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En octubre de 2017, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), el organismo que organiza visitas a los lugares de detención con el fin de evaluar el trato dado a las personas privadas de libertad, mandó una delegación a Hungría debido al gran número de inmigrantes que estaban cruzando la frontera con Serbia para entrar en el país europeo. El objetivo de la inspección era revisar las medidas que estaban tomando las autoridades húngaras para controlar la situación y si se estaban implementando las recomendaciones que ese mismo comité hizo en su otra visita de 2015.

En la frontera entre Serbia y Hungría hay dos zonas de tránsito, denominadas así porque son los lugares a los que llevan a los inmigrantes detenidos que cruzan la frontera mientras esperan el proceso de asilo. Desde 2015, las autoridades húngaras expulsaban de inmediato a aquellos que detuviesen dentro del límite establecido en la legislación y fuera de esas zonas de tránsito. Esta situación cambió en marzo de 2017 cuando se declaró el estado de crisis. El CPT expresó su desacuerdo con estas medidas de expulsión y con otras como los malos tratos que algunos detenidos declaraban haber sufrido en su detención.

El CPT supo de estas vejaciones gracias a las entrevistas y declaraciones que tomaron de múltiples detenidos en la frontera. Los informes médicos apoyaban estas informaciones, aunque las autoridades negaron cualquier uso de violencia o intimidación en estas detenciones. De acuerdo con las autoridades húngaras, se han implantado medidas para acabar con estos actos violentos, como por ejemplo que todo inmigrante debe ser fotografiado y grabado su traslado a las zonas de tránsito. 

Sin embargo, estas medidas se quedan en la esfera teórica, pues no son realmente efectivas tal y como asegura el CPT, ya que en la fotografía o en el vídeo no se ven todas las partes del cuerpo para determinar si han sido agredidos o no. También se excusan en que muchos de los efectivos son de Frontex (UE), pero los números indican una baja participación de estos en las detenciones húngaras. El CPT planteó una serie de acciones para concienciar a la policía sobre los malos tratos y para informar a los detenidos de los procesos y situaciones en los que se encontrarían y de las medidas que iban a ser tomadas.  

En las zonas de tránsito anteriormente mencionadas empieza el proceso de solicitud de asilo por parte de los inmigrantes. Actualmente las cifras son bajas, y es que solo cinco personas son admitidas cada día en cada una de las dos zonas, e incluso en febrero de 2018 se registraron cifras de dos personas admitidas por día. Además, los tiempos de espera para saber el resultado del proceso varían entre los seis y doce meses. Las recomendaciones finales del CPT fueron que se informase a los inmigrantes en su idioma para que pudiesen entender el estado de su proceso de asilo y mejorar las condiciones de estas zonas de tránsito.

En el contexto amplio de la Unión Europea y según su convención de los derechos humanos, está prohibida la tortura en todas sus expresiones. Incluso en el estado de detención, la dignidad humana tiene que ser respetada. Sin embargo, a pesar de esta contundente prohibición, hay muchos lugares de Europa en los que no se respetan los derechos humanos más básicos, y es por eso que el CPT tiene que visitar muchos de los países europeos controlando que se cumpla con la normativa. 

Por ejemplo, el CPT visitó en octubre del año pasado la República Checa para observar el tratamiento y las garantías otorgadas a las personas privadas de libertad por la policía y examinó el tratamiento de los reclusos en tres cárceles. También fueron a una prisión preventiva para entrevistar a los presos recién admitidos. Un mes antes, en septiembre, el CPT asistió a Georgia para revisar la implementación de las recomendaciones hechas en la visita de 2014, así como para observar el tratamiento que se les da a las personas bajo custodia policial y la situación de los reclusos en centros penitenciarios, en las cárceles de alto riesgo y semiabiertas, y especialmente a los reclusos juveniles. 

Por último, un ejemplo también reciente y muy cercano es la visita del CPT a España, donde visitaron establecimientos policiales y penitenciarios de Cataluña para, según un comunicado del organismo, examinar la situación en estos centros, así como para evaluar los progresos realizados desde las revisiones anteriores del CPT a esta región en 2011 y 2012, con el objetivo de evaluar la efectividad con la que se desarrollan las garantías establecidas para las personas privadas de su libertad  y examinar el trato que reciben y las condiciones en las que están detenidas manteniendo siempre la premisa de tolerancia cero con los malos tratos. Su visita se centró en particular en la situación de los reclusos en los departamentos de régimen especial y cerrado y en las mujeres detenidas. También se examinaron la efectividad de las garantías legales otorgadas a las personas detenidas, así como el examen de su tratamiento y las condiciones de detención en las que se encontraban. 

Como reflexión y conclusión cabe destacar la cantidad de medidas, delegaciones y organismos que se encargan de que se cumpla la prohibición de la tortura. Sin embargo, si existen todos estos medios para controlarla es porque o no son del todo efectivos o no estamos del todo concienciados y debemos llevar a la práctica las medidas teóricas.

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