¿Qué está pasando en Hong Kong? De cómo un crimen machista ha desencadenado una debacle política
Una pareja de estudiantes de apenas veinte años se conoce en Hong Kong. Se enamoran. Ella se queda embarazada. Quieren ver mundo juntos, así que se van a celebrar San Valentín a Taiwán. Podría ser el inicio de una película taquillera entre adolescentes de Asia. Pero no. En Taiwán, Chan Tong-kai estrangula a su novia, Poon Hiu-wing, esconde su cadáver en una maleta que abandona a las afueras de una estación de metro, y vuelve solo a Hong Kong. Allí, usa la tarjeta de crédito de su hasta entonces pareja para retirar el equivalente a unos mil quinientos dólares estadounidenses.
Al poco de descubrirse el cuerpo, las autoridades de Hong Kong detienen a Chang, que confiesa el asesinato. Pero, problema, Hong Kong no tiene acuerdo de extradición con Taiwán, así que solo puede procesarlo por un delito de malversación. Tras pasar varios meses en la cárcel, quedará libre en octubre.
Poco sospechaba Chan Tong-kai que su despreciable acto desataría una de las mayores revueltas políticas en Hong Kong desde que el Reino Unido devolvió a China la soberanía sobre el territorio en 1997. Y es que, al firmar los dos Estados el acuerdo, China prometió que respetaría un alto nivel de autonomía en el territorio durante al menos cincuenta años, hasta 2047. Bajo la premisa de “un país, dos sistemas”, Hong Kong ha funcionado desde entonces como una Región Administrativa Especial, bastante independiente del gobierno central de China, y ha marcado diferencias con el gigante asiático en materia de libertades civiles y derechos políticos.
La ley que resultó ser un caballo de Troya
De momento, Hong Kong tampoco tiene un acuerdo de extradición con China. Precisamente, eso ha servido, hasta ahora, para proteger a sus ciudadanos de la represión del régimen comunista. Pero al gobierno chino esto no le hacía ninguna gracia. Es más, desde 1997 ha intentado varias veces entrometerse en los asuntos internos de la región, siguiendo el principio de “una sola China” bajo el cual el Partido Comunista de China quiere recuperar de facto el control de todos los territorios que considera parte del país.
Así, a todas luces los mandatarios del Partido Comunista aprovecharon el asesinato de Poon Hiu-wing para instar a la Jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, a aprobar una ley de extradición que le permitiese enviar al asesino a ser juzgado en Taiwán, y que de paso abriese la veda a futuras extradiciones a China. Y Carrie Lam, que debe su puesto al apoyo de un comité local plagado de simpatizantes del gobierno central (en Hong Kong no hay sufragio universal), obedeció. Al poco, presentó un proyecto de ley que permitiría a Hong Kong aprobar acuerdos de extradición ad hoc, es decir, sobre la marcha, con países con los que no tuviera un tratado vigente. En estos casos, las autoridades jurídicas de Hong Kong evaluarían cada solicitud de extradición, pero la última palabra recaería sobre la Jefa Ejecutiva.
[Para entender la ley en detalle, es recomendable leer este artículo del Financial Times]
Lam argumentó que la ley era urgente, porque Chang Tong-kai iba a quedar libre en poco tiempo si no se le enviaba a Taiwán, y urdió a las autoridades a someterla a votación a mediados de julio. Pero los hongkoneses le vieron el plumero. Sabían que, con esta ley, el gobierno central de China lo tendría muy fácil para convencer a Lam de extraditar a su territorio a quienes considerasen sospechosos de algún delito, real o inventado, y poder extender hasta Hong Kong los tentáculos de la represión. Se acabaron entonces derechos fundamentales como el de libertad de expresión, pues bien es sabido que al gobierno de China no le gusta nada la disidencia.
