Más allá del mito: Japón y los nuevos rostros del crimen (Parte 1/2)

En el imaginario colectivo, Japón suele representarse como la cúspide de la seguridad ciudadana, con niveles de criminalidad tan bajos y una imagen de orden tan consolidada que a menudo parecen pertenecer más al mito que a la realidad. Pero, como ocurre con muchas realidades idealizadas —algo a lo que Japón parece tenernos acostumbrados—, basta con rascar la superficie para revelar una narrativa mucho más compleja.

Si bien es cierto que Japón disfruta de tasas de criminalidad notablemente bajas en comparación con otros países industrializados, eso no significa que el crimen haya desaparecido. De hecho, en los últimos años, el país ha sido testigo de una serie de fenómenos preocupantes: desde una oleada de delitos cometidos contra personas mayores, hasta el resurgimiento de ciertos crímenes violentos, pasando por la adaptación del crimen organizado a las dinámicas del siglo XXI.

A ello se suma la persistencia de formas de violencia juvenil en grupo, con dinámicas de brutalidad que contradicen la imagen disciplinada y homogénea que se proyecta de la juventud japonesa.

Para comprender mejor estos fenómenos, vamos a repasar su evolución histórica, explorar los datos más recientes y analizar algunas de las peculiaridades legales que convierten a Japón en una sociedad singular frente a los nuevos retos en materia de seguridad.

Del shogunato al estado moderno

Durante siglos, Japón vivió bajo el sistema feudal del shogunato Tokugawa (1603–1868), en el que el mantenimiento del orden recaía no solo en las autoridades militares, sino también en una extensa red informal de vigilancia vecinal, castigos públicos ejemplarizantes y una jerarquía social rígida. El delito no se concebía únicamente como una transgresión legal, sino también como una mancha sobre el honor familiar y comunitario, un estigma que, en ocasiones, se percibía como más grave que el propio acto delictivo. Esta lógica contribuyó a consolidar una cultura de control social, en la que la denuncia y la vigilancia mutua eran prácticas habituales.

Con la Restauración Meiji de 1868 y la entrada del país en la modernidad, Japón adoptó estructuras penales de inspiración occidental. La promulgación del Código Penal de 1907 marcó la formalización de los tipos penales y los procedimientos judiciales, muchos de los cuales aún estructuran, en esencia, el sistema penal japonés actual, si bien ha sido objeto de numerosas reformas a lo largo del tiempo.

Tras su participación en la Segunda Guerra Mundial y la posterior rendición en 1945, Japón atravesó una etapa de profunda desorganización social. El aumento de la pobreza, el colapso de las instituciones y la proliferación de mercados negros propiciaron un notable incremento de la criminalidad.

Durante las décadas de 1950 y 1960, la expansión económica ayudó a estabilizar el sistema y reconstruir la cohesión social. Sin embargo, este proceso también trajo consigo nuevos desafíos: el crecimiento acelerado de los entornos urbanos favoreció la aparición de formas de crimen organizado, especialmente a través de la consolidación de grupos mafiosos como la yakuza.

Un punto de inflexión clave llegó en la década de los 2000. A partir de entonces, los datos oficiales comenzaron a mostrar un descenso sostenido de los delitos penales. Sin embargo, una disminución estadística no siempre implica una reducción real del crimen. De acuerdo con investigaciones como las presentadas por el R Street Institute, detrás de estas cifras podrían ocultarse fenómenos no registrados: víctimas que no denuncian por desconfianza o presión social, crímenes ocultos en el entorno familiar o laboral, o la no detección de delitos económicos y tecnológicos, que con frecuencia terminan protagonizando escándalos de posible corrupción en las altas esferas del país.

Además, las autoridades japonesas tienden a priorizar el mantenimiento de la armonía social, posiblemente un rasgo heredado del shogunato, lo que en ocasiones conduce a minimizar conflictos o tratar problemas sociales como asuntos administrativos antes que judiciales.

Otro elemento distintivo es la rigidez del sistema judicial japonés actual. Con una tasa de condena superior al 90 %, muchos críticos sostienen que el sistema tiende más a confirmar las investigaciones policiales que a cuestionarlas. Los juicios con jurado (reintroducidos en 2009 mediante el sistema saiban-in) se reservan únicamente para casos graves, y la figura del fiscal continúa siendo la que concentra mayor poder procesal.

En lo que respecta a las penas impuestas, históricamente severas, Japón es uno de los pocos países desarrollados que aún mantiene la pena de muerte. Aunque se aplica con poca frecuencia, su mera existencia influye en toda la estructura punitiva del sistema. No obstante, en los últimos años han comenzado a impulsarse reformas orientadas a proteger mejor los derechos de las víctimas, especialmente en casos de violencia contra la mujer, tanto doméstica como sexual.

Actualmente, Japón recurre de forma habitual a la suspensión de penas, con o sin supervisión, sobre todo en casos de delitos menores. En 2023, más de la mitad de las condenas por este tipo de infracciones concluyeron con la suspensión total de las mismas. Esta estrategia responde a una lógica pragmática: reducir el hacinamiento penitenciario, disminuir los costes del sistema y facilitar la reinserción social sin exponer al infractor al estigma del encarcelamiento.

Además, esta política se complementa con programas de formación, trabajos comunitarios y el uso de halfway houses —centros de transición para quienes no cuentan con apoyo familiar tras su liberación—, concebidos como herramientas para evitar la reincidencia y fomentar la inclusión social.

Características actuales de la criminalidad en Japón

Tras dos décadas de descenso sostenido en las cifras de criminalidad, Japón ha comenzado a experimentar un cambio de tendencia. En 2023, se registraron 703.351 delitos, lo que supone un aumento de más de 100.000 casos respecto al año anterior y marca el segundo incremento anual consecutivo. Este repunte incluye un crecimiento en los robos, fraudes y homicidios.

En cuanto a las diferentes tipologías delictivas, los delitos contra la propiedad continúan siendo los más comunes. En 2023, los robos representaron aproximadamente el 70 % de todos los delitos denunciados, con 483.695 casos. No obstante, también se observó un aumento significativo en los fraudes, que alcanzaron los 46.011 casos, lo que supone un incremento de más de 8.000 respecto al año anterior.

La delincuencia juvenil también registró un aumento notable. En 2023, 34.768 menores de entre 14 y 19 años fueron arrestados por delitos penales, lo que representa un incremento del 16,3 % en comparación con el año anterior, hecho que, lógicamente, ha generado preocupación en la sociedad japonesa.

Un fenómeno particular del contexto japonés es el aumento de la criminalidad entre adultos mayores. Factores como la soledad, la pobreza y la búsqueda de atención han contribuido a un incremento en los delitos cometidos por personas mayores, especialmente pequeños hurtos en tiendas. Algunos estudios sugieren que, para ciertos ancianos, la prisión puede percibirse como una alternativa más digna o cómoda frente a una vida en aislamiento.

Finalmente, aunque la influencia de la yakuza ha disminuido en los últimos años, han surgido nuevas formas de criminalidad organizada. Estas bandas están conformadas por una población más joven, frecuentemente más violenta y sin la ética jerárquica que caracterizaba a la yakuza tradicional. Se trata de estructuras modernizadas y descentralizadas, que operan mediante el uso intensivo de redes sociales para reclutar miembros y coordinar delitos como fraudes, robos y otras actividades ilícitas.

A diferencia de la imagen del delincuente solitario, muchos de los actos más brutales —como palizas, asesinatos o linchamientos— han sido cometidos por grupos, algunos incluso de forma espontánea.

Un estudio reciente, publicado en 2024 por el Asian Journal of Criminology, examinó precisamente esta dinámica. A partir de datos de la Agencia Nacional de Policía y un análisis cuantitativo de miles de artículos de prensa, el investigador Kengo Nawata concluyó que los delitos grupales son sistemáticamente más violentos que los perpetrados por individuos. Cuanto mayor es el tamaño del grupo, mayor es la severidad del delito. Por ejemplo, en crímenes con más de 10 participantes, la probabilidad de que el resultado fuera una “lesión que causa la muerte” era hasta 41 veces superior a la de un crimen cometido en solitario. Incluso en grupos de tres a cinco personas, el nivel de violencia aumentaba significativamente.

El mismo estudio reveló una correlación especialmente fuerte entre la delincuencia juvenil (a los menores de 20 años se les puede procesar como adultos en delitos graves) y el crimen grupal (pandillas), por varias razones. En primer lugar, las dinámicas colectivas tienden a disolver el sentimiento de culpa individual, y la presión por demostrar valor o lealtad dentro del grupo puede conducir a una peligrosa escalada de violencia. Muchas veces, los hechos comienzan como peleas o ajustes menores, pero terminan en homicidios por la incapacidad de frenar la agresividad una vez desatada.

Además, estos grupos actúan como espacios de socialización para jóvenes marginados, que carecen de estructura familiar, referentes estables o apoyo institucional, una característica que comparten con muchos integrantes tradicionales de la yakuza. La pertenencia a una pandilla ofrece identidad, protección y estatus, aunque el precio a pagar sea la entrada en una espiral delictiva.

El análisis de Kengo Nawata incluyó también una revisión del lenguaje mediático, revelando cómo el discurso de los medios construye una figura específica del delincuente: un chico joven, posiblemente desocupado, con vínculos grupales y capacidad para ejercer violencia extrema. Si bien muchos de estos crímenes existen, el enfoque mediático puede generar una imagen desproporcionada, alimentando el miedo social e incluso contribuyendo a la estigmatización de colectivos enteros, un fenómeno observable tanto dentro como fuera de Japón.

Diversas encuestas muestran que una parte creciente de la población cree que “la sociedad se ha vuelto más peligrosa”, especialmente entre los adultos mayores. Sin embargo, este temor no siempre se basa en datos objetivos, sino que está fuertemente influido por la cobertura mediática de casos violentos aislados, en particular aquellos cometidos por jóvenes o extranjeros, así como por una cierta nostalgia colectiva de tiempos “más seguros”, algo que ya se observaba en los años 90. El auge de las redes sociales y la viralización de contenidos violentos han amplificado esta sensación de amenaza.

Históricamente, el sistema japonés ha optado por una combinación de castigo y reeducación. Muchos menores infractores son enviados a escuelas de formación juvenil, donde reciben instrucción académica, disciplina estructurada y terapias grupales. No obstante, la reincidencia continúa siendo una preocupación creciente: según datos del Ministerio de Justicia, más del 30 % de los menores internados reinciden en un plazo de cinco años.

Algunos expertos critican el énfasis excesivo en la disciplina y la homogeneización del tratamiento, sin atender adecuadamente los factores sociales y familiares. También se ha denunciado la falta de recursos psicológicos especializados para jóvenes con trastornos de conducta, adicciones o traumas previos, lo que limita las posibilidades de una intervención realmente rehabilitadora.

Continuará...