Por Diego Duarte Valdivia.

EL 18 de octubre de 2019, será una fecha difícil de olvidar para Chile. En un acto de rebeldía simultánea, cientos de miles de personas se volcaron a las calles para exigir igualdad social y económica en lo que parecía ser un “oasis en Latinoamérica”.[1]Un hecho que la prensa nacional bautizó como “Estallido Social”.

El 19 de octubre, en vista de que las protestas no cesaban y, en algunos casos, se estaban volviendo violentas. El gobierno decidió decretar estado de emergencia y poner a militares en las calles para ayudar a la policía a mantener el orden, se impuso el toque de queda en la capital y comenzaron las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.

Las primeras denuncias de abuso y tortura, eran rápidamente negadas por el gobierno y partidos políticos de su coalición. Si en algo existía consenso en la discusión política chilena era el “Nunca Más”. Podían existir muchas diferencias en el espectro político chileno, pero cuando se trataba de violaciones a los Derechos Humanos, existía una sola postura: Tolerancia Cero.

A pesar de que ni el gobierno, ni ningún parlamentario o partido político (que tuviera relevancia en la política nacional) defendieron o justificaron el abuso policial/militar con detenidos y manifestantes, si existió una postura negacionista con los atropellos de derechos fundamentales.

Sin embargo, este negacionismo no duró mucho como política comunicacional del gobierno. Los informes de organismos internacionales, lanzados semanas y meses posteriores al 18 de octubre, tales como; Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, colocaban en evidencia algo que los manifestantes en Chile sabían desde el primer día de las protestas: Se violaron los Derechos Humanos en Democracia.

*Fotografía de la “marcha más grande en la historia de Chile”.*

El informe de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) se convirtió en la primera organización internacional de defensa de los Derechos Humanos en denunciar los atropellos y vulneraciones que se estaban generando en Chile. AI envió una comisión a visitar el país en noviembre, en pleno auge de las protestas y de los atropellos a los derechos básicos de las personas. En la publicación de su balance anual Latinoamericano, AI aborda el caso chileno con mayor énfasis en los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre.

En el informe, la sentencia es clara: “Chile cerró el año 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura cívico militar del general Augusto Pinochet”.

Aunque Chile, según las cifras de Insight Crime, fue el país menos violento de este período -con una tasa de homicidio de 2,6 por cada 100 mil habitantes-; en los últimos meses ha enfrentado una compleja crisis en materia de Derechos Humanos, agravada principalmente por el estallido social.

“La crisis de Derechos Humanos producida a partir del 18 de octubre no tiene precedentes, salvo lo que se vivió en la Dictadura Cívico Militar, y más preocupante es que, sobre todo las primeras semanas, no hubo una real dimensión de la crisis que estábamos viviendo, y los actores políticos no generaron las acciones para detener la generalizada violación de Derechos Humanos”. Dijo Roberto Morales, vocero de AI, en el lanzamiento del informe.

También recopilaron información de las instituciones del estado, de las cuales se cuenta, el Ministerio de Salud, que registró más de 13 mil personas heridas durante los dos primeros meses de protestas y, la Fiscalía Nacional, que registra 2.500 denuncias por violaciones a los derechos humanos (a la fecha en que realizó el informe).[2]

En su lanzamiento, el vocero de la ONG además declaró: “Las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los Carabineros, se contaban por miles. Estos abusos pasan desde el uso de armas letales contra los manifestantes, uso de munición potencialmente letal y de gases lacrimógenos de manera injustificada, generalizada e indiscriminada, ataques contra periodistas y violencia contra personas a las que ya se había arrestado”.

*Militares patrullando en frente del palacio de gobierno.*

Las acusaciones de la ONU

El 13 de diciembre se publica un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[3]. En él se detallan las primeras observaciones de vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas. El informe fue elaborado luego de una investigación realizada desde el 30 de octubre al 22 de noviembre de 2019 en siete regiones del país y sobre la base de entrevistas con autoridades gubernamentales, organizaciones civiles y 235 víctimas.

En el informe se evidencia de que existieron vulneraciones en la mayor parte del territorio nacional, pero la mayor concentración existió en la capital del país.

“Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias.” Dijeron desde la ACNUDH.

El informe concluía con una recomendación al Estado Chileno de poner fin al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios. Ya que, de la forma en la que estaba siendo utilizada por los carabineros de Chile, esta constituiría violaciones a los Derechos Humanos.

Las recomendaciones anteriores fueron, en su mayoría, ignoradas por el gobierno. Lo anterior se evidencia en el comunicado que emitió la ACNUDH el 13 de marzo.[4]

Reconocieron que la nueva implementación de cámaras para el personal policial iba en buen camino, pero también advirtieron que siguen recibiendo denuncias sobre palizas, atropellos, uso indebido de las herramientas de represión y otras abusos y violaciones.

