Por Diego Duarte Valdivia.

El conflicto por el ingreso a la educación universitaria en un Chile convulsionado por el Estallido Social.

Desde el año 2003, en Chile se realiza la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que reemplazó a a la Prueba de Aptitud Académica (PAA). La PSU sería una prueba transitoria entre la PAA y el Sistema de Ingreso a la Educación Superior (SIES). Sin embargo, el SIES jamás se aplicó y la PSU quedó como método de ingreso a la educación superior por 17 años.

El estallido social, que comenzó el 18 de octubre de 2019, obligó a las autoridades a cambiar la PSU en 2 ocasiones.

Tras un llamado a boicotear el proceso por parte de los estudiantes y jornadas de intensas protestas durante los exámenes, el resultado fue; la filtración de las respuestas de la prueba de Historia, la suspensión de las pruebas en 147 sedes de 729 y querellas por parte del gobierno contra 35 jóvenes (incluyendo dirigentes estudiantiles), amparándose en la Ley de Seguridad del Estado.

Épicamente, un estudiante ondea la bandera de Chile mientras el agua de un camión de agua le cae encima.

Pero ¿por qué los estudiantes de secundaria hicieron un llamado a boicotear el proceso de admisión a la educación superior?

He aquí el porqué.

Las Criticas a la PSU

La PSU consta de 4 pruebas, que se efectúan en 2 jornadas. Son 2 obligatorias; Lenguaje y Matemáticas, y 2 optativas; Ciencias y Historia, Geografía y Ciencias Sociales. La prueba busca medir los conocimientos de los estudiantes secundarios.

Las principales críticas que genera la PSU es intentar medir a estudiantes que están en situaciones de inequidad en términos preparación académica. Estas diferencias en el acceso del contenido de la educación, nacen por razones sociales, económicas y la existencia de Liceos Técnico-Profesionales y Científicos-Humanistas.

La PSU ha sido señalada como el principal indicador de desigualdad social entre los estudiantes chilenos, ya que además de la puntuación individual que saca cada estudiante, existe un «ranking» nacional que, ponderado con las notas del estudiante y su puntuación PSU, da la puntuación final con el cual se postula a la carrera y Universidad que desee.

En dicho ranking, los colegios privados, generalmente, resultan con mejores resultados que los públicos. Por lo que, según se alega, los estudiantes de dichos colegios serían favorecidos solo por el hecho de estar matriculados en ellos.

Existen en Chile instituciones llamadas Preuniversitarios, en las que los jóvenes pueden optar por cursar un semestre o un año de preparación para obtener un mejor resultado en su prueba.

Los Preuniversitarios son un negocio, al que los jóvenes pueden acceder siempre y cuando tengan el dinero para costear la matricula y la mensualidad, por lo que, la preparación de los estudiantes con más o menos recursos no se da en igualdad de condiciones.

El llamado al Boicot

Fueron estas las razones que dio la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) que hizo un llamado a boicotear la PSU de este año. Los días 6 y 7 de Enero estaba previsto que, se realizaran las 4 pruebas de selección universitaria.

Si bien se realizó a nivel nacional, no se pudo efectuar con normalidad en 147 lugares.

Las protestas y «encerradas» en algunas de las sedes donde se debían efectuar las pruebas han sido clave en el devenir de los acontecimientos.

El movimiento estudiantil chileno lleva 14 años denunciando a la PSU como una herramienta que perpetua un sistema injusto y desigual en la educación secundaria y primaria chilena.

Si bien es cierto que las autoridades chilenas habían advertido que este sería el último proceso de admisión universitaria que utilizarían la PSU, las y los estudiantes chilenos exigían un cese definitivo de la aplicación de esta prueba inmediatamente.

El boicot comenzó el domingo 5 de enero. Se pudieron apreciar las primeras manifestaciones en contra de la realización de la prueba. Para el lunes 6, amanecieron tomados liceos y colegios donde iban a celebrarse las pruebas.

Las protestas comenzaron desde temprano en la mañana y se concretaron con protestas fuera de las sedes, donde inclusive hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía, en los que se acusó de violencia desmedida, con denuncias en contra de la policía, que ya son costumbre desde el 18 de octubre.

El balance del día lunes 6 era; 81 personas detenidas y 64 sedes suspendidas.

El martes 7 la situación fue mas violenta, algunos apoderados se enfrentaron físicamente en las afueras de los locales y se filtraron las 4 pruebas. Ante esto último, el gobierno decidió suspender solo la prueba de historia, ya que las otras se filtraron cuando ya se habían celebrado.

Los métodos de protesta que aplicaron los estudiantes fueron; manifestaciones pacificas en las afueras de los establecimientos, tomas de los colegios e ingreso a las sedes durante la prueba.

Los enfrentamientos con la policía marcaron la mayor parte de la jornada. Se registró el uso de granadas lacrimógenas, carros lanza agua y aplicación de golpes con lumas en contra de los menores de edad.

La propuesta de los estudiantes

La ACES publico documento titulado “PROPUESTA PARA LA EDUCACION QUE QUEREMOS”, en este documento la ACES propone un modelo nacional de educación donde no solo abordan el sistema de ingreso, sino que, además proponen un modelo de democracia universitaria, transporte gratuito para los estudiantes los 365 días del año y planes que abogan por la salud física y mental de los estudiantes.

Sobre el sistema de ingreso a la educación universitaria, proponen un sistema de admisión universal, gratuito y estatal en el que se realice un semestre de Bachillerato, que servirá para nivelar los conocimientos.

La respuesta de las autoridades

La respuesta de las autoridades no se dejó esperar. El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) anuncio que todos los jóvenes que participaron en el boicot quedarán excluidos del proceso de admisión 2020. El DEMRE señaló que “está expresamente sancionado en las normas del proceso”.

El gobierno presentó 16 querellas contra 35 jóvenes. En concreto acusan a los estudiantes de desórdenes públicos, maltrato de obra a Carabineros e incluso de infringir la Ley de Armas.

El promedio de edad de los acusados es de 18 años; la mayoría de edad en Chile es a los 18 años, sin embargo, la responsabilidad penal existe desde los 15 años.

La medida que mas sorprendió fue la que iba dirigida a Victor Chanfreau, quien además de ser excluido del proceso de admisión 2020, se le aplicaría la Ley de Seguridad del Estado. Jamás, ni siquiera la dictadura de Augusto Pinochet aplicó la ley de seguridad del estado contra dirigentes estudiantiles.

La Defensoría de la Niñez, institución publica que busca la protección y resguardo de los menores de edad en Chile, criticó varias de las medidas que tomó el gobierno en respuesta al boicot del 6 y 7 de Enero.

Solicitaron que aquellos jóvenes que no pudieron hacer la prueba, pudieran repetirla, que no se excluya del proceso a los jóvenes que participaron y además, advirtieron que no se puede aplicar Ley de Seguridad del Estado a menores de edad.

Ya que iría en contra de los estándares internacionales de Derechos Humanos. Además, la Defensoría creó un correo en el cual los jóvenes que se vean excluidos del proceso de admisión puedan realizar la denuncia pertinente.

El fantasma de la Dictadura Cívico Militar

Victor Chanfreau y Ayelén Salgado son los voceros de la ACES, estos jóvenes además de compartir la idea de que la educación Chilena debe ser cambiada radicalmente, comparten una historia familiar similar.

El abuelo de Victor Chanfreau, Alfonso Chanfreau, fue un dirigente estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria durante la dictadura cívico militar. Alfonso sufrió el mismo destino que la mayoría de los militantes de izquierda durante este periodo, la persecución.

Al igual que su nieto, Alfonso luchó contra las autoridades del momento por una mejor sociedad y la respuesta de la dictadura fue «desaparecerlo». Alfonso Chanfreau es uno de los miles detenidos desaparecidos que, hasta la fecha, no se sabe nada acerca de lo que hicieron las fuerzas armadas con el.

De la misma forma, el abuelo de la dirigente de la Aces, Ayelén Salgado, fue asesinado por Carabineros en 1977.

La historia familiar de estos jóvenes es un triste recordatorio de que, acabada la dictadura hace casi 30 años, todavía existe impunidad por las violaciones a los derechos humanos.

Mientras que los abuelos de Victor y Ayelén se enfrentaban a una dictadura que los asesinó e hizo desaparecer, la actual ministra de educación apoyaba abiertamente al general Pinochet y su régimen, e inclusive hizo campaña por la continuidad de la dictadura en el plebiscito de 1989.

*La Ministra de Educación en una propaganda de la campaña del Sí, opción del plebiscito que buscaba la permanencia del dictador Augusto Pinochet como jefe de estado.*

Conclusiones

La reacción del gobierno con los estudiantes secundarios no se aleja mucho de la política de represión con la que abordaron las protestas desde el estallido social.

El uso de gases lacrimógenos, carros lanza agua y la criminalización de la protesta social han sido parte de las herramientas que ha utilizado el gobierno para reprimir a los manifestantes.

Sin embargo, el uso de la Ley de Seguridad del Estado ha generado preocupación por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En el caso de Víctor, es mas preocupante aún, ya que ni siquiera la dictadura empleo este mecanismo en contra de un dirigente estudiantil.

Dentro de la comunidad estudiantil no hubo consenso en que el boicot fuera la mejor forma de manifestarse, pero sí están de acuerdo en el fondo de las demandas. El sistema educativo en Chile debe ser cambiado de forma radical, es la única forma de poder empezar a solucionar los graves conflictos sociales y económicos que existen en el país Latinoamericano.

La educación es la única herramienta que sirve para disminuir las brechas sociales entra la clase alta y la clase baja. La sociedad Chilena debe avanzar a un sistema de ingreso a la educación superior que busque eliminar esta brecha, no perpetuarla.

El conflicto PSU en Chile: una síntesis

The Political Room TPR