EEUU y Venezuela: Entre los valores democráticos y los intereses económicos

Las relaciones entre los Estados Unidos de América y Venezuela han atravesado altos y bajos a lo largo de veinticuatro años de permanencia del chavismo en el poder; desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en el año 1999 hasta la sucesión de Nicolás Maduro en el año 2013. 

Sin embargo, luego de los conflictos atravesados en el mes de enero del año 2019, en ocasión del autonombramiento del expresidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó, como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, el Departamento de Estado de los Estados Unidos cesó definitivamente sus funciones en el territorio venezolano, dando inicio a la suspensión de las relaciones formales entre ambos países, otorgando reconocimiento al Gobierno Interino.

A pesar de haber roto relaciones diplomáticas formales desde la convulsionada aparición del interinato, Estados Unidos ha entablado diálogos (muchos de ellos de manera clandestina mediante secretarias especiales y su agencia central de inteligencia) con el régimen de Nicolás Maduro con el fin de encontrar avenencias entre la oposición y el régimen para la celebración de elecciones democráticas y la apertura de espacios cívicos para la participación de los partidos políticos en procesos electorales de distintos niveles, o al menos, eso se aparentaba. 

En el mes de diciembre del año 2021, durante una rueda de prensa Nicolás Maduro informa sobre una reunión «secreta» que sostuvo con un representante de la CIA, la cual hace pública a manera de represalia contra quien ostentaba el cargo de jefe de la misión diplomática americana para asuntos de Venezuela, radicada en Colombia, James Story; dando a conocer a la opinión pública la existencia de canales de comunicación entre el régimen venezolano y el gobierno estadounidense, omitiendo, aún, el contenido de dichos diálogos. 

Posteriormente, el 19 de julio del año 2023 es registrado por medios de comunicación internacionales el aterrizaje de un jet tipo Phoenix Air Gulfstream III de matrículas N173PA, procedente de Miami, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela. Dicha aeronave estaría en pista, según lo solicitado en las comunicaciones con la torre de control, tan solo cincuenta minutos, sin embargo, su estadía se alargó tres horas. 

En relación a la identidad del jet, se pudo conocer que el avión es conocido como «Ebola Jet» y es operado por la CIA bajo servicio del Equipo Negociador del Presidente de los Estados Unidos para la fecha, Joe Biden; sugiriendo que se transportaba al Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes de Estados Unidos: Roger D. Carstens para el desarrollo de negociaciones que tendrían por finalidad la transacción de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela bajo cargos de espionaje y corrupción, a cambio de una figura fundamental para los negocios de la dictadura, el empresario colombiano Alex Saab, detenido por cargos de lavado de dinero en la isla africana de Cabo Verde, donde realizaba labores diplomáticas bajo bandera venezolana. 

¿Es Estados Unidos un aliado para la oposición venezolana?

Estados Unidos ha empleado las sanciones como principal herramienta de presión internacional para doblegar las economías y gobiernos rivales, y Venezuela no ha sido la excepción. Luego de que algunas fuentes adeptas al régimen venezolano dieran cuenta de 927 medidas impuestas por la Casa Blanca en el transcurso de cinco años como parte de una política regional de no tolerancia contra gobiernos totalitarios, algunos sectores de la oposición nacional vieron en el gobierno americano, principalmente el gobierno interino de Juan Guaidó, un aliado fuerte; condición que asumió bajo la premisa de tener un abanico de opciones a tomar frente a los retos que afrontaba Venezuela. 

Luego de la disolución del gobierno interino a inicios del año 2023, el liderazgo de la ex-congresista opositora María Corina Machado ascendió con fuerza en los periódicos del mundo, ostentando el respaldo de los Estados Unidos y afianzando su liderazgo en la opinión pública a pesar de estar inhabilitada por la Contraloría General de la República de Venezuela por irregularidades en las declaraciones de patrimonio durante su gestión como diputada. 

El rol de la Casa Blanca en la relación dictadura-oposición excedía el asesoramiento que le fue dado al antiguo gobierno interino y a la nueva líder opositora, pues, a inicios del año 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó una licencia a la petrolera Chevron para operar nuevamente en Venezuela durante un lapso de seis meses, pese a las sanciones que dicho país había impuesto. 

