Los retos que sacuden a América Latina.
El año 2019 será recordado por la extensión de las revueltas y manifestaciones sociales a lo largo y ancho de toda la región. Las causas son varias y diversas, y varían en grado e impacto en función del país concreto del cual hablemos, por lo que difícilmente se puede aplicar una receta general cuando las dolencias tienen orígenes disímiles. Analizamos la delicada situación por la que pasan algunos Estados latinoamericanos y lo que cabe esperar.
México
Poco más de un año ha pasado desde que Andrés Manuel López Obrador se hizo con las riendas del Ejecutivo anunciando la “cuarta transformación” en el único país de América Latina que linda con Estados Unidos. Si bien es cierto que Obrador no ha tenido que afrontar protestas como las que se vieron en Sudamérica, la propia naturaleza del Estado mexicano ha echado por tierra algunas de las propuestas por el presidente.
En este sentido, su plan para terminar con la violencia haciendo énfasis en las causas que la provocan en lugar de conducir al país a un enfrentamiento directo no ha dado, por ahora, sus frutos. Es más, México registra sus peores cifras de homicidios (alrededor de 36.000 en 2019) desde los tiempos de la Revolución. Sus encontronazos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en Culiacán y Michoacán pusieron de manifiesto lo evidente: el Estado mexicano no puede hacerse con el control de su propio territorio y su administración sigue estando parasitada por otros actores nacionales.
Por su parte, la economía se encuentra estancada. La intención del presidente de crecer un 4 % no se ha visto materializado, aunque el tipo de cambio y la inflación presentan buena salud. Al mismo tiempo, y éste es un factor fundamental cuando hablamos del margen de maniobra de la administración mexicana, tenemos la enorme dependencia económica con respecto a Estados Unidos.
Una dependencia reforzada con la entrada en vigor del T-MEC. Frente a esta tesitura, Obrador ha sido muy vulnerable ante las demandas y amenazas arancelarias de Donald Trump, lo que le ha obligado a tomar una serie de medidas en materia migratoria que no eran las previstas cuando comenzó el mandato.
Y en lo relativo a la proyección regional, asignatura pendiente de México durante años, la presidencia pro tempore de la CELAC será una prueba de fuego para el Gobierno. En sus manos está la hercúlea tarea de levantar un organismo paralizado por la falta de consensos regionales, empezando con la ausencia de Brasil y Bolivia en la última cumbre. A su favor cuenta con la amistad de Alberto Fernández, pero el éxito del organismo pasa necesariamente por conjugar las voces disidentes y no por armar un club amarrado a una ideología determinada.
Bolivia
La salida del poder de Evo Morales el 10 de noviembre y la entronización de un Gobierno de carácter ultraconservador rompió la ya delicada paz social que se venía manteniendo durante los últimos años en Bolivia. En un cruce de acusaciones de golpe de Estado entre las dos partes en conflicto, el Ejecutivo de Jeanine Áñez tenía la misión de tomar las riendas del país y convocar unas elecciones transparentes.
Los comicios, convocados para el próximo 3 de mayo, buscan zanjar el debate en torno a la legitimidad de los gobernantes y traer la calma al país andino. Tras coquetear con la idea de crear milicias armadas y retractarse de ello después, Evo Morales, asilado en Argentina, ha elegido a su exministro de Economía, Luis Arce, para encabezar la candidatura del MAS. El candidato tiene la intención de regresar a Bolivia y hacer campaña en el propio país, pero con cierto temor a que se violen sus derechos políticos por parte de los mandatarios actuales.
Hasta el momento de las elecciones, Jeanine Áñez seguirá encabezando su polémico gobierno de transición. La forma peyorativa de dirigirse a los colectivos indígenas (recordemos que Bolivia alberga la mayor cantidad de población indígena de América Latina), su empeño en dotar al Estado de un carácter eminentemente evangelista o su tesón para echar abajo cualquier indicio del gobierno anterior ponen en entredicho su labor en la transición pacífica de un país socialmente fracturado.
Mención aparte merecen sus choques con México y España, que se han saldado con la expulsión del cuerpo diplomático de sendos Estados.
Brasil
Al igual que su homólogo mexicano, Jair Bolsonaro ya ha sobrepasado los primeros doce meses de legislatura. A grandes rasgos, su presidencia ha sido una mezcla de polémica y desgaste, pero también con algunas luces en materia económica fundamentalmente.
