Israel ante la Corte Penal Internacional: JUICIO

Israel ante la Corte Penal Internacional: ENCRUCIJADA


El 21 de noviembre de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, y Yoav Gallant, Ministro de Defensa, acusados de presuntos crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Estos actos habrían tenido lugar en la Franja de Gaza durante el período comprendido entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024. Esta decisión obliga a los 124 Estados miembros del Estatuto de Roma a cumplir con las órdenes de arresto y detener a los acusados, incluso si se encuentran en alguno de los pocos países que no son parte del Estatuto, la Corte podría solicitar su extradición. 

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Benjamin Netanyahu. Fuente: Chatham House

Bajo estas circunstancias, si cualquiera de los dos dirigentes pone un pie en la capital de países tradicionalmente aliados o cercanos a Israel, como Canadá, el Reino Unido o Alemania, la policía de estos estados podría detenerles y enviarles a La Haya para acabar sentados en frente de un juez. Este juicio marca un hito histórico, nunca antes la Corte Penal Internacional había acusado y ordenado el arresto de altos cargos electos de una democracia por su presunta implicación en crímenes contra la humanidad.

Esta situación plantea una pregunta inevitable: ¿Cómo hemos llegado a este punto?

La Corte

Para entender esta situación es necesario analizar primero el papel de la Corte Penal Internacional (CPI). Establecida en 2002 mediante el Estatuto de Roma, en gran medida como respuesta a las lecciones aprendidas de los tribunales ad hoc creados para juzgar los crímenes de las guerras de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda, así como para prevenir la repetición de dichos crímenes en el futuro, su misión principal es enjuiciar a individuos, es decir, a personas físicas acusadas de cometer crímenes de especial gravedad, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se centra en la resolución pacífica de las disputas entre los diferentes Estados; la CPI es un tribunal penal que juzga y condena a los responsables individuales de organizar o llevar a cabo crímenes contra la humanidad. 

Respecto al funcionamiento de la Corte, los procesos judiciales comienzan como en cualquier otro tribunal de justicia estatal; la parte demandante presenta cargos contra la demandada. El Estatuto de Roma, en sus artículos 13 y 14, regula los mecanismos a través de los cuales los Estados Parte pueden instar al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar situaciones en las que exista sospecha fundada de la comisión de uno o más crímenes bajo su jurisdicción. 

En particular, el artículo 13 establece las bases de competencia de la Corte, permitiendo que se active en tres supuestos: a) por remisión de un Estado Parte, b) por iniciativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o c) por decisión del propio Fiscal tras una investigación preliminar. Por su parte, el artículo 14 faculta a cualquier Estado Parte a remitir al Fiscal una situación específica para su examen, siempre que se considere que implica la posible comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de agresión. Estos mecanismos son esenciales para garantizar que la Corte ejerza su mandato de manera efectiva y dentro de los límites de su competencia internacional.

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Concretamente, el caso contra Netanyahu y Gallant comenzó el 17 de noviembre de 2023, cuando la República de Sudáfrica junto con Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti, invocaron la prerrogativa para referir la situación en Palestina al Fiscal de la Corte. La Remisión es el equivalente en justicia estatal a una denuncia, un conjunto de alegaciones contra un acusado, en este caso el ejecutivo israelí, por unos hechos, las acciones cometidas por Israel en los territorios palestinos, acciones que podrían ser consideradas crímenes bajo la lupa del Estatuto de Roma.

Sin embargo, todavía falta un elemento. Como en todo proceso legal, para que un tribunal pueda dictar sentencia en un caso se requiere que el mismo tenga jurisdicción, esto es, el poder para juzgar los hechos. La Corte Penal Internacional es un tribunal de jurisdicción voluntaria, lo que significa que, para que ejerza su autoridad sobre un caso, los Estados Parte deben aceptar su jurisdicción. El Estatuto de Roma reconoce dos condiciones previas bajo las cuales la CPI puede ejercer su jurisdicción: la conexión territorial y la conexión por razón de nacionalidad. Es decir, la Corte tiene jurisdicción para juzgar a los acusados si el crimen se ha cometido en el territorio de un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma o si el acusado es nacional de un Estado Parte. 

Aunque Israel no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma, Palestina es parte integral de este tratado. El 1 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Palestina aceptó y formalizó la jurisdicción de la Corte sobre su territorio, dándole poder para juzgar cualquier crimen contra la humanidad cometido por ciudadanos palestinos o en el territorio internacionalmente reconocido como Palestina (Línea Verde). La ratificación habilita a la Corte Penal Internacional para juzgar a Netanyahu y Gallant por las acciones cometidas en Gaza, ya que estas se llevaron a cabo, supuestamente, en el territorio del Estado palestino y tras la ratificación del Estatuto.

La Acusación

Los cargos presentados por Sudáfrica junto con Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti, se fundamentan en la presunta comisión de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Estas acusaciones derivan de las actuaciones del estado israelí desde el inicio de la intervención militar el 8 de octubre de 2023, ya sea mediante las fuerzas armadas, el bloqueo comercial o el control de la población y el acceso a la Franja de Gaza. Estos crímenes no son solo meras expresiones descalificativas, sino un tipo penal codificado por el Estatuto de Roma que establece para cada supuesto una serie de acciones y de objetivos dolosos que se han de cumplir y ser probados para condenar a alguien por estos delitos. 

