno británico realizar un nuevo referéndum siguiendo exactamente el mismo proceso del primer referéndum de 2014.

Por su parte, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, respondió a Sturgeon negándole su petición. El argumento de Johnson era que la cuestión ya se había respondido en 2014 y que la situación del país, centrada en la recuperación de la pandemia y la guerra de Ucrania, no era propicia para organizar un nuevo referéndum sobre una cuestión que, según el Gobierno británico, ya se había quedado zanjada en 2014.

A partir de aquí las opciones del Gobierno escocés se redujeron significativamente al no poder contar con un referéndum igual al que se produjo en 2014 y básicamente se reducían a dos. Una era promulgar la vía unilateral, la vía de confrontación con el Gobierno británico, y tratar de hacer un referéndum sin el consentimiento de Londres. Esta vía estaba completamente descartada por parte de Sturgeon, que no quería escalar la tensión y, por tanto, solo les quedaba una opción, intentar hacer el referéndum legalmente, pero sin la aprobación de Westminster.

El argumento de Escocia para realizar esto era simple. Reconocían que Escocia no tenía competencia según la legislación británica para realizar un referéndum sobre asuntos relativos al estado de la Unión, pero consideraban que, si el referéndum era solo consultivo y, por tanto, no vinculante, no iba a tener consecuencias para la Unión en tanto que no iba a cambiar de ninguna manera el estado que conforma el Reino Unido, por lo que entraría dentro de la legalidad.

De esta manera, el gobierno escoces anunció en 2022 que pretendía aprobar una ley escocesa para realizar un referéndum no vinculante. Los tribunales escoceses no lo vieron claro y pasaron la decisión al Tribunal Supremo, que debía pronunciarse acerca de si Escocia realmente tenía las competencias necesarias para aprobar dicha ley.

El Tribunal Supremo aceptó revisar el caso y finalmente se declaró en contra de las pretensiones de los nacionalistas escoceses, alegando que un referéndum, incluso aunque sea consultivo, tendría evidentes implicaciones políticas para el estado de la Unión y, por tanto, entraba dentro de aquellas competencias exclusivas de Westminster estando fuera del ámbito competencial del Parlamento escocés.

Sin opciones

Con esta decisión, Escocia realmente se queda sin opciones de realizar un referéndum de independencia. El gobierno escocés ha respondido diciendo que aquí no termina el debate de independencia y que explorarán nuevas vías para seguir la voluntad democrática de Escocia.

La premier Nicola Sturgeon ha anunciado que va a tomarse las próximas elecciones como unas elecciones plebiscitarias y se va a presentar haciendo campaña con un solo tema, el de la independencia. Esto considera que, ante su más que previsible victoria, revalidará el mandato sobre la independencia para organizar un nuevo plebiscito y aumentar la presión sobre Londres para que autorice finalmente el referéndum.

Sin embargo, lo cierto es que los independentistas escoceses ya tienen mayoría en el parlamento escocés, por lo que ese mandato ya existe y, aun así, incluso aunque fueran unas elecciones plebiscitarias e incluso aunque arrojaran una mayoría muy clara y mayor de la que tienen ahora los independentistas, seguirían necesitando el acuerdo de Londres para organizar la consulta, por lo que no cambiaría en exceso la situación.

La única opción realista en este punto para que Escocia pueda organizar un nuevo referéndum de independencia es que en las próximas elecciones generales del Reino Unido el Partido Laborista no tenga los suficientes diputados como para gobernar y necesite pactar con el SNP, exigiendo este último un nuevo referéndum a cambio de sus votos.

Independientemente de la voluntad o no de los laboristas para aceptar un acuerdo semejante (cuestión más que discutible), lo cierto es que las encuestas actuales dibujan un escenario en el que los laboristas ni siquiera necesitarían los votos de otros partidos ante el colapso de los conservadores, por lo que tampoco parece una opción probable, por lo menos en la actualidad.

Los independentistas escoceses tuvieron la oportunidad en 2014 de conseguir su gran objetivo de construir un estado independiente. Sin embargo, desaprovecharon esa oportunidad y ahora llevan 8 años tratando de conseguir una nueva, y no hay nada que nos haga pensar en este momento que podrán conseguirla.

Es una muestra más de lo rápido que se abren y se cierran las ventanas de oportunidad en política. Los independentistas escoceses desaprovecharon la suya y ahora es realmente complicado que puedan conseguir abrir otra. Londres es quien tiene la sartén por el mango y no tiene ahora mismo ningún incentivo como para promulgar un nuevo referéndum. La independencia de Escocia tendrá que esperar y, probablemente, durante mucho tiempo.