Esta restitución de las operaciones de las petroleras americanas en suelo venezolano fue lograda a través de mutuas concesiones pactadas por la dictadura venezolana y el gobierno estadounidense, dando espacio para que las actividades económicas del régimen chavista sean retomadas por parte de la cúpula política de Venezuela. 

Esta medida representó una contradicción amplia ante la retórica del Departamento de Estado en relación a su política sobre Venezuela, pues implicó el convenimiento comercial con un país que durante tres administraciones (desde el año 2015 bajo el periodo de Barak Obama) fue considerado «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América», esto sin que existiese algún cambio político o en la dinámica política de este país, sacando a la luz las prioridades del Estado norteamericano ante el desarrollo de la situación política en Venezuela. 

Estos intereses fueron puestos de manifiesto en la segunda semana de diciembre del año 2023, cuando el Departamento de Estado anunció la liberación de Alex Saab, pieza fundamental en las operaciones económicas de la dictadura, a cambio de la liberación de sus ciudadanos detenidos en Venezuela. Esta situación formó nuevamente una contradicción al compromiso que fue mostrado por los Estados Unidos ante el objetivo de detener al gobierno autoritario venezolano, ya que, con la liberación del empresario colombiano, se oxigenan las finanzas de los jerarcas chavistas, resultando en un engrosamiento del poder del régimen. 

¿Es un fracaso para la oposición de Venezuela?

Durante los intentos de lucha organizada frente a la dictadura de Nicolás Maduro, la opinión pública ha considerado a los Estados Unidos como un aliado irrestricto de la causa venezolana, sin embargo, la priorización de las necesidades políticas y económicas del país norteamericano han puesto en una posición desventajosa a María Corina Machado, líder del bloque opositor, quien sustentaba parte de su estrategia en la situación que hasta momentos previos al levantamiento de las sanciones y la liberación del principal operador financiero del régimen, se había alcanzado.

Este retroceso al que fue llevada la política venezolana resalta cuando, mediante declaraciones oficiales de la embajada estadounidense para Venezuela, se confirma que la ex-diputada deberá apelar su inhabilitación ante la Corte Suprema (Tribunal Supremo de Justicia) de su país para ser capaz de participar en las elecciones presidenciales del año 2024; esto luego de haber esgrimido una narrativa institucional desde su partido de negar la existencia de cualquier impedimento para su carrera por la presidencia.

En consecuencia, la contraposición de declaraciones entre el gobierno americano y la candidata representante de la oposición venezolana, unido a los pasos emprendidos por la Casa Blanca para alivianar sanciones y llegar a acuerdos con la dictadura, complica en gran medida la imagen y capacidad de accionar de la oposición organizada frente al gobierno chavista. 

¿Qué obtuvo el régimen venezolano de las medidas tomadas por Estados Unidos?

El gobierno oficialista ha salido victorioso de los acontecimientos ocurridos en los últimos meses.

Desde la escalada diplomática entre Venezuela y Guyana, posterior a la celebración de las primarias opositoras, hasta la liberación de Alex Saab, todos los nuevos posicionamientos de la Casa Blanca han sido favorables para el régimen, permitiéndole maniobrar internamente en el panorama político nacional, pues ha conseguido la reducción de la credibilidad de su mayor oponente, la liberación de un íntimo funcionario político, evadir cualquier pronunciamiento oficial sobre la habilitación de candidatos opositores, el levantamiento parcial de las sanciones económicas y la continuación de las operaciones petroleras estadounidenses en suelo venezolano. 

Pese a que se pudiese representar la posibilidad de una victoria del régimen chavista en la intensificación de las disputas políticas en Venezuela durante los últimos meses, es apresurado sentenciar cualquier análisis sobre la actualidad del país sudamericano; como próximo evento relevante para la continuidad de la pugna tenemos las elecciones presidenciales del año 2024, las cuales, servirán como último escenario de confrontación de este nuevo ciclo de disputas y cuyos resultados pueden implicar la permanencia de la dictadura en el poder o la posibilidad de emprender una transición democrática (o no) hacía un nuevo gobierno.