La Pesca Ilegal en Argentina y la región Latinoamericana
Por Patricio Da Rocha.
Cuando hablamos de lo que popularmente se conoce como “pesca ilegal”, en verdad, estamos haciendo referencia a lo que técnicamente se conoce como “pesca ilegal, no declarada o no reglamentada” (INDNR). Resumidamente podemos decir que, pesca ilegal, es la que se realiza sin los permisos correspondientes, no declarada, es la que justamente no ha sido declarada o lo ha sido de modo inexacto (en especie y/o cantidad) y, no reglamentada, es que no está en consonancia con las medidas de conservación y ordenación de los correspondientes organismos que controlan la conservación de los recursos marinos vivos en virtud del derecho internacional.
En la zona del Atlántico Sur, más precisamente en la zona económica exclusiva Argentina (ZEEA), desde los años 80 se viene practicando de manera creciente y sostenida todos estos tipos de pescas irregulares mayoritariamente por parte de China, Taiwán y Corea del Sur. Con lo cual, se atenta gravemente a la soberanía alimentaria de dicho país, a su economía y, sobre todo, al medio ambiente. Aunque en los últimos años en la Argentina se ha observado un incremento en el interés del consumidor por este tipo de alimentos, es una nación de relativamente bajo consumo de productos de mar debido, en gran medida, a su fuertísima industria ganadera, la cual es parte de su cultura y tradición.
Sin embargo, todo indica que la maricultura tendrá un crecimiento exponencial en este país y en el mundo en los próximos años. Ya que según un estudio realizado por la Universidad de Santa Bárbara de California (Estados Unidos), respaldado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), los alimentos procedentes del mar, que hoy representan el 17% de las proteínas animales consumidas por la población mundial, mostrarán un incremento de los productos marinos de entre 80.000 y 103.000 millones de kilos de proteínas, frente a los 59.000 millones actuales, constituyendo un 25% de las que precisará la alimentación de la población mundial en 2050.
En el plano económico, el déficit es grave. Se estima que la pesca ilegal le supone al Estado argentino una pérdida anual que va desde los 2mil millones de dólares (producto sin elaborar) hasta los 14mil millones de dólares (producto elaborado), lo cual puede significarle hasta aproximadamente un 3% de su PBI. Estos números nos muestran que estamos ante un negocio ilícito multimillonario, por ello, los armadores suelen no reclamar los buques capturados por los estados ribereños, ya que la cargas son de mucho mayor valor que el propio buque. Por esta razón es que se utilizan para este tipo de delitos embarcaciones en pésimas condiciones, de descarte.
En el plano ambiental, el impacto es devastador. La pesca ilegal del calamar (Illex argentinus) es la más común en la zona argentina, sin reparar en cantidades, especies ni técnicas. En ocasiones, utilizan la pesca de arrastre, con lo cual capturan el producto que les interesa, pero a su vez extraen especies protegidas en peligro de extinción y otras especies que luego descartan, ya muertas, por no tener valor comercial. “La flota de aguas profundas de China, que hoy en día incluye más de 17.000 buques, incurre en una amplia gama de conductas problemáticas en las aguas de América Latina, entre ellas la sobrepesca, la captura deliberada y accidental de especies protegidas, el uso de redes de arrastre y otras prácticas”(Evan Ellis, analista del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos).
En la temporada del calamar, que va desde enero hasta marzo en el Atlántico Sur, se estima que puede haber una flota de unos 350 buques poteros que realizan estas prácticas de manera conjunta. Incluso se ofrecen apoyo mutuo y colaboración, al punto de realizar ataques coordinados embistiendo de manera deliberada a los buques de la Armada y de la Prefectura Argentina, para así lograr la fuga de buques “amigos” de los armadores de su misma bandera.
A su vez, estos barcos son asistidos por buques reefer los cuales se abastecen en altamar y llevan la carga de los poteros cuando estos han alcanzado su máxima capacidad de almacenamiento. También se han localizado buques tanques que les proveen el combustible necesario. Con este sistema de abastecimiento en alta mar, evitan tener que hacer puerto en el estado propietario de la ZEE correspondiente. Evadiendo así, todos los controles, regulaciones e impuestos.
En materia de derecho internacional, podemos decir que “hecha la ley, hecha la trampa”. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), existe la libre navegación y sobrevuelo (no militar) de los mares. Incluso sin necesidad de dar aviso o solicitar permiso al país correspondiente para el paso inocente. Por esto, el simple hecho de que un buque se encuentre navegando por el mar de otro país no representa ningún tipo de delito ni falta, sólo lo es si se lo encuentra infraganti pescando de manera irregular. Es decir, pescando dentro de la ZEE sin el correspondiente permiso o incumpliendo las reglamentaciones referidas al tipo de pesca y las técnicas aplicadas, como ser, la pesca de arrastre o la pesca de especies declaradas en peligro de extinción, etc. Hay que tener en cuenta que los derechos transgredidos son sobre los recursos y no sobre la navegación dentro de la ZEE en sí.
Es importante tener en cuenta que la pesca ilegal en Argentina no es un delito, es una contravención, con lo cual, el personal del buque no puede ser detenido. El protocolo legal correspondiente es: decomisar la carga y secuestrar el buque hasta tanto el armador de origen se presente y ejecute el pago de las multas correspondientes o bien inicie un litigio legal, ganando este último. Las multas suelen ser muy bajas en relación al negocio que intentan combatir, por lo tanto, no significan al día de hoy, una medida eficiente.
Caso emblemático:
“Persecución del buque pesquero “HUA LI 8” (bandera china).
