La historia económica de Argentina (2002-2025)
La historia económica de Argentina (1900-1955)
La historia económica de Argentina (1955-2001)
La historia económica de Argentina (2002-2025)
La Argentina Kirchnerista
La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia marcó el inicio de un ciclo de estabilidad en Argentina. Si bien el default contribuyó a aliviar temporalmente los problemas de liquidez, fue un contexto internacional favorable lo que contribuyó, en buena medida, a fortalecer las reservas internacionales e incrementar la recaudación fiscal del Estado. En este sentido, el gobierno se benefició del auge global en la demanda de materias primas - en particular, la soja en el mercado chino –, así como de la depreciación del peso, que impulsó la competitividad de las exportaciones y permitió reducir los gastos y salarios en términos reales.
De este modo, por primera vez desde 1992, Argentina logró registrar “superávits gemelos”, es decir, superávit fiscal - del orden del 2% al 3% del PIB entre 2003 y 2008 - y superávit en cuenta corriente – que promedió el 3% del PIB entre 2003 y 2007-. La desdolarización del sistema financiero también permitió al Banco Central volver a ejercer el rol de prestamista de última instancia, una circunstancia que, de ser gestionada con responsabilidad, reducía la vulnerabilidad fiscal del país y su dependencia de la Reserva Federal estadounidense.
En materia de deuda, el fin de la convertibilidad había provocado un aumento de los pasivos en dólares desde el 55 hasta al 150% del PIB entre 2001 y 2002. Sin embargo, en 2005, el gobierno de Kirchner alcanzó, con un 76% de los acreedores, un acuerdo de extensión de los plazos de pago y una quita promedio del 65% en el valor presente neto de los bonos. Un 66% de la deuda remanente fue restructurada bajo condiciones similares cinco años después. Además, en 2006, en un gesto orientado a recuperar autonomía en política económica, el gobierno canceló anticipadamente la totalidad de la deuda pendiente con el FMI, saldando más de 9.500 millones de dólares en una sola operación.
En el plano político, Kirchner consolidó rápidamente su liderazgo dentro del peronismo, forjó una red de apoyos con sindicatos, gobernadores y movimientos sociales – entre ellos, los denominados “piqueteros” -, y recurrió con frecuencia a los decretos presidenciales para sortear el lento proceso legislativo argentino. Gracias a los superávits fiscal y comercial, Kirchner pudo autorizar, por decreto, aumentos salariales, subsidios al transporte y a la energía o un ambicioso programa de obras públicas que permitió al Estado restituir parte de la legitimidad perdida tras la crisis.
No obstante, la rápida recuperación económica generó presiones de demanda que, sumadas al crecimiento del empleo público, al incremento de las transferencias sociales y a la emisión monetaria destinada a acumular dólares y sostener un tipo de cambio competitivo, desembocaron en un nuevo repunte inflacionario. Al igual que en ocasiones anteriores, el gobierno aplicó controles de precios como mecanismo de contención, desatendiendo problemas estructurales que persistían en sectores como el energético, lastrados por la falta de inversión.
En el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) fue elegida presidenta y, tras el fallecimiento de su marido, logró la reelección en 2011. Su gestión se caracterizó por la profundización de los desequilibrios macroeconómicos gestados en años anteriores, destacando la expansión del gasto público, en muchos casos asociado a objetivos políticos más que a necesidades reales, así como la reaparición del déficit fiscal, financiado con transferencias del Banco Central al Tesoro. En paralelo, CFK impulsó una serie de estatizaciones, entre ellas las de AySA, YPF o Aerolíneas Argentinas, justificándolas como medidas necesarias para recuperar el control nacional de sectores estratégicos, aumentar los ingresos del estado y mejorar la calidad de los servicios.
