Militarizando la democracia: el conflicto entre el congreso y el presidente Bukele en El Salvador
«Son días difíciles en los que ustedes han decidido apoyar y proteger al pueblo salvadoreño, en los que sabemos que la mayoría de políticos están protegiendo a delincuentes. Días difíciles en los que sabemos que diputados y exministros financiaban a los criminales que ustedes van a tener que perseguir y capturar». Decía el presidente Bukele el 20 de febrero, frente a la jura de 1.400 soldados para ser incorporados al plan antipandillas que su gobierno había elaborado.
La ceremonia sirvió para dar inicio a la incorporación de las Fuerzas Armadas de El Salvador en su polémico Plan Control Territorial (PCT en adelante).
El ataque que lanzó el presidente Bukele contra la clase política salvadoreña no es nuevo. El 9 de febrero el presidente Bukele entró a la asamblea legislativa con un grupo de soldados para presionar al congreso para que aprueben el nuevo presupuesto del Plan Control Territorial, una acción político-militar jamás vista en la corta democracia salvadoreña.
El riesgo de un auto golpe de estado o la militarización de la democracia salvadoreña es más latente que nunca. En el país con la tasa de homicidio más alta del planeta, la quiebra de la democracia debe alarmarnos y preocuparnos.
El discurso político de Bukele: Dios y la anti política.
Bukele fue electo gracias a un discurso fuerte contra la clase política de El Salvador. Un discurso lleno de criticas hacia el FMLN y ARENA, los 2 principales partidos políticos que gobernaron el país mas violento del mundo por más de 20 años tras el fin de la guerra civil. Al comienzo del conflicto con el congreso, a su discurso “antipolítico” le añadió un profundo componente religioso.
Cuando Bukele fue criticado por su entrada con los militares al congreso dijo que estaba cumpliendo una orden que Dios le había encomendado. Hubo imágenes de Bukele llorando y rezando en el congreso y además le dijo a los soldados que la labor que estaban haciendo solo podía ser recompensada por Dios.
El Bukelazo y el Plan Control Territorial.
El PCT fue lanzado en junio de 2019 y las dos primeras fases -según lo que aseguró recientemente el mandatario – fueron financiadas con recursos propios del Gobierno, por lo que para la tercera fase solicitó el préstamo millonario.
El pasado 9 de enero Bukele irrumpió en el congreso con militares, lo que desde entonces se conoce como un «bukelazo». El motivo de aquella acción fue simple: el congreso rehusaba aprobar el presupuesto de la tercera etapa de su plan contra las pandillas, que tenía un coste de 109 millones de dólares y exigía que el congreso aprobase un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica.
El plan de Bukele se centraba y se centra en 3 ejes: control de los centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.
Cuando el PCT se lanzó diversas organizaciones alertaron sobre posibles violaciones a los derechos humanos que se podrían generar al sacar al ejército a las calles para las labores policiales. Medidas similares a esta también fueron tomadas en Venezuela hace una década, y fueron un fracaso.
Sin embargo, según las mismas palabras de Bukele, enero fue el mes con menos homicidios en El Salvador desde el fin de la guerra civil, todo un logro.
El PCT se centra en 7 fases, Sin embargo solo han sido reveladas las tres primeras:
- Despliegue de militares y policías en las calles.
- Reconstrucción del tejido social y capacitación de jóvenes.
- Modernización del equipamiento de fuerzas de seguridad.
Un cambio radical en la forma de combatir las estructuras criminales es el tiempo que permanecen en el área de operaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Antes de esta nueva estrategia, las fuerzas de seguridad no permanecían más de 72 horas. Efectivamente, la mayor permanencia hace más difícil que las pandillas puedan recuperar su control del territorio.
El fantasma de las violaciones a los Derechos Humanos y el Plan Control Territorial .
El problema de militarizar el conflicto con las pandillas, es que éstas están demasiado insertas en los tejidos sociales del país. Los jóvenes que se unen a estas pandillas probablemente terminarán siendo victimarios de sus vecinos y familias.
La presencia de militares en las calles es un duro y doloroso recuerdo para los latinoamericanos que hayan vivido durante la Guerra Fría, y para sus hijos y nietos que crecieron viendo como las Fuerzas Armadas gozaban de impunidad por crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.
Las democracias latinoamericanas fueron arrasadas durante el siglo XX por golpes de estado y conflictos civiles. No son pocos los países en los cuales aún en 2020 se está buscando justicia para civiles que fueron torturados, asesinados, y desaparecidos. Aún hay heridas abiertas.
El caso de El Salvador es particularmente delicado. La guerra civil salvadoreña fue brutal, las violaciones a los derechos humanos estaban a la orden del día. Tanto el gobierno como el FMLN cometieron atrocidades contra la población civil.
Tras el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador en 1993, se dictaron leyes de amnistía y reconciliación. Cabe destacar que las leyes de amnistía pueden ser consideradas incompatibles con el Derecho Internacional, por poder promover la impunidad ante crímenes de lesa humanidad.
El episodio en El Salvador es uno más del largo debate internacional, ¿Pueden las Fuerzas Armadas cumplir labores policiales?
El consenso de la comunidad internacional es claro: si no es imprescindible se debe evitar convertir al ejército en una segunda policía.
Las criticas a SeguriTech
Dentro de las razones que los políticos salvadoreños han dado para no aprobar el presupuesto del plan de Bukele, se incluye un cuestionado plan de compra a la empresa mexicana SeguriTech. En México, dicha compañía ha sido investigada por vender cámaras de seguridad defectuosas y con sobrecostes al gobierno mexicano. Además, la misma empresa admitió en enero que había financiado un viaje en avión privado al Viceministro de Seguridad, Osiris Luna, por lo que este concurso público parece corrupto.
Generar reinserción social: una vía a la paz.
De la misma forma que se destruyó al todopoderoso Cartel de Medellín en Colombia, las autoridades deben apuntar a las fuentes de financiación de las estructuras criminales, aunque estas hundan sus raíces en la economía local.
Las pandillas del Triángulo del Norte de Centro América tienen una cultura que ha moldeado la estructura de las pandillas. Es decir¸ la moral y lealtad de los pandilleros no es fruto del dinero o la seguridad personal, sino que además hay un sentimiento de unidad y pertenencia que al igual que en grupos extremistas o fanáticos es difícil de quebrar.
El tejido social salvadoreño está profundamente dañado. Es un problema histórico que tiene este país desde el fin de la guerra civil en la década de los 90.
Los programas de reinserción social, el empleo y el aumento en el alcance de la educación son factores que generarán disminución efectiva en la criminalidad, no así la militarización de las calles como medida exclusiva.
