Guía para entender el conflicto mapuche en Chile, Capítulo I, Parte 2/2
Por Diego Duarte Valdivia
Capítulo l: comprendiendo el origen de las demandas y reseña histórica 2/2
El origen del estado chileno y la anexión de territorios
El interés del Estado chileno por las tierras al sur del Biobío impulsó el deseo de este por anexar las tierras mapuches que, durante siglos, habían tenido bastante autonomía del poder central, fuera este el dominio español o la recién nacida República de Chile.
El último Parlamento fue celebrado en Tapihue, en 1825, fimándose un Tratado de Paz entre la República de Chile y el lonko[1]Francisco Marihuán, donde se señala de manera explícita que, “el Biobío es la línea divisoria entre estos dos nuevos aliados hermanos”.[2]
Luego de la Independencia de Chile en 1818, la zona sur se encontraba en una situación muy distinta a la del territorio de la zona central. Los bandoleros y montoneros, grupos de soldados prófugos, asolaban las haciendas, mostrando la debilidad de las autoridades de la zona. Sumado a esto, los dirigentes de la ciudad de Concepción se rebelaron en contra de las autoridades centrales en 1851 y 1859.
Los distintos grupos mapuche se vieron forzados a tomar posición frente a estos cambios para mantener sus intereses, tal como lo hicieron durante la Colonia. Por ello, no es de extrañar que apoyaran las revoluciones de 1851 y 1859 en beneficio propio. Otro fenómeno presente fue la colonización de tierras agrícolas en la Araucanía, debido al auge cerealero iniciado por la fiebre de oro en California en 1848. Este proceso se caracterizó por el gran número de estafas a familias mapuches y por diversos conflictos de convivencia entre éstos y los colonos.
El Gobierno central consideró como prioridad la ocupación y asentamiento de la zona de la Araucanía, pasando a ser un tema de debate en el país. En 1861, Cornelio Saavedra propuso un plan de "pacificación" que consistió en construir una línea de fortificación por el río Malleco modificando la frontera que tradicionalmente llegaba hasta el Biobío. Dicho proyecto no estuvo exento de conflictos, incluso al interior de las mismas autoridades chilenas. Sin embargo, para la mayoría el progreso del país se ejercía a través de la colonización y el desarrollo industrial que, necesariamente, pasaba por el sometimiento de las distintas tribus mapuche.
En 1861, apareció el francés Orellie Antoine, quien se proclamó "Rey de la Araucanía", la proclamación fue un intento de algunas autoridades mapuches de buscar reconocimiento de su autonomía a nivel internacional, al establecer “el Reino de la Araucanía”. El plan, ideado por el lonko Quilapán, era establecer un estado mapuche que recibiera apoyo por parte de Francia. Eventualmente, Antoine fue detenido y apresado por las autoridades chilenas y expulsado del país. El depuesto rey intentó volver a su reino en tres ocasiones, siendo negado su ingreso en cada una de ellas.
El intento de establecer un estado en la Araucanía fue un impulso para las pretensiones anexionistas, ya que hizo temer una eventual alianza de Francia con las comunidades mapuche.
Cornelio Saavedra inició la campaña de 1862 fortificando Mulchén, Negrete, Angol y Lebu. Los mapuches rápidamente se dieron cuenta de las consecuencias de la penetración chilena. Mientras que algunos weichafes optaron por la resistencia, los pehuenches y costinos formaron alianzas con las autoridades chilenas.
En 1866, se aprobaron las primeras leyes que permitieron la ocupación de la Araucanía. En dicho año se determinó, a través de leyes, que todos los territorios al sur del Biobío pasaban a ser de propiedad fiscal. Dicha disposición contravenía más de tres siglos de política colonial (Reino de España) y republicana (República de Chile) que, a través de sucesivos parlamentos, estableció la soberanía colonial y republicana sobre los territorios indígenas, a cambio del reconocimiento a las comunidades mapuches de la completa autonomía territorial y de autogobierno local.
Se inició entonces, entre 1867 y 1869, la segunda campaña de Saavedra donde las tropas chilenas se enfrentaron en una violenta guerra con las tropas arribanas bajo el mando del lonko Quilapán.
Junto a las tropas llegaron a las regiones del sur los agrimensores y los colonos. Sin embargo, debido a la gran presencia de indígenas, la idea de “tierras vacías” fue insostenible y se optó, entonces, por reducir el espacio ocupado por el pueblo mapuche.