El representante para América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo que la ANCUDH no evidenció “avances significativos” en la puesta en marcha de gran parte de las recomendaciones.

Dentro de las recomendaciones que realizaron, se encontraba crear un mecanismo de supervisión en conjunto con la sociedad civil y el organismo de la ONU. Mecanismo que no se implementó

Recomendaban, además, dejar de disparar cartuchos lacrimógenos directamente al cuerpo de las personas. Debido a la potencial letalidad que esto implica. Al respecto Jarab afirmó que, continuaron recibiendo denuncias de trauma craneal o perdidas de la visión por el uso indiscriminado de estas armas.

Dentro de las denuncias que siguieron recibiendo afirman que les llegaron testimonios y registros audiovisuales de: “atropellos producidos por carros policiales y golpizas por parte de Carabineros, y en particular información de agresiones contra brigadas voluntarias de salud, periodistas, observadores de la sociedad civil e incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

A las denuncias de Amnistía Internacional y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también se sumó las de la Comisión Chilena de Derechos Humanos tildando en un comunicado el actuar del gobierno de Sebastián Piñera como: “un Gobierno que no escucha las demandas mayoritarias del pueblo chileno, que desoye las recomendaciones de Naciones Unidas, que defiende el statu quo a través de iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis y cuyo único sostén de apoyo es la fuerza de la represión, violando los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, convierte al Presidente elegido democráticamente en ilegítimo, carente de autoridad, por incumplir su principal deber de mandatario, cual es acatar y defender los legítimos intereses de su mandante, el pueblo chileno, y el de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en los Pactos y Convenciones suscritos y ratificados por el Estado de Chile, incurriendo con ello, en grave responsabilidad ante los órganos del Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional”.[5]

*Militares chilenos apuntando a la cabeza de un manifestante en el suelo.*

El informe de Human Rights Watch

A finales de noviembre Human Rights Watch (HRW), dio a conocer su informe tras dos semanas de observaciones del comportamiento de la policía chilena con los manifestantes. El resultado no discrepa mucho de los informes de AI y de la ONU.

Para realizar su investigación HRW entrevistó a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso, entre víctimas, carabineros, médicos, abogados, académicos y representantes de la sociedad civil. Además, se reunieron con altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.

El informe muestra que existe evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, y que hay pruebas consistentes de que los carabineros utilizaron la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirieron a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no.

Además, indican que los carabineros también golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas “bean bag” (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas.

*Radiografía de un paciente alcanzado por un cartucho de impacto de tipo “bean bag” e imágenes de la munición extraída del cráneo del paciente el 28 de octubre de 2019.*

Algunos de los testimonios que recopiló HRW fueron:

Marlene Morales Canales, de 33 años, se aproximó a una multitud cerca de su vivienda en Santiago el 19 de octubre acompañada de su hija de 14 años, según contó a Human Rights Watch. Vio carabineros a unos 20 metros de distancia, escuchó disparos y sintió el impacto de un perdigón en el ojo derecho. “Perdí la visión inmediatamente. Había mucha sangre”, afirmó. Tras los disparos, los carabineros también empezaron a usar gases lacrimógenos. Los médicos le dijeron que no hay posibilidades de que recupere la vista en el ojo derecho.

*Marlene Morales el 15 de noviembre. © 2019 César Muñoz Acebes.*

Ronald Barrales, de 36 años, contó que participaba en una manifestación en el centro de Santiago el 11 de noviembre cuando un grupo de personas empezó a arrojarle piedras a un furgón de carabineros. Barrales intentaba pasar caminando por allí cuando un carabinero abrió la puerta del acompañante del vehículo, le apuntó con un arma desde una distancia de ocho metros y disparó. Los perdigones le dieron en el abdomen, el pecho y el ojo izquierdo. Los médicos le dijeron que no hay posibilidades de que recupere la vista en ese ojo.

Ronald Barrales al llegar al Hospital Santa María Hospital el 11 de noviembre. A la derecha, en una radiografía el perdigón que le impactó en el ojo se observa como un objeto redondo brillante. © 2019 Cortesía de Ronald Barrales.

El 29 de octubre, los carabineros hirieron a Jorge Ortiz, director de la Unidad de Finanzas del INDH, mientras monitoreaba las protestas en la Alameda. Ortiz llevaba un chaleco y un casco amarillos, ampliamente reconocidos en Chile como el uniforme del equipo del INDH. Recibió seis heridas de perdigones en la espalda, los glúteos y la parte trasera de la pierna izquierda mientras se alejaba corriendo de los carabineros, que disparaban hacia una zona donde había manifestantes cerca de donde se encontraba el equipo del INDH, señaló Ortiz.

