¿Seguridad pública o seguridad nacional?, las fuerzas armadas en la política de seguridad de El Salvador

Por Guillermo Ramírez.

La política de seguridad pública compete a la autoridad y al cuerpo de seguridad civil en este caso la Policía Nacional Civil (PNC), tanto su creación y aplicación, tal como lo estipula el artículo 159 inc. 2 y 3 de la Constitución. Por otro lado, el artículo 212 puntualiza la competencia de las Fuerzas Armadas (FAES) en materia de seguridad nacional, tales como la protección de la integridad del territorio, la soberanía nacional y reduce a nivel interno su actividad en casos de excepcionalidad como catástrofes o pandemia. Sin embargo, El Salvador acumula más de dos décadas  de circunstancias  que definen una especie de guerra social no declarada, donde organizaciones criminales controlan la mayor parte del territorio, sometiendo a la población y obligándola a proporcionar financiamiento utilizando la violencia como arma arrojadiza, sus raíces de poder han profundizado hasta ejercer poder sobre instituciones democráticas, bajo ese contexto surge la pregunta: ¿Si el Estado pierde su capacidad de administrar plenamente su territorio y la salvaguarda de su población a merced de grupos terroristas, es menester abordarlo desde la óptica de la soberanía nacional?.

El Salvador lleva más de dos décadas sufriendo el sometimiento de organizaciones criminales denominadas “pandillas”, el crimen y la violencia, sobre todo los homicidios y la extorsión, se han convertido quizás en el mayor problema de la posguerra. En gran parte está asociado a las actividades de las pandillas callejeras, principalmente la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Ambos grupos se formaron en los barrios de inmigrantes de Los Ángeles, distritos empobrecidos, hacinados y de por sí afectados por pandillas (Wolf, 2017). Estas organizaciones  importadas al país centroamericano, se han sofisticado y evolucionado a diferentes escenarios, logrando hacerse del control del territorio, cada municipio representa un bastión que mantienen bajo sus reglas y la población vive sometida financiándolas obligatoriamente a través de la extorsión, configurando una especie de gobierno paralelo. Actualmente, la Fiscalía de El Salvador ha acusado a políticos de alto rango de polémicas negociaciones con pandillas, y han abierto así una caja de Pandora para los funcionarios públicos, quienes por mucho tiempo han fracasado en la tarea de enfrentar a las violentas pandillas callejeras que controlan grandes zonas del país (Asmann & Robbins, 2020). Las investigaciones fiscales señalan a funcionarios de los dos partidos políticos que actualmente poseen mayoría en el órgano legislativo, es decir ARENA y el FMLN, su relación con las pandillas han minado la legitimidad de las instituciones frente a la población y es un punto de ruptura que imposibilita la relación y coordinación con el actual órgano ejecutivo en diversas materias incluida la de seguridad.

Diversas investigaciones sitúan a las pandillas en los planes de seguridad a partir de 2003, de manera superficial las primeras dos políticas de dos gobiernos del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA entre 1999-2009, se denominaron “mano dura” y “súper mano dura”, enfocadas grosso modo en la persecución del delito, la represión y el endurecimiento de medidas carcelarias. Posteriormente, cuando el partido Frente Farabundo Martí (FMLN) asumió el gobierno en 2009, dio continuidad a las mismas medidas que sus antecesores, con el agravante de incorporar de forma prolongada al ejército en asuntos de seguridad interna. No obstante, fue en el año 2012 que  dio un giro a su política de seguridad y promovió, aunque no de forma oficial y en un principio secreto un acuerdo entre pandillas con la intervención del gobierno. En esencia, la tregua consistió en que los líderes encarcelados de la MS13 y Barrio 18 ordenaron a sus subalternos en la calle disminuir los homicidios, a cambio de algunos beneficios económicos y de la libertad para comunicarse entre ellos, como se descubriría más adelante (Puerta, Silva, & Dudley, 2017),  el descenso de homicidios de forma repentina situó a estas organizaciones como las principales actores de los índices de violencia.

