Nuevo presidente, viejas costumbres. La Guatemala post-CICIG

​El país centroamericano eligió el pasado agosto al que será su nuevo presidente durante cuatro años: Alejandro Giammattei. Tras una legislatura cargada de polémica, Guatemala dice adiós a Jimmy Morales al tiempo que se prepara para hacer frente a numerosos retos de naturaleza tanto nacional como regional: la pobreza, la delincuencia, el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos y, sobre todo, la lucha contra la impunidad y la corrupción, huérfana, ahora que la Comisión International Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) termina su mandato.

El perfil de Alejandro Giammattei Falla

Como de costumbre, conocer al personaje es fundamental para asimilar bien la obra. El nuevo presidente guatemalteco, que tomará posesión el próximo 14 de enero, ostenta un largo currículum profesional. Graduado en medicina, bombero, funcionario público y gestor privado, el perfil de Giammattei es de orientación derechista, de profundas convicciones católicas y partidario de políticas de mano dura.

Su paso por la política es extenso, siendo un habitual en los comicios desde los años 90; anteriormente se había presentado a la jefatura del Estado en las elecciones de 2007, 2011 y 2015, así como a la alcaldía de Ciudad de Guatemala en 1999 y 2003.Como tantas figuras de las altas esferas en el país, su imagen no ha escapado a la polémica. En septiembre de 2006 se desempeñó como director del sistema penitenciario y fue el encargado de dirigir un dispositivo de 1.500 guardias, policías y militares a la prisión de El Pavón, donde se había perdido el control del centro. El operativo terminó con siete bajas entre los reos y con la sospecha de que se había tratado de ejecuciones extrajudiciales. El caso, lejos de horrorizar al grueso de la población, se vio respaldado por la misma, harta de la impunidad y de las altas tasas de violencia. Fue entonces cuando Giammattei decidió lanzarse un año después a las urnas, aupado por una imagen de tipo duro.

En aquellas elecciones consiguió meter 37 diputados en el Congreso para el partido Gran Alianza Nacional (GANA), pero la presidencia se la llevó Álvaro Colom. Tres años después, la CICIG investigó las ejecuciones en El Pavón y fue acusado por la Fiscalía de abuso de la autoridad, asesinato y ejecución extrajudicial. Tras diez meses en prisión, el Tribunal Primero de Alto Riesgo de Ciudad de Guatemala resolvió que no había pruebas incriminatorias y le dejó en libertad sin cargos.

Esta experiencia le sirvió a Giammattei para crear una imagen electoral de sí mismo en la que él, el hombre fuerte que quería imponer mano dura a los delincuentes, era una víctima de los mecanismos más oscuros del Estado. Para su sorpresa, y bajo la plataforma Centro de Acción Social (CASA), en las elecciones presidenciales de 2011 quedó en novena posición con un 1,05 % de los votos y en las legislativas ni siquiera tuvo representación. La victoria fue para Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP).

En contra del dicho popular, a la tercera tampoco fue la vencida. En las elecciones de 2015 y avalado por el partido Fuerza, de corte centrista y nacionalista, el eterno candidato optó por jugar la carta del descontento, muy extendido en una sociedad hastiada de la corrupción y la violencia. Sin embargo, esta clase de discursos regeneradores se venden mucho mejor si proceden de lo que se suele llamar un outsider, un candidato que no procede del mundo de la política y que, en teoría, no cuenta con los vicios de un político profesional. El outsider en aquel año fue Jimmy Morales Cabrera, cómico y productor audiovisual, que fagocitó el desencanto y dejó a Giammattei en cuarta posición y a Fuerza con tres escaños.

No fue hasta el pasado 11 de agosto que Giammattei consiguió su propósito. Los guatemaltecos lo eligieron en segunda vuelta con un 57,95% de los votos. A lomos de una nueva agrupación, Vamos por una Guatemala Diferente, se impuso a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido de la ex primera dama Sandra Torres. A la vista de los acontecimientos, la candidatura de Giammattei se ha visto beneficiada por distintos factores.

En primer lugar, Thelma Aldana, la ex fiscal y valedora del discurso anticorrupción, quedó fuera de la carrera electoral por una acusación de delitos administrativos; la animadversión que representaba una figura tan autoritaria como Sandra Torres, que fue incapaz de recolectar apoyos fuera de las zonas rurales beneficiadas por los programas sociales asistencialistas en su etapa como primera dama, fue lo que dejó amplios caladeros de voto para Giammattei, en concreto entre la clase media urbana; y finalmente la enorme abstención que se suele dar en los balotajes. En este caso, la participación fue de solo un 42,71 %, una cifra nada sorprendente si tenemos en cuenta las esperanzas depositadas en Morales las pasadas elecciones y el desempeñó del anterior mandatario. Tras cuatro años, los guatemaltecos han caído en el escepticismo en lo que respecta a esta clase de figuras mesiánicas.