Tras los primeros acuerdos de paz, en 1870, Saavedra quiso continuar con la siguiente etapa de expansión buscando unir Toltén con Villarrica y así rodear los territorios mapuches. El fracaso en esta etapa obligó a las autoridades a reconsiderar la estrategia, por lo tanto, se optó por consolidar la ocupación de los territorios hasta el río Malleco. Esta decisión fue clave para las campañas posteriores del “Ejército de la Frontera”, pues permitió una mejor preparación logística gracias al uso del telégrafo y del ferrocarril. De esta manera, tras diez años de tregua, se iniciaron las últimas campañas de ocupación bajo el mando de Gregorio Urrutia y el ministro Manuel Recabarren, buscando consolidar la línea del río Cautín. [3]
Las prácticas de destrucción de siembras y de aldeas fueron una política declarada del comandante José Manuel Pinto. La finalidad declarada fue: “incorporar esos vastos territorios a la economía agrícola nacional, promover la inmigración europea y civilizar a un pueblo que vivía en la barbarie”. La resistencia mapuche no fue capaz de enfrentar a un Ejército moderno y la última sublevación fue derrotada en Temuco en 1881. El ejército chileno finalizó su campaña simbolizada en la ocupación y reconstrucción de Villarrica en 1883.
Se inaugura así, el proceso llamado de “Radicación” que entre 1883 y 1930 significó la concesión de Mercedes de Tierras[4]a los lonkos y sus comunidades, especialmente entre los ríos Biobío y Toltén, sobre una mínima parte de las superficies que habían poseído ancestralmente. De unos 5 millones de hectáreas las comunidades fueros reducidas a unas 500 mil, con lo que destruyó una próspera economía ganadera que se había desarrollado desde el siglo XVIII. Allí comienza el origen de la pobreza indígena, y una de las principales reivindicaciones del pueblo mapuche con el estado chileno.
A continuación, se presenta un mapa del estatus legal de tierras y territorios en la Araucanía hoy en día.
El sistema de radicación a la tierra por medio del cual se sometió a los indígenas provocó la crisis de la sociedad mapuche decimonónica. El asentamiento fue el principal factor que contribuyó a la constitución del minifundio mapuche, pues las familias fueron creciendo y más personas debieron compartir los mismos espacios. Muchas tierras se degradaron, perdiendo su calidad y productividad.
El resto de la tierra ocupada militarmente fue sacada a remate por el Estado y utilizada por colonos chilenos y extranjeros para su aprovechamiento productivo. Otros espacios fueron obtenidos mediante presiones y artimañas legales. En las primeras décadas del siglo XX, a pesar de las denuncias de algunos sectores de la sociedad y de ciertos sacerdotes por la violencia estatal, los territorios de más de doscientas comunidades fueron usurpados y legalizados en las oficinas de los conservadores de bienes raíces y notarías.
La Ley Indígena de 1927 terminó con el proceso de radicación y planteó la idea de dividir las comunidades entregando la tierra como propiedad particular. Los cincuenta años que van desde 1927 a 1968 estuvieron marcados por la discusión acerca de la división de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. El conflicto se dio entre divisionistas y comunitaristas.
La cuestión mapuche cambió en los años sesenta con la Reforma Agraria. A principios de siglo se crearon decenas de organizaciones mapuches que convergieron, en 1968, en el Congreso de Ercilla donde se estimó que no había un marco jurídico adecuado para encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales. En este contexto, comenzaron las tomas de terreno como un modo de encontrar una estrategia de recuperación de tierras y resolver sus pleitos históricos.
La dictadura militar de Augusto Pinochet, con criterios geopolíticos y neoliberales, dictó en 1978 una ley que aprobó como una única política hacia las tierras indígenas, la división de las propiedades comunitarias con el objetivo de generar un mercado de tierras y resolver el conflicto indígena.
El año 1992 es clave en el desarrollo de las nuevas ideas mapuches. Con el retorno a la democracia comenzó la lenta tramitación de una Ley Indígena. Finalmente se logró llegar a consenso respecto a uno de los asuntos fundamentales: la defensa de las tierras aborígenes mediante un artículo que dispuso que no podían ser vendidas a personas no indígenas. A finales de 1993 fue aprobada por unanimidad creando con ella la Corporación de Desarrollo Indígena.
A continuación, un breve resumen de la evolución de la cuestión mapuche en Chile.
