El pacto migratorio de Meloni con Albania: ¿Un modelo para Europa?

Bajo la premisa de aliviar la continua congestión de los centros de tramitación de asilo en Italia, el gobierno italiano inaugurará este verano dos complejos de esta naturaleza en suelo albanés. En ellos se tramitarán solicitudes de asilo y eventuales deportaciones de adultos ―a excepción de embarazadas y personas en situación de vulnerabilidad― que hayan sido rescatados por naves militares italianas en el Mar Mediterráneo. 

La estructura del puerto de Shëngjin ―cuya superficie excede los cuatro mil metros cuadrados y se halla rodeada por una valla metálica de 5 metros de altura terminada en alambre de púas―, situada en el norte de Albania, estará destinada a los primeros trámites de desembarco e identificación. Unos 20 km hacia el interior, en Gjadër, se realizarán los procedimientos subsiguientes de detención y, eventualmente, repatriación. En este último centro, los individuos podrán pasar retenidos un máximo de 28 días, período durante el cual las autoridades italianas evaluarán sus solicitudes de asilo. En el perímetro interior de las instalaciones operará personal y policía italiana bajo jurisdicción de su estado, mientras que el área exterior estará vigilada por agentes albaneses.

El acuerdo, alcanzado el pasado noviembre, establece que ambos centros albergarán ciudadanos únicamente procedentes de la lista de ‘‘países seguros’’ elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano (Argelia, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Nigeria, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez). 

El pacto en cifras

Giorgia Meloni, en declaraciones públicas en el complejo de Shëngjin junto a su homólogo albanés el pasado 5 de junio ―día de finalización de las obras―, aseguró que los dos centros estarán operativos a partir del próximo 1 de agosto. La fecha inicialmente prevista había sido el 20 de mayo, pero la apertura fue retrasada por «problemas en el terreno». Según lo estipulado, al comienzo se acogerá a unas 1.000 personas, más tarde la capacidad aumentará a 3.000. Entre ambas instalaciones se internarán unos 36.000 migrantes al año. 

Tales actividades costarán al estado italiano 134 millones de euros anuales durante cinco años. Además, el Ministerio del Interior ha lanzado un concurso de 13,5 millones de euros para alquilar un ferry que empezará a operar a partir del próximo septiembre, con capacidad para transportar hasta 300 inmigrantes desde Lampedusa hasta Shëngjin. Meloni defendió esta inversión, señalando que "representa el 7,5% de lo que gastamos en acogida en territorio nacional". El estado dedica aproximadamente 1.700 millones de euros a la inmigración. Según datos de la International Organization for Migration (IOM), los inmigrantes representan el 7,4% de la población de Italia, contribuyen el 12% del PIB y pagan 13,3 mil millones de euros en impuestos al año.

Un modelo extrapolable a Europa sin garantías en derechos fundamentales

Meloni reivindica su postura en materia migratoria como modelo a seguir, argumentando que 15 de los 27 estados miembros de la UE han solicitado a la Comisión Europea la externalización de la política de migración y asilo. Debido a que Albania se encuentra fuera de las fronteras de la UE, la organización no podrá verificar las condiciones de los individuos allí retenidos, como señaló la Comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, el pasado noviembre. Por su parte, la presidenta Von der Leyen ha dado un respaldo explícito al acuerdo adriático al considerarlo ‘‘innovador’’. 

Sin embargo, el protocolo plantea numerosas ambigüedades en términos de derechos fundamentales. En primer lugar, la externalización del proceso parece violar el derecho de asilo de manera inequívoca. Además, se desconoce qué puede ocurrir con los inmigrantes cuyas peticiones de asilo sean rechazadas y cuyo país de origen no tenga acuerdo de readmisión con Italia. En tales casos ―y una vez haya transcurrido el mes de retención en el centro de Gjadër que contempla la legislación―, ¿podrán optar los internos al asilo en Albania? O, en su lugar, ¿se superará el límite temporal de internamiento? 

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han calificado el pacto ítalo-albanés como un ‘‘plan de abuso’’, que podría contravenir no solo la legalidad europea, sino también la italiana. Paradigmático en esta cuestión es el caso del gobierno del Reino Unido, que se enfrenta actualmente al Tribunal Supremo Británico por su plan de enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Recientemente, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha declarado ante la justicia británica que cuenta con pruebas de que Ruanda ha devuelto a solicitantes de asilo a países en los que corren el riesgo de ser perseguidos, algo que el ejecutivo ruandés ha negado. 

Rishi Sunak, Giorgia Meloni y Edi Rama se reunieron el pasado diciembre en Roma para tratar asuntos referentes a la inmigración. En aquella cumbre trilateral, los tres jefes de gobierno acordaron “intensificar aún más la cooperación para luchar contra la trata de personas”.

Los frentes abiertos de Rama y Meloni

Tirana espera que Roma, a cambio, se convierta en el principal “abogado” ―en palabras de Edi Rama― de la entrada del país balcánico en la Unión Europea. Albania tiene como objetivo adherirse a la organización en 2030, lo cual no deja de ser paradójico por el hecho de servir como centro de detención extraeuropeo. Aunque el parlamento albanés ratificó el protocolo migratorio el pasado mes de febrero, el acuerdo no obtuvo el respaldo de la oposición, que lo percibe como una amenaza para la seguridad nacional y una clara cesión de soberanía territorial. El Tribunal Constitucional de Albania determinó que el acuerdo no incumple la Carta Magna.

No obstante, los mayores desafíos para el primer ministro en este asunto no provienen del parlamento, ni tan solo del interior del país. Recientemente, la cadena de televisión italiana Rai 3 ha emitido una mordaz investigación en dos píldoras sobre el gobierno albanés. En ambos episodios se sugiere que el mandatario dirige un estado con nexos con el narcotráfico y la mafia internacional, basándose en diversos testimonios y en supuestas reuniones de Rama con personalidades de oscura reputación. 

Las revelaciones también sostienen que la empresa italiana que ganó la licitación para las estructuras en Gjäder tiene un historial problemático de corrupción y manipulación de licitaciones. El programa incluyó una incisiva entrevista al primer ministro, cuya reacción no se hizo esperar tras la emisión: “Es insultante (...) una injusticia ser señalado debido a la campaña electoral en Italia y a la guerra mediática hacia mi contraparte al frente del gobierno italiano”. 

La visita de la mandataria italiana al centro de Shëngjin en la semana de las elecciones europeas fue objeto de diversas críticas por parte de la oposición. Elly Schlein, del Partido Democrático, la describió como un "anuncio electoral de 800 millones de euros", mientras que el ex primer ministro Conte, del Movimiento 5 Estrellas, señaló el contraste entre el gasto en políticas antiinmigración y la falta de inversión en sanidad. A pesar de estos cuestionamientos, Meloni centra su atención estos días en la nueva composición de su grupo parlamentario en Europa, así como en la posibilidad de obtener para su país varios de los denominados “top jobs” en la nueva Comisión Europea.