Jorge Ortiz fue alcanzado por seis perdigones pese a que vestía el chaleco y el casco amarillo que distinguen al equipo del Instituto, elementos que son ampliamente reconocidos. © 2019 Cortesía de Jorge Ortiz.

Claudio Muñoz, de 18 años, dijo que dos personas vestidas de civil lo detuvieron y lo golpearon mientras se alejaba corriendo tras arrojar una piedra contra un camión de carabineros en Santiago el 20 de octubre. Lo entregaron a los carabineros, que también lo golpearon y lo trasladaron a una comisaría cercana. Allí dentro, más de 10 agentes le dieron puntapiés y puñetazos y lo golpearon con un bastón policial.

Más tarde los carabineros lo llevaron a otra comisaría más grande, y allí volvieron a golpearlo en dos ocasiones. Los agentes hicieron que él y otros tres detenidos, incluido un niño de 14 años, se desnudaran e hicieran sentadillas, dijo Muñoz.

*Claudio Muñoz el 21 de octubre, el día que fue liberado. © 2019 Cortesía de Claudio Muñoz.*

El 21 de octubre, infantes de Marina detuvieron a Juana Molina (seudónimo), de 39 años, cerca de un supermercado en Valparaíso que había sido recientemente saqueado, junto con otras 11 personas que estaban en la zona según testimonios recabados por la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Los agentes jalaron el cabello de Molina, la arrojaron al suelo y le propinaron golpes en la espalda con sus armas. Le ordenaron que “caminara como un perro” mientras le apuntaban con sus armas, hasta llegar a una parte de la calle donde corría agua, y allí le dijeron que se arrastrara “como [un] gusano”.

Más tarde la llevaron al supermercado que había sido saqueado, donde los agentes la pusieron contra el piso, que estaba cubierto de vidrios rotos, y le pisaron la cabeza y los pies. Los agentes no llevaban placas identificatorias y tenían sus rostros cubiertos, dijo Molina a los abogados de la clínica jurídica.

Más tarde fue llevada a una comisaría de carabineros, donde no se le permitió hablar con su familia ni con un abogado, y luego los funcionarios allí la obligaron a firmar un documento que, según dijo, no pudo leer con atención pero decía que “no tenía lesiones”. Mientras estuvo detenida esa noche junto con otras mujeres, los agentes las despertaron en dos ocasiones y no les permitieron ir al baño. El 22 de octubre, fue acusada de robo y liberada pendiente de investigación, con la condición de no acercarse al supermercado.[6]

Las peores violaciones a los Derechos Humanos desde la dictadura de Pinochet

El día 23 de diciembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer un informe donde se evidenciaban que se habían cometido los mayores atropellos a los derechos fundamentales de las personas desde el regreso a la democracia.[7]

Sergio Micco, director del INDH, afirmó que el actuar de los carabineros tenía un cierto patrón que venía arrastrándose con el tiempo. Se lleva"realizando desde hace años pero el contexto e intensidad actual han causado serios perjuicios a las personas, tales como el uso indiscriminado de escopetas anti motines, desnudamientos, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes".[8]

"En el periodo que dura este informe se han cometido múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, no tratándose de hechos aislados o simples excesos". Aseguró el director de la institución a cargo de velar por la protección de los DD.HH en Chile.

"El Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos. Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares. Sin perjuicio de lo anterior, será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas".

El INDH también afirmó que existe una indebida autonomía en los carabineros. Una desconexión entre la autoridad civil y la jerarquía de la policía chilena.

Sobre las vulneraciones de derechos fundamentales en mujeres y niñas, el INDH dio a conocer, en el día internacional de la mujer (8 de marzo), el siguiente balance: “Desde el 18 de octubre han sido ingresados a tribunales 490 casos de mujeres y niñas que fueron víctimas de violaciones a los derechos fundamentales. De estos, 247 corresponden a torturas y tratos degradantes (57%) y 112 fueron por tortura con violencia sexual (26%).[9]

*Ultimo balance público del INDH, antes de la crisis del Coronavirus.*

Cabe destacar que, de los 490 casos, 62 son niñas.

*Detalle de abusos cometidos contra niñas y mujeres. Publicado el 8 de marzo, día internacional de la mujer*

Las investigaciones de fiscalía

El 31 de enero de 2020, la fiscalía de Chile anunciaba que existía un total de 5.558 casos de violaciones a los Derechos Humanos en Chile[10]. De los cuales, 4.525 son hombres y 1.031 mujeres mientras que del mismo total, 4.719 son adultos y 834 son niños, niñas o adolescentes.

Del total de víctimas, 21 acusan discriminación por pertenecer a la comunidad de diversidad sexual y 19 acusan discriminación por pertenecer a la comunidad indígena Mapuche.

De los delitos sexuales, los testimonios de las victimas denuncian que 192 personas habrían sufrido desnudamientos; 67 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual; y 15 de amenazas de cometer delitos sexuales en su contra.

