La Gran Colombia Socialista del Siglo XXI (Parte 2/2)
La llegada de Maduro a la presidencia (2014-actualidad)
Anteriormente, Nicolas Maduro había protagonizado varios escándalos internacionales e intentos de intervención por parte del régimen chavista en países de la región latino americana, estando entre ellos está el caso de Honduras.
Manuel Zelaya había sido expulsado por las Fuerzas Armadas Hondureñas por orden del poder judicial hondureño, debido a que este había intentado violar la constitución llamando a un referéndum para implementar la reelección indefinida presidencial, como había sucedido en Venezuela con Hugo Chávez anteriormente.
Posterior al hecho, el gobierno de Venezuela, a través de su canciller Nicolas Maduro, intenta intervenir de manera política, presionando por medio de organismos internacionales al gobierno de facto. A su vez, el régimen venezolano financia las protestas internas hondureñas, siendo señalado de intentar armar a los grupos que participan en las manifestaciones callejeras.
Días después intentan que Manuel Zelaya ingrese al país para tomar el liderazgo, pero las fuerzas de seguridad frustran dicho intento, finalmente la situación concluye en negociaciones con el gobierno de facto y reconocimiento de nuevas elecciones en Honduras.
Mas tarde en 2012, otro escándalo sería protagonizado por el canciller de Venezuela, un video filtrado muestra al canciller saliendo de una reunión con el alto mando militar de Paraguay, seguidamente una fuente interna del estado paraguayo señala que, en dicha reunión, Maduro proponía al alto mando militar desconocer la decisión del parlamento paraguayo, quien había destituido al presidente Lugo, y por medio de la fuerza regresar a su aliado a la presidencia de Paraguay.
Al principio del gobierno de Nicolas Maduro, el socialismo del siglo XXI fue perdiendo influencia en la política internacional sur americana, la democracia volvía a tomar su curso institucional y los candidatos aliados del nuevo socialismo perdían las elecciones, a la par que la crisis económica interna dentro de Venezuela desataba levantamientos populares en contra del gobierno socialista.
A principios de 2014, las protestas alcanzaron uno de sus puntos más altos, sumergiendo algunas ciudades en violencia política, lo que llevaría al socialismo a una nueva etapa de control y represión utilizando el poder judicial como arma para encarcelar opositores al gobierno.
Durante las protestas, el régimen, previendo un posible levamiento armado o militar, recibe algunos cargamentos de fusiles provenientes de Cuba, que más tarde serían utilizados por las milicias y grupos comando de la policía nacional bolivariana.
Finalmente, el desgaste y la falta de apoyo por parte de los lideres políticos opositores traería como consecuencia el final de las protestas, por esa razón el gobierno desataría una ola de persecución a quienes habían participado en las protestas de 2014.
Como consecuencia de las protestas y la persecución, el proyecto de Hugo Chávez había perdido popularidad entre la población, dicho descontento seria expresado en las elecciones parlamentarias de 2015, donde el oficialismo perdería más de las tres cuartas partes de las sillas en el parlamento, dejándolos como una minoría débil sin posibilidad de influir en las decisiones del poder legislativo.
La pérdida del parlamento obligaba al oficialismo a realizar un nuevo cambio estratégico para su permanencia en el poder, unos días antes de tomar posesión la nueva asamblea, durante la madrugada, la asamblea saliente nombraba a los nuevos magistrados, que constituirán el poder judicial, siendo completamente leales a Maduro.
Al iniciar la nueva asamblea nacional, uno de los primeros actos de la corte suprema fue el desconocimiento de sus decisiones, ya que por orden del poder judicial la nueva asamblea estaba en desacato constitucional, por juramentar a dos diputados opositores que supuestamente habían cometido fraude en las elecciones.
A su vez, la nueva asamblea desconocía a la corte suprema porque algunos de sus magistrados no calificaban para el cargo, además que sus integrantes habían sido electos de manera ilegal por parte de la antigua asamblea oficialista.
