Las elecciones bolivianas del pasado 20 de octubre estuvieron salpicadas por la polémica. Tras un recuento criticado por no contar con las garantías necesarias, Evo Morales obtuvo la victoria en vuelta, provocando una serie de manifestaciones ciudadanas que derivaron en una auditoria externa por parte de la Organización de primera Estados Americanos (OEA) y que culminaron con el desalojo del presidente indígena por parte de las Fuerzas Armadas.

Los antecedentes

A la vista de lo ocurrido en los últimos años, en las elecciones bolivianas de octubre, a diferencia de las de países vecinos como Argentina o Uruguay, el debate sobre la legitimidad de las mismas continuaría más allá de los comicios. ¿Por qué? De acuerdo a la Constitución de 2009, la reelección se encuentra limitada únicamente a dos mandatos. Al presentarse, Morales aspiraba a su cuarta legislatura (la primera no se suele contar, en tanto que vino auspiciada por la Constitución precedente).

Ante la imposibilidad de presentarse, en 2016 el presidente indígena lanzó un referéndum con el que buscaba obtener la legitimidad que necesitaba para presentarse de nuevo. La respuesta popular fue el “No” con un 51,3 %. ¿Qué pasó después? El oficialismo acudió al Tribunal Constitucional para interponer un recurso alegando que la no reelección atentaba contra los derechos humanos y políticos de Evo Morales. En 2017, el organismo falló a favor del presidente boliviano y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pavimentó su candidatura para las primarias de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), y para las posteriores elecciones generales.

Las elecciones

En octubre las encuestas no eran demasiado halagüeñas para Morales, al que daban ganador en primera vuelta pero sin una ventaja porcentual de 10 puntos sobre el segundo candidato, el expresidente Carlos Mesa, del partido Comunidad Ciudadana (CC), lo que obliga a ir a una segunda vuelta. Este hecho es sorprendente si se tiene en cuenta que, en todos los comicios a los que se había presentado en años anteriores, Morales había pulverizado a sus rivales con unos altos niveles de apoyo popular.

Tras trece años de gobierno, se presentaron signos de desgaste en el líder socialista y los intentos desesperados para ser reelegido terminaron erosionando parte de la legitimidad que había construido durante más de una década a base de políticas de redistribución de la riqueza (el índice de pobreza cayó del 39 % al 35 % entre 2014 y 2018, y el índice de Gini se ha mantenido en torno al 0,47 desde 2011) y un crecimiento económico sostenido gracias, fundamentalmente, a las exportaciones de gas.

Los pronósticos indicaban que esto podría ser suficiente para vencer en primera vuelta, pero una distancia insuficiente con CC haría que el MAS perdiera las elecciones en segunda vuelta, ya que en esta se concentraría todo el voto anti-Evo. Es decir, el oficialismo debía evitar el balotaje a toda costa. Tras las elecciones, comenzaron a surgir las primeras irregularidades. Con el 83 % escrutado y apuntando a la segunda vuelta, el TSE suspendió durante 24 horas el conteo llamado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP). Su reactivación vino de la mano de un 95 % de los votos escrutados y con una victoria de Morales en primera vuelta por un estrecho margen.

A partir de ahí, comenzaron protestas en las calles, la oposición se negó a reconocer los resultados y habló de “fraude”, el Ejecutivo denunció un “golpe de Estado” y los observadores internacionales pidieron un balotaje. Con la tensión aumentando por momentos, Morales aceptó la auditoría propuesta por la OEA. En su informe final, el organismo confirmaba la existencia de irregularidades graves, una “clara manipulación del TREP” y una “improbable diferencia del 10% para evitar la segunda vuelta”. Con la manipulación electoral destapada, las movilizaciones en la calle y una oposición en pie de guerra, al presidente no le quedó más remedio que convocar nuevos comicios.

La salida

“Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia”. Con estas palabras se expresaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman. Sus declaraciones volvieron a resucitar viejos fantasmas que en América Latina se conocen muy bien. Tras ello, Morales se vio obligado a dimitir de su cargo sin dejar de denunciar una persecución política contra su persona.

El posicionamiento del Ejército, aun cuando el propio Morales había convocado nuevas elecciones, fue calificado por muchos como un golpe de Estado, en tanto que intromisión e interrupción de un gobierno legítimo. Vale la pena recordar que, con independencia de las maniobras realizadas en las últimas elecciones, el mandato gubernamental que se acaba de interrumpir venía respaldado por las elecciones de 2014 y termina en enero del próximo año. Como consecuencia, la presidenta del TSE, diversos ministros, alcaldes y funcionarios presentaron también su dimisión, mientras que Evo Morales se refugió en México tras la invitación del presidente, López Obrador, de darle asilo político por razones humanitarias.

Por su parