Uber files: las miserias de la nueva economía

El pasado domingo, el diario británico The Guardian, junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicó los denominados “Uber Files”, más de 124.000 documentos confidenciales, correos y whatsapps privados de Uber, la compañía norteamericana de “movilidad como servicio”. Los documentos han sacado a la luz los métodos ilegales que ha utilizado la empresa estadounidense para asentarse e imponer su modelo de negocio en diversos países.

Los documentos hacen referencia a más de 40 países en los que Uber trató de acceder a figuras clave de la política, la administración o de los medios de comunicación para modificar la legislación y facilitar su acceso a los mercados locales.

También, se señala que los directivos trataron de aprovechar la reacción desencadenada por su entrada en diversos países, entre ellos España, Francia o Bélgica, para impulsar cambios legislativos. Poniendo para ello en riesgo la integridad de sus conductores, que eran atacados.

Pero quizás lo más grave es que se pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras democracias ante quienes tienen dinero y voluntad de actuar y persuadir al poder político y mediático, así como los riesgos de no regular los lobys para determinar donde acaba la ley y donde comienza la actividad ilegal.

Los Uber files corresponden al periodo 2013-2017, cuando Travis Kalanick, fundador de la compañía en 2009, ejercía de CEO. En estos años, el crecimiento de la empresa fue enorme. Pasó de operar en 30 localizaciones, principalmente en Estados Unidos, a hacerlo en más de 600 en 2017.

La estrategia de crecimiento pasó por una agresiva inversión por todo el globo, ofreciendo servicios por debajo del coste para así desbancar a los rivales locales, ya fueran servicios de taxi u otras aplicaciones de economía colaborativa.

Kalanick y parte de la cúpula administrativa dimitieron en junio de 2017 tras pedir los inversores de la compañía su renuncia debido a una cadena de escándalos que incluían el acoso sexual en la empresa. Cuando el actual CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, tomó el relevo de Kalanick, Uber llegó a tener una capitalización en bolsa de 42.10 billones (anglosajones) de dólares en 2020.

La expansión de la compañía alcanzó a diversos mercados. En el caso europeo, actuaron en Francia, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Rusia, entre otros.

Amigos de altos vuelos

En el caso del país galo, el actual presidente, Emmanuel Macron, era una pieza clave del entramado de la empresa. En 2014, un ex banquero llamado Macron, que era el ministro de economía del gobierno socialista de François Hollande, se interesó por Uber debido a los puestos de trabajo que podría generar, por lo que se reunió con los directivos de la compañía.

Las relaciones entre el CEO y el ministro llegaron a ser tan íntimas que ambos empleaban sus nombres de pila en las al menos cuatro reuniones que tuvieron desde entonces, lo que pudo influir en que, como señalaba Uber en los documentos, "la apertura y bienvenida” que recibieron fuera “inusual en el mundo de las relaciones entre gobiernos e industrias".

Ese mismo año, un nuevo servicio de Uber desató las protestas de los taxistas franceses y fue prohibido en las cortes, pero la firma continuó operando mientras los tribunales resolvían los recursos. En este periodo, Macron se comprometió a reescribir la legislación para solucionar el veto y favorecer a la empresa.

"Reuniré a todo el mundo la próxima semana para preparar la reforma y corregir la ley", expresa el actual presidente de Francia en un correo. Posteriormente el servicio fue retirado, pero Macron relajó los requisitos para la obtención de licencias. Las buenas relaciones continuaron tras la llegada de Macrón a la presidencia.

Los partidos de la oposición tanto de izquierdas como de derechas han pedido una investigación de los hechos reflejados en los documentos.

Vicepresidentas de la Comisión Europea

En Países Bajos, Uber contó con el apoyo de la vicepresidente de la Comisión Europea Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia entre 2004 y 2009, y vicepresidenta y comisaria de Agenda Digital desde 2010 a 2014, además miembro del VDV (partido del actual presidente Mark Rutte).

No es su primer escándalo, en 2016 su nombre apareció en los Bahamas Leaks relacionado con una empresa en el paraíso fiscal que no había declarado en su etapa como comisaria.

Los correos revelan que Kroes tuvo tratos con Uber, para ser incluida en su junta asesora, mientras seguía en el cargo de vicepresidenta, lo que va contra las incompatibilidades que afectan a los comisionados europeos.

Además, durante los 18 meses posteriores a haber ejercido un cargo se debe contar con la aprobación de la comisión para trabajar. Tras abandonar el cargo, la política holandesa estaba trabajando extraoficialmente para la firma, según señalan las filtraciones.

Todo ello a sabiendas de que era ilegal, ya que solicitó el permiso para prestar servicios a Uber; lo que le fue denegado, incluso tras apelar al presidente de la comisión, en aquel momento, Jean-Claude Juncker.

"Vamos a tener línea directa entrando con Neelie y el jefe de gabinete del primer ministro, para extraer la máxima ventaja mientras les 'damos' la noción de una 'victoria'", señalan los documentos.

A partir de 2014, Kroes trató de influir en la legislación de su país, donde Uber estaba envuelto en la misma batalla legal que en Francia. La lobbista envió mensajes y se reunió con los ministros del Gobierno holandés.

Las relaciones entre políticos y Uber no siempre eran cordiales. En Alemania, los correos de la compañía tachaban de “payaso” al actual presidente Olaf Scholz, quien como alcalde de Hamburgo entre 2011 y 2018, impulsó un salario mínimo para los conductores de VTC.

