El coste humano de la acción humanitaria
Sin duda, la guerra en Gaza ha dejado imágenes que quedarán grabadas en la memoria de varias generaciones, incluyendo el asesinato de cientos de trabajadores humanitarios. El pasado 2 de abril, las Fuerzas de Defensa Israelíes arrebataron la vida a siete cooperantes de la ONG estadounidense World Central Kitchen, noticia que ruborizó a la comunidad internacional y puso de relieve el doble rasero de Occidente a la hora de condenar los ataques a organizaciones humanitarias. Esta cifra se suma a las más de 200 muertes de personal de Naciones Unidas, en particular, de UNRWA – la agencia de la ONU para los refugiados palestinos –. No obstante, la violencia contra personal humanitario no es exclusiva de Palestina, sino que se extiende alrededor del mundo.
19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
El 19 de agosto de cada año se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, no solo como muestra de apoyo internacional a los trabajadores del sector humanitario, quienes operan en contextos de alta complejidad y volatilidad, sino también para conmemorar uno de los mayores ataques a Naciones Unidas.
El 19 de agosto de 2003, ya iniciada la ocupación estadounidense de Iraq, se perpetró un ataque bomba contra el Hotel Canal de Bagdad, sede de la ONU en el país árabe. El atentado suicida provocó la muerte de 22 trabajadores humanitarios, incluyendo la de Sergio Vieira de Mello, Representante Especial del Secretario General en Iraq, además de dejar 150 heridos. Cinco años más tarde, la Asamblea General de la Organización adoptó la resolución 63 / 139, designando esa misma fecha como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
Riesgos de ser un trabajador humanitario
En zonas de guerra, nadie está exento de peligro y el personal humanitario no es una excepción. De acuerdo con Aid Worker Security Database, la principal fuente de monitoreo de ataques a miembros del sector humanitario, los incidentes (asesinatos, secuestros, agresiones sexuales, bombardeos...) contra trabajadores humanitarios se han incrementado notablemente en las últimas dos décadas.
Esta tendencia al alza puede explicarse por el aumento de las crisis humanitarias provocadas por conflictos armados (vs. a las causadas por desastres naturales), la profesionalización del sector humanitario (con el consecuente crecimiento del número de sus trabajadores) o la politización de la asistencia humanitaria, entre otras causas. Cabe destacar que, en 2023, 280 trabajadores humanitarios fueron asesinados, siendo el año más mortífero desde que existen registros.
No todos los contextos en los que operan las organizaciones humanitarias son iguales en términos de seguridad. En 2023, el top 3 de lugares con mayor número de incidentes violentos contra personal humanitario lo ocuparon Palestina, Sudan del Sur y Sudan, respectivamente, seguidos de Siria, Israel y Ucrania.
La clasificación varía si se adopta una visión más histórica: entre 1997 y 2024, se registraron 604 ataques a trabajadores humanitarios en Afganistán, siendo el país con mayor número de incidentes violentos contra éstos en el mundo. República Democrática del Congo, Somalia y la República Centroafricana también entrarían en el ranking de los 10 contextos tradicionalmente más peligrosos para aquellos comprometidos con el humanitarismo.
Por otro lado, la violencia no afecta del mismo modo a todos los actores y trabajadores: las ONG nacionales y el personal local están en el punto de mira. Desde 2016, los ataques a ONG nacionales se han multiplicado, llegando a superar en 2022 a los perpetrados contra ONG internacionales. En este mismo sentido, el número de víctimas nacionales, en comparación a los trabajadores de nacionalidad extranjera, es completamente desproporcionado: el año pasado más de 500 trabajadores locales, ya fuesen empleados por ONG nacionales u organizaciones internacionales, fueron objeto de algún tipo de incidente violento, en contraposición a las tan solo 26 víctimas internacionales.
La incompleta o deficiente aplicación de la localización de la asistencia humanitaria puede dar respuesta a estas cifras. Tras la adopción del Gran Pacto en 2016, con el fin de avanzar hacia la localización de la acción humanitaria, las organizaciones internacionales aceleraron la implementación de sus proyectos a través de socios locales, en particular, en aquellos contextos donde no se podía garantizar condiciones de seguridad adecuadas para el envío de personal internacional.
En la práctica, esta manera de operar ha supuesto una transferencia de riesgos por parte de los actores internacionales a sus contrapartes locales, pero sin ir acompañada de la correspondiente financiación en materia de seguridad o de los poderes de decisión necesarios para tener la última palabra sobre las intervenciones.
¿Solos ante el peligro?
A pesar de que en estos últimos años hemos observado, lamentablemente, un incremento en su incumplimiento, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es la principal herramienta de protección de los trabajadores humanitarios en contextos de conflicto armado. El DIH es la rama del derecho internacional público que pretende regular la conducta de las partes beligerantes en un conflicto armado, limitando sus consecuencias y protegiendo a los civiles.
Existen varias normas y principios en el DIH que velan por la protección del personal humanitario. Por ejemplo, el principio de distinción obliga a las partes enfrentadas a llevar a cabo acciones militares solo contra combatientes, debiendo respetar y proteger a los civiles, personal humanitario inclusive. En este sentido, los emblemas de la Cruz Roja, la Media Luna Roja o de Naciones Unidas brindan protección al identificar al personal humanitario como no combatientes ante las partes en conflicto. También, los Protocolos Adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, instrumentos fundamentales en el DIH, establecen que el personal que proporciona asistencia humanitaria debe ser respetado y protegido.
Asimismo, el Estatuto de Roma, tratado que creó la Corte Penal Internacional, determina que el ataque intencional contra personal, instalaciones, material o vehículos participantes en una misión de asistencia humanitaria constituye un crimen de guerra.
Pese a las crecientes amenazas hacia su seguridad, son cada vez más los hombres y mujeres que deciden dedicar su carrera profesional a la acción humanitaria, contribuyendo a aliviar el sufrimiento de los 300 millones de personas en situación de necesidad que existen globalmente hoy en día. Fomentar el respeto del DIH, destinar más recursos económicos para mitigar riesgos a la seguridad, particularmente, en el caso de ONG locales, o mejorar los sistemas de información entre actores sobre el terreno son algunas de las medidas que pueden incrementar la protección de las organizaciones y personal humanitario.