Con el fracaso de la tregua en 2014, la política de seguridad de la segunda administración del FMLN devolvió el elemento represivo y persecutorio de las pandillas,  aunque a pesar del uso tanto de las Fuerzas Armadas y la policía el gobierno manifestó un año después  a través de su ministro de defensa David Munguía Payés, textualmente en una conferencia: “hay más de 60 mil pandilleros activos, este número supera la cantidad de efectivos militares”. Esta cifra se reconfirma dos años después a través de investigaciones periodísticas. Según datos retratados en el periódico El Faro, la existencia de un informe certificado por las instituciones confirmaba el incremento de los miembros activos. El informe, nutrido con información de inteligencia de la propia PNC y de la Dirección General de Centros Penales, estima en 64 587 los mareros en el país: 43 151 están en libertad, y 21 436 encerrados. El informe está fechado en junio del año 2017… pero esos 65 000 pandilleros, que desde agosto de 2015 son terroristas tras un fallo de la Sala de la Constitucional, representan el 1 por ciento de la población del país (Valencia, 2018), las cifras de pandilleros activos, supone un reto para la actual administración, ya que su actividad mina todo el aparato económico del país y supone un lastre para las políticas de desarrollo.

El Plan control territorial

La nueva política de seguridad del gobierno se centra en la ejecución del denominado “plan control territorial”, un plan en su mayoría secreto, aunque las primeras tres fases se conocen de forma superficial, buscan el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad apostándole al reclutamiento, la mejora de los equipos de protección y movilidad, mejoras salariales. Es preciso señalar que el plan incluye participación de forma prolongada de las FAES hasta el 2020 bajo el decreto ejecutivo con fecha de 27 de noviembre de 2019, denominado “Disposiciones Especiales Transitorias para la Participación de la Fuerza Armada en Operaciones de Mantenimiento de la Paz Interna” amparado en el artículo 168 ordinal 12º, por otro lado, la cartera de defensa aumenta su presupuesto de 145 millones a 220, cabe agregar que en términos de personal, recientemente ha incorporado 1,400 nuevos soldados al plan en ejecución. El documento sostiene que las actividades de las FAES serán en coordinación con la PNC y serán enfocadas en el despliegue de efectivos en todo el territorio, la protección de la frontera, el espacio aéreo y la costa. Finalmente el PCT hace énfasis en  el control sobre los centros penitenciarios, eliminando la comunicación de los reclusos hacia el exterior.

Por otra parte, el plan incluye mecanismos de prevención de la violencia y la recuperación del tejido social, que integra de forma articulada a los demás ministerios del ejecutivo. Según el Ministerio de Hacienda la estructura de financiamiento 2019-2021 se estima en $575.2 millones de dólares lo que supone casi un 2% del PIB del país. Datos recogidos y presentados diariamente en Twitter por el periodista Roberto Valencia, sobre la base de fuentes como la mesa técnica y la Policía Nacional Civil confirman que  febrero de 2020 cerró con un promedio de 3.9 homicidios diarios, algo insólito comparado con la tasa de homicidios que presentaba el autor en mayo de 2019 de 9.2 homicidios diarios. Si bien el gobierno reivindica la disminución de los homicidios como el resultado del plan control territorial, algunos investigadores en temas de seguridad se inclinan por el repliegue de los actores criminales, ya que las cifras de extorsión continúan en aumento.

Ciertamente el nuevo gobierno retoma las riendas de un Estado fracturado profundamente por la corrupción y bajo el sometimiento de las pandillas. Si bien, la nueva política de seguridad del nuevo gobierno de Nayib Bukele, pone en el centro a los cuerpos de seguridad del Estado para fortalecerlos y así mejorar la efectividad y la disuasión hacia las organizaciones criminales. A pesar de que diversas voces sugieren que la apuesta por erradicar las causas estructurales de estas organizaciones, como la pobreza, las desigualdades y la falta de oportunidades contribuirían a desarticular estas organizaciones, no se puede contar con estas medidas de prevención sin antes desarticular la dinámica de territorialidad de las pandillas.

En conclusión el nuevo gobierno tiene la tarea de continuar con el fortalecimiento de sus cuerpos de seguridad para recuperar el monopolio del uso de la fuerza, optando por la depuración, la formación y la profesionalización de los mismos con énfasis en los derechos humanos y procedimientos legales propios de un estado de derecho, adaptando a las fuerzas armadas a nuevos escenarios a nivel interno, que demandaran mesura y comportamientos propios de cuerpos de seguridad ciudadana, para que bajo el mandato de autoridades civiles puedan enfrentar a estas organizaciones en constante cambio, buscando su desarticulación y propiciando la rehabilitación de sus miembros, recuperando así la administración plena del territorio y su población, para que las instituciones puedan desarrollar de manera efectiva sus programas sociales y económicos.

Bibliografía