Guía para entender el conflicto mapuche en Chile, Capítulo III, Parte 3/3

Por Diego Duarte Valdivia

Capítulo I: comprendiendo el origen de las demandas y reseña histórica 1/2

Capítulo I: comprendiendo el origen de las demandas y reseña histórica 2/2

Capitulo II: La arista económica

Capitulo III: Las víctimas de la violencia en La Araucanía 1/3

Capitulo III: Las víctimas de la violencia en La Araucanía 2/3

Capitulo III: Las víctimas de la violencia en La Araucanía 3/3

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El caso Luchsinger-Mackay

Uno de los casos más emblemáticos del conflicto mapuche es, sin lugar a dudas, el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. El ataque incendiario que les arrebató la vida a este matrimonio de ancianos no solo provocó indignación, sino que además generó un nuevo lenguaje político para referirse a la violencia en La Araucanía: Terrorismo.

A raíz de esta nueva definición fue que el gobierno y el estado chileno utilizaron todas sus herramientas a disposición para buscar y sentenciar a los culpables. Sin embargo, una serie de hechos y situaciones que marcaron tanto el juicio como la investigación, terminaron con un solo condenado (en primera instancia) que, hasta el día de hoy, sigue siendo una autoridad espiritual del pueblo mapuche y considerado por algunos como un “preso político”.

De acuerdo a la versión de los hechos aceptada por los Tribunales de Justicia, el 4 de enero de 2013 a las 1:15 horas, Celestino Cerafín Córdova Tránsito (34 años) y un número indeterminado de personas llegaron al fundo Lumahue, en Vilcún, donde vivían Werner Luchsinger (75 años) y su esposa Vivian MacKay (69 años), a quienes dispararon luego de rociar con combustible la casa y la quemaron con el matrimonio en su interior, falleciendo en el lugar carbonizados.

La mujer alcanzó a efectuar llamadas telefónicas a su hijo Jorge y a Carabineros, cuyos efectivos detuvieron unas horas más tarde al machi Celestino Córdova. El machi fue arrestado a 1.780 metros de la casa y herido con una bala disparada por Luchsinger. La fiscalía lo acusó por el delito consumado de incendio terrorista con resultado de muerte. El atentado ocurrió durante las acciones de protesta por el aniversario de la muerte de Matías Catrileo.

Tras el atentado que le arrebató la vida a la pareja de ancianos, el presidente Sebastián Piñera se reunió con los familiares del matrimonio Luchsinger MacKay en el lugar del atentado, teniendo de fondo la casa humeante. Estuvieron presentes amigos y agricultores de la zona, quienes increparon al exmandatario y le manifestaron su impotencia por la serie de hechos de violencia que se han registrado en el último tiempo en La Araucanía, lo que se vio agravado por los atentados que provocaron tres muertes en esas últimas semanas[1].

Celestino Córdova desarrolló su condición de machi a muy temprana edad. Su estatus fue validado en distintas declaraciones y comunicados firmados, no solo por su comunidad, sino también por comunidades de zonas emblemáticas como Ercilla y la Provincia de Arauco.

Córdova proviene de una zona con historia: el “Lof Yeupeko”, en Padre Las Casas, el mismo que por largos años ha mantenido un conflicto de tierras con la familia Luchsinger. Las comunidades de ese sector, por un tiempo, fueron parte importante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), antes de producirse un quiebre en esa organización[2].

En febrero de 2014, Celestino Córdova fue declarado culpable. Los jueces determinaron que el hallazgo del acusado a 1.750 metros del lugar de los hechos era un indicio poderoso de participación. La resolución de los magistrados fue unánime, pero en un voto de mayoría no le atribuyeron el carácter terrorista al delito por el que fue acusado. El demandado fue absuelto de otro delito que se le atribuía: el atentado al fundo Santa Isabel, de la familia Seco Fourcade, ocurrido el 22 de diciembre de 2012, hecho que sí fue calificado de terrorista por el mismo tribunal. Córdova recibió una pena de 18 años de cárcel.

