Activos rusos congelados: Europa debate mientras Ucrania se queda sin tiempo

Cuando Rusia inició la invasión de Ucrania, la Unión Europea y sus aliados respondieron con sanciones masivas en un intento de aislar a Moscú de la comunidad internacional. Entre esas medidas punitivas destacaba la congelación de los activos del Estado ruso depositados en bancos occidentales. 

Aproximadamente 300.000 millones de dólares quedaron congelados en todo el mundo, de los cuales 210.000 millones de euros se encuentran en jurisdicciones de la Unión Europea. La mayor parte de esos fondos “europeos”, unos 185.000 millones de euros, permanecen custodiados por Euroclear, una empresa belga. 

De esta manera, y a medida que la guerra se prolongaba y las necesidades de financiación de Ucrania cada vez eran mayores, se tomó conciencia de que la congelación de estos activos no era suficiente y que se debía hacer algo con ellos. Sin embargo, casi cuatro años después de la invasión, la decisión al respecto continúa sin tomarse, paralizada por los enormes obstáculos legales, políticos y económicos que enfrenta. 

La propuesta europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó una propuesta que busca desbloquear estos activos sin vulnerar formalmente el derecho internacional ni confiscar directamente el capital principal. El plan consiste en movilizar hasta 140.000 millones de euros mediante un préstamo de reparación: los activos rusos vencidos como colateral para la emisión de bonos a corto plazo de la Unión Europea. 

En términos más sencillos, Bruselas utilizaría estos fondos para otorgar un préstamo a Ucrania a coste cero. Kiev solo tendría que devolverlo una vez se ponga fin a la guerra y Rusia pague las reparaciones correspondientes. Mientras tanto, la Unión Europea sustituiría ese dinero ruso con una promesa de pago propia, para que, si algún día Moscú reclama el capital, esté cubierto y nadie pierda nada. 

Siguiendo el plan de la Comisión, Rusia mantendría formalmente sus derechos sobre los 185.000 millones de euros depositados en Euroclear, evitando así la confiscación, mientras que la empresa belga tendría como activo de respaldo bonos emitidos por la Comisión Europea (con un valor equivalente) para cubrir esa obligación en caso de que fuera necesario. La diferencia respecto a la situación actual radicaría en que Euroclear invertiría el efectivo ruso en estos bonos de la Comisión en lugar de mantenerlos congelados como hasta ahora. 

El bloqueo

Sin embargo, esta propuesta genera dudas en Bélgica. El primer ministro belga teme dos escenarios principalmente: El primero de ellos es que el esquema de la UE asume que Rusia pagará reparaciones, pero Bélgica teme que esto no se produzca o no se haga en la cantidad equivalente a los fondos utilizados, lo que dejaría expuesto al país a reclamaciones masivas por parte de Moscú. 

Para solucionar esto, Bélgica exige una defensa legal más sólida e inquebrantable, ya que considera la propuesta actual como endeble desde el punto de vista legal. La segunda preocupación es que el esquema, al formar parte de las sanciones de la UE, requiere que se renueve cada seis meses por unanimidad. Si este no se renueva, el mecanismo de la UE se cae y Bélgica de nuevo quedaría expuesta a reclamaciones masivas. 

En este sentido, desde Bruselas exigen que el riesgo se mutualice y que todos los Estados miembros de la UE se comprometan a pagar las reparaciones en caso de que se produzcan y no sea Bélgica quién asuma toda la inseguridad en solitario. Otra cuestión en la que insisten los belgas es que los activos rusos no solo se encuentran en su país, ya que Francia y Luxemburgo tienen en torno a unos 30.000 millones de euros. 

La Comisión, por su parte, afirma que hay garantías legales sólidas. Argumenta que, si Rusia no paga reparaciones, el dinero seguirá congelado indefinidamente y solo se desbloqueará en caso de que Moscú acepte pagar. Respecto a la mutualización del riesgo, no todos los Estados miembros parecen estar por la labor, como ocurre en el caso de Eslovaquia, cuyo primer ministro ha declarado públicamente que se opondrá a cualquier mecanismo que les obligue a asumir responsabilidades sobre los activos rusos. 

Por otro lado, Von der Leyen está tratando de modificar el sistema de toma de decisiones para que las nuevas sanciones sigan aprobándose por unanimidad, como hasta ahora, pero la renovación de las mismas sea por mayoría cualificada, evitando los bloqueos de un solo estado. Por último, la Comisión se ha mostrado abierta a incluir los activos que se encuentran en Francia y Luxemburgo en el esquema propuesto, aunque las discusiones aún no están demasiado avanzadas.

En definitiva, la decisión continúa estancada a pesar de los intentos de la Comisión por resolver el asunto lo más rápido posible. Esta urgencia responde al contexto financiero de Ucrania. Kiev se enfrenta a un déficit masivo que podría alcanzar los 65.000 millones de dólares para el año que viene, con lo que se quedaría sin financiación para principios de 2026. Esto no solo implica la ausencia de fondos para librar la guerra, sino también para sostener el estado. Ucrania necesita estos fondos para principios de 2026 o el estado ucraniano no podrá hacer frente a sus obligaciones. 

Desde la UE se comprometieron a garantizar la estabilidad financiera de Ucrania y la opción preferida de la Comisión es utilizar estos activos rusos pero, con esa vía bloqueada por el momento, han presentado dos alternativas. La primera es que los Estados miembros financien a Ucrania de manera directa mediante subsidios (la propia UE también podría hacerlo, pero requeriría unanimidad y no parece posible conseguirla a tiempo). La segunda es la emisión de deuda conjunta. Ninguna de estas dos opciones parece especialmente atractiva para los Estados miembros, que ya están lidiando con sus propios problemas de endeudamiento. 

Cuestión aparte es qué se haría exactamente con ese dinero más allá de solventar el déficit ucraniano. En un primer momento la idea era utilizarlo para financiar la reconstrucción del país una vez terminara la guerra. Ahora la discusión ha cambiado y se plantea también utilizarlo para comprar armamento, lo que genera debate sobre qué armamento se comprará, en qué cantidades y a quién.

Conclusión

El objetivo actual de la UE es llegar a un acuerdo sobre el uso de los activos rusos en el próximo Consejo, que se celebrará en diciembre. Si lo hacen, la financiación llegará a Ucrania sobre la bocina pues, en el mejor de los casos, Kiev podría disponer de ella en febrero o marzo, poco antes de quedarse sin fondos. Esta será la última oportunidad de Bruselas ya que, en caso de no haber convenio, no habría, a priori, tiempo material para seguir buscándolo, lo que obligaría a plantear otras opciones de urgencia, algo para lo que tampoco hay consenso.

Cuando comenzó la guerra, la UE y Estados Unidos acordaron una división de tareas. La UE cubriría las necesidades de financiación del Estado ucraniano y Estados Unidos las necesidades militares de su ejército. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la UE está teniendo que asumir el grueso de ambas. Todo ello en un contexto de endeudamiento, inflación y ausencia de crecimiento económico, que está complicando su capacidad para seguir sosteniendo a Kiev. 

Desde la UE presionan a Bélgica para solventar la situación utilizando los activos rusos, pero esto puede dejar al país completamente expuesto frente a reparaciones inasumibles para el estado belga. El resto de Estados miembros no parecen dispuestos a aliviar la carga de Bruselas y, mientras el reloj sigue corriendo para Ucrania, la situación sigue estancada.