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El Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó la pasada semana que ciertos artículos de los Tratados Europeos entraban en contradicción con su legislación interna y que era la legislación nacional la que tiene primacía sobre la legislación europea. Esto es una ataque a la línea de flotación de la Unión Europea que se basa, precisamente, en la primacía del derecho comunitario al que están sujetos todos los estados miembros sobre el derecho nacional. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son las consecuencias de este movimiento?

Autor: Michal Osmenda

Contexto

Polonia mantiene una confrontación con la Unión Europea desde el año 2015 con la llegada al poder del partido Ley y Justicia (PiS por sus siglas en polaco) y sus medidas contra el estado de derecho. Desde la llegada al poder del PiS se inició una deriva autoritaria del país marcada por los esfuerzos del gobierno por controlar los medios de comunicación y, sobre todo, destruir la independencia judicial.

Los esfuerzos por menoscabar dicha independencia incluyen jubilaciones forzadas y destituciones de jueces críticos con el gobierno, para que jueces afines ocupen esos puestos, así como la creación de una cámara disciplinaria con capacidad para sancionar a los magistrados que tomen decisiones contrarias al gobierno y un nuevo sistema para elegir jueces, marcado por la discrecionalidad del ejecutivo.

Es aquí donde se encuentra el origen de la disputa, en el nombramiento de los jueces. Con ataques tan evidentes a la independencia judicial, la UE se vio obligada a actuar ya que un sistema judicial independiente forma parte de los valores de la UE que los estados miembros se comprometen a defender y promover firmando los tratados. En marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el nuevo sistema para nombrar a los jueces polacos era contrario al derecho europeo y, como el derecho europeo tiene primacía sobre el nacional, el sistema debía modificarse. Sin embargo, el gobierno polaco no aceptó esta sentencia y pidió al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.

En este punto conviene aclarar que el Tribunal Constitucional polaco está al completo servicio del PiS y es el gobierno quién marca la agenda y los resultados del mismo, siendo más un tribunal marioneta que un garante constitucional. El Tribunal se pronunció oficialmente, para sorpresa de nadie, alineándose con las tesis del gobierno y declarando que el derecho nacional tiene primacía sobre el comunitario.

Implicaciones Legales

La sentencia del constitucional no tiene validez hasta que se publique oficialmente, algo que puede demorarse tanto como el gobierno desee, con la legislación sobre el aborto la publicación se produjo tres meses después de la sentencia y no sería extraño que ahora ocurriera lo mismo, si es que llega a publicarse. En términos jurídicos, hasta que no se aplique no tiene ninguna consecuencia.

Si se publica tampoco parece que tenga más trascendencia. La primacía de derecho comunitario está bien establecida y no hay duda al respecto desde, al menos, los años 70. Si una norma nacional entra en conflicto con el derecho comunitario esta no puede aplicarse de manera automática, es decir, no hace falta recurso ni proceso legal alguno, si se publicara automáticamente carecería de validez por ir contra el derecho europeo.

Legalmente esta decisión no tiene mucho recorrido y no tendrá gran repercusión con la legislación en la mano. Ahora bien, es políticamente donde tiene y tendrá un gran impacto.

¿Por qué?

No es extraño que, en una negociación, una de las partes sobreestime su capacidad y cometa acciones que finalmente acaban dañando aún más su posición, basándose en un análisis de la correlación de fuerzas erróneo. Esto es lo que parece que le ha ocurrido a Polonia.

La Unión Europea miró para otro lado durante mucho tiempo mientras se producía la deriva autoritaria de Polonia y Hungría basándose en la premisa de que confrontar directamente con ellos iba a alejarles aún más de la UE y profundizaría ese descenso democrático. Hoy es evidente que la UE se equivocó fatalmente y que es precisamente la inacción la que ha permitido que lleguemos al punto en el que estamos hoy. La UE decidió revertir la situación y comenzó a ser agresiva con respecto al estado de derecho, abriendo procedimientos y vinculando los fondos europeos a la protección del mismo, la sentencia polaca no es más que una reacción a esta nueva actitud europea.