En ocasiones los directivos podían torcer el pulso a aquellos políticos que representaran una amenaza. Londres, una urbe con 9 millones de personas, era una plaza que interesaba especialmente a Uber, y por ello hicieron una incansable labor de lobby para tamizar las regulaciones de transporte que planeaba introducir Boris Johnson, alcalde de Londres desde 2008 a 2016, en 2014.

George Osborne, ex Canciller de la Hacienda del Reino Unido, y otros prominentes torys presionaron desde dentro del Gobierno de David Cameron para que los aspectos más polémicos de la regulación, como la prohibición de las apps que incluian mapas para seleccionar un vehículo o un límite a los pasajeros, fueran abandonados. Johnson dio carpetazo a la reforma en enero de 2016.

Los ministros señalados no declararon la reunión que mantuvieron con la firma de transportes, que se ha desvelado a través de los documentos. Mas no sólo los conservadores fueron los únicos aliados británicos de la maquinaria de Uber. La agencia que dirige el laborista Peter Mandelson, ministro con Tony Blair, ayudó a la compañía a introducirse en el mercado ruso.

Oligarcas rusos

Rusia era un vasto mercado para Uber, por lo que el interés de Kalanick era patente. Tanto, que llegó a contratar un entramado de lobbistas alrededor de oligarcas clave cercanos al Kremlin, algunos de ellos sancionados tras la anexión rusa de Crimea, a fin de que pudieran ayudar a superar los escollos regulatorios.

El banquero y conseguidor Vladimir Senin, actualmente miembro de la Duma, fue la pieza esencial para el asalto de Uber a Rusia, y recibió cientos de miles de dólares por parte de la firma norteamericana.

El objetivo de este desembolso, al igual que la contratación de Mandelson, era lograr una línea directa con el Kremlin e inversores rusos que aseguraran su posición en el país eslavo, que corría peligro en 2014 tras una petición para la prohibición de la compañía hecha por el consistorio moscovita.

Con intención de evitar que Putin lo hiciera efectivo se optó por introducir en la firma capital cercano al presidente ruso. En un principio se pensó en Román Abramóvich pero su negativa hizo que se firmaran acuerdos con los oligarcas Mikhail Fridman y Petr Aven.

Los pagos hechos por Uber a Senin levantaron ya entonces temores entre los abogados de la empresa ya que se creía estar vulnerando la legislación (US’s Foreign Corrupt Practices Act) que proscribe los sobornos a miembros de Estados extranjeros para influir en la legislación.

Los políticos americanos también se reunieron con Uber, la cual según las investigaciones, ofrecía regalos en forma de viajes, ayudas para los transportes durante sus campañas electorales y comidas en restaurantes. Joe Biden, cuando era vicepresidente de Barack Obama, se reunió, y parece que en una ocasión llegó tarde, con el CEO; además fue uno de los más firmes defensores del modelo de negocio y de la actividad de la empresa en el país, que vivió protestas similares a las europeas en ciudades como Nueva York.

Los medios también fueron tentados por la empresa. Los inversores de Daily Mail, Les Echos, La Repubblica y L’Espresso (L’Espresso), Die Welt y Bild (Axel Springer) y The Times of India, entre otros recibieron insinuaciones para usar su influencia con los gobernantes de sus Estados con el objetivo de modificar legislaciones.

Los inversores de Axel Springer y The Times of India compraron participaciones en la firma norteamericana con un trato especial. En Alemania Uber se enfrentaba a acusaciones de competencia desleal y en la India su actividad se cortó tras una mediática violación por parte de un chófer a una clienta.

Jodidamente ilegal

España también aparece en los documentos. Uber empleó las tensiones entre la Generalitat y Madrid para espolear la competencia, de tal manera que aprobasen una legislación favorable al “ridesharing” y a la liberalización del sector de las VTC. Todo ello acompañado de unas protestas por parte del sector del taxi.

Los ejecutivos de la empresa americana esperaban, que al igual que pasó en Holanda, la violencia que ejercieron algunos taxistas forzara a las autoridades a impulsar una legislación favorable al VTC. Esta argucia se recoge en los archivos filtrados; los ejecutivos esperaban usar los ataques que recibieron los conductores de Uber durante las protestas que se desencadenaron en suelo galo para presionar al ejecutivo francés a tomar medidas negativas para el taxi, retratado como violento.

Junto a la instrumentalización de la violencia, se hablaba sobre cómo eludir impuestos operando desde Holanda. Rachel Whetstone, jefa global de política de Uber, explicaba en los chats sus ideas para reestructurar el entramado impositivo tras las investigaciones periodísticas que lo destaparon.

Si la policía trataba de investigar esta u otra irregularidad de las operaciones de la firma, se activaba un botón que destruía los archivos informáticos sensibles. Hay constancias de que se empleó.

Con todo esto, no extraña que la propia firma que ha dado nombre a un tipo de economía, la “uberización”, en la que muchos gurús ven un futuro laboral y empresarial deseable, se definiera a sí misma como “jodidamente ilegal”.

No podemos concluir sin antes lanzar algunas preguntas a nuestros lectores. ¿Existen otros casos similares al de Uber?. ¿Qué hay de las compañías que compiten y sobreviven en el mismo sector que Uber?. ¿No sería preferible regular la actividad lobística antes que mantenerla en el peligroso ámbito de la alegalidad? ¿Cómo de vulnerable a la influencia externa es nuestro mercado laboral periodístico? ¿Y nuestro mercado laboral político?