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El 1 de julio de 2002 más de 60 Estados ratificaron el Estatuto de Roma, lo que hizo que el tratado internacional entrara en vigor y se creara la Corte Penal Internacional. Desde entonces, más de 120 Estados se convirtieron en partes del Estatuto. Fuente: @CourPenaleInt

El genocidio, según el artículo 6 del Estatuto, es un conjunto de acciones cometidas con la intención de destruir total o parcialmente un grupo étnico, nacional o religioso. De los supuestos constitutivos de genocidio, Sudáfrica acusó a las autoridades israelíes de perpetrar: matanza de civiles (6.a), causar severos daños físicos o mentales a la población palestina (6.b) y la imposición de condiciones de vida calculadas para alcanzar la destrucción física de toda o parte de la población gazatí (6.c).

Por su parte, los crímenes de lesa humanidad, establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, incluyen una serie de actos cometidos como parte de un ataque sistemático dirigido contra la población civil. En la acusación se incluyen: El asesinato (7.a), el exterminio, entendido como la imposición intencional de condiciones de vida que privan de acceso a alimentos y medicinas, con la intención de destruir una parte de la población (7.b), la deportación o el traslado forzoso de la población de un área en la que reside legalmente mediante la expulsión u otros actos coercitivos (7.d), el encarcelamiento o privación grave de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional (7.e), la privación intencional y grave de derechos fundamentales debido a la pertenencia a un grupo o colectivo (7.h) y el crimen de apartheid, actos inhumanos cometidos dentro de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro (7.i). 

Por último, los crímenes de guerra, recogidos en el artículo 8 del Estatuto, son violaciones graves de las leyes y costumbres de la guerra, reguladas por el derecho internacional humanitario, especialmente por los Convenios de Ginebra. Incluyen atacar intencionalmente a la población civil que no participe directamente en las hostilidades (8.2.b.i) y a objetivos civiles sin uso militar (8.2.b.ii), lanzar ataques con pleno conocimiento de que tal ataque causará la pérdida de vidas civiles o daños a objetos civiles claramente desproporcionados en relación con la ventaja militar esperada (8.2.b.iv), así como la destrucción de edificaciones dedicadas a la religión, la educación, monumentos históricos y hospitales (8.2.b.ix) y el uso de la hambruna como método de guerra, consistente en la privación a la población civil de los recursos indispensables para su supervivencia (8.2.b.xxv). 

Las pruebas

La Corte Penal Internacional opera bajo el principio de presunción de inocencia y exige la prueba de los hechos denunciados para dictar sentencia condenatoria. En la Remisión, Sudáfrica fundamentó sus denuncias en tres categorías de pruebas principales que tratan de demostrar la existencia de las acciones y la voluntad del ejecutivo israelí de llevarlas a cabo para infringir sufrimiento a la población civil palestina.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant (Galant), en una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, el 18 de diciembre de 2023. Fuente: Secretario de Defensa de Estados Unidos
El Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, el 18 de diciembre de 2023. Fuente: Secretario de Defensa de Estados Unidos

En primer lugar, Sudáfrica apuntó a los ataques constatados contra civiles, estructuras humanitarias, personal sanitario e instalaciones religiosas por parte del ejército y la fuerza área israelíes. Señaló también la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población, como sistemas de agua y electricidad, y la obstrucción de suministros básicos de ayuda humanitaria. Asimismo, presentó las sucesivas directivas enviadas por las Fuerzas de Defensa de Israel para que la población civil de Gaza se relocalizase a diferentes partes de la Franja, como desplazamiento forzoso.

En segundo lugar, señaló las declaraciones públicas hechas por altos funcionarios y líderes israelíes. Ciertas iniciativas de los miembros del gabinete estatal, como las propuestas de desplazar forzosamente a toda la población palestina a la península del Sinaí, el restablecimiento de asentamientos israelíes en Gaza e incluso el uso de armas nucleares en la Franja reflejan, según la acusación, una voluntad metódica y organizada de llevar a cabo crímenes contra la humanidad, satisfaciendo el requisito de dolosidad establecido por el Estatuto de Roma.

En tercer lugar, Sudáfrica presentó el incumplimiento por parte de Israel de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas como una violación abierta del derecho internacional. En la Remisión se hace referencia explícita a la violación de la Resolución del 27 de octubre de 2023, que urgía a garantizar la protección de los civiles y el acceso pleno a la ayuda humanitaria en Gaza. El texto hacía un llamado a poner fin al desplazamiento forzado de la población civil y a implementar un alto al fuego inmediato que permitiera la entrada de ayuda humanitaria esencial. 

Israel rechazó cualquier posibilidad de alcanzar una tregua sin la puesta en libertad de los rehenes tomados por Hamas durante los ataques del 7 de octubre. El grupo terrorista no aceptó las condiciones israelíes, por lo que las acciones militares y el embargo terrestre continuaron. A día de hoy la presencia de ayuda humanitaria sigue siendo limitada, muy por debajo de la necesaria para asegurar los estándares de vida mínimos de los dos millones de personas que habitan la Franja. 

El inicio del juicio

Ya están presentes todas las piezas del puzle: 

  • Las acciones del gobierno israelí en los territorios palestinos durante la guerra de Gaza, y las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra derivados de dichas acciones. 
  • Los acusados, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el antiguo Ministro de Defensa Yoav Gallant, como sumos responsables de dirigir las operaciones. 
  • Las pruebas: ataques probados de las fuerzas armadas israelíes contra objetivos civiles, los desplazamientos forzados de población civil ordenados por las Fuerzas de Defensa de Israel, la violación de Resoluciones de Naciones Unidas y declaraciones de ciertos miembros del gabinete. 

El 17 de noviembre de 2023 Sudáfrica remitió las acusaciones contra Israel ante la Corte Penal Internacional y, poco después, el Fiscal acordó iniciar un procedimiento judicial para llegar al fondo de las acusaciones. Estas son las bases y el inicio de un juicio llamado a pasar a la historia. ¿Qué ocurrirá al final?

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