Las principales denuncias apuntaron hacia Carabineros (4.170), el Ejercito de Chile (244), Policía de Investigaciones (96) y la Armada de Chile (27).

La fiscalía también ha dicho que desde el inicio de la revuelta han fallecido 31 personas, cuyas investigaciones se mantienen abiertas. Actualmente existen cuatro muertes atribuibles a agentes del Estado, mientras que otras dos fallecieron estando bajo custodia.[11]

¿Cuál es el futuro de los DD.HH en Chile?

"En medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable"[12]. Aseguraba el presidente Sebastián Piñera el 8 de octubre de 2019, la frase estaba inmersa en el contexto de crisis sociales, económicas y políticas que estaban sacudiendo a la mayoría de los países latinoamericanos con excepción, hasta el momento, de Chile.

Diez días después, comenzaba la revuelta mas grande en la historia del “oasis latinoamericano”, y de la mano con las protestas, las mayores violaciones a los Derechos Humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet.

La respuesta del gobierno a las protestas fue hacer un llamado a un “plebiscito por una nueva constitución” (cuya fecha aun esta en duda), un “acuerdo por la paz” entre la mayoría de los partidos políticos (que están deslegitimados por la ciudadanía) y reformas económicas y sociales (consideradas insuficientes por expertos y organizaciones sociales).

Pero las respuestas del gobierno al estallido social que más han impactado a la ciudadanía chilena, son aquellas relacionadas con la seguridad. Se aprobaron las llamadas leyes “anti-saqueos” y “anti-barricadas”. Si bien el espíritu de estas leyes es resguardar el orden y la seguridad, en la práctica dan a lugar a que se cometan abusos y atropellos de la misma forma en que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante. Esto se debe a la notoria desconexión de la policía chilena con la autoridad civil, casos históricos de abuso del poder institucional[13]y, desde octubre de 2019, evidencia irrefutable de violaciones a los derechos humanos.

Más allá de la ironía de las palabras del presidente Piñera sobre su percepción de la estabilidad política y democrática de Chile frente a sus vecinos, es necesario volver al origen de la gravedad de estos abusos. Se creía que una de las herencias de la dictadura iba a ser el “Nunca Más”, una promesa de respeto por la dignidad de los seres humanos en todo momento. El actuar de las fuerzas de orden y seguridad desde el 18 de octubre y en adelante, nos demostraron que las reformas institucionales que se aplicaron en la vuelta a la democracia, simplemente, no bastaron.

La dictadura de Pinochet (1973-1989), fue uno de los episodios más dolorosos de la república de Chile. Con alrededor de 40.000 víctimas, de las cuales se cuentan asesinados, desaparecidos, torturados, etc.[14]

Muy poco se ha avanzado en justicia, impunidad y condiciones especiales de encierro para los militares que sí fueron condenados, lo hicieron fruto de las exigencias de Pinochet y las Fuerzas Armadas para que volviera la democracia a Chile. También bautizado como "verdad y justicia en la medida de lo posible", por el primer presidente democrático tras Pinochet, Patricio Aylwin[15].

La respuesta del gobierno de Sebastián Piñera al estallido social ha dejado, hasta el momento, más de 5.000 víctimas. Además de un consenso en el derecho internacional de que, efectivamente, ocurrieron violaciones a los Derechos Humanos durante su gobierno y que poco o nada se ha hecho para reformar las instituciones policiales.

Si el presidente Piñera deberá dar respuestas ante un tribunal penal nacional o internacional o gozará de la misma impunidad que recibieron, en su mayoría, los últimos violadores a los Derechos Humanos en Chile, solo el tiempo nos dirá.

*Carabineros disparando a manifestantes*

[1] Frase dicha por el presidente chileno Sebastián Piñera en 2019, en relación los problemas sociales y económicos que vivían los países de la región

[2] https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0113532020SPANISH.PDF

[3] https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf

[4] https://news.un.org/es/story/2020/03/1471151

[5] https://radio.uchile.cl/2020/01/19/comision-chilena-de-dd-hh-realiza-negativo-balance-a-tres-meses-del-18-o/

[6] https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas

[7] https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2019/12/informe-20-dic.pdf

[8] https://www.latercera.com/nacional/noticia/indh-acusa-las-mas-graves-violaciones-los-ddhh-desde-1989-hechos-ocurridos-estallido-social/949437/

[9] https://www.cnnchile.com/pais/indh-casos-vulneracion-mujeres-ninas-estallido-social_20200308/

[10] http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17285

[11] https://www.cnnchile.com/pais/fiscalia-denuncias-violaciones-dd-hh-5-558_20200131/

[12] https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/

[13] https://ciperchile.cl/2017/03/16/corrupcion-en-carabineros-las-mas-de-40-alertas-que-nadie-quiso-escuchar/