Sudán, Sudán del Sur y la RDC: El hambre como arma de guerra
Lo bueno de matar a alguien de hambre es que las cuentas salen baratas. Matar con armas implica comprarlas, sortear los bloqueos internacionales, reponer las balas, pagar al combatiente, movilizarlo, alimentarlo, invertir en ropa, combustible... Matar de hambre sale más rentable. Y se hace. Entrados en el segundo cuarto del siglo XXI pueden encontrarse un puñado de casos donde el hambre y las crisis sanitarias, lejos de ser un drama que evitar, se convierten en una estrategia deliberada de los grupos armados, inclusive gubernamentales, en el panorama del conflicto.
La lógica ya la describió Naomi Klein en su libro La doctrina del shock: “igual que el prisionero aterrorizado que delata a sus compañeros y reniega de su fe, las sociedades en estado de shock a menudo ceden cosas que en otras circunstancias defenderían con uñas y dientes”.
Sudán
Está ocurriendo ahora. 19,5 millones de personas, el 41% de la población, sobrevive a una crisis alimentaria, y la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) sitúa el riesgo de hambruna en catorce zonas de Darfur y Kordofán. En mayo de este año, la ayuda llegó a 3,2 millones de personas, menos del 20% de quienes la necesitan, y lo hizo donde se podía llegar, dado que casi el 40% de los beneficiarios está en el este del país y no en las zonas afectadas por los combates. A Um Baru y Kernoi, las localidades con peor desnutrición del país, no llega nada desde marzo.
Incluso se acumulan ataques directos contra esta ayuda. En junio de 2025, un convoy conjunto del PMA y UNICEF fue atacado cerca de Al Koma, en Darfur Norte, después de recorrer 1.800 kilómetros. Murieron cinco contratistas sudaneses. Dos meses más tarde, un dron destruyó otro convoy de la ONU en la misma región, y un ataque armado obligó a Médicos Sin Fronteras a suspender el hospital de Zalingei en plena epidemia de cólera. Los ataques contra instalaciones humanitarias claramente señalizadas en Kordofán se describen ya como sistemáticos.
Debe aclararse, pese a todo, que ninguno de los dos bandos prohíbe la ayuda. Eso sería demasiado llamativo. Sencillamente, la administran hasta asfixiarla. El Ejército, desde Port Sudan, controla la puerta de entrada legal y decide quién sí y quién no tiene derecho a ayudar. En mayo de 2025 aprobó menos de la mitad de los visados solicitados por personal de la ONU y de las ONG; el 28 de enero de 2026 advirtió formalmente a las organizaciones internacionales contra cualquier cooperación con entidades afiliadas a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), bajo la amenaza de suspensión y la toma de acciones judiciales en caso de que hubiese algún tipo de colaboración; el 1 de febrero revocó las licencias de los teléfonos satelitales Thuraya, dejando a los equipos sin comunicaciones.
Para rematar, el Ejército impone además que la ruta comience desde Port Sudan, la más larga… y la que controla. Esperanza Santos, coordinadora de emergencias de MSF España desde El Obeid (Kordofán) confirma a POLITICAL ROOM que un cargamento puede tardar cuatro días en llegar a la ciudad desde Port Sudan, y añade que “anteriormente hay que hacer toda una serie de permisos, y luego se carga el camión y se hace una inspección física del camión por parte de las fuerzas militares. Normalmente se juntan varios camiones en convoy, y por eso, aunque tú ya hayas cargado, puede que se tarde unos días más en salir de Port Sudan”. La ayuda urgente llega irremediablemente tarde. Lo urgente deja de ser importante.
Enfermedades cutáneas, diarreas, enfermedades respiratorias, aumentos en los casos de sarampión y de difteria donde no llegan las vacunas, complicaciones durante el embarazo y el parto por la falta de asistencia, enormes dificultades de acceso a medicamentos y seguimiento para pacientes con patologías como diabetes, hipertensión o cardiopatías. Malnutrición. Desnutrición, que lleva a que el sistema inmunitario se vuelva más débil y aumente el riesgo de contraer una infección. En definitiva, una población crónicamente enferma, demasiado preocupada por sobrevivir como para intentar cualquier otra cosa. Un país entero asediado, por un bando u otro, donde los civiles se convierten en una ecuación excluida del escenario armado donde solo caben dos términos: aliados y enemigos.
Las RSF han montado directamente su propia agencia humanitaria, la NAHA, que en abril de 2025 obligó a las organizaciones a registrarse de nuevo, firmar acuerdos técnicos y reabrir oficinas en plazos fijados por esta nueva organización. Cercan ciudades (El Fasher hasta octubre de 2025, El Obeid desde febrero de 2026), cobran peajes en los controles y exigen datos de beneficiarios para decidir, otra vez, quién sí y quién no.
El resultado es una trampa administrativa: dos registros incompatibles, dos autoridades que se niegan mutuamente. Cumplir con una es delito para la otra. Son dos bandos, en definitiva, que utilizan el chantaje y el bloqueo de la ayuda humanitaria para decirle al mundo que son ellos quienes gobiernan en Sudán, los tomadores de decisiones, y no el otro. El hambre no solo es un arma de guerra en este escenario, es poder.
Al preguntar a Esperanza Santos qué restricción pedirían que se levantase, solo una, de poder elegir, no lo duda: “Sería la de los permisos de movimiento, ya sean para suministros o para personas. Porque, incluso una vez estamos en El Obeid, por ejemplo, cada movimiento dentro de la ciudad (ir al hospital, al campo de desplazados), conlleva una burocracia y unos permisos que vuelve muy lenta la respuesta ante emergencias”.