El conveniente conflicto de poderes era la carta magistral para que el régimen socialista impusiera sus decisiones por medio de la fuerza. Con todo, la usurpación de competencias por parte del poder judicial rompiendo con el orden constitucional inició otro nuevo levantamiento popular en 2017, que sería traicionado por los lideres opositores, llamando a participar en las elecciones para gobernadores.
Posterior a los hechos de 2017, el régimen socialista tomaba nuevamente el control de Venezuela, pero a diferencia de años anteriores, este se mantenía por medio de la imposición de la fuerza, violando los principios constitucionales democráticos y de derechos humanos, a la vez que desconocía el poder legislativo por completo.
Seguidamente, la percusión política y las purgas internas dentro de las fuerzas armadas daban al socialismo del siglo XXI la garantía de permanecer en el poder, sobreponiéndose sobre las elecciones, las cuales ya no eran necesarias, y cuyos resultados serían los convenientes para el régimen.
De manera similar en Nicaragua, se iniciarían en 2018 levantamientos populares en contra del régimen de Daniel Ortega, parte del socialismo del siglo XXI, al igual que en Venezuela, estas protestas serian reprimidas mediante la fuerza, grupos paramilitares y el poder judicial como arma política.
Durante las protestas en Nicaragua, el régimen venezolano interviene enviando armas, blindados y equipos anti motín, para así asegurar la permanencia de Daniel Ortega en el poder, que más tarte implementó el sistema político de Caracas y la Habana, además de ordenar la detención de los opositores al régimen y de los candidatos que participaban las elecciones presidenciales.
A partir de 2019, la pérdida casi por completo de los aliados internaciones en el continente y la presión internacional, sumado a las sanciones económicas y el reconocimiento de algunos países al gobierno interino, debilitaban el proyecto socialista, pero este aún se mantenía en Venezuela, Nicaragua y parte de Colombia, donde las guerrillas volvían a recuperar el territorio perdido durante el gobierno de Ávaro Uribe.
Por consiguiente, daría comienzo una nueva avanzada del socialismo del siglo XXI, recurriendo a estrategias y tácticas, las cuales habían funcionado en la Venezuela de la década de los 90, replicándolas en los países donde habían perdidos a sus aliados, pero en los cuales aún mantenían una fuerza política relevante.
Primero, utilizarían grupos de guerrilla urbana, no para la toma del poder por medio de la fuerza, sino para generar una sensación de descontento social, que a su vez crearía una matriz de opinión popular negativa respecto al gobierno de turno, la cual alimentaría el discurso del candidato socialista, trayendo como resultado una victoria electoral que abriría el camino para cambiar el sistema democrático al socialismo del siglo XXI.
Asimismo, en el caso de no alcanzar la victoria electoral, estas guerrillas abonarían el terreno para futuras conmociones sociales, que llevarían a la renuncia del presidente y obligarían a un cambio favorable a la agenda socialista.
En segundo lugar, luego de tomar el poder, atacarían a la agroindustria de manera sistemática, debido a que la misma es factor desestabilizante de las políticas del neo socialismo, iniciando acciones contra terratenientes, para luego por medio de amenazas políticas conseguir acuerdos con el mediano productor, finalizando en la estatización de los recursos necesarios para la producción agrícola pecuaria como un instrumento de control político y económico al agro productor.
En tercer lugar, a través de reformas educacionales, las cuales cumplirían una función indispensable para el cambio social, y de manera más eficaz mediante escuelas derecho y ciencias sociales, para infiltrarse lentamente en las instituciones y los poderes del estado y así utilizar la división de los poderes y el poder judicial como garante del proceso socialista.
En cuarto y último lugar, eliminar cualquier medio de defensa de la población civil, es decir, quitar cualquier posibilidad de que los ciudadanos tengan maneras dentro del marco legal de aplicar la legitima defensa, para eso el socialismo del siglo XXI elimina la propiedad, tenencia y porte de armas, a la par que cualquier acto de defensa es castigado mediante la persecución judicial y del estado.
El objetivo es dejar vía libre a grupos de choque paramilitares la función del orden público por medio de la intimidación, además de evitar manifestaciones que puedan crear violencia política que afecte la estabilidad del poder socialista, creando una sociedad con la estima baja, que pueda ser controlable ante cualquier situación o políticas implementadas por él estado.
