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El presente artículo tiene por objeto analizar el expansionismo chino sobre el Mar de la China Meridional desde el punto de vista del derecho internacional, concretamente desde el prisma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, también conocido (con bastante poco acierto) como la Constitución de los océanos.

Desde su llegada al gobierno en 2012, XI Jinping ha venido apostando firmemente por una política expansionista basada más en fundamentos históricos que jurídicos. Es necesario que los actores de la disputa por la soberanía sobre las islas del Mar de la China Meridional retornen a la senda de la legalidad internacional a fin de reducir la escalada de tensión que actualmente sufre la región.

Localización del mar

A la luz del derecho internacional, las reclamaciones de China sobre las islas Spratly, Paracelso, etc, carecen de fundamentos jurídicos suficientes (como ya declaró la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya en 2016 a consecuencia de la reclamación formulada por Filipinas) más allá de la legislación interna china que contempla desde el fin de la II Guerra Mundial la archiconocida línea de 9 trazos.

Cuestión distinta y, desde el punto de vista del derecho internacional mucho más interesante, es la relativa a la construcción por parte de china de islas artificiales con la finalidad de ejercer jurisdicción y soberanía sobre las mismas. Por este motivo centraremos el análisis en las mencionadas islas artificiales que progresivamente ha venido construyendo China en la zona y como los Estados Unidos puede reaccionar para evitar la hegemonía de la potencia asiática en la región.

No hay que olvidar que el interés de china sobre el mar se debe en primer lugar a su riqueza en recursos pesqueros, gas natural o petróleo (se estima que la región alberga unos 11.000 millones de barriles de crudo y 190 billones de pies cúbicos de gas natural según la Agencia de Información de Energía de EE.UU). En segundo lugar y más importante todavía, las rutas marítimas que transcurren por el mar de la china meridional (se estima que el 30% del comercio marítimo mundial transita por él) cuyo dominio otorgaría a china una hegemonía geopolítica brutal, capaz    de poner en jaque el tráfico comercial mundial.

En 2015, bajo el mandato de Obama, EEUU consiguió que China detuviera la construcción de islas artificiales. No obstante, durante los últimos meses, aprovechando la situación de desconcierto y crisis provocada por la Covid-19 en los países de la zona, China ha incrementado los trabajos de construcción y mejora de islas artificiales de las que ya disponía en la región hasta el punto de que los EEUU ha manifestado su descontento con estas maniobras tachándolas de oportunistas.

Mapa de las reclamaciones marítimas y territoriales de cada país.

Pasamos ahora al estudio de dichas islas artificiales, su encaje normativo, la legitimidad de china para su construcción, así como el estatuto jurídico que la convención sobre el derecho del mar les otorga.

La cuestión relativa a la legitimidad de China para la construcción de las islas artificiales encuentra su apoyo en los artículos 56, 60 y 87 de la Convención sobre derecho del Mar (CONVENMAR) donde se reconoce el derecho de los estados ribereños a su construcción tanto en su zona económica exclusiva (ZEE) como en alta mar. El primer problema que encontramos es que China no construye estas islas en su ZEE sino más allá, concretamente en las cercanías de las islas Paracelso e islas Spratly las cuales se encuentran en el espacio marítimo reivindicado y, que de conformidad con el derecho internacional, pertenece a Brunei, Filipinas o Vietnam. También se tiene información de la construcción de islas en zonas con la consideración de alta mar, próximas a las islas Sprattly.

El artículo 60 de la CONVENMAR señala respecto de las islas artificiales construidas en su ZEE que el estado ribereño “tendrá jurisdicción exclusiva sobre dichas islas artificiales (…) incluida la jurisdicción en materia de leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios, de seguridad y de inmigración” y que “su construcción deberá ser notificada, y deberán mantenerse medios permanentes para advertir su presencia.”

China tendría además del derecho a construir islas en su ZEE, el derecho a construirlas en alta mar (como ya ha hecho en las proximidades de las islas Sprattly) pues tal y como dispone el artículo87 se reconoce a los estados la “libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional” encontrando las principales limitaciones en el artículo 60 que dispone que “no podrán establecerse islas artificiales cuando puedan interferir la utilización de las vías marítimas reconocidas que sean esenciales para la navegación internacional” de manera que, sí como hemos mencionado anteriormente el 30% del tráfico marítimo mundial transcurre por esta zona, China no debería haber construido jamás sus islas artificiales.

Tampoco puede bajo ninguna circunstancia exigir el reconocimiento de mar territorial y ZEE propio de las islas artificiales puesto que estas carecen de la condición de islas.

Sin perjuicio de la libertad analizada anteriormente, el articulo 89 determina la “Ilegitimidad de las reivindicaciones de soberanía sobre la alta mar” de manera que “ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía”. La prohibición parece ser contradictoria con el derecho reconocido en el artículo 87, de esta forma el texto de las Naciones Unidas reconoce el derecho de los Estados a construir islas en alta mar pero les impide reclamar su soberanía sobre las mismas.

El problema radica en que, a juicio de China, las islas artificiales se encuentran en el interior de su mar territorial (de conformidad con la “línea de 9 trazos”), no obstante, según el principal texto regulador del reparto, usos, derechos y deberes sobre el espacio marítimo, algunas de éstas se encuentran en la ZEE de terceros Estados. Sin embargo, la construcción de dichas islas en alta mar no debería suponer una violación del derecho internacional (siempre que no concurra la excepción de las rutas marítimas antes descrita ni se reclame el ejercicio de soberanía sobre estas).

La respuesta estadounidense

Llegados a este punto ¿cómo puede EEUU responder a esta política expansionista? Pues bien, hace tan solo unos días la armada estadounidense ponía en servicio el USS Miguel Keith el cual está considerado como una verdadera “base naval flotante”. Se trata de un barco modular semisumergible que permitiría a la armada llevar a cabo movimientos logísticos a gran escala, participar en operaciones de combate, servir como puesto de mando e incluso como puerto flotante. Además, es lo suficientemente grande como para transportar las aeronaves de mayor tamaño de la armada.

Su autonomía logística determina la posibilidad de establecer una base naval en prácticamente cualquier punto de los océanos. Esto permite a los EEUU operar en zonas marítimas sin necesidad de alcanzar acuerdos con estados terceros que le permitan atracar en sus puertos. EEUU no es nuevo en esto pues ya cuenta con algún buque similar como el USS Ponce o el USS Seabasing los cuales han servido en lugares remotos como Oriente Medio o el estrecho de Ormuz.

USS Miguel Keith

¿Podría EEUU emplear este buque para garantizar su presencia continuada en el mar de la china meridional para contrarrestar el dominio que China parece estar alcanzando en la región? Pues bien, no solo podría hacerlo, sino que fuentes gubernamentales ya han confirmado que el buque será enviado a las inmediaciones de la isla Saipán, a solo unos cientos de millas de la zona en disputa.

Además, el almirante de la armada estadounidense Craig Faller manifestó en la ceremonia inaugural del buque que el USS Miguel Keith podría ser desplegado en el mar de la china meridional ante la “búsqueda por parte del partido comunista chino del dominio mundial y su intención de imponer su propia visión del orden internacional"

Se trata de una jugada maestra por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses dirigida a contrarrestar la fuerza de China en la región sin incumplir ningún precepto de la normativa internacional vigente, la cual, si bien no tiene reproche desde el punto de vista legal, podemos garantizar que sí lo tendrá en el plano político.

Estos sucesos parecen indicar que nos aproximamos a una escalada de tensión en la región sin precedentes la cual no parece tener ni fácil ni pronta solución.

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