Se trata de la más alta dictada en el marco de delitos asociados al denominado conflicto mapuche. El Ministerio Público, el Gobierno y los querellantes pedían presidio perpetuo calificado (al menos 40 años de cárcel) e invocaban la Ley Antiterrorista.

La Corte Suprema confirmó la condena de 18 años de cárcel para Córdova, tras rechazar un recurso de nulidad interpuesto por su defensa. Ese mismo día el machi inició una huelga de hambre. Los jueces ponderaron los llamados de auxilio de Vivian MacKay y su relato de la modalidad del ataque, el lugar donde Córdova es detenido, la conexión entre la hora del inicio del fuego y el momento en que es sorprendido, la dirección de la huida, sus vestimentas, su rostro semicubierto y la presencia de polen de tubérculos en sus zapatos, acreditada científicamente.

Igualmente, se tuvo en cuenta la herida de bala compatible con el disparo de una pistola de bajo calibre hallada en el lugar junto a un cargador vacío, "pero con señas de haber sido disparada". Así, el máximo tribunal concluyó que Werner Luchsinger repelió el ataque, acción en la que hirió al condenado.

El Machi Celestino Córdova a tres meses de ser condenado, inició su primera huelga de hambre en la cárcel de Temuco solicitando ser trasladado a un centro penitenciario de estudio y trabajo. Se extendió por poco más de dos semanas. Luego, en enero de 2018 y en julio del mismo año, protagonizó otras dos huelgas exigiendo se le permitiera visitar su rehue (altar mapuche utilizado en distintas ceremonias) por 48 horas, petición a la que finalmente accedió el Ministerio de Justicia en ese entonces. En 2020 realizaría otra huelga de hambre por las mismas demandas que el gobierno volvería a aceptar.

En marzo de 2016, formalizaron a 11 presuntos coautores de crimen de los Luchsinger MacKay, diez hombres y una mujer fueron detenidos como autores del delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, el mismo que la fiscalía imputó a Celestino Córdova. La mujer que fue acusada era otra machi, Francisca Linconao (64 años).

Francisca Linconao fue puesta en prisión preventiva por meses mientras se desarrollaba la investigación en su contra. La machi negó desde un principio su participación en los hechos e inclusive dijo que estaba siendo víctima de un montaje policial.

Finalmente, en 2018, la machi fue absuelta del crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay. Sin embargo, de las once personas acusadas, tres fueron condenadas y ocho absueltas. A lo que la machi respondió diciendo que estaba molesta por las condenas a las otras personas, aseverando que al igual que ella, eran inocentes[3]. En concreto fueron; José Peralino, José Sergio Tralcal Quidel y Luis Sergio Tralcal Quidel, los condenados por el crimen incendiario[4]. A los hermanos Tralcal se les condeno a cadena perpetua, mientras que Peralino fue condenado a cinco años de cárcel[5].

La violencia rural

La violencia en la región no solo se limita a los abusos que sufren las comunidades mapuches. Durante el 2018, existieron 207 delitos rurales en la región de acuerdo a la Fiscalía regional[6]. Estos delitos afectaron a empresarios, policías y ciudadanos.

Los hechos de violencia que han sufrido estas personas de las comunas de Vilcún, Galvarino, Victoria, Collipulli, Padre Las Casas, Angol, Ercilla, Temuco y Nueva Imperial, van desde incendios de sus propiedades y maquinarias hasta el robo de animales y herramientas de trabajo. En algunos casos también prestaban servicios a la comunidad en donde se encontraban emplazados, como es el supuesto de la Corporación Educacional Trapilhue, o la generación de cupos de empleo de las Sociedades Agropecuarias y las Sociedades de Construcción y de Transporte.

Según un estudio realizado por el Think Tank “Libertad y Desarrollo”, que contabiliza todos los casos cubiertos en la prensa desde 1990 a 2012 (1.330 hasta junio de 2015), éstos se concentran especialmente en cortes de camino, incendios, actos violentos, hurtos, manifestaciones urbanas (violentas y pacíficas) y tomas de tierras que son reivindicadas por comunidades indígenas. La violencia en la IX Región es un fenómeno que se ha ido recrudeciendo, con las conductas sistemáticas y organizadas de grupos violentistas, que atentan contra el estado de derecho y que han implicado serios daños contra la propiedad pública y privada.

