Medio de comunicación independiente

Por Pablo Xaixo Peyro.

Durante las últimas semanas son constantes las noticias relativas al recrudecimiento de los enfrentamientos de las disidencias de las FARC entre sí, así como contra las Fuerzas Armadas Venezolanas.

El reguero de sangre que sucede al acuerdo de la Habana no se limita a los guerrilleros que han optado por continuar con la lucha armada constituyéndose como miembros de alguna de las disidencias presentes en territorio colombiano, sino que se extiende a los exguerrilleros que, habiendo cumplido el acuerdo, han cesado en la lucha armada.

Desde que las disidencias han vuelto a tomar las armas (las cuales en verdad nunca dejaron) son sistemáticos los asesinatos por éstas a antiguos miembros que no sucumben a sus presiones para retomar la lucha armada. Es más, los blancos de las disidencias no son únicamente los exguerrilleros, sino que la furia de sus sicarios se extiende a sus familias en numerosas ocasiones.

Ya son más de 250 los excombatientes asesinados, de hecho, la propia ONU se encuentra en estos momentos presente en territorio colombiano desarrollando una misión de control y verificación del cumplimiento del acuerdo de Paz, concretamente en estos momentos la misión se centra en verificar el cumplimiento de los siguientes puntos del acuerdo final: En primer lugar, la “reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses” y, en segundo lugar, las “garantías de seguridad y lucha contralas organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Este tipo de noticias y sucesos deberían despertar nuestro espíritu crítico y hacer plantearnos el triunfo o el fracaso del acuerdo de Paz alcanzado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC. Si ya en el momento de la firma del antedicho acuerdo eran muchos los escépticos en relación al respeto del mismo por parte de todos los guerrilleros de las FARC, hoy, 5 años después, el fracaso del acuerdo es un clamor al cielo.

En este momento es necesario plantearnos, a fin de no cometer en el futuro los mismos errores, si las políticas del perdón son, no ya la mejor opción, sino una opción a valorar en situaciones como en la que se encontraba Colombia en el momento de la firma del acuerdo.

Juan Manuel Santos , Presidente de Colombia y Rodrigo Londoño Echeverri, alias de «Timoleón Jiménez" de las FARC durante la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Son muchos los ejemplos que encontramos en el panorama internacional de guerrillas o grupos insurgentes que siembran el caos y llevan a cabo actos de terrorismo dentro de las fronteras del Estado contra el que luchan. España, sin ir más lejos, libró una lucha contra la banda terrorista ETA durante más de 50 años, no obstante, jamás se admitió la política del perdón como vía para poner fin al conflicto.

Se podrá estar más o menos de acuerdo con las negociaciones y concesiones que por parte del Estado Español se produjeron en favor de la banda terrorista, pero lo que es innegable es que no se instituyó una policita general de perdón o amnistía en favor de los miembros de la banda, a diferencia del texto de la Habana, dónde además de reconocerse la “la amnistía más amplia posible”[como reza el texto del acuerdo] a los guerrilleros respecto de los crímenes cometidos antes de la firma del acuerdo, se le confiere a las FARC 10 escaños en el congreso de la Asamblea Nacional o lo que es lo mismo, un puente de plata para entrar de lleno en las instituciones democráticas del país.

El problema radica en que Colombia no inventó nada en el momento de redactar el acuerdo de Paz, pues el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, dispone lo siguiente: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.

¿Es la aplicación práctica de este precepto un atentado contra los principios de justicia y dignidad de las víctimas? ¿Estaba legitimado el gobierno colombiano para alcanzar el acuerdo de Paz?

Mapa que muestra los estados partes y signatarios del Protocolo II de los Convenios de Ginebra (1977). Autor: Jesuiseduardo.

No hay que olvidar que en su primera votación el resultado del plebiscito al que fue sometido el Acuerdo de Paz era de un 50’2 % a favor del “NO” y un 49’8 a favor del “SI”. Si a esto le sumamos el hecho de que la participación fue únicamente del 37’43 % de la población, se nos plantean serias dudas en torno a la legitimidad del gobierno de Juan Manuel Santos para aprobar el acuerdo en nombre de los colombianos.

¿Qué podemos esperar de la relación entre las disidencias de las FARC y el gobierno colombiano en el futuro?

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que las disidencias armadas operativas no reúnen los criterios de intensidad y organización necesarios para que se los considere partes en un conflicto contra la fuerza pública colombiana.

Desde el año siguiente a la firma del acuerdo, el gobierno colombiano sostiene que los grupos disidentes de las FARC, a los que denomina “grupos armados organizados residuales” (GAOR), son parte de un conflicto contra las fuerzas gubernamentales y por lo tanto pueden ser combatidos de conformidad con las reglas de enfrentamiento vigentes en el derecho internacional humanitario.

Esta postura es la que sustenta la estrategia del gobierno de enviar militares a las zonas en crisis (fundamentalmente la frontera con Venezuela).

LOGO "COLOMBIA SOY YO" - Emblema de las manifestaciones colombianas contra las FARC, febrero de 2008. Autor: *L*u*z*a*.

No obstante, el Gobierno colombiano sigue manteniendo que no se encuentra ante un conflicto armado [en sintonía con la oficina de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH] contra estos grupos disidentes lo cual es absolutamente contradictorio con sus políticas o, al menos, con las políticas que debería adoptar, que no son otras que la lucha sin cuartel contra los grupos disidentes para poner fin de una vez por todas a esta lacra que asola el  país desde hace tantas décadas.

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