El resultado de la nueva estrategia es la “Brisa Bolivariana”, nombre dado por miembros del gobierno venezolano, la cual desencadeno una serie de protestas y situaciones de caos a nivel regional en los países cuyos gobiernos habían participado en el Grupo Lima y apoyado la salida del régimen por medio del gobierno interino.
Como consecuencia varios países de la región como Argentina, Chile, Perú, Honduras y Colombia regresaron al eje de influencia del socialismo, reconociendo a su vez el gobierno de Nicolas Maduro, legitimándolo ante la opinión internacional y dejando a un lado al gobierno interino.
El caso colombiano
Específicamente en el caso de Colombia es posible que comparta un destino similar al de Venezuela, adoptando el modelo del socialismo del siglo XXI, a través del gobierno de Gustavo Petro, quien inició su gobierno con políticas similares, pero corrigiendo los errores cometidos por Chávez y Maduro.
Al igual que Chávez, el presidente Gustavo Petro comienza su gobierno con un discurso de unidad, incluyente y de progreso, comprometido a respetar los derechos constitucionales y la propiedad privada, pero decidido a cambios fundamentales, buscando la igualdad y la paz social, que abren el camino para la instalación del socialismo del siglo XXI.
De manera similar a Venezuela, meses más tarde, el discurso de Petro amenaza de expropiación a empresas y tierras agrícolas, a su vez incita a grupos y movimientos campesinos de extrema izquierda a ocupar tierras en zonas rurales de Colombia.
Seguidamente, por medio de propuestas de reformas tributarias y el aumento de impuestos sobre el patrimonio, empresas y exportaciones, Petro garantiza la redistribución de la riqueza y así suma a las clases desfavorecidas a su causa, agregando una la política de paz que funciona como mecanismo para normalizar la criminalidad, a través del incentivo económico a delincuentes para separarlos de dichas actividades.
Así como sucedió en Venezuela, estas políticas fueron utilizadas para generar alianzas con grupos delincuenciales, que después serían utilizados como arma política para generar caos y control social.
A diferencia de las políticas de paz de Petro, en Venezuela se conocían como “zonas de paz”, en donde los delincuentes se comprometían a dejar dichas actividades y no generar violencia, a cambio de que los cuerpos de seguridad no ejercieran control sobre esas zonas. En Colombia este mecanismo está dirigido directamente a los individuos que forman parte de las bandas criminales, no a los territorios de influencia y control de la delincuencia.
Para finalizar y garantizar la efectividad de sus nuevas políticas, Gustavo Petro propone una prohibición total del porte arma a civiles, argumentando que el porte de arma no es un derecho, sino una excepción tomada por el estado, debiendo ser eliminado en su totalidad.
Para el socialismo del siglo XXI, la intención es quitar al ciudadano colombiano cualquier posibilidad legitima de defenderse ante el ataque de grupos delincuenciales pro gobierno, y de esta manera evitar levantamientos populares que puedan llevar a la caída del sistema socialista.
Claro está que las reformas propuestas por Gustavo no son iguales a las implementadas en Cuba, Venezuela o Nicaragua, pero si corrigen los errores cometidos durante los 20 años de revolución chavista, cuyas reformas trajeron como como consecuencia violencia política y conspiraciones que golpearon duramente al gobierno neo socialista.
Probablemente dichas políticas serán aplicadas de manera más sutil, pero con el mismo fin, transformar a Colombia en parte de la Gran Colombia Socialista e incluir al estado colombiano dentro del eje de Caracas como parte del expansionismo del socialismo del siglo XXI.
Al igual que Chávez, el presidente Petro comparte el intento de tomar el poder y sobre todo la determinación de llevar a Colombia hacia la transformación social y cultural, para luego mantenerse en el poder y, como proyecto futuro, expandir el socialismo del siglo XXI a más países de la región, teniendo en cuenta que Venezuela es pionera en la historia de hispano américa y de la historia de Colombia como nación.
