COVID-19 y el incremento de la actividad terrorista en Asia-Pacífico

Por Raquel Recuero

El SARS-COV-2 y la enfermedad causada por este virus denominada COVID-19, ha causado un impacto significativo en numerosos países en desarrollo en Asia-Pacífico incluyendo India, Pakistán, Bangladesh y Filipinas entre otros. Desde mediados de marzo, todos los países de la región han implementado con diferentes grados de severidad medidas para limitar la expansión del virus.

Estas medidas incluyen sin limitarse solo al cierre de fronteras, la suspensión de vuelos domésticos, la imposición de toques de queda y el cierre de negocios considerados como no esenciales además de centros de trabajo e instituciones educativas. De acuerdo con Asia-Pacific Economic Development Forum (APEC), el brote de COVID-19 ha afectado gravemente al crecimiento del PIB de la región, con un pronóstico de crecimiento del -2,8% para 2020, lo que supone la pérdida de 2.1 trillones de dólares y 23 millones de desempleados a causa de la crisis.

El gran volumen de las economías informales en Asia-Pacífico dificulta enormemente que los países puedan satisfacer las necesidades financieras de los trabajadores, muchos de los cuales han pasado a percibir un salario limitado o ninguno. La inseguridad alimentaria, es decir, la imposibilidad de acceder al mínimo calórico necesario para la supervivencia, lleva a la malnutrición o desnutrición de la población y, por ende, a la insatisfacción con respecto a los gobiernos locales. Este fenómeno podría traducirse en protestas, disturbios, vandalismo y crimen organizado.

De acuerdo con el Instituto de las Naciones Unidas para la investigación del Crimen y la Justicia Penal (UNICRI), la frustración colectiva es entendida por los grupos terroristas como una nueva oportunidad para reclutar miembros. Las organizaciones dedicadas al terrorismo y al crimen organizado son capaces de ofrecer una salida violenta para sus reivindicaciones a través de suplir ciertas funciones del estado como proveer ayuda económica, alimentos, vivienda o empleo. Al satisfacer las necesidades más básicas de los individuos, los grupos terroristas atraen miembros potenciales e incrementan su popularidad y reputación entre las comunidades locales.

Por otro lado, el confinamiento ha aumentado el consumo de contenido online, especialmente entre los más jóvenes, debido en parte al cierre de los centros educativos. El coronavirus ha alimentado las narrativas terroristas y de odio, con un gran número de cuentas online dedicadas a intensificar el ataque hacia ciertas minorías religiosas, inmigrantes o personas racializadas. Estas narrativas a veces se combinan con nuevas o ya existentes teorías conspiratorias incluyendo aquellas relativas al origen del COVID-19.

Por ahora, no ha habido un incremento significativo de la actividad terrorista en la región, lo cual puede deberse al hecho de que en el medio plazo las organizaciones terroristas se enfrentan a diversos riesgos operativos como son las restricciones impuestas por los diferentes países para evitar la propagación del virus. Las redes terroristas están presenciando como las cadenas de distribución a nivel local, regional y global se han visto alteradas por las restricciones fronterizas y las limitaciones para el desarrollo normal de la actividad empresarial.

Dado que los grupos terroristas se benefician de los flujos comerciales nacionales e internacionales, el férreo control que las autoridades ejercen sobre los bienes importados y la reducción del número de envíos internacionales han limitado las capacidades de las organizaciones terroristas para acceder a bienes como alimentos, suministros médicos, divisas y armas.

Algunas medidas, como las cuarentenas obligatorias, las limitaciones de aforo y la obligatoriedad de practicar el distanciamiento social han resultado en la reducción de los encuentros multitudinarios. Este hecho ha disminuido la efectividad de algunas de las estrategias más extendidas entre algunos grupos terroristas, como los atentados con coche bomba, los atropellos masivos y los acuchillamientos.

Por otro lado, los ataques contra instituciones médicas y otras infraestructuras críticas como el ataque contra la maternidad de Kabul administrada por Médicos Sin Fronteras (MSF) puede afectar negativamente a la popularidad de los grupos terroristas, dada la buena imagen de los profesionales médicos durante la pandemia. Asimismo, el cierre de las fronteras ha reducido significativamente las posibilidades para el desplazamiento de potenciales agentes terroristas, incluyendo combatientes extranjeros.

Estado Islámico ha incitado a sus seguidores a aprovechar la actual crisis humanitaria para planear ataques. Son numerosos los grupos que han incrementado su propaganda, mientras que otros han encontrado nuevas formas de ejecutar sus ataques a través de la mermada acción contraterrorista. Este ha sido el caso recientemente en Nigeria, donde un grupo de cooperantes fueron secuestrados y asesinados a finales de junio por la organización terrorista Boko Haram tras el repliegue de las fuerzas armadas en la zona.

En Estados Unidos, los supremacistas blancos intentaron detonar un artefacto explosivo en un hospital en Missouri que trata pacientes de COVID-19. En Túnez, dos hombres fueron arrestados tras planear un ataque a las fuerzas de seguridad mediante el cual pretendían infectar a varios miembros de la policía con el virus. Ataques contra torres de telefonía han sido reportados en varios países, incluyendo Reino Unido y los Estados Unidos, mientras que el número de agresiones racistas se ha incrementado sensiblemente.

En Asia-Pacífico, Pakistán es uno de los países más vulnerables a la crisis derivada de las consciencias de la pandemia. El país surasiático ya experimentaba una grave crisis alimentaria que afectaba al 60% de la población antes de la llegada del virus, debido en gran parte a la sequía, la falta de infraestructuras y la pobreza. El confinamiento impuesto en Pakistán a finales de marzo ha reducido las capacidades de generar ingresos de la mayoría de la población que trabaja de manera informal y vive al día, con lo cual el hambre es una preocupación inmediata.