Comprendiendo el conflicto en la actualidad
En la última década del siglo XX se desencadenó un nuevo conflicto entre los mapuches y las empresas forestales. Las comunidades mapuches acusan a las grandes plantaciones de pino y eucaliptos de ser incompatibles con el ecosistema de la Araucanía, el bosque crece tupido y nada se desarrolla junto a él. Además, acusan que las comunidades aledañas a las plantaciones no obtienen beneficios y por el contrario perjuicios múltiples como el deterioro económico, social y ecológico del territorio. Algunas de estas plantaciones estarían en territorios ancestrales, de acuerdo con autoridades mapuches.
La académica mapuche Verónica Figueroa Huencho, postdoctorada del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford y profesora en la Universidad de Chile, en una entrevista con BBC reflexiona acerca del conflicto.[5]La doctora Figueroa plantea que, desde el inicio, el Estado de Chile se construye sobre un “ideal” de homogeneidad que no considera a los pueblos indígenas, olvidando su cultura, su lengua y su representación política. Y así por 200 años.
"En Chile no hay Estado plurinacional, no hay cumplimiento activo de pactos internacionales, no hay respuesta a derechos específicos ni colectivos, ni participación política para los indígenas. No se ceden escaños en el Congreso, no se crea un Ministerio. No hay voluntad de cambiar las estructuras", sentencia la doctora Figueroa.
A continuación, se presenta un mapa elaborado por el diario chileno Emol, en el que se detallan los conflictos que vivió la zona de la Araucanía en el periodo 1999-2009. Cabe señalar que, hasta septiembre de 2020, los conflictos no han disminuido, de hecho, la realidad es todo lo contrario. Profundizaremos más al respecto en los siguientes capítulos.
En febrero de 2019, la Asesoría Técnica Parlamentaria del Congreso Nacional de Chile, redactó un documento titulado: “Principales demandas mapuche como reivindicaciones de derechos humanos: Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales”.[6]En dicho documento se hace una recopilación y profundización en las principales demandas indígenas que gatillan los conflictos en la Región de la Araucanía.
Las principales demandas, de acuerdo con el órgano legislativo de Chile, son:
1. Libre determinación y autonomía territorial indígena.
2. El respeto por el debido proceso en el marco de las controversias por la aplicación de la Ley Antiterrorista.
3. Mayor participación política.
4. Derecho a la propiedad (tierra y territorio).
5. Mayor respeto al medio ambiente y proyectos de inversión en territorio mapuche.
6. Derecho a la educación intercultural.
Las demandas del pueblo mapuche tienen respaldo por parte de la ciudadanía, al menos eso dicen las encuestas. En la encuesta Cadem-Plaza Pública de principios de agosto de 2020, un 93% de los encuestados dijo estar a favor de que a los mapuches se les reconozca en la Constitución y un 73% cree que debe tener cupos reservados en el Congreso, el 81% estaba a favor de que se reconozca el mapudungún como lengua oficial del país y un 75% aprueba que se le deben devolver tierras y territorios ancestrales.[7]
Pero, si efectivamente hay un avasallador respaldo ciudadano con las demandas de los mapuches ¿Por qué el gobierno no ha podido satisfacerlas? ¿Por qué los mapuches creen que no se respeta el debido proceso? ¿Por qué hay mapuches condenados por la Ley Antiterrorista? ¿Por qué dichos condenados se definen como prisioneros políticos? ¿Cómo afecta la violencia en la economía regional? ¿Existen intereses económicos en medio del conflicto? ¿Ha existido voluntad política en querer resolver este conflicto?
Y la pregunta más importante de todas, ¿Cuál será su desenlace?
En los siguientes capítulos intentaremos responder estas preguntas.
[1] También denominado lonko o cacique, es el jefe o cabeza de una comunidad mapuche. El cargo tiene aspectos políticos, administrativos y religiosos.
[2] http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-602.html#presentacion
[3] https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/12/04/la-raiz-del-conflicto-del-pueblo-mapuche-y-el-estado-de-chile/
[4] Los títulos de merced son derechos de propiedad sobre un predio, originalmente otorgados por la Comisión Radicadora de Indígenas, que lideró el “proceso de radicación” que comenzó en 1883 como parte de la colonización de La Araucanía (entendida ésta como un territorio más amplio que la actual IX región de Chile).
[5] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53673734
[6]https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26969/1/BCN2019___Las_demandas_mapuche_en_lenguaje_de_derechos.pdf
[7] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/08/10/cadem-76-afirma-mapuches-discriminados-93-aprueba-reconocimiento-constitucional.shtml