En relación a esto último, el FMI prevé un crecimiento del 2 % para este año si la inflación no se dispara y se mantiene la inversión privada y el consumo familiar. No obstante, el organismo financiero rebajó su previsión inicial debido a los desastres naturales acaecidos el año pasado.
La reforma de las pensiones, una de las grandes promesas electorales, ha sido una bocanada de aire para el Ejecutivo, cuya tramitación parlamentaria ha llevado más tiempo del esperado.
El proyecto del ministro de Economía, Paulo Guedes, implicaba establecer una edad mínima de jubilación y ahorrarse 800.000 millones de reales (175.000 millones de euros) en la próxima década, reduciendo así la deuda pública de un Estado cada vez más envejecido y cuyo modelo de pensiones devoraba buena parte del PIB.
A dicha reforma se le suman otras actuaciones polémicas como la liberalización de las armas, la militarización del gobierno, el nepotismo, la corrupción o la gestión de los incendios en el Amazonas, los cuales aumentaron en un 83 % con respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. El aumento de los latifundios a expensas de territorios indígenas, la deforestación y el incremento de los asesinatos de líderes indígenas y campesinos le han valido un tirón de orejas por parte de organismos internacionales y algún que otro roce con líderes como Emmanuel Macron.
Si empaquetamos todo esto, tenemos una pérdida de popularidad considerable. La última encuesta del Instituto Ibope, del 20 de diciembre, señalaba que el 38 % de los brasileños consideran su gobierno como malo o pésimo (27 % en abril) contra un 29 % que lo considera bueno (35 % en abril). La debilidad de Bolsonaro ha generado una brecha que están aprovechando otros actores políticos como Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, y Lula da Silva, cuya salida provisional de prisión será decisiva para rearmar el centroizquierda y colocar al PT en una posición favorable de cara a las elecciones municipales de octubre.
En política exterior, Bolsonaro seguirá buscando ese sutil equilibrio entre los alineamientos ideológicos y el pragmatismo comercial. Dicho de otro modo, buscará profundizar en su relación con Estados Unidos al tiempo que mantiene las exportaciones de productos agrícolas a China, su principal socio comercial. Sin embargo, el acuerdo firmado entre las dos mayores potencias comerciales complica el panorama, ya que China se ha comprometido a incrementar la compra de productos agrícolas estadounidenses como soja y carne, lo que podría reducir el nivel de ventas de la industria agropecuaria brasileña al país asiático.
Por último, la relación que Bolsonaro tenga con Argentina será fundamental para el buen funcionamiento comercial entre ambos países y para apuntalar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Lejos quedan ya las valoraciones que hizo el presidente de Brasil en torno a la “mala elección” de los votantes argentinos.
Guatemala
El pasado 14 de enero Alejandro Giammattei recogió el testigo de Jimmy Morales y fue investido presidente de Guatemala. Los desafíos que tiene por delante se pueden resumir por medio del trinomio Corrupción – Violencia – Pobreza.
La controvertida expulsión de la CICIG, herencia directa de Morales y con la cual Giammattei no ha parecido estar en desacuerdo, posiciona al país en una complicada lucha contra la corrupción, donde los propios recursos nacionales se revelan incapaces de hacer frente al problema. Giammattei tiene en mente crear una nueva comisión de ámbito nacional y ligada a las estructuras del propio Estado. Su cercanía al Ejecutivo y su financiación hacen surgir las dudas en torno a la eficacia de este organismo.
Para frenar la violencia, la cual lleva arrastrando una tendencia a la baja desde 2009, Giammattei apuesta por una terapia de choque, definiendo como “terroristas” a las maras, agilizando el sistema de justicia y reduciendo el hacinamiento carcelario.
En su primera semana, el Ejecutivo ha declarado el estado de prevención en dos municipios del país para atajar las extorsiones, algo que extenderá al resto del país. Para la pobreza, se buscará fomentar el mercado común centroamericano, atraer inversión extranjera y cooperar con los Estados aledaños para crear zonas económicas que sean fuente de empleo.
Fruto de estos dos últimos problemas, sumado a una economía en horas bajas, se han formado caravanas migrantes que salen de Guatemala y que se suman a las de Honduras y El Salvador rumbo a Estados Unidos. El mandatario señaló que su país no podía considerarse como “tercer país seguro” y que revisaría el acuerdo al que llegó su predecesor con la administración Trump.