En este momento Varsovia y Bruselas están negociando acerca de su plan de recuperación por el que Polonia recibiría 24.000 millones de euros en transferencias directas y que aún no ha sido aprobado. El motivo por el que no ha sido aprobado es precisamente los ataques al estado de derecho, la UE no desembolsará fondos si Polonia no revierte sus políticas más nocivas de los últimos años.

Sorprende que la sentencia llegue en este momento cuando parecía que Polonia se mostraba receptiva a las pretensiones europeas, y la amenaza de retirar los fondos había conseguido que se paralizara la puesta en funcionamiento de la cámara disciplinaria para jueces o, que comenzaran a desaparecer la regiones Anti-LGTB en el país. Se esperaba que se llegara a un acuerdo para aprobar el plan de recuperación polaco bajo una serie de condiciones y en noviembre, pero esto ha hecho saltar esa posibilidad por los aires.

Polonia y el camino a ninguna parte

Polonia ha venido gastando en los últimos años el poco crédito que tenía en la UE, su amenaza de vetar el acuerdo para establecer los fondos de recuperación si se condicionaban al estado de derecho fue la gota que colmó el vaso para muchos gobiernos y finalmente se vieron obligados a ceder y el plan se aprobó.

Ahora vuelven a la carga con una sentencia que no ampliará su poder de negociación sino que precisamente lo destruye, la posibilidad de que se apruebe su plan de recuperación en estas condiciones es prácticamente nula, además los efectos de esta sentencia van más allá del fondo de recuperación. La UE retraso la puesta en marcha del plan de condicionalidad del presupuesto europeo tras los recursos que impusieron Polonia y Hungría a pesar de la presión del parlamento europeo para que se pusiera en marcha inmediatamente.

Todo apunta a que finalmente la Comisión cederá a la presión del Parlamento y el instrumento echará a andar en noviembre por lo que Polonia no sólo no accederá a los fondos de recuperación y se le impondrán multas y sanciones, sino que además perderá la financiación común del presupuesto de la UE.

Desde el punto de vista político la decisión es igual de ruinosa, el 70% de los polacos están a favor de mantenerse en la Unión Europea. Si las nuevas elecciones, pensadas para celebrarse en 2023, se convierten en un plebiscito sobre la pertenencia o no a la UE, el PiS tiene todas las de perder. Además, la congelación de fondos provoca que la oposición pueda desarrollar una campaña con las mirada puesta en revertirlas políticas del PiS y obtener esos fondos de los que depende Polonia, algo con lo que difícilmente puede competir el gobierno.

¿Debería Polonia continuar en la UE? Europe Elects

La reacción de Polonia es la típica de aquel que está acostumbrado a salirse con la suya, a incumplir las normas y salir indemne, pero ese tiempo ya pasó y la UE ya ha puesto en marcha mecanismos de condicionalidad (vendrán más) y no habrá marcha atrás. Con este movimiento Polonia deja a la UE sin opciones más que actuar duramente en su contra, en este punto la Unión no tiene ningún incentivo para ceder lo más mínimo ante las presiones polacas y toda la presión para actuar con firmeza en su contra. El gobierno polaco no tendrá más remedio que retroceder o renunciar a los fondos de los que tanto depende.

La Unión Europea no es una unión comercial, es una unión política que se basa en la cesión de soberanía. Cualquier país es libre de decidir si le interesa o no participar en el proyecto europeo, de hecho son los países los que piden entrar en la UE y para hacerlo tienen que aceptar las normas comunitarias. Algunos actores parecen no entender o no querer entender esto y pretenden seguir disfrutando de las ventajas y fondos europeos sin cumplir con las reglas europeas.

Un escenario donde el resto de los estados miembros permitan que Polonia siga disfrutando de ingentes cantidades de dinero público para sostener un ejecutivo que no cumple las mismas reglas que ellos es, cuanto menos, ilusorio.

Polonia está golpeando muy por encima de su peso con esta sentencia iniciando una pelea que no puede sino perder miserablemente. La buena noticia para los ciudadanos polacos y europeos es que la UE no tiene más opción que actuar con dureza para acabar con las tendencias autoritarias dentro del bloque, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

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