En 2011, el gobierno implementó el “cepo cambiario”, un sistema que restringía estrictamente la adquisición de divisas, tanto para el ahorro como para las importaciones, con el objetivo de sostener artificialmente un peso fuerte, evitar la fuga de dólares y proteger el mercado interno. A su vez, el gobierno empleó los controles de precios y acuerdos sectoriales para fomentar el consumo y, simultáneamente, contener la inflación. Sin embargo, en 2014 la economía entró en recesión, la inflación superó el 35% y la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el denominado “dólar blue” - el tipo de cambio real – superó el 60%.
En este escenario, el Banco Central se vio sometido a crecientes presiones para mantener las reservas internacionales, pues debía vender dólares para sostener el tipo de cambio oficial al tiempo que las obligaciones externas de Argentina continuaban en aumento. Por otro lado, la balanza comercial se tornó deficitaria, tanto por la caída de los precios internacionales de materias primas como la soja, como por la pérdida de competitividad derivada del atraso cambiario, es decir, por el incremento del precio de los bienes denominados en pesos sin el ajuste correspondiente en los tipos de cambio.
Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015 con la promesa de liberalizar los mercados y reducir la inflación sin recurrir a ajustes drásticos. Entre sus medidas, destacaron la eliminación del cepo cambiario y la unificación del tipo de cambio, la reducción de las retenciones a las exportaciones agroindustriales y el levantamiento de los controles de capitales, todas orientadas a fomentar la inversión extranjera con el objetivo de dinamizar la economía a través de mejoras en la productividad. Además, al resolver el litigio con los acreedores que no habían aceptado los canjes de deuda de Kirchner, Argentina logró recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda.
Sin embargo, el enfoque gradualista en materia fiscal – centrado en evitar recortes significativos del gasto público - agravó un déficit que se financió mediante endeudamiento externo, aprovechando un contexto internacional de tipos de interés reducidos. De este modo, la aparente recuperación de las reservas internacionales no fue sino una consecuencia del incremento de los pasivos internacionales. Además, una parte sustancial de estas reservas, como los swaps con China o los encajes obligatorios de los bancos comerciales, carecía de liquidez y de libre disponibilidad, lo que reducía la capacidad del país para hacer frente a situaciones críticas.
Esta estrategia se tornó insostenible en 2018, cuando al persistente déficit fiscal y al desequilibrio en la cuenta corriente se sumó el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., lo que desató una fuga de capitales de los mercados emergentes que, en el caso de Argentina, precipitó una devaluación del peso y una inflación del 53% en 2019. Ante la imposibilidad de continuar accediendo a la financiación extranjera, el gobierno recurrió al FMI, firmando un préstamo récord de 57.000 millones de dólares - del que finalmente se desembolsaron 44.000 millones -; sin embargo, los recortes exigidos por la entidad profundizaron el deterioro de un consumo interno muy ligado al gasto público.
En este contexto, y con la economía cerrando 2019 en recesión, con un repunte inflacionario y un aumento de la pobreza, se allanó el camino para el retorno del peronismo al poder, con Alberto Fernández en la presidencia y Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidencia. A la situación económica heredada se sumaron, en 2020, la drástica caída de la recaudación y el recurso a la emisión monetaria para financiar tanto las transferencias directas a familias como los subsidios destinados a sostener la actividad de las empresas durante la pandemia de COVID-19.
A partir de 2021, el reiterado incumplimiento del acuerdo de refinanciación de la deuda firmado entre Macri y el FMI, la desconfianza del mercado y una expansión sostenida de la emisión monetaria acentuaron la inflación, que superó el 200% en 2023. Para contener la escalada de precios, el gobierno reintrodujo y profundizó los controles de cambio, endureció las limitaciones a las importaciones y empleó las reservas de divisas para sostener el valor del tipo de cambio oficial, cuya brecha con el “dólar blue” llegó a superar el 100%. Sin embargo, los intentos fueron infructuosos y, para 2023, más del 40% de la población argentina vivía por debajo de la línea de la pobreza.