Aunque su promesa de orden y seguridad ha conseguido calar en parte de una sociedad tan conservadora como la guatemalteca, cansada de experimentos políticos como Morales o figuras demasiado cercanas a la corrupción como Torres, es innegable que su victoria se ha visto favorecida por el desapego del electorado y el desgaste de sus rivales.

Guatemala tras la CICIG y la lucha contra la corrupción

​Alejandro Giammattei será el primer presidente guatemalteco desde 2007 en operar sin la sombra de la CICIG sobre su cabeza. La comisión que encabezaba Iván Velázquez fue disuelta definitivamente el pasado 3 de septiembre tras la decisión de Morales de no renovar su mandato.

​El informe final de la Comisión destaca, entre sus logros, reformas normativas aprobadas por el Congreso (Ley de Armas y Municiones, Ley de la Carrera Judicial, reformas a Ley Orgánica del Ministerio Público), la formación de recursos humanos en campos como la investigación y el análisis criminal, la instauración de nuevas metodologías para desarmar redes criminales, el establecimiento de nuevos procedimientos en la elección de los jueces, la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo, entre otros. En estos 12 años de colaboración con el Ministerio Público se llegaron a investigar hasta a 1.500 personas, 660 de las cuales terminaron en un proceso judicial por graves delitos. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por su implicación en el caso La Línea.

​En sus primeros mandatos, la CICIG servía como bastón de la Fiscalía para desbaratar pequeñas redes de corrupción en los bordes del poder político, impulsar juicios a responsables de crímenes de guerra o lesa humanidad durante el conflicto armado, y desarticular bandas de narcotráfico. Pero a partir de 2013 la Comisión inició un peligroso camino que conducía a la puerta de salida del país: investigar a los grandes rostros de la política y su relación con conglomerados económicos. Jimmy Morales, que en un principio se mostraba favorable a la labor de la CICIG, se convirtió en el presidente que le dio la puntilla cuando se empezó a investigar a miembros de su propia familia y se le pidió un antejuicio por transacciones ilegales en su partido. Las razones que presentó Morales apuntan a una extralimitación del mandato de la CICIG, la interferencia en la soberanía del país, la ausencia de buena fe por parte de Naciones Unidas y el abuso de “colaboradores eficaces” o “falsos testigos” por parte de Velásquez para sacar adelante las acusaciones.

Lo cierto es que ninguno de los candidatos se mostraba demasiado favorable a mantener a la CICIG. Es más, el propio Giammattei ya fue investigado por ella tras el incidente en El Pavón. Lejos de revocar la decisión de Morales, el nuevo presidente ha dejado claro que la labor del organismo, independientemente su balance, ha finalizado en Guatemala y que toca apostar por las instituciones locales. 

De hecho, su propuesta al respecto ha sido la de crear una nueva comisión contra la corrupción para, según sus palabras, “arreglar el sistema de raíz”. Los fondos para la misma rondarán los 40-75 millones de quetzales (6-10 millones de dólares) al año y se obtendrán tras una nueva reestructuración del país, aunque se ha invitado a otros Estados y organismos internacionales a aportar donaciones. Además, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que se movía dentro del marco legal de la CICIG, pasará a formar parte de la estructura del Ministerio Público, según palabras de la fiscal general Consuelo Porras.

Poco más se sabe de este nuevo organismo, pero los antecedentes no invitan al optimismo. En primer lugar, las labores de la nueva comisión estarán muy cercanas al ejecutivo, por lo que fácilmente se podría hablar en un futuro de una herramienta política para atacar a la oposición. Por otro lado, Giammattei forma parte de la amplia panoplia de personajes con un pasado oscuro y nada prometedor, sin olvidar sus nexos con antiguos operadores militares. Finalmente, la comisión tendrá apoyo logístico, financiero y tecnológico de Estados Unidos, algo que atará al nuevo gabinete a las inconstantes decisiones de la administración Trump.

El combate contra la delincuencia

​El otro gran reto que enfrenta Giammattei, como sus pares en El Salvador y Honduras, es la delincuencia. A comparación de sus vecinos, Guatemala presenta unas tasas de homicidios inferiores. De acuerdo al Banco Mundial, el país ha tenido una tendencia a la baja desde el año 2009 hasta alcanzar durante el primer semestre de 2019 los 2.330 homicidios, un 1,7 % menos que el año anterior por las mismas fechas.Sin embargo, la inseguridad sigue siendo una losa enorme para los habitantes del país y una de las causas que explican la migración masiva que se vive en la región.

​Los principales autores de los homicidios y las extorsiones suelen ser las pandillas Mara Salvatrucha y Mara 18. A diferencia de los países vecinos, donde el fenómeno está más extendido, el Estado guatemalteco ha conseguido encapsularlas en las zonas periféricas de las grandes ciudades, donde entran en contacto con las poblaciones más desfavorecidas y que no encuentran el respaldo de las instituciones.Esta problemática, además, se retroalimenta con el de la pobreza existente en numerosas partes del país, obteniendo un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de estos grupos.