El gobierno ha sido incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias de los cuidadanos, y la situación es particularmente preocupante para un tercio de la población pakistaní que no sabe leer, y por lo tanto se enfrenta a grandes dificultades a la hora de solicitar cualquier tipo de ayuda formal por parte del estado.

Lo anteriormente mencionado, supone un campo de cultivo ideal para el incremento de la actividad terrorista en Pakistán. Las autoridades locales han advertido que el grupo Lashkar-e-Taiba y Jaish-e-Mohammad están abordando a hombres afectados por la pandemia y ofreciéndoles servicios esenciales y asistencia a cambio de su lealtad.

Con esta estrategia, el grupo terrorista ha logrado acceder a un gran número de potenciales miembros, que esperan, puedan apoyar a la organización en su intento de formar un gobierno islamista en el disputado territorio de Cachemira. Además, el gobierno también ha señalado que el número de campos terroristas en la región ha aumentado, mientras que las fuerzas de inteligencia indias sospechan que ambos grupos terroristas podrían estar preparando una ofensiva en la frontera norte de India en su intento de tomar la zona.

En Indonesia, el grupo terorrista Jamaah Ansharut Daulah, afiliado a Estado Islámico se ha adaptado al actual escenario a través del refuerzo de sus ya existentes lazos con asociaciones benéficas y comerciales. A través de ellos han podido extender sus capacidades para el reclutamiento de numerosos individuos que solicitan ayuda por medio de estas organizaciones. Otros grupos terroristas están aprovechando su experiencia previa para sacar partido de los desastres naturales y las crisis económicas.

Tras el terremoto y posterior tsunami de Salawesi en 2018, el grupo terrorista Mujahideen Indonesia Timur (MIT) fue capaz de reclutar un número significativo de miembros camuflando a sus reclutadores como cooperantes, beneficiándose así de la frustración de la población local que no había recibido ningún tipo de ayuda humanitaria por parte del gobierno. La actividad terrorista de Mujahideen Indonesia Timur se ha incrementado desde la pandemia con cuatro atentados contra diversos objetivos, entre ellos dos agricultores asesinados en abril y un policía herido en mayo en Poso, Salawesi.

Jemaa Islamiya, el principal afiliado al Estado Islámico en el archipiélago y responsable por los ataques terroristas de Bali en 2002 cuenta con una extensa red de contactos que cubre mezquitas, agrupaciones comerciales y organizaciones benéficas que actúan como medio para la captación de nuevos miembros. A través de sus organizaciones sociales, Jemaa Islamiya, ha logrado también captar un gran volumen de recursos financieros para apoyar al Estado Islámico en Siria.

Igualmente, los combatientes talibanes en Afganistán se han movilizado para apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha contra la pandemia. El 1 de abril declararon un alto al fuego en las áreas más afectadas por el coronavirus, mientras presentaban una campaña pública que ha sido reconocida positivamente tanto por el gobierno de Afganistán como por el gobierno de los Estados Unidos. Los talibanes han organizado talleres para fomentar la higiene y han distribuido mascarillas, guantes desechables y medicamentos entre la población. El grupo armado ha colaborado en la construcción de un hospital con 100 camas en Herat y varias clínicas más pequeñas en provincias mayoritariamente rurales.

Durante el mes de Ramadan, los talibanes alentaron a la población para que rezaran en casa y evitaran reunirse con otros fieles. Finalmente, levantaron la prohibición que impedía a Cruz Roja y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la distribución de productos médicos y la realización de cualquier actividad humanitaria en el territorio controlado por los talibanes. El 12 de mayo, una funeraria y una maternidad administrada por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kabul fueron atacadas, resultando en la muerte de 56 personas y dejando 148 heridos incluyendo recién nacidos, madres, personal médico y familiares.

El grupo terrorista Estado Islámico en la provincia de Khorasan reclamó la autoría por el ataque bomba contra la funeraria, sin embargo, ningún grupo insurgente reconoció haber realizado el ataque contra la maternidad. El gobierno afgano acusó a los talibanes por este ataque, sin embargo, éstos negaron su responsabilidad y respondieron a las acusaciones con varios ataques suicidas en Gardez y Ghazni, en los cuales fallecieron nueve oficiales de inteligencia y cinco civiles además de otras 69 personas que resultaron heridas.

El terrorismo de extrema derecha también se ha visto alimentado durante la pandemia con un creciente número de mensajes nacionalistas, racistas y discursos violentos que se dispersan rápidamente a través de las redes sociales. Los grupos de extrema derecha también aprovechan el aumento del tiempo online para captar seguidores y distribuir propaganda. La Organización de Inteligencia y Seguridad de Australia (ASIO) avisó el 12 de julio del aumento de las investigaciones en relación con estas facciones y sus estrategias para reclutar nuevos miembros durante la pandemia. ASIO también remarcó que los grupos de extrema derecha aprovechan las teorías de la conspiración incluyendo aquellas en relación con la seguridad de las vacunas, el uso de mascarillas o la tecnología 5G para distribuir sus mensajes.

Finalmente, uno de los escenarios posibles es que, mientras los diferentes gobiernos en la región tratan de controlar la propagación del virus, los grupos terroristas pueden ver una oportunidad en el COVID-19 como arma biológica, incluso empleando a individuos infectados como instrumentos para la actividad terrorista.