Sudán del Sur
Suma y sigue. Desde diciembre de 2025, el Gobierno de Juba bloquea el acceso humanitario a las zonas controladas por la oposición en Jonglei y el Alto Nilo. Este bloqueo se traduce en autorizaciones de vuelo denegadas, prohibiciones ante la entrada de suministros médicos y frenos en el despliegue de personal. Human Rights Watch documentó además bombardeos gubernamentales que alcanzaron diversos hospitales en 2025.
Uno de estos hospitales fue el de Médicos Sin Fronteras en la localidad de Lankien. Luz Linares, coordinadora general de MSF en Juba, confirmó en una entrevista para POLITICAL ROOM que todas las actividades médicas de MSF se suspendieron a partir de febrero, y añade que la organización “había prestado atención médica en Lankien durante más de treinta años […] La destrucción del hospital ha sido devastadora, tanto para nuestro personal como para el conjunto de la comunidad. Era una estructura de la que generaciones de personas habían dependido para recibir atención sanitaria esencial y de emergencia, y su pérdida no puede sustituirse fácilmente”.
No se trata de las necesidades que se generan hoy, en presente, durante el conflicto; trata de destruir estructuras sostenibles a largo plazo para crear en su lugar una población malherida, sumisa, a lo largo de años, puede que décadas, de manera que cualquier intento de resistencia quede rápidamente sofocado por la enfermedad. Un arma pasiva y barata.
El resultado de esta estrategia tiene números. Siete millones ochocientas mil personas necesitan ayuda alimentaria en el país y 73.000 se enfrentan a la inanición en el Alto Nilo y Jonglei, además, 2,2 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda. El sistema de alerta temprana situó en junio de 2026 a cuatro condados en riesgo creíble de hambruna hasta enero de 2027: Akobo, Nyirol, Ulang y Nasir. Luz Linares confirmó además que 100.000 personas evacuadas de Akobo se desplazaron al otro lado de la frontera, hacia Etiopía.
Quien intenta llevar la comida tampoco se salva del desastre. El Programa Mundial de Alimentos alcanzó a unas 875.000 personas en junio, pero suspendió los repartos en Duk tras el ataque a un convoy el 29 de junio de este año, los pausó en Akobo Oeste por inseguridad y mantiene parados los de Baliet después de un saqueo. Linares lo explica, probablemente, mejor que nadie: “Lankien forma parte de un patrón más amplio de ataques contra la atención sanitaria en Sudán del Sur. Médicos Sin Fronteras ha sufrido trece ataques en Sudán del Sur durante los últimos dieciocho meses. Nuestras estructuras han sido destruidas o incendiadas, y miembros de nuestro personal han sido desplazados y asesinados. Todavía no comprendemos plenamente el impacto a largo plazo de estos ataques, pero sus consecuencias se sentirán durante años”.
República Democrática del Congo
El brote de ébola declarado en mayo de 2026 en el este de República Democrática del Congo es ya el más letal en la historia del país y va camino de convertirse en el brote con más muertes acumuladas del mundo. A los tres meses de que la OMS diera la voz de alarma, la epidemia de África Occidental de 2014 (la peor hasta la fecha, con 11.310 muertos) acumulaba 338 fallecidos. El brote congoleño, en ese mismo punto del recorrido, va por 2.325. La cepa que arrasa se conoce como Bundibugyo, para la que no existe una vacuna aprobada hasta la fecha. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió en julio que la epidemia “sigue superando a la capacidad de respuesta” y que existe un déficit en la financiación de más de 400 millones de dólares en plan continental conjunto OMS–Africa CDC.
Pero. La epidemia (otra vez) se cruza con una disputa de soberanía entre los grupos armados que controlan enormes extensiones del este del país, y el propio gobierno congoleño. Un análisis reciente de Mercy Corps registró 68 incidentes de seguridad dirigidos contra la respuesta al ébola en Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur entre mayo y junio de 2026. Al menos once centros sanitarios resultaron dañados en estos ataques y treinta trabajadores humanitarios resultaron heridos.
El 6 de julio, milicianos del Frente Patriótico e Integracionista del Congo impidieron a una organización humanitaria entregar material de prevención en la jefatura de Baboa-Bokoe, mientras que un centro de tratamiento en Bunia también ha sido atacado.
La obstrucción más grave, nuevamente, es política. En lugar de existir una única administración sanitaria en el este del país, en realidad son dos las que están en funcionamiento, según la zona. Por un lado, está el Gobierno en las áreas bajo su control, por el otro opera el M23 como autoridad de facto en su territorio. El famoso grupo rebelde ha llegado a levantar sus propios centros de tratamiento en la ciudad de Goma, capital de Kivu Norte. Ruanda, aliada probada del M23, ha llegado a cerrar la frontera con el Congo, lo que dificulta enormemente desplegar equipos médicos en Kivu Norte. Debe saberse que el acceso más rápido (y factible) al este congoleño, un país inmenso, no pasa por su propia capital, Kinshasa, sino por Ruanda y Uganda.
Por eso el resultado. El seguimiento de contactos en la zona está en el 75%, cuando la contención exige un 95%. Los centros de tratamiento del Kivu Norte funcionan al 139% de su capacidad. La OMS ha determinado que, en algunas zonas, y no solo las ocupadas por el M23, la epidemia corre más rápido que la respuesta sanitaria.
La colaboración entre el gobierno congoleño y el M23 ante la crisis es nula. Cero. La expansión de la epidemia de ébola es preferible a aparcar sus diferencias, aunque sea en materia sanitaria, de lado. Otra vez, la ayuda humanitaria es un accesorio útil con que el M23 pretende probar su capacidad de respuesta, es decir, su capacidad de gobernanza, en un formato de cabezonería política donde, es paradójico, la muerte de los ciudadanos sirve como prueba de que los ciudadanos están a salvo.