Chiapas, ¿quién controla el agua?

¿Cómo puede ser que Chiapas sea a la vez el estado más rico y más pobre de México? Para intentar comprender esta paradoja, es necesario analizar una serie de dinámicas internas poniendo particular atención a los recursos naturales del propio Estado, así como a la distribución de los mismos. 

CONTEXTUALIZACIÓN

Situado en el suroeste de México, Chiapas cuenta con una población de más de cinco millones y medio de personas y frontera directa con Guatemala. La convivencia de culturas es evidente en cada uno de sus rincones, las lenguas prehispánicas habladas por decenas de miles de descendientes de pueblos originarios se mezclan con el español de mexicanos mestizos y viajeros sudamericanos, así como con el inglés de turistas estadounidenses y europeos. 

Dicha pluralidad cultural coexiste con un amplio patrimonio natural en el que destacan bosques frondosos y selváticos a la par que ríos caudalosos y cascadas. No obstante, este paisaje no sería posible sin las cuantiosas precipitaciones. Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Chiapas fue el segundo Estado más lluvioso después de Tabasco, recibiendo más de 1.700 milímetros de agua en el año 2023. 

Entonces, ¿por qué se habla de un potencial estrés hídrico y sigue habiendo chiapanecos sin acceso al agua potable? Si bien el Estado se caracteriza por una gran riqueza cultural y medioambiental, las desigualdades socioeconómicas también juegan un papel fundamental en las dinámicas del día a día. Chiapas es el estado más pobre del país con un 67.4% y un 28.2% de personas viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema respectivamente, liderando ambas estadísticas a nivel nacional. Además, se estima que más de medio millón de personas forman parte de la economía informal. 

En este escenario, las desigualdades se intensifican con la marginalización institucional que sufren las comunidades originarias, lo cual las sitúa en una posición especialmente vulnerable en relación al acceso a recursos básicos como el agua potable o la electricidad. Simultáneamente, se agudiza el impacto que sufren estas comunidades como consecuencia de las lluvias torrenciales, que provocan inundaciones en hogares y cultivos dificultando, aún más, la posibilidad de dejar atrás la pobreza. 

LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA

La ausencia de acceso al agua potable y electricidad en varias comunidades de Chiapas no es una problemática relacionada con la falta de infraestructura o, como mínimo, no en su totalidad. La gran capacidad hídrica del estado se traduce en una extensa red de producción que no solo proporciona el 30% de la energía hidroeléctrica de México, sino que también tiene una gran repercusión a nivel regional con puntos de interconexión con países de Centroamérica, entre los que se incluyen Guatemala, El Salvador y Honduras. 

En este sentido, el río Grijalva acoge las presas Chicoasén, Malpaso, La Angostura y Peñitas, asociadas a las cuatro grandes centrales hidroeléctricas del Estado. Más allá de la propia producción eléctrica, el potencial económico camuflado en las precipitaciones y reservas acuíferas de Chiapas ha captado la atención de una gran variedad de actores que avivan las disputas por el control geopolítico de los recursos naturales. 

En este contexto, empresas multinacionales como Coca-Cola aprovechan para establecer plantas productoras en la zona y penetrar en el mercado de forma infalible. Particular atención merece el caso de la planta de Coca-Cola Fomento Económico de México, S. A (Coca-Cola FEMSA) situada entre San Cristóbal de las Casas y San Felipe Ecatepec desde 1994. 

La compañía explota pozos de agua alrededor del volcán Huitepec con licencias extremadamente bajas en costo y una regulación laxa debido a las puertas giratorias entre los dirigentes políticos y la industria implicada. El agua extraída se utiliza tanto para el proceso de producción de la bebida como para la fabricación del embotellamiento de la misma. Según indica TruthOut, se estima que la planta utilizó más de un millón de litros de agua al día para sus actividades en 2016, lo que sería suficiente para satisfacer las necesidades de consumo de una gran parte de la población del Estado. 

A pesar de la visita a Chiapas en 2017 del entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, Léo Heller, la situación no parece haber mejorado. Sin embargo, estas prácticas de sobreexplotación no pasan desapercibidas entre los chiapanecos y encuentran resistencia en una gran parte de la sociedad civil, que denuncia la falta de acceso al agua potable como una amenaza al cumplimiento de los derechos humanos y el abuso hídrico como una importante amenaza medioambiental. Activistas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y comunidades originarias autogestionadas protestan incesantemente contra las licencias y excesos que ponen en peligro la sostenibilidad y el disfrute del patrimonio natural que les rodea. 

IMPACTO DIRECTO

Las consecuencias de dichas actividades tienen implicaciones evidentes en el equilibrio medioambiental, socioeconómico y cultural del Estado. 

Por una parte, el deterioro del patrimonio natural debido a la industrialización del paisaje es innegable. Las modificaciones artificiales introducidas desde una perspectiva antropocéntrica y orientadas a la explotación capitalista de los recursos naturales provocan daños irreparables en la fauna y la flora local. Ejemplo de ello son las hidroperforaciones para acceder a las aguas subterráneas, cuyo desarrollo, en muchos casos, implica la previa deforestación de la zona.

A nivel socioeconómico, la privatización de un recurso tan esencial como es el agua provoca un aumento en las desigualdades sociales, así como la exposición al estrés hídrico de familias asentadas en zonas de difícil acceso y comunidades remotas. Paradójicamente, a pesar de que la infraestructura necesaria para el suministro de agua potable en ciertas zonas parece inexistente, refrescos como la Coca-Cola sí suelen llegar. 

Otra problemática relacionada es la calidad del agua, ya que ésta ha empeorado considerablemente en los últimos años debido a la contaminación y residuos resultantes de las prácticas industriales según apuntan los medios locales. En consecuencia, los sectores más vulnerables de la sociedad no solo están expuestos a la falta de agua potable, sino también a una peor calidad cuando consiguen acceder a la misma.

Otro de los grandes efectos tiene que ver con la modificación de los hábitos de consumo que, a su vez, guarda repercusión directa con el estado de salud de los chiapanecos. Los recientes aumentos en los casos de diabetes tienen correlación con el incremento del consumo de bebidas azucaradas, entre otros, habiéndose convertido en una epidemia silenciosa por todo el país. Curiosamente, el reemplazo del agua por Coca-Cola y su integración en la cultura local ha llevado a comunidades como la de San Juan Chamula, pueblo con mayor índice de consumo de la bebida en México, a considerar el refresco como un elixir sagrado e incluirlo en sus rituales y ceremonias. 

CONCLUSIÓN

En resumidas cuentas, aunque son los chiapanecos quienes reciben el agua de las lluvias, son las grandes multinacionales quienes tienen el acceso a este recurso, de tal manera que, mientras agotan el potencial hídrico del Estado, este bien natural es sustituido por su propio producto en el mercado, la Coca-Cola, maximizando su beneficio. 

De esta manera, se acostumbra a describir la falta de acceso al agua potable como un problema estructural asociado a la falta de infraestructura, cuando en realidad está intrínsicamente relacionado con los intereses políticos y económicos que priorizan el beneficio empresarial sobre el bienestar de la población y el respeto por el ecosistema local, poniendo en riesgo los derechos humanos en Chiapas.