El mencionado buque, en el año 2016, fue detectado por el Guardacostas GC-26 THOMPSON con las luces de las poteras encendidas, ancla de capa y al garete, en evidentes tareas de pesca ilegal dentro de la ZEEA; puesto en ejecución el Protocolo de detección de buques que operan ilegalmente en nuestro país, se le ordeno cesar su actividad y permitir ser inspeccionado por el personal de esta Autoridad Marítima, no acatando su Capitán las órdenes impartidas e iniciando una fuga con rumbo este, eludiendo el accionar del Guardacostas luego de varias horas de persecución. A instancias de la Prefectura, la Justicia Federal dictó el “pedido de captura internacional” por el DELITO DE ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD (Art. 239º del Código Penal de la Nación Argentina), emitiendo Interpol una alerta internacional contra el buque, a través de una notificación MORADA. Finalmente, el buque fue capturado en aguas de Indonesia por las autoridades de ese país” (argentina.gob).
La estrategia argentina desde el 2016, ante esta problemática tan compleja, se la puede ver en este caso particular. En lugar de intentar apelar al derecho sobre los recursos o los convenios del mar, busca disuadir con la figura legal de “atentado y/o resistencia a la autoridad” cuando estos buques intentar embestir a las fuerzas argentinas y se niegan a ser revisados o emprenden la fuga.
En Ecuador e Islas Galápagos la situación es casi idéntica con las particularidades del caso. La depredación de la pesca furtiva en esta región está haciendo estragos irreparables en su ZEE y en la zona de protección de biodiversidad. Además de desechar todo tipo de residuos que terminan en las playas de Ecuador, unos 300 buques poteros cada año ponen en grave riesgo la supervivencia de la fauna ictiológica, con el agravante de que esta es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo.
El proceso migratorio de esta fauna marina atraída por la corriente fría de Humboldt y su proceso de reproducción, coinciden con la temporada de pesca furtiva, predatoria e ilegal. Afectando así a tortugas, mantarrayas, tiburones y hasta incluso aves. Un pequeño ejemplo de este modus operandi, fue el caso del buque Fu Yuang Yu Leng 999 capturado con 300 toneladas de pescado (incluidos 6.000 tiburones ballenas en peligro de extinción) obtenidos ilegalmente en las aguas protegidas de Galápagos en agosto de 2017.
Ante este cuadro de situación, Evan Ellis comentó: “Los gobiernos latinoamericanos pueden ser reacios a poner en peligro el comercio, los préstamos y las inversiones de China exigiéndole que asuma la responsabilidad de su flota pesquera”. Su compatriota Mike Pompeo (ex secretario de Estado de EE.UU.) esbozó: “Apoyamos firmemente los esfuerzos de Ecuador para garantizar que las embarcaciones con bandera de la República Popular China no participen en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.
A lo cual Wang Wenbin (vocero del Gobierno Chino), respondió calificando a los dichos de estos funcionarios estadounidenses como “declaraciones irresponsables” y agregó: “Me gustaría recordarles a los funcionarios estadounidenses que su país no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y, por lo tanto, no está acreditado para hacer críticas injustificadas”.
Beijing ha anunciado que desde el año 2020, sus barcos pesqueros entrarán en una “moratoria de pesca”durante los meses de septiembre y noviembre, en alta mar al oeste de la zona de protección de las islas Galápagos. China manifestó también su disposición para que las autoridades ecuatorianas supervisen los barcos pesqueros chinos que se encuentran en alta mar, así como a establecer canales de comunicación para que se reporte cualquier indicio de pesca ilegal por parte de su flota. “China garantiza ‘tolerancia cero’ con todas sus embarcaciones que incurran en pesca ilegal y con las empresas a las cuales pertenezcan”.
A su vez, Pekín, en aquella ocasión, le solicitó a Buenos Aires que investigase de manera inmediata el hundimiento de un pesquero chino “Lu Yan Yuan Yu” efectuado por guardacostas argentinos, tras presentar una queja formal y manifestar su "grave preocupación" por el suceso. Presionando así al gobierno argentino y las decisiones futuras que este tome en la materia.
Reflexión:
Los casos de Argentina y Ecuador son una referencia muy importante para esta problemática, la cual está siendo muy característica del Siglo XXI. Este drama mundial no sólo incide en los países ribereños de las correspondientes ZEE , sino que también es un asunto de medio ambiente que afecta, como todo lo referido a lo medioambiental, al planeta entero. Este delito en la actualidad es la tercera actividad delictiva más lucrativa del mundo, luego del tráfico de armas y de drogas. Además de fomentar la competencia desleal, la explotación laboral, el trabajo forzoso, la evasión fiscal, el lavado de dinero, etc.
Mientras tanto, las dos grandes potencias en disputa, EE.UU. y China, se juegan el liderazgo y el control sobre las soberanías de los países en desarrollo de la región. Utilizando técnicas que, a día de hoy, suenan anticuadas y previsibles mostrándose como benevolentes colaboradores o bien, ejerciendo todo el poder de su diplomacia según la ocasión lo requiera.
Una salida loable a la problemática de la pesca ilegal, así como de tantos otros asuntos, será posible siempre y cuando ese deseo de colaboración entre las naciones del mundo sea auténtico. Por eso, es bueno pensar que, para que todos ganemos mucho, es necesario que todos perdamos un poco.
REFERENCIAS:
Contralmirante, Lenin Sánchez Miño Director Nacional de Espacios Acuáticos de la Armada de Ecuador.
Diario Infobae, Argentina.
www.fao.org(Organización de las Naciones Unidas).
Instituto Geográfico Nacional Argentino.
Confederación Española de Pesca.
Instituto de Relaciones Internacionales, Argentina.
Capitán de Navío de la Armada Argentina, Hernán Montero.
www.dw.com
