Impuestos no gubernamentales: plata para financiar el plomo

Sin plata no hay plomo para ofrecer de alternativa. El criminal necesita plata para comprar plomo y plomo para atraer la plata hacia su bolsillo. Es un círculo que no termina una vez se conectan ambos extremos, la raison d´être (razón de ser) de cualquier organización que impone su autoridad por medio de la corrupción y el ejercicio de la violencia. Las drogas envueltas en paquetes, los deportivos, los discursos de falsa moral que buscan ganarse jóvenes adeptos e incluso el propio poder que maneja el criminal viven subrogados bajo esa dualidad plata-plomo que permite que el resto de bienes e intereses fluyan sin interrupción. En Miami, en Barranquilla, en Sicilia y en el desierto de Mali. Ninguna organización armada escapa a esta condición. 

Los grupos armados africanos cuentan además con un añadido que no puede encontrarse en casi ningún otro lugar del mundo, exceptuando determinadas zonas de Sudamérica: se asientan en extensas áreas donde la presencia del Estado es nula. Ya sea por la propia incapacidad del Estado para abarcar dicha área, víctima de su inmensidad territorial, ya sea porque determinado grupo armado ha expulsado a las fuerzas gubernamentales para controlar de facto amplias extensiones de territorio. 

Por tanto, no se trata de barrios de Barcelona donde la policía prefiere no entrar. Se trata de cientos de kilómetros cuadrados de selva y de desierto; decenas de localidades donde la única autoridad tangible la conforman estos grupos armados que se apropiaron de ellas. Situaciones de este tipo pueden encontrarse en múltiples zonas de África.

Tanto la filial de Al Qaeda en el Sahel, conocida como JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes), como la filial del Estado Islámico en el mismo territorio, conocida como EIGS (Estado Islámico del Gran Sáhara), mantienen el control de importantes áreas en el centro y el noreste de Mali, el norte de Burkina Faso y el suroeste de Níger. Aquí no existe el Estado. No hay jueces, policías, funcionarios de tráfico o sistemas de salud públicos financiados por los gobiernos nacionales. 

Las leyes que se aplican a las poblaciones afectadas escapan del laicismo legislativo y se ven sustituidas por la regulación islámica, la sharía; el sistema de impuestos corre igualmente a cargo de los grupos armados, que son quienes recaudan dinero en efectivo pero también cosechas y ganado para alimentar y pagar la nómina a sus combatientes. Aunque no se trataría de un sistema de impuestos votado en el Congreso y regulado por medio de la Hacienda pública, como ocurre en España, es evidente que no existe un orden fiable al que aferrarse y que los yihadistas toman lo que consideran, según sus distintas necesidades. 

Esta incertidumbre prolongada obliga a que un número cada vez mayor de civiles opten por huir de los territorios controlados por los yihadistas, y no huyen sólo por la violencia (que también) o porque no están dispuestos a vivir bajo el paraguas de la sharía (que también) sino porque la “presión fiscal” de los grupos armados puede llegar a hacer imposible la supervivencia de una familia. 

Un desplazado maliense que reside actualmente en Bamako explicaba a este periodista cómo es el modus operandi de los grupos terroristas, una vez conquistan una nueva localidad: “Reúnen a todos los hombres [del pueblo] para explicar las nuevas normas que vendrán a partir de ese momento. Por ejemplo, hablan de la sharía, o sobre la cantidad de arroz que tendremos que darles cada semana. Con el Estado Islámico no hay alternativa. O les das lo que piden o te ejecutan y se lo quedan todo. Otros grupos te permiten irte, si no estás de acuerdo con ellos, aunque te obligan a darles antes todo lo que tienes. Si decides quedarte y no acatas sus normas, te ejecutan igual y se quedan con todo”. 

Aunque el jaraŷ, un impuesto aplicado a la propiedad sostenido por la sharía desde el medievo, se aplicaba originalmente a los no musulmanes, en los territorios del Sahel controlados por el Estado Islámico se ha elaborado un tipo impositivo íntimamente vinculado a la cuestión religiosa. Así, no pagar los impuestos supone algo más que una falta administrativa: es una falta religiosa. Un pecado. Razón suficiente para acabar decapitado en nombre de Alá. Y las poblaciones que se niegan a pagar estos “impuestos” corren el riesgo de ser masacradas por los grupos armados, como ha ocurrido en determinadas ocasiones en Mali o Burkina Faso. 

