La historia económica de Argentina (1955-2001)
La historia económica de Argentina (1900-1955)
La historia económica de Argentina (1955-2001)
La historia económica de Argentina (2002-2025)
Argentina en la segunda mitad del siglo XX
Tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, Argentina atravesó una etapa caracterizada tanto por la alternancia entre gobiernos militares y civiles como por la confrontación entre el modelo agroexportador, que priorizaba el libre comercio internacional para maximizar el peso de los sectores vinculados a la exportación de materias primas, y la industrialización por sustitución de importaciones, de carácter proteccionista y nacionalista.
Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, presidentes durante la dictadura cívico-militar conocida como la “Revolución Libertadora”, comprendida entre 1955 y 1958, promovieron la desarticulación del modelo peronista en favor del impulso a las exportaciones de grano y carne, en su mayoría de empresas en manos de capital extranjero. Durante este periodo, Argentina se alineó con Estados Unidos y, en 1956, se incorporó al Fondo Monetario Internacional (FMI), accediendo a su primer crédito para restituir las reservas de su Banco Central y evitar la financiación del déficit público por medio de emisión monetaria.
Por el contrario, entre 1958 y 1966, los gobiernos civiles de Arturo Illia o Arturo Frondizi adoptaron, en diferentes grados de intensidad, una orientación económica desarrollista. No obstante, al requerir de la financiación del FMI o de bancos privados para mantener el impulso industrializador, estos gobiernos se vieron obligados a aceptar ciertas exigencias de austeridad y apertura hacia los mercados y la inversión internacional.
Pese a la presión del FMI, la baja competitividad industrial y la insuficiente inversión extranjera hicieron del gasto público un componente esencial para sostener el crecimiento del PIB, apaciguar el descontento de las clases populares y, en ocasiones, asegurar el apoyo de los sectores empresariales cercanos al gobierno. Así, durante las dictaduras de la “Revolución Argentina”, que se extendió entre 1966 y 1973, la dependencia del gasto público comenzó a consolidarse como una estrategia habitual empleada por Buenos Aires incluso bajo gobiernos como el de Juan Carlos Onganía, con un carácter más aperturista y alineado con las recomendaciones del FMI.
Al igual que el persistente gasto público, la elevada inflación cobró un destacado protagonismo a lo largo de estos años. Entre los factores estructurales que impulsaron la subida de precios, destacaron la financiación de los sucesivos déficits fiscales mediante emisión monetaria sin un respaldo equivalente en la productividad, las devaluaciones del peso destinadas a paliar la escasez de divisas provocada por los continuos desequilibrios en la balanza de pagos o las fugas de capitales y la falta de inversión productiva derivada de la inestabilidad política.
En un intento por combatir la inflación, durante la breve presidencia de Cámpora y el tercer mandato de Perón, Buenos Aires implementó el “Pacto Social”, un acuerdo con empresas y sindicatos que incluía la supresión temporal de la negociación colectiva y la congelación de precios. Sin embargo, en lugar de aprovechar el auge de los ingresos de las exportaciones para abordar los problemas estructurales que alimentaban la inflación -como la baja productividad industrial-, la puesta en práctica del Pacto Social vino acompañada de un incremento del gasto en prestaciones sociales, subsidios a empresas y empleo público.
Además, tras la muerte de Perón en 1974 y la asunción de la presidencia por parte de su esposa, María Estela Martínez, se produjo un periodo de gran inestabilidad política que, junto con una débil campaña agrícola y la caída de los precios de la soja, el trigo y la carne provocaron un desplome de las exportaciones, lo que disparó el déficit fiscal hasta el 13% en 1976 y obligó al Estado a financiarlo, nuevamente, mediante emisión monetaria. El encarecimiento del petróleo tras la crisis de 1973, el agotamiento de las reservas de divisas y la presión sindical en favor de incrementos salariales sin correspondencia con la productividad terminaron por desbordar los controles de precios, lo que llevó al gobierno a aplicar el “Rodrigazo”, consistente en una devaluación del peso del 100%.
La combinación de estos factores desató una inflación del 335% en 1975 y del 1000% en el primer trimestre de 1976, desencadenando protestas masivas que se sumaron a la inestabilidad política y a la creciente violencia generada por los enfrentamientos entre guerrillas, como los Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, y la Alianza Argentina Anticomunista, controlada por el gobierno. Estos factores resultaron decisivos para el golpe militar encabezado por Jorge Rafael Videla en 1976, que dio inicio al periodo conocido como “Proceso de Reorganización Nacional”.
La última dictadura cívico-militar de Argentina profundizó el alineamiento del país con la política exterior de Estados Unidos, de quien recibió asistencia para hacer frente a las guerrillas trotskistas y peronistas. Inspirado por las ideas de la Escuela de Chicago, el ministro José Alfredo de Hoz apostó por la periferización de Argentina en la economía global mediante la promoción del modelo agroexportador, las reducciones de los aranceles a las importaciones, las desregulaciones y las privatizaciones. A su vez, con el objetivo de estabilizar el valor de la moneda y atraer inversión extranjera, el régimen empleó controles de tipos de cambio mediante la denominada “tablita cambiaria”, que anticipaba la cotización futura del peso.
No obstante, esta apertura indiscriminada golpeó a una industria insuficientemente adaptada a la competencia del libre mercado y provocó un incremento masivo del desempleo, por lo que el gobierno recurrió al déficit público para apaciguar las protestas de una oposición ya reprimida. En un comienzo, la estabilidad de la moneda permitió financiar el déficit por medio de deuda denominada en dólares, pero el abandono de la tablita cambiaria en 1981 condujo a una fuerte devaluación del peso que disparó la inflación del 133% al 343%, hundió los salarios reales, triplicó la deuda en términos reales y llevó al gobierno a estatizar parcialmente la deuda privada. Entre 1976 y 1981, la deuda externa del país se sextuplicó, pasando desde los 8.000 hasta los 45.000 millones de dólares, lo que representó un aumento del 18% al 55% del PIB.
Para recuperar el apoyo popular, el régimen apeló al nacionalismo, pero el fracaso militar en la Guerra de las Malvinas en 1982 terminó por erosionar su capital político, haciendo inevitable la apertura democrática. Sin embargo, los problemas económicos persistieron pese a la vuelta de la democracia en 1983. Raúl Alfonsín, de la UCR, heredó una economía con una base industrial erosionada y con una deuda externa que absorbía gran parte de los ingresos por exportaciones.
El FMI condicionó sus programas de asistencia al cumplimiento de medidas de ajuste para frenar la inflación, entre las que destacó el Plan Austral de 1985. A través de esta iniciativa, Alfonsín implementó la congelación de precios y salarios a la par que incrementó las tarifas de combustibles y servicios públicos e introdujo una nueva moneda, el Austral, equivalente a 1000 pesos. El gobierno también fijó el tipo de cambio y limitó la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal.
No obstante, a pesar de la reducción inicial de la inflación y de la recuperación del consumo y de la confianza en la economía, el ajuste fiscal resultó insuficiente – con un déficit que osciló entre el 6% y el 10% entre 1985 y 1989 – y la moratoria parcial en el pago de la deuda externa en 1988 aceleró la depreciación del austral. Sumados a la amenaza de alzamientos militares y los enfrentamientos con sindicatos peronistas, estos factores desataron una hiperinflación que alcanzó el 28.000% en 1989 y precipitaron la renuncia anticipada de Alfonsín.
De la convertibilidad al default: Menem y la crisis de 2001
En 1989, el peronismo retornó al poder de la mano de Carlos Menem quien, a pesar de su filiación justicialista, abrazó los postulados neoliberales del Consenso de Washington. A través de medidas como el Decreto 2284/1991, Menem promovió la privatización de empresas públicas como Entel, YPF, Aerolíneas Argentinas o Gas del Estado, así como la liberalización y la desregulación del mercado de capitales y del comercio exterior e interior. En paralelo, Menem también instaló un sistema de jubilación privada y aplicó políticas de austeridad para contener el gasto y el déficit público.
No obstante, la medida más emblemática fue el “Plan de Convertibilidad”, ideado por Domingo Cavallo en 1991, que reemplazó el austral por el peso y estableció su paridad con el dólar estadounidense, prohibiendo al Banco Central la emisión de moneda sin respaldo en reservas. La viabilidad del régimen de convertibilidad fue posible gracias a la financiación externa, al incremento de la inversión extranjera o a la privatización de compañías públicas. Asimismo, el Plan Brady, que permitió a Argentina restructurar su deuda con los bancos comerciales de Estados Unidos gracias a la implementación de medidas de austeridad, contribuyó a fortalecer la confianza en el peso.
El resultado de estas políticas fue un descenso de la inflación desde el 2.314% en 1990 hasta el 3,9% en 1994 y un crecimiento económico a un ritmo anual del 7% entre 1991 y 1994. Aunque la crisis de deuda mexicana de 1995, también conocida como “el efecto tequila”, provocó una contracción del PIB del 2.8%, Argentina recuperó el crecimiento con tasas del 5.5% y del 8.1% en 1996 y 1997, respectivamente. Sin embargo, durante el segundo mandato de Menem, comenzaron a manifestarse los problemas estructurales de su modelo económico.
El “efecto tequila” había minado la confianza de los inversores en las economías emergentes, lo que obligó al Banco Central argentino a elevar los tipos de interés para evitar fugas de capitales, sostener el valor del peso y, consiguientemente, mantener la paridad cambiaria entre este y el dólar. Esta medida, sin embargo, encareció el crédito, retrajo la inversión privada y contrajo la actividad económica, disparando al desempleo a una tasa del 20% en 1995. A fin de contener el impacto social de estas políticas, el ejecutivo incrementó el gasto público desde el 24.5% del PIB en 1995 hasta el 28.3% en 1999.
Cabe recordar que, en un régimen de convertibilidad, toda expansión monetaria en pesos ha de ser respaldada por una cantidad equivalente de dólares. Así, durante el gobierno de Menem, el acceso a divisas para sostener el creciente desequilibrio presupuestario se logró mediante la emisión de deuda externa, que incrementó desde los 90.000 millones de dólares en 1995 hasta los 145.000 millones en 1999.
Para desgracia del presidente, a finales de la década de 1990, una serie de shocks externos dificultaron el acceso a la financiación internacional e intensificaron el coste de la deuda. Entre estos eventos, destacan la reducción de la demanda de materias primas tras la crisis asiática de 1997, la salida de capitales que sucedió a la crisis del rublo de 1998 y la menor competitividad de las exportaciones argentinas a causa de la devaluación del real brasileño y de los elevados tipos de interés en Estados Unidos en 1999.
La desconfianza hacia la economía y la moneda argentinas se vio agravada por factores internos como la corrupción o el clientelismo, así como por el temor a nuevas devaluaciones que pudiesen erosionar los ahorros en pesos. Sin embargo, fue en diciembre de 2001 cuando la conversión de pesos en dólares y su traslado fuera del país se disparó definitivamente, tras suspender el FMI la concesión de préstamos a Argentina a pesar de haberse negociado una restructuración de la deuda con el gobierno de Fernando de la Rúa unos meses antes. La corrida contra el peso llegó entonces a alcanzar un volumen equivalente al 20% del PIB.
En un intento por frenar la salida de dólares del Banco Central, el gobierno de De la Rúa, a instancias del ministro de economía, Domingo Cavallo, aprobó el decreto 1570, también conocido como “corralito”, que restringía la retirada de depósitos bancarios, tanto en dólares como en pesos, a un máximo de 250 pesos semanales por persona. El freno en la actividad económica derivado del corralito fue sucedido por un estallido social que forzó la huida en helicóptero del presidente De la Rúa y la sucesión de tres presidentes de la república - Ramón Puerta, Adolfo Rodriguez Saá y Eduardo Camaño - en tan solo dos semanas.
En este contexto, Argentina también declaró la suspensión de pagos de 85.000 millones de dólares de su deuda externa con acreedores privados, configurando el mayor default de deuda soberana hasta la fecha. El 1 de enero de 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde decretó el fin de la convertibilidad, la denominación en pesos de todos los depósitos bancarios y la devaluación del peso argentino en un 30%, si bien la divisa se depreció hasta alcanzar una cotización de 0.25 pesos por dólar en los meses siguientes.
Para evitar el colapso del sistema financiero, el gobierno implementó la “pesificación asimétrica”, por la que las deudas de empresas y particulares en dólares fueron convertidas a pesos al tipo de cambio 1:1, en tanto que los depósitos bancarios en dólares se pesificaron a 1,40 pesos por dólar. Así, un ahorrador con 100 dólares depositados en el banco recibió 140 pesos en lugar de los, aproximadamente, 400 dólares que habría obtenido tras la devaluación, mientras que las deudas bancarias se mantuvieron en los 100 pesos en lugar de convertirse en 400 dólares. La consecuencia directa de esta política fue una transferencia de riqueza de los ahorradores a los deudores, quienes pudieron amortizar su pasivo sin percibir la devaluación del peso.
La crisis de comienzos de siglo sumió a seis de cada diez argentinos en una situación de pobreza relativa. Entre 1998 y 2002, el PIB real se contrajo un 28% y, tan solo en este último año, la inflación alcanzó el 41%, lo que redujo el poder adquisitivo de los salarios en un 24%. En este clima de deterioro generalizado, el Latinobarómetro determinó que, en el año 2002, el 96% de la población argentina desconfiaba de la clase política.
En la tercera y última parte de este artículo abordará la respuesta de Néstor Kirchner a la crisis de inicio de siglo, la evolución económica de Argentina durante los gobiernos que le sucedieron y la reciente llegada al poder del libertario Javier Milei.