Hong Kong sale a la calle
Y los ciudadanos se echaron a la calle. Al principio sin hacer mucho ruido. Los días 31 de marzo, 28 de abril y el 6 de junio, activistas y abogados protestaron contra lo que consideraban una cesión no solo de soberanía, sino de dignidad. Pero lo serio llegó el 9 de junio, cuando fueron más de un millón (según los convocantes, y doscientas cincuenta mil según la policía) las personas que se manifestaron pidiendo la suspensión de la ley. A pesar de lo multitudinario de la protesta, la Jefa Ejecutiva aseguró que no pensaba dar marcha atrás con su plan, y que la votación se celebraría en julio según lo previsto.
No tardaría en cambiar de idea. Tres días más tarde, el 12 de junio, miles de jóvenes bloquearon el Parlamento, y decenas de miles de personas se unieron de nuevo a la manifestación a lo largo del día. Durante el transcurso de la misma hubo varios enfrentamientos con la policía, lo que contribuyó a caldear el ambiente. Los organizadores convocaron otra protesta para el domingo 16, en vistas de que todo seguiría igual. Pero un día antes, en un intento de calmar las aguas, Carrie Lam habló ante los medios y anunció que aplazaba la votación de la ley indefinidamente. Taiwán había informado de que, aunque se aprobara la ley, no pediría la extradición de Chan Tong-kai, dejando al gobierno de Hong Kong sin excusas. Pero no fue suficiente. Al poco de la comparecencia, el Frente Civil por los Derechos Humanos, organización que actúa como promotora del movimiento, llamó a los ciudadanos a protestar masivamente el domingo, pidiendo la suspensión definitiva de la ley y la dimisión de Lam.
Y vaya si lo hicieron. Dos millones de personas (de nuevo según los organizadores – aunque parece que se da por buena la cifra – y solamente alrededor de trescientas cuarenta mil según la policía) colapsaron Hong Kong en la que se ha convertido en la manifestación más multitudinaria de la historia del país, con casi un treinta por ciento de su población en las calles. Para colmo del gobierno, el líder estudiantil Joshua Wong, una de las caras más reconocibles de la llamada revolución de los paraguas de 2014, salió al día siguiente de la cárcel tras cumplir dos meses de condena por desórdenes públicos. Ni una hora tardó el joven activista en sumar su apoyo a la protesta contra la ley de extradición. Al poco de ser puesto en libertad ya había pedido la dimisión de Lam, y desde entonces ha alentado a sus compatriotas para que sigan presionando hasta que la ley quede suspendida definitivamente.
Hasta tal punto se debió sentir amenazada la Jefa del Ejecutivo que, por segunda vez en cuatro días, compareció ante la prensa para pedir disculpas y asegurar que, tal como estaban las cosas, lo más probable era que el proyecto de ley no se votase antes de la fecha límite de julio de 2020, lo que supondría su expiración definitiva. También pidió a los ciudadanos que le diesen una segunda oportunidad para ganarse su confianza. Una forma astuta de asumir que el proyecto no saldrá adelante, pero sin poner en evidencia a su gobierno ni, más importante, al del presidente chino Xi Jinping, que tiene un ojo puesto en los acontecimientos, aunque haya optado por mantenerse al margen para evitar que le salpique una posible victoria de la sociedad civil en un territorio que ansía controlar.
Decepcionados por la no dimisión de Lam y la no retirada de la ley de extradición, los portavoces del Frente Civil por los Derechos Humanos han prometido nuevas acciones durante los próximos días. Por otra parte, varios grupos de manifestantes han publicado un comunicado conjunto, distribuido a través de las redes sociales, en el que lanzan cuatro demandas al gobierno hongkonés: retirar por completo la ley de extradición, investigar el uso de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones, que no se considere la manifestación del 12 de junio como “disturbio”, y que se libere a los manifestantes arrestados y se retiren los cargos contra ellos. Los firmantes dan de plazo hasta las 17:00h del 20 de junio para que el gobierno satisfaga sus peticiones, amenazando de lo contrario con continuar con protestas masivas a partir del 21.
Abusos policiales durante las manifestaciones
Si bien la manifestación del 12 de junio no fue de las más multitudinarias, sin duda fue de las más significativas de esta oleada de protestas. Los manifestantes intentaban entrar al recinto del Parlamento para obstaculizar la negociación sobre la ley cuando la policía cargó contra ellos con balas de goma y gas lacrimógeno. La contienda, que duró varias horas, se saldó con ochenta y un heridos, varios en estado crítico.
Kate, una recién graduada universitaria que participó en la protesta (el nombre no es real), asegura que la policía se extralimitó, y que su actuación no fue para nada proporcional al comportamiento de los manifestantes. Insiste en que la sociedad civil ha tenido una actitud ejemplar en las últimas semanas, y afirma que los hongkoneses son un pueblo pacífico. De hecho, durante los últimos días han corrido por Internet multitud de imágenes y videos de muestras de solidaridad entre los manifestantes, donde se les ve prestando cascos de protección a quienes no tenían, abriendo paso a una ambulancia entre la muchedumbre e incluso recogiendo la basura de las calles después de las concentraciones.
Por eso, Kate se ha sumado a un grupo de ciudadanos de Hong Kong que ha denunciado la situación en una carta abierta a las Naciones Unidas. En el texto, que se puede leer aquí en inglés, se detallan caso por caso diferentes situaciones de violencia policial ocurridas entre el 9 y el 16 de junio. Hay imágenes que muestran a agentes de policía rociando directamente en la cara con gas lacrimógeno a personas desarmadas, retenciones arbitrarias a la salida del metro, cargas contra periodistas e incluso una fila de policías cortando el paso a una ambulancia. Por todo ello, los firmantes instan al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, y a su homólogo para los Derechos de Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, a “abrir una investigación sobre la conducta de los Cuerpos de Policía de Hong Kong de manera urgente y denunciar su actuación”.
Cuando Carrie Lam compareció por primera vez el 15 de junio, se sumó a la versión de la policía y aseguró que la manifestación del 12 no había sido pacífica, y que los protestantes habían generado situaciones de riesgo para los agentes, legitimando su actuación. Eso solo sirvió para echar leña al fuego, pues pareció herir en su orgullo a los hongkoneses, empeñados en demostrar que son capaces de echar por tierra el proyecto del ejecutivo de manera cívica. Así que desde entonces han sumado a su lista la petición de que no se considere la manifestación como “disturbio”, palabra empleada por las autoridades para definir lo ocurrido.
Puede resultar complicado saber hasta qué punto las fuerzas del orden se extralimitaron en sus funciones. Es normal dudar de las afirmaciones de uno y otro grupo, más si los hechos se siguen desde la distancia y no en persona. Pero, en este caso, los datos pueden ayudar a ver la realidad. Entre las cuatro manifestaciones celebradas desde el 9 de junio, sólo han sido detenidas treinta y dos personas. Y de esas, solo a cinco se les ha acusado formalmente de generar disturbios. Además, Carrie Lam ya dio marcha atrás el martes, cuando se refirió por fin a las manifestaciones como “protestas pacíficas”, desdiciéndose a sí misma y a los oficiales de policía.
¿Qué se puede esperar de las protestas?
Por lo pronto, lo más probable es que continúen las manifestaciones, al menos hasta que Carrie Lam en persona declare la suspensión definitiva de la ley de extradición. Que dimita ya es otro tema. Hay un precedente, el de Tung Chee-hwa, que gobernó Hong Kong entre 1997 y 2005 y que tuvo que dejar el cargo después de que los ciudadanos protestaran contra la aprobación de una polémica ley anti-subversión, que terminó retirando. Que cada cual vea las coincidencias que quiera.
El caso es que todo esto pilla en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y no es muy probable que Xi Jinping quiera dar su brazo a torcer. Aparentar debilidad le haría ser débil, y en apenas dos semanas tiene previsto reunirse con Donald Trump, cuando se celebre la cumbre del G-20, para ver si resuelven sus diferencias. Ceder ante la sociedad civil de Hong Kong y aceptar la dimisión de la Jefa del Ejecutivo podría costarle caro.