Tras casi dos décadas de predominio político, el “Kirchnerismo” abandonó el poder con un gasto público consolidado -entre el gobierno central, las provincias y los municipios- equivalente al 43% del PIB, frente al 26% registrado en 2003. En el mismo periodo de tiempo, el empleo público creció desde el 6% hasta el 10% de la población, mientras que el número de personas que percibían ingresos del Estado pasó de 6.3 millones en 2006 a 18.5 millones en 2023. Por el contrario, los trabajadores del sector privado aumentaron desde los 4.9 hasta los 6.2 millones, lo que evidenciaba un nivel de gasto público estructural cuya sostenibilidad resultaba inviable en el largo plazo.
Javier Milei
La elección de Javier Milei como presidente en 2023 marcó la llegada al poder de un economista libertario que supo capitalizar el hartazgo social con el modelo económico vigente. Al asumir el cargo, Milei enfrentaba una inflación mensual superior al 25%, una economía sostenida por un déficit fiscal estructural y una compleja estructura de subsidios, controles y regulaciones que distorsionaban severamente los precios relativos y obstaculizaban la inversión. Además, el Banco Central carecía de reservas líquidas suficientes para afrontar sus compromisos en dólares por lo que, a finales de 2023, el peso argentino había perdido toda credibilidad como instrumento de ahorro, manteniendo su cotización oficial gracias a un cepo cambiario que impedía la compra de moneda extranjera.
La respuesta del nuevo gobierno a esta problemática fue la puesta en marcha de un agresivo programa de ajuste destinado a eliminar el déficit fiscal y, consiguientemente, la financiación monetaria del Banco Central. Para ello, Milei congeló el gasto público, suspendió la concesión de obra pública, eliminó los subsidios al transporte y a la energía y recortó al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias. En el primer semestre de 2024, la paralización de sectores dependientes del gasto público provocó desplomes significativos - un 22% interanual en la construcción, un 17% en la industria manufacturera o un 10% en el consumo privado -, aunque la reducción de gasto fiscal en un 35% permitió a Argentina a registrar superávit fiscal por primera vez desde 2008.
Simultáneamente, y con el propósito de evitar que futuros gobernantes destinasen el superávit a nuevos incrementos del gasto, el Tesoro asumió los pases, una categoría de pasivos remunerados del Banco Central. En otras palabras, el gobierno empleó el superávit para absorber instrumentos financieros - cuyos elevados intereses se pagaban con nueva emisión monetaria - que el propio Banco Central había diseñado para retirar el exceso de liquidez generado por la financiación del déficit.
A su vez, mediante normativa como la “Ley Ómnibus”, el gobierno impulsó una ambiciosa agenda que proponía la liberalización de las exportaciones e importaciones, la eliminación de los controles de precios y facilitaba privatizaciones de empresas estatales como YPF o Aerolíneas Argentinas. En este marco, Buenos Aires también creó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrecía estabilidad fiscal y cambiaria a aquellas inversiones que superasen los 200 millones de dólares.
Milei acometió estas reformas buscando impulsar la inversión privada y la atracción de capital extranjero para potenciar la capacidad productiva de sectores clave como la energía, el agroindustrial o la tecnología, así como para promover la creación de empleo, obtener un mayor número de divisas y evitar la futura dependencia de la emisión monetaria. En 2025, Argentina volvió a registrar déficits gemelos gracias al repunte en la producción agrícola y al incremento de la producción y de las exportaciones de petróleo y gas impulsadas por inversiones de empresas como Shell o YPF, en alianza con firmas como ENI, en yacimientos como el de Vaca Muerta.
Si bien Milei no ha implementado aún su promesa de dolarización, sí ha avanzado en la normalización del régimen cambiario. En diciembre de 2023, el presidente oficializó una devaluación del peso del 100%, llevando el tipo de cambio de los 400 a los 800 pesos por dólar y acercándolo al valor del mercado informal, que rondaba los 1000 pesos. Pese a la erosión de poder adquisitivo en el corto plazo, la intención de esta medida era reducir la brecha entre los tipos de cambio oficial y paralelo para evitar una fuga masiva de dólares del Banco Central al momento de levantar el cepo cambiario.
Para sostener la transición a un régimen de tipos flotantes, cerró acuerdos de financiación con organismos internacionales como el FMI, el BID, el BIRF y renovó el swap con China, lo que permitió incrementar las reservas de libre disposición del Banco Central desde los 8.000 hasta los 38.000 millones de dólares, aproximadamente. Frente a una base monetaria de 30 billones de pesos en el pasivo del Banco Central - 35 billones si se incluyen los pasivos remunerados -, este refuerzo de liquidez permite, desde 2025, garantizar la convertibilidad de pesos a dólares a un tipo de cambio de entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar y sostener un esquema de tipos flotantes dentro de esta banda.
En mayo de 2025, el valor del peso se encuentra estabilizado en un rango aproximado de 1.100 a 1.200 pesos por dólar y la inflación mensual ha descendido al 1.5%, reflejando ello la confianza del mercado en la capacidad argentina para sostener el tipo de cambio. Esta estabilidad se ve respaldada por las perspectivas favorables en la generación de divisas, tanto por las crecientes exportaciones como por la conversión a dólares de los pesos provenientes del superávit fiscal, lo que permitiría al Banco Central amortizar sus obligaciones en moneda extranjera sin necesidad de recurrir a la emisión monetaria.
A fecha de redacción de este artículo, Argentina presenta tasas de crecimiento anualizadas superiores al 5%, una inflación en tendencia descendente, una tasa de pobreza del 38% y unos tipos de interés en torno al 29%, por debajo del 100% registrado en diciembre de 2023. Esta evolución ha incentivado, a su vez, el crédito a largo plazo y el consumo de servicios, bienes importados y duraderos, si bien el consumo de bienes no duraderos, más sensibles a las recesiones económicas, aún no ha logrado recuperarse del desplome que sucedió a las medidas de ajuste de Javier Milei.
Conclusión
Desde mediados del siglo XX, Argentina ha dependido de los ingresos procedentes de la exportación de materias primas para sostener elevados niveles de gasto público. En líneas generales, los gobiernos que han promovido la industrialización a través de políticas de intervención estatal y de cierre al comercio exterior han tendido a canalizar los ingresos de las exportaciones hacia el gasto corriente, relegando la inversión productiva y debilitando, en consecuencia, la competitividad industrial.
Por su parte, las administraciones con una orientación más aperturista han optado por mantener cierto grado de déficit fiscal como mecanismo para contener el descontento social derivado de la escasa adaptabilidad de la industria argentina a los mercados internacionales. En ambos casos, al reducirse los ingresos por exportaciones, el gasto se ha financiado haciendo uso de la deuda externa o la emisión monetaria, provocando ello recurrentes episodios de inflación descontrolada y acentuando la desconfianza en la estabilidad del país.
En ese contexto, el programa de Javier Milei representa un nuevo intento de apertura económica. Sin embargo, a diferencia de mandatarios anteriores, el presidente libertario ha logrado justificar, al menos de forma temporal, un deterioro generalizado en la calidad de vida como un sacrificio necesario para abordar el problema del elevado gasto público.
Así, los grandes desafíos de Milei serán, por un lado, mantener el apoyo popular que le permita sostener en el tiempo la política de disciplina fiscal y, por otro, sentar las bases institucionales que impidan a futuros gobiernos recurrir al gasto público en su beneficio, todo ello con el fin de generar un entorno propicio para la inversión. Queda por ver, sin embargo, si el previsto influjo de capital consolidará el papel de la economía argentina como mera proveedora de materias primas o si, por el contrario, contribuirá a impulsar el desarrollo de un tejido industrial más diversificado, competitivo y de mayor valor añadido.