Según la indagatoria de este Think Tank, estos acontecimientos que en su mayoría son liderados por encapuchados reflejan que durante el 2011 hubo un aumento de actos de violencia en relación con el 2010. Además, aseguran que el 51% de los casos corresponden a ataques tanto a personas como a personal de Carabineros y daños materiales a la propiedad privada, como destrucción de plantaciones, cercos y puentes, seguido por los incendios (18%), tomas de terreno (12%), manifestaciones urbanas (9%), cortes de camino (8%), y finalmente, la comisión de hurtos (2%).

La Multigremial de La Araucanía, desarrolla desde 2009 un “Barómetro”, elaborado en base a las denuncias realizadas ante Carabineros y la Fiscalía, que mide las tipologías, intensidades y tendencias de la conflictividad en la zona. De acuerdo con esta Multigremial, su informe indica que en las comunas de Ercilla y Angol se registra la mayor cantidad de delitos, tales como usurpación y atentados incendiarios[7].

A continuación, se presentan gráficos que explican los hechos de violencia ocurridos durante el primer semestre de 2019 y 2020:

En agosto de este año, y motivados por los hechos de violencia que se han vivido por años en la zona, las principales Gremiales de camioneros bloquearon parcialmente distintas rutas de Chile. Tras una serie de ataques, durante el primer semestre de 2020 en la región de la Araucanía, varios gremios de camioneros convocaron una paralización, unos 600 km al sur de Santiago, donde se mantiene un foco de tensión constante debido a los reclamos de tierras por comunidades indígenas mapuches, la mayor etnia chilena[8].

Desde el mes de abril del año 2018, el gobierno chileno comenzó a elaborar un catastro de víctimas de violencia rural, el cual incluye personas naturales, empresas con fines de lucro y organizaciones sociales.

A partir de este catastro, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública gestiona iniciativas que contribuyen a la reposición de las actividades económicas y sociales que resultaron afectadas por eventos de violencia rural en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Estas iniciativas son implementadas y canalizadas por diversos organismos, tanto públicos como privados, con quienes existen convenios de colaboración[9][10].

Con todos estos antecedentes, podemos concluir que la historia de las víctimas del conflicto mapuche está marcada, de forma muy dolorosa, por injusticias. La injusticia de la impunidad, la injusticia de no ser iguales ante la ley, y la injusticia de no tener el derecho de vivir en paz.

¿Es posible que el conflicto tenga solución? Y, de ser así, ¿cuáles son los caminos para encontrar la paz?

En el último capítulo de nuestro especial responderemos estas preguntas.

[1] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/25/880703/Cronologia-del-Caso-LuchsingerMackay-desde-el-ataque-a-la-absolucion.html

[2] https://www.tvu.cl/prensa/2020/08/16/quien-es-celestino-cordova-las-claves-en-la-historia-del-machi-en-huelga-de-hambre.html

[3] https://www.t13.cl/noticia/nacional/machi-francisca-linconao-estoy-molesta-porque-hay-personas-condenadas

[4] https://www.24horas.cl/nacional/machi-francisca-linconao-tras-ser-absuelta-estoy-muy-molesta-porque-hay-tres-personas-que-condenaron-2704686

[5] https://www.cnnchile.com/pais/caso-lucksinger-cadena-perpetua-para-luis-tralcal-quidel-y-jose-tralcal_20180611/

[6] https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2019/01/15/la-violencia-rural-en-la-araucania-es-una-falacia/

[7] https://www.multigremialaraucania.cl/multigremial-de-la-araucania/

[8] https://www.dw.com/es/chile-camioneros-bloquean-rutas-en-protesta-por-ataques-en-carreteras/a-54723197

[9] https://www.interior.gob.cl/programas-para-victimas-de-violencia-rural-de-la-araucania/

[10] http://www.intendencialaaraucania.gob.cl/noticias/21-victimas-de-violencia-rural-en-la-araucania-reciben-apoyo-economico-del-gobierno/