​Ante esta situación, en el programa de Vamos se establecen varias líneas estratégicas para tratar el asunto. En concreto, se propone solventar el hacinamiento en las prisiones, fortalecer el Ministerio Público y reforzar el Sistema Judicial para reducir los altísimos niveles de impunidad, que llegaron el año pasado hasta el 97%. La transparencia en el nombramiento de los fiscales y la consolidación de su autonomía y protección durante la investigación penal, son otras de las propuestas. El gran interrogante es si las instituciones, por su propio pie, podrán dar mejores resultados sin la CICIG detrás.

​Ahora bien, la medida estrella de Giammattei para tratar el problema de la violencia no es otra que la reinstauración de la pena de muerte en el código penal. Aun siendo una medida acorde con su imagen, no es el primer candidato que aboga por ella. Analizada en profundidad, la propuesta podría verse como un mero eslogan sin aplicabilidad real. Esto es así porque la pena capital ya está recogida en el ordenamiento jurídico de Guatemala, pero su formalización está truncada desde que el Estado ratificó el Pacto de San José sobre Derechos Humanos en 1978. La adhesión a este tratado no impide la ejecución del acusado, pero obliga al Estado a concederle una alternativa a la privación de su vida (amnistía, indulto o conmutación de la pena), algo imposible a día de hoy desde que el Congreso derogó la Ley de Indultos que servía de salvaguarda al condenado.

​En lo que respecta al narcotráfico, Guatemala les sirve como lugar de tránsito hacia los mercados del norte. En lo que va del año se han detectado 30 aeronavescargadas de cocaína (11.741 kilos incautados desde enero). La nueva administración ya ha declarado que se está colaborando con Colombia para consolidar un centro regional que monitorice esta clase de vuelos y detecte las pistas clandestinas desde las que operan los cárteles, así como para cortar las rutas del sureste del país y en las selvas del altiplano.

Acuerdos migratorios

​A lo largo del último año, la caravana de migrantes devino un elemento de inestabilidad para la región centroamericana y propició relaciones más ásperas con Washington a raíz de las medidas tomadas por la administración estadounidense. 

El gobierno de Jimmy Morales firmó el pasado 26 de julio un acuerdo con Estados Unidos para ser tercer país seguro, como ya hiciera el presidente de México, López Obrador en junio, ante la amenaza de nuevos aranceles, fatales para un país que dirige el 40 % de sus exportaciones al país norteamericano. El objetivo es albergar a aquellas personas durante el tiempo que dure la tramitación de su solicitud de asilo enEstados Unidos. Si bien el acuerdo ya tiene firma presidencial, la Corte de Constitucionalidad obliga al ejecutivo a conseguir la ratificación del Congreso para su aprobación definitiva.

​Sobre este acuerdo Giammattei tiene en mente algunos cambios sustanciales. El primero es conceptual: Guatemala no puede considerarse “tercer país seguro” de acuerdo a la Convención de Ginebra de 1951, en tanto que ni siquiera es capaz de asegurar las condiciones de vida digna para su población (el 60% se encuentra en la pobreza, de acuerdo a Naciones Unidas). En segundo lugar, el mandatario pretende limitar la acogida únicamente a personas procedentes de El Salvador y Honduras, sin incluir otras nacionalidades.

​En paralelo a esto, Giammattei pone el foco en la reversión de la pobreza para evitar la fuga de personas. En concreto, contempla construir plantas de maquila en las zonas fronterizas, aumentar las exportaciones a Estados Unidos de aquellos productos que tienen vetada la entrada al mercado norteamericano (bayas, aguacates y carne) y liberar la regla del origen del hilo para que las empresas textiles puedan comerciar con sus productos. Todo ello con vistas a crear 600.000 puestos de trabajo. Este plan se complementaría con un acuerdo de cooperación con México para crear una zona económica especial en la frontera que impulse el desarrollo mediante infraestructuras y programas de vivienda.

Conclusiones

​Las expectativas no son demasiado favorables. No ya por las dificultades a la hora de establecer políticas públicas que reviertan los niveles de delincuencia, pobreza e impunidad en el país, sino por el perfil de la clase política en la que se enmarca Alejandro Giammattei. Las propuestas, como es habitual, son música para los oídos, pero su implementación queda en entredicho como consecuencia de la debilidad institucional, el carácter transnacional de ciertas problemáticas y, por encima de todo, la intencionalidad del personaje.

​Lo que ocurra tras la CICIG es una incógnita, pero todo apunta a que la hipotética comisión que se quiere crear no llenará el vacío de su predecesora por la proximidad al ejecutivo; sin un sostén judicial férreo detrás ni una profunda cooperación regional, será difícil también combatir la delincuencia y el crimen organizado, demasiado enquistado en las estructuras de poder que pretenden combatirlo. 

En cuanto a los problemas migratorios, estos dependerán en gran medida de lo fuerte que cierre el puño Estados Unidos, algo a lo que ningún presidente chapín puede hacer frente. Guatemala, en definitiva, sigue atrapada en la lógica gatopardiana: “Cambiarlo todo para que nada cambie”.