Este periodista también ha recogido testimonios de transportistas del norte de Togo y de Burkina Faso sobre otra práctica habitual entre los terroristas: Los yihadistas burkineses establecen controles de carretera en los que participan grupos de hasta 200 combatientes, generalmente ubicados a pocos kilómetros de la frontera togolesa. El uso de motocicletas les permite desplazarse con agilidad y cambiar fácilmente el punto exacto donde colocan el control en el que obligan a los transportistas procedentes de Togo a desembolsar una “cuota aduanera” como pago por cruzar a Burkina Faso. 

Esto es importante por dos razones. La primera, porque establecen una estructura aduanera ajena al Estado; la segunda, porque tergiversan la definición clásica de los asaltadores de caminos para aparentar una causa mayor e incluso justificada, lo cual servirá después para sus fines propagandísticos. Los terroristas no asaltan a los transportistas: les hacen pagar un peaje, aparentemente lógico, por entrar en Burkina Faso desde Togo. 

Tampoco habría que obviar los impuestos derivados del cruce de mercancías por los territorios dominados por los grupos armados. Así, numerosas organizaciones terroristas del Sahel cobran una tasa aplicada a la cocaína sudamericana que atraviesa sus dominios en dirección a Europa tras desembarcar en las costas de África Occidental. Esta tasa puede cobrarse por el mero cruce de mercancías (incluyendo el tabaco) o mediante la colaboración activa de los terroristas en el transporte de la droga. 

Esta colaboración/cobro puede observarse igualmente con la rama armada del MFDC (Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamanza). Este grupo independentista radicado en el sur de Senegal y el norte de Guinea Bissau, aunque reducido a su mínima expresión en la actualidad, también ha colaborado y colabora en el tráfico de drogas (marihuana local y cocaína sudamericana) con el consiguiente beneficio económico. Igualmente, el MFDC también optó por el cobro forzado de impuestos a la población del sur de Senegal durante el declive económico que sufrió su organización en el año 2000, tal y como aseguró un líder local (cuyo nombre permanecerá en el anonimato) a este periodista durante una reunión en el verano de 2022. 

El MFDC, que previamente había recibido una generosa financiación por parte de Iraq y Libia, sufrió un severo bloqueo económico auspiciado por sociedades civiles que llevaron al grupo a apelar a la caridad de la población local. Los ciudadanos se negaron a colaborar y tuvieron lugar una serie de acciones violentas destinadas al saqueo y al asesinato de quienes se opusieron con mayor firmeza a pagar los nuevos impuestos. Aunque las arcas del brazo armado del MFDC se recuperaron temporalmente mediante esta medida, los medios utilizados llevaron a que un gran número de locales empezara a ver el movimiento como un grupo hostil a ellos. Veinte años después de estos sucesos, el MFDC apenas es un recuerdo que persiste en un puñado de ancianos y de jóvenes demasiado soñadores para actuar con un atisbo de practicidad. 

Con esto se comprende que el cobro de impuestos por parte de los grupos armados se convierte en ocasiones en una necesidad económica que puede imponer un sistema de gobierno relativamente funcional, siempre que la población local se muestre dispuesta a cooperar. Pero los impuestos no deseados pueden, igualmente, provocar una reducción en los apoyos y contribuir al final de dicho grupo. Los impuestos del Estado sirven para alimentar la corrupción y los salarios políticos, pero también contribuyen en la construcción de infraestructura y en el desarrollo de sistemas de salud pública; los impuestos de los grupos armados sirven para financiar el plomo y las poblaciones locales pueden resistirse a esto último. 

No hay muchos grupos en África que escapen a este tipo de prácticas. La falta de desarrollo digital (con la consiguiente escasez de cuentas bancarias a nombre de particulares y la proliferación del dinero en B) en una amplia mayoría de países impide una correcta ejecución de las funciones del Estado que, cuando no es capaz de imponer su presencia en zonas remotas, se ve sustituido de facto en materia impositiva por los grupos armados que sí que tienen el control del territorio y un contacto directo con la población. 

Recientemente, por ejemplo, se difundió en redes sociales el recibo de impuesto ejecutado por el grupo armado conocido como M23 en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo. En la imagen se apreciaba la fecha y el monto del impuesto, 300 francos congoleños (0.09 euros) cobrados por la compra de harina en los territorios ocupados. Lo que resultó más llamativo de este caso es la burocracia, con recibo incluido, y lo que suponía. 

El M23 se trata de un grupo estrechamente vinculado al gobierno de Ruanda e involucrado en el tráfico de oro y de coltán desde RDC hacia Ruanda. Se tiene constancia de que cobra igualmente peajes de carretera en los caminos que controla, igual que cobra “tasas” a los mineros artesanales de las explotaciones mineras ubicadas bajo su control. Lamentablemente, es imposible conocer con exactitud el dinero que se embolsan grupos como el M23 mediante esta aplicación de impuestos, aunque se calcula en millones de dólares a largo plazo. 

Los peajes improvisados, como los controles de carretera, son habituales, aunque no siempre sirven como medio de recaudación económica. En ocasiones, los grupos armados, como ocurre con las milicias Fano en la región de Amhara, Etiopía, se limitan a establecer controles de seguridad vial donde sustituyen paulatinamente la autoridad del Estado. Los ciudadanos terminan aceptando la autoridad de las milicias en materia de seguridad y esta normalización facilitará más adelante la inserción del cobro, ahora sí, de peajes. Lo que no quita que las milicias Fano también ejercitan la recaudación de impuestos en las áreas que controlan, mediante las “donaciones” voluntarias de locales que apoyan su causa. Un agricultor interrogado en las proximidades de la localidad de Gorgora confirmó que “a veces recaudan dinero, pero la gente se lo da de forma voluntaria”.

Volvemos a lo mismo: son áreas rurales de difícil acceso para el Estado, muy limitadas en términos tecnológicos y controladas por los grupos armados. Es un patrón que se repite. Y las milicias consiguen camuflar su recaudación como “una ayuda a los luchadores de la libertad”, tal y como procuró veinte años antes el MFDC senegalés. Se percibe como un gesto rebelde y de tintes patrióticos o religiosos según el concepto de patria o de religión que guarde el ciudadano. Una recaudación que pocas veces se limita al dinero, sino que se amplía al ganado y productos agrícolas. 

Debe entenderse que el término “impuesto” no suele mencionarse de forma explícita; la recaudación económica en los territorios ocupados con el fin de financiar el plomo es tan antigua como la guerra. Pero es esta limitación conceptual la que impide observar que el cobro de dinero y recursos a la población local, más allá de ser una práctica común en los conflictos, reduce el poder del Estado en los territorios afectados y contribuye a cimentar una nueva autoridad no gubernamental y con intereses opuestos. 

Que los grupos armados en África desarrollen su sistema de hacienda particular es una realidad que continuará en el continente siempre que existan grupos armados, como es evidente, pero deben considerarse otras dos causas principales: el difícil acceso a áreas remotas y el subdesarrollo tecnológico, aún vigente en los países mencionados en este artículo. Ambos impiden el correcto desempeño de las funciones del Estado y abren la puerta a nuevas organizaciones que suplen su función. 

Según los últimos datos ofrecidos por el Banco Mundial, apenas un 49% de los adultos en África tenían en abril de 2024 una cuenta bancaria a su nombre. En países como Sudáfrica o Mauricio, naciones en paz, el porcentaje se eleva al 85% y el 91% respectivamente; en países como Sudán del Sur y Mali, naciones donde proliferan los grupos armados, el porcentaje se limita a un 6% y un 28% de la población adulta. Y los números son incluso más reducidos a la hora de considerar la digitalización de los pagos al gobierno. En Mali, por ejemplo, sólo un 9% de la población recibe o envía pagos al gobierno de forma digital. 

Haya o no haya grupos armados, su capacidad de robarle recursos al Estado se vería seriamente desgastada si existiese una digitalización masiva de la economía privada y una correcta red de carreteras que comunique las capitales con el resto del país. Una realidad inalcanzable hasta que ascienda el acceso de la población local a la electricidad, o se diseñen redes de carreteras que no antepongan el acceso a las zonas mineras y aduaneras por encima del resto del territorio.