El 3 de diciembre de 2024, Corea del Sur vivió uno de los episodios más tensos de su historia democrática reciente. El presidente Yoon Suk-yeol decretó la ley marcial de forma inesperada, sumiendo al país en el caos durante unas horas que pusieron a la democracia surcoreana contra las cuerdas. Este episodio es el estallido final de la polarización política que se viene gestando en Corea del Sur en los últimos años y, aunque la democracia ha sobrevivido en Seúl, el sistema tendrá que seguir soportando una presión significativa.

Yoon Suk Yeol, vigésimo presidente de la República de Corea La ceremonia de inauguración 10 de mayo de 2022 La Asamblea Nacional, Seúl DEMA (Agencia de Medios de Defensa) Fotógrafo oficial: YANG DONG WOOK — *Yoon Suk-yeol, vigésimo presidente de la República de Corea, durante la ceremonia de inauguración, 10 de mayo de 2022. Fuente:* **DEMA (Agencia de Medios de Defensa) Fotógrafo oficial: YANG DONG WOOK**

Contexto

El decreto del Presidente Yoon no surgió del vacío. Corea del Sur atraviesa un momento de fuerte polarización política, especialmente desde las últimas elecciones presidenciales celebradas en 2022. Yoon se impuso a su rival por apenas 300.000 votos y la campaña, donde los derechos de las mujeres y su rol en la sociedad coreana jugaron un papel central, fue muy dura. Yoon consiguió atraer votantes con una retórica más confrontacional y agresiva, mientras la oposición le acusaba de autoritario y de suponer un retroceso para el país. La dureza de la campaña y lo ajustado de los resultados electorales partió la nación en dos. Esta división también se mostró en las instituciones, con Yoon haciéndose con la presidencia, pero con la oposición ostentando la mayoría en la Asamblea Nacional.

A este contexto hay que sumar las numerosas acusaciones de corrupción contra el entorno de Yoon, que implican tanto a miembros de su gabinete como incluso a su propia mujer. El estancamiento político alcanzó su punto más álgido cuando el PD – el principal partido de la oposición- utilizó su mayoría parlamentaria para aprobar un presupuesto con recortes significativos en contra del partido de gobierno, el Partido del Poder Popular (PPP), que pretendía aumentar el gasto. Además, desde la oposición promovieron varias mociones de censura contra altos funcionarios de la administración bajo sospechas de corrupción. El presidente Yoon respondió acusando a la oposición de boicotear su acción y de paralizar el país en busca de rédito político.

En este contexto, con Yoon acosado por los casos de corrupción, bajo la amenaza de un impeachment y con su agenda legislativa bloqueada, optó por una decisión contundente. En un anuncio televisivo, Yoon declaró la ley marcial bajo el argumento de que el país enfrentaba una amenaza inminente de grupos "antiestatales" y "pro-norcoreanos". El decreto otorgaba amplios poderes al ejército, permitiéndole tomar el control de las funciones civiles, censurar los medios de comunicación y disolver reuniones públicas. Además, suspendía derechos fundamentales y autorizaba arrestos sin orden judicial. Según el gobierno, estas medidas eran esenciales para preservar la democracia surcoreana.

La declaración de ley marcial generó un gran rechazo en el espectro político. La oposición en bloque rechazó la medida, además del propio partido de Yoon. De hecho, varios cargos del PPP, incluido su líder, pidieron públicamente que se revocara la ley marcial. Asimismo, varios miles de ciudadanos se concentraron a las puertas del parlamento para pedir la dimisión de Yoon y el fin de la ley marcial.

A esto le siguieron unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. La ley marcial no impide el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la oposición rápidamente convocó una sesión urgente. Según la legislación surcoreana, la ley marcial puede revocarse si una mayoría simple de la asamblea la rechaza, pero este no es un proceso automático. Si la Asamblea vota en contra del decreto de ley marcial, el presidente está obligado legalmente a revocarlo, pero no se considera como tal hasta que lo haga expresamente.

Así las cosas, comenzó una carrera contrarreloj entre los diputados de la oposición, que trataban de llegar a la Asamblea para votar, contra la policía que había sido enviada por Yoon precisamente para evitar que accedieran y, por tanto, que votaran. En ese momento se produjeron disturbios con asistentes y personal de la Asamblea forcejando con las fuerzas enviadas por Yoon para impedir su entrada, pudiendo verse a varios diputados saltando por vayas y ventanas para conseguir acceder a la Cámara. Finalmente, 190 de los 300 diputados de la Asamblea Nacional consiguieron llegar y votar en contra de la ley marcial.

A partir de este momento, con apenas apoyo social y político y obligado legalmente a revocar el decreto de ley marcial, Yoon se quedó sin más opción que claudicar. El ejército se retiró de la Asamblea y finalmente el Presidente revocó la ley marcial seis horas después de haberla promulgado.

¿Ahora qué?

Tras esto, la carrera política de Yoon Suk-yeol está acabada y a buen seguro dejará de ser presidente relativamente pronto. El escenario más probable es que se lleve a cabo un proceso de impeachment. En Corea del Sur, el impeachment presidencial sigue un proceso bien definido. Según la Constitución, la Asamblea Nacional puede aprobar una moción de destitución con una mayoría de dos tercios de sus miembros, tras lo cual la Corte Constitucional debe ratificar la decisión.

El PD, que cuenta con mayoría en el Parlamento, considera que Yoon violó el principio de separación de poderes y abusó de su autoridad al declarar la ley marcial sin una amenaza clara y justificada, por lo que es inconstitucional.

Si la moción de impeachment prospera en el Parlamento, el caso pasaría a la Corte Constitucional, que tendría un plazo de seis meses para emitir un fallo. De ser destituido, Yoon sería el segundo presidente surcoreano en enfrentar este destino, después de Park Geun-hye en 2017. La crisis política, por tanto, no se limita a la revocación de la ley marcial, sino que pone en juego el liderazgo presidencial y la estabilidad institucional del país.

Por su parte, el PPP parece no ser muy partidario del impeachment. Aunque no tiene fuerza suficiente para impedirlo se han mostrado más favorables a otras opciones que impliquen la dimisión de Yoon y su sustitución e incluso un gobierno bipartidista que promueva unos presupuestos acordados entre los dos partidos para estabilizar la situación. Lo que está claro es que Yoon no tiene apoyos para continuar en el cargo y pronto tendremos un nuevo presidente. Quedará por ver si la nueva administración es capaz de encauzar una situación donde las instituciones democráticas han demostrado su resistencia pero, al mismo tiempo, ha habido un intento por parte del presidente de acabar con las mismas.

Noche caótica en Corea del Sur

Daniel Gil Iglesias