Nuevo pacto de la UE sobre migraciones y asilo: Crónica de un fracaso anunciado

Tras tres años de largas y arduas negociaciones, el pasado 20 de diciembre de 2023, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaban a un acuerdo político sobre los principales instrumentos normativos del nuevo Pacto de la UE en materia de Migración y Asilo. La Presidenta del Parlamento Europeo, la popular Roberta Metsola, lo calificaba de “verdaderamente histórico”.

Sin embargo, la euforia de Bruselas colisionaba directamente con la posición de las organizaciones de derechos humanos, las cuales consideran que, si este es aprobado en los términos actuales, supondrá un retroceso sin precedentes para los derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Europa. 

El artículo 67.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la UE “desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países”.

En base a este mandato, la Comisión Europea presentaba la correspondiente propuesta normativa en septiembre de 2020. En palabras de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la iniciativa legislativa suponía un “nuevo comienzo” para la gestión de la migración en la Unión, buscando proporcionar soluciones sostenibles a largo plazo y encontrar un balance justo entre los principios de solidaridad y responsabilidad. 

Esta reforma intenta dar respuesta a un sistema que ha mostrado ser ineficaz e ineficiente, como puso de manifiesto la mala e insolidaria gestión de la llegada de refugiados sirios a territorio europeo en 2015. El actual sistema migratorio y de asilo europeo adopta una visión securitizadora de la migración, apostando por la externalización del control de fronteras y de acogida de refugiados (piénsese en los acuerdos UE - Marruecos, Turquía o Túnez). 

Además, este se caracteriza por procesos administrativos complejos y largos, y por poner la presión migratoria en los Estados Miembros del Sur de Europa (Chipre, Malta, Italia, España y Grecia). 

El entendimiento entre los colegisladores comunitarios sobre el nuevo Pacto en Migración y Asilo se extiende a cinco reglamentos clave: 1) Reglamento de control, 2) Reglamento Eurodac, 3) Reglamento sobre procedimientos de asilo, 4) Reglamento de gestión de la migración solicitante de asilo y 5) Reglamento de crisis y fuerza mayor. 

Pero, ¿resuelve este paquete legislativo las deficiencias del sistema anterior? A falta de cerrar los aspectos técnicos, a primera vista, las novedades y modificaciones introducidas parecen ser o bien insuficientes o incluso más lesivas que las anteriores.  

El primer punto objeto de crítica es relativo al procedimiento de control que se realizará a los migrantes a su llegada a territorio europeo. Se establece un máximo de 7 días (más 5 días adicionales en caso de llegadas masivas) para completar todo este proceso. Es decir, en una semana, las autoridades nacionales competentes deberán llevar a cabo los chequeos de identidad, seguridad, salud y vulnerabilidades, además de tomar la huella dactilar y registrarles en la base de datos Eurodac. 

Como señalan diferentes ONG internacionales, como el Comité Internacional de Rescate, llevar a cabo todos estos procesos en el lapso de tiempo sugerido es poco realista, pudiendo llevar a análisis de vulnerabilidades erróneos, inexactos o en el peor de los casos, inexistentes. 

Una vez finalizado el procedimiento de control, las solicitudes de asilo se tramitarán a través del procedimiento standard o el procedimiento acelerado (o fronterizo). Entre otros supuestos, los solicitantes de asilo procedentes de un país en el que menos del 20% de tales solicitudes en la UE son aprobadas serían automáticamente referidos al procedimiento fronterizo. Esto conduce a una distinción entre refugiados de primera y segunda clase, violando la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad y, en última instancia, amenazando al principio de no devolución.

Hasta que no se completa el procedimiento de control o finaliza satisfactoriamente el procedimiento fronterizo, el cual se puede extender hasta las 12 semanas, se considera que las personas migrantes no han accedido a territorio comunitario bajo la presunción de “ficción jurídica de no entrada”, desencadenando un grave riesgo de detenciones masivas y largos períodos de privación de libertad. Como ha expresado el Comité Español de Ayuda al Refugiado, esta práctica es contraria al Derecho Internacional y pretende reforzar la idea de “fronteras como espacios de no Derecho”. 

Sin duda, uno de los grandes éxitos de este nuevo Pacto es la instauración de un sistema de solidaridad “obligatorio” en caso de que un Estado Miembro se encuentre bajo presión migratoria. Ahora bien, desafortunadamente, se trata de un sistema de solidaridad “a la carta”, puesto que los Estados Miembros tendrán la prerrogativa de elegir entre contribuir mediante reubicaciones, contribuciones económicas (20.000 euros por cada reubicación no admitida) o una combinación de ambas. Asimismo, se establece un objetivo mínimo anual de 30.000 reubicaciones y 600 millones de euros en financiación para el conjunto de la UE.

De este diseño, se desprenden dos problemas: Primeramente, la no obligatoriedad del sistema en sentido estricto, dando lugar a que los Estados Miembros puedan evadir la obligación de reubicar solicitantes de asilo mediante el correspondiente pago. Por otro lado, no se determina con que fines se utilizaran tales recursos financieros, los cuales podrían destinarse al endurecimiento de las políticas de externalización y control fronterizo. 

La falta de establecimiento de un mecanismo independiente para el monitoreo del respeto de los derechos humanos durante el procedimiento de control a nivel europeo o las restricciones para los solicitantes de asilo a asesoramiento legal son otras preocupaciones identificadas por las organizaciones del tercer sector. 

También, es necesario subrayar que no es casual que el acuerdo entre las instituciones europeas sobre la política migratoria y de asilo llegue a 6 meses de las elecciones europeas. Los comicios del 6-9 de junio de 2024 vienen marcados por el auge de la extrema derecha en toda Europa, en especial, en Alemania y Holanda, siendo el debate sobre la inmigración decisivo para la configuración del nuevo Parlamento Europeo. Algunas voces lamentan que el pacto migratorio asuma parte de la propia narrativa de estos grupos antiinmigración, paradójicamente, para mitigar su ascenso electoral.

Si la Unión Europea quiere erigirse como la defensora mundial de los derechos humanos, no puede permitirse una política migratoria y de asilo basada en la sanción y disuasión, sino que debería tener como eje central la salvaguardia de los derechos de los migrantes y refugiados. Si bien es poco probable un cambio radical del nuevo Pacto, las conversaciones técnicas continuarán hasta febrero de 2024, teniendo la UE una última oportunidad para enmendar  aquellos puntos más controvertidos.