La revuelta de Al Jawf: Las tribus desafían a los hutíes

Por Yago Rodríguez

En las áridas tierras de Al Jawf, al norte de Yemen, una sutil transgresión ha desencadenado una tormenta política. Las fuerzas de seguridad del movimiento hutí asaltaron recientemente la residencia del jeque Hamad bin Rashid Al Hazmi, un líder prominente de la tribu Bani Nawf. El motivo de la incursión no fue un secreto militar. Fue una mujer. Ella había acudido al líder tribal en busca de Hima, el derecho sagrado de asilo, para proteger sus tierras de las confiscaciones estatales.

Al violar este santuario, golpear al anciano jeque y detener a la mujer, el poder central cometió un error fatal. Activó el mecanismo de la Ayb Aswad (la "Vergüenza Negra"). En el código del desierto, esta es la afrenta más grave posible.

Para comprender la onda de choque, es preciso desarmar la arquitectura social yemení. La tribu en Yemen no es un vestigio del pasado. Es un sistema de gobierno paralelo, sofisticado y plenamente vigente. Su estructura es piramidal: transita desde el núcleo familiar hacia el clan (fakhdh), la subtribu y, finalmente, las grandes confederaciones históricas como Bakil o Hashid.

Aquí, la autoridad no es dinástica. El jeque gobierna por un consenso asambleario entre los ancianos y se rige por el Urf, un derecho consuetudinario milenario. Este código regula desde la propiedad del agua hasta las alianzas militares. Funciona, además, como una milicia de defensa mutua. Si se ataca la dignidad de un solo miembro, el colectivo entero lo entiende como una amenaza existencial.

El conflicto actual expone una contradicción estructural: el choque frontal entre el proyecto de Estado centralizado de los hutíes y la autarquía tradicional de las tribus. Desde que consolidaron su control sobre Sana'a, los líderes de Ansar Allah han intentado edificar una burocracia teocrática y totalitaria. El modelo clerical iraní es su inspiración. Para este Estado totalitario, el derecho consuetudinario tribal es un rival directo. La soberanía ya no puede residir en un pacto horizontal entre clanes. Ahora debe emanar de la autoridad vertical y divina de su líder espiritual, Abdul-Malik al-Houthi. El Estado exige sumisión absoluta; la tribu exige autonomía.

Esta fricción sistémica alcanzó su punto de inflexión en 2020. Ese año, los hutíes conquistaron militarmente la gobernación de Al-Jawf. Hasta entonces, la tribu Bani Nawf —perteneciente a la beligerante confederación Dahm— cogobernaba la región en alianza con el ejército regular yemení y Arabia Saudí. La ocupación forzó a los líderes tribales a un repliegue táctico. Durante años, el régimen de Sana'a intentó proyectar la ilusión de que los clanes del norte se habían asimilado voluntariamente a su causa. Era una fachada. La sumisión de los Bani Nawf siempre fue un pacto pragmático para proteger sus bienes de la voracidad fiscal del aparato estatal.

Cuando la tregua se rompe, el Estado hutí despliega un manual de contrainsurgencia diseñado para fracturar la cohesión tribal. Su primera táctica es la decapitación política. El régimen destituye a los líderes tradicionales y los reemplaza por peones nombrados a dedo, habitualmente miembros de la aristocracia hashemita fiel al movimiento.

A esto le sigue la violencia simbólica. Amparándose en el "Documento de Honor Tribal" dictado por Sana'a en 2015, el Estado confisca tierras comunales y dinamita las viviendas de los disidentes. Las imágenes se televisan. Es un mensaje de asfixia económica para cualquier conato de rebeldía.

El aparato de inteligencia estatal también explota las grietas del propio sistema tribal. El régimen desentierra antiguas disputas de sangre, derechos de pastoreo o linderos territoriales entre clanes vecinos. Al suministrar armamento y financiación a las facciones rivales, los hutíes logran que las tribus se desgasten en guerras fratricidas. Así evitan la creación de un frente común.

Si la resistencia armada persiste, el Estado activa el cerco económico. Las llamadas Comisiones Populares bloquean las carreteras de Al-Jawf, una provincia desértica pero vital para el tránsito logístico. Cortan el suministro de combustible y gravan con dureza los bienes de consumo. Los ganaderos tribales quedan aislados y descapitalizados en cuestión de semanas.

La diplomacia de Sana'a actúa como el último engranaje de este sistema. Cuando un alzamiento tribal adquiere proporciones peligrosas, el Estado envía delegaciones ministeriales para negociar ceses del fuego. Prometen comisiones de investigación y justicia. Sin embargo, estas pausas son estrictamente operativas. Es una trampa de tiempo. Mientras los combatientes tribales se dispersan atraídos por la promesa de diálogo, las fuerzas estatales posicionan artillería pesada y despliegan drones de reconocimiento. Al caer la noche, ejecutan arrestos selectivos contra los mandos militares de la revuelta.

Hoy, el norte de Yemen se encuentra en una posición de extrema fragilidad. El alto el fuego de 2022 agoniza y Sana'a ha declarado una nueva Movilización General. En este escenario, la insurrección en Al-Jawf adquiere una dimensión geopolítica crítica. Los Bani Nawf no están indefensos. Disponen de un parque armamentístico que incluye ametralladoras pesadas, misiles antitanque y vehículos modificados para la guerra móvil en el desierto.

Al replegarse hacia el oasis de Al-Rayan, zona bajo control del gobierno legítimo, los insurgentes amenazan con estrangular los corredores de suministro hacia los campos petroleros de Marib. La afrenta al jeque Al-Hazmi ha recordado a Sana'a una vieja lección de la historia yemení. El tejido de la tribu sigue siendo el límite infranqueable del Estado.