La nueva Francia: Proteger los valores nacionales vs Islamofobia

Por Mateus Lopes.

La Constitución francesa de 1958 describe al país como una "República indivisible, laica, democrática y social", donde se asegura la igualdad de derechos a todos sus ciudadanos independientemente de su origen, raza o religión. Esta idea se trata de una invención francesa, legalmente reconocida por la Ley de Separación entre Iglesia y Estado de 1905.

El concepto de laicismo ha sido ampliamente adoptado en las democracias occidentales, garantizando la libertad de practicar cualquier religión. Por lo tanto, la legislación actual supuestamente aborda la creciente diversidad étnica y cultural dentro de la República Francesa, permitiendo que sus habitantes convivan de forma armónica a pesar de sus diferentes creencias filosóficas y religiosas.

Sin embargo, en febrero de 2021, la Asamblea Nacional aprobó por una abrumadora mayoría una nueva "Ley Antirradicalismo", con el objetivo de fortalecer la supervisión de mezquitas, escuelas y clubes deportivos musulmanes, para proteger al país de los islamistas radicales y promover el respeto por los valores franceses. Desde su introducción, el proyecto ha sido ampliamente criticado por supuestamente dar cabida a la discriminación contra la comunidad musulmana local. El laicismo, bajo esta interpretación, parece más una idea que una realidad en la Francia actual.

En un país que ha sufrido sucesivos ataques terroristas por radicales islámicos en los últimos años, combinados con dificultades a largo plazo de su gobierno para integrar adecuadamente a la creciente comunidad musulmana (proveniente especialmente de las antiguas colonias francesas en África y Medio Oriente) en la sociedad local. Desde 2020, el presidente Emmanuel Macron se ha movido progresivamente en este sentido. En noviembre, el gobierno solicitó al Consejo Francés de la Fe Musulmana que prohibiera la politización del Islam y restringiera la "injerencia extranjera" entre sus grupos. Semanas después, el presidente presentó el primer borrador del originalmente denominado “Proyecto de Ley Anti-Separatismo”, con la intención de combatir el extremismo religioso por considerarlo incompatible con los valores republicanos del país.

Al defender el proyecto de ley en cadena nacional, el primer ministro Jean Castex calificó al islamismo radical de “enemigo de la República”, por pretender dividir a los franceses entre ellos. Al evocar el principio del laicismo, su objetivo no era atacar la libertad religiosa o fomentar la discriminación, sino salvaguardar esa libertad y otros principios franceses de las ideas fundamentalistas. Otros altos miembros del gabinete, como el ministro del Interior, Gérard Darmanin y, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, también han respaldado públicamente el proyecto de ley.

Las medidas propuestas incluyen más obstáculos para el financiamiento externo de mezquitas, la protección de líderes comunitarios moderados amenazados por extremistas, criterios más estrictos para autorizar la escolarización en el hogar para niños mayores de 3 años, y licitaciones para evitar que los padres saquen a los niños de las escuelas públicas y les inscriban en instituciones islámicas clandestinas. También se incluyeron medidas médicas, proponiendo multas y encarcelamiento para los médicos que realizaran pruebas de virginidad a niñas. Por último, se prohibiría la expedición de papeles de residencia a los solicitantes polígamos, sobre la base de que esta práctica ya es ilegal en Francia.

Por lo tanto, este proyecto de ley genera un debate claro: proteger los valores y las libertades francesas frente a desencadenar una mayor discriminación contra la comunidad musulmana. Para entender el debate sobre este proyecto de ley debemos considerar 2 factores principales. El primero, es la particular exposición de Francia a amenazas terroristas en los últimos años, principalmente con motivaciones religiosas. El segundo, engloba las implicaciones políticas que puede tener para Emmanuel Macron, ya que su primer mandato como presidente concluirá en 2022.

No es ningún secreto que el país parece ser más propenso a ataques radicales que sus vecinos europeos. En los últimos años, ha enfrentado episodios impactantes, incluido el tiroteo masivo en la sala de conciertos parisina Bataclan en 2015, el atropello de multitudes por un camión en Niza durante las celebraciones del Día de la Bastilla en 2016, y la decapitación de un maestro por un radical islamista en las afueras de París en 2020. Una explicación importante de este fenómeno es el surgimiento del Estado Islámico y la participación de Francia en los enfrentamientos contra el grupo.

En 2014, después del comienzo de los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos contra el grupo (que incluía a Francia), su portavoz principal, Mohammad al-Adnani, cualificó a los "franceses rencorosos"como algunos de sus principales enemigos, y llamó a los partidarios del ISIS a lanzar ataques contra el país. El papel tradicional de Francia como portador del liberalismo secular en Occidente también lo ha puesto en el centro de atención de los radicales. Según Jason Burke (2016), mientras que EE. UU. es percibido como la principal fuente de decadencia moral y explotación económica, Francia es otra importante amenaza "atea" por su defensa de los ideales de derechos humanos, libertad de expresión y democracia, valores que se oponen significativamente a los de los yihadistas.

Además, en los últimos años, el concepto de laicismo se ha ido aplicando progresivamente no como una forma de delimitar la esfera pública y privada con respecto a las creencias personales, sino como una forma de intervención en la esfera privada de los ciudadanos musulmanes, incluidos los códigos de vestimenta, las necesidades dietéticas y la educación religiosa. Como resultado, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado un creciente discurso discriminatorio hacia esta comunidad, bajo la justificación ya mencionada de proteger los valores republicanos.

La discriminación lleva al “separatismo” frecuentemente mencionado por las autoridades francesas, con los jóvenes musulmanes gravitando hacia un discurso radical, ya que condena a la misma sociedad donde no encuentran sentido de pertenencia. No olvidemos que el tiroteo de Bataclan incluyó a ciudadanos franceses y belgas, y los franceses fueron uno de los grupos occidentales más grandes en unirse a ISIS, frecuentemente atraídos por un discurso inicial heroico y anti-opresión. En otras palabras, las personas que se sienten excluidas de su propia sociedad y país tienen más probabilidades de recurrir a medios violentos en su contra.

Aparte de la posición de Francia como un objetivo atractivo para ataques radicales, Emmanuel Macron está bajo una presión propia antes de las próximas elecciones presidenciales. En 2017, entró en la disputa presidencial francesa como un outsiderque logró reunir el apoyo de los otros partidos políticos cuando se enfrentó a la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, en la segunda ronda de la votación. Y lo hizo impulsando un programa centrista y amplio, con propuestas económicas que agradaban a la derecha y propuestas sociales que aseguraban el apoyo de la izquierda. Aquel joven visionario parecía ser lo que Francia necesitaba para dejar atrás las malas prácticas de sus grupos políticos tradicionales.

Sin embargo, en diciembre de 2020, una encuesta realizada por el Instituto Francés de Opinión Pública señaló que casi el 60% de la población estaba descontenta con el presidente. Aparte de su manejo de la pandemia de COVID-19, que resultó en que Francia sea una de las naciones más afectadas de Europa, Macron debe hacer frente al aumento del desempleo y al persistente temor popular por las amenazas terroristas, reavivado por el episodio de decapitación en octubre de 2020. Según los informes, el fracaso se ha extendido dentro del partido del presidente, La République En Marche, que perdió su mayoría absoluta en el Parlamento después de que siete miembros desertaran y formaran un nuevo partido.

Con las elecciones de 2022 acercándose y la posibilidad de que más votantes se inclinen hacia las propuestas conservadoras de Le Pen (especialmente en lo que respecta a la inmigración), Macron se ve presionado para actuar con rapidez para mejorar los resultados de su administración. Originalmente considerado como un político moderado y con visión de futuro, ahora parece más preocupado en ser reelegido en 2022 o, al menos, en no sufrir una derrota demasiado humillante. Eso se traduce en moverse más a la derecha y atender sus demandas lo que, en Francia, implican inevitablemente medidas que afectan en algún nivel a la comunidad musulmana.

Impulsar proyectos de ley sobre seguridad y extremismo islamista es una consecuencia de este cambio de actitud del presidente, que despertó las alarmas entre franceses, las Naciones Unidas y grupos internacionales de protección a los derechos humanos. Como señala Andi Grene (2020) de la Universidad de Princeton, la decisión del gobierno de actuar a través de dichas leyes es ineficaz, ya que no responde a las demandas de los musulmanes de incrementar la integración económica y social en el país, a través de proyectos de vivienda, empleo y educación. Estas iniciativas podrían crear una nueva fuente de patriotismo francés dentro de dicha comunidad, haciendo frente al sentimiento de exclusión que alimenta el pensamiento radical y las acciones terroristas.

En otras palabras, Macron debería manejar el tema de la integración islámica no otorgando más poder de castigo a las autoridades locales o disminuyendo la educación en el hogar, sino reforzando los sistemas educativos y económicos para responder a las necesidades más inmediatas de la comunidad musulmana, evitando medidas que directamente afectan las prácticas religiosas moderadas (y legales), lo que conduce al descontento e incluso al odio hacia las autoridades francesas.

Específicamente en el área de educación, Carol Ferrara (2020), de la Emerson College (Inglaterra), afirma que no hay evidencia científica de que las escuelas musulmanas o la educación en el hogar conduzcan a la radicalización, pero son aliados poderosos para prevenirla al brindar estabilidad a los jóvenes musulmanes y la capacitación que necesitan para sobresalir profesional y socialmente.

En conclusión, la Ley Antirradicalismo puede ofrecer soluciones a corto plazo que mantengan a Macron en buenos términos con los políticos de derecha y los grupos más insatisfechos del electorado francés, anticipando una nueva campaña contra Le Pen en 2022. Incluso se puede encontrar una justificación convincente en la defensa francesa del laicismo. Sin embargo, su ataque específico a los musulmanes tiene un potencial peligroso para aumentar la exclusión social y económica de esta comunidad, lo que no evitará sino que alimentará los ideales extremistas entre sus miembros. En consecuencia, la amenaza terrorista perdurará.

La sociedad francesa tiene un carácter cada vez más multicultural. Cuanto antes lo reconozca su gobierno, trabajando efectivamente para garantizar que estos diferentes grupos coexistan pacíficamente dentro de su territorio, antes comenzará a ganar la guerra contra las células islamistas radicales. La Ley Antirradicalismo, sin embargo, sugiere que todavía tardará para que la comunidad musulmana sea considerada una aliada y no una enemiga en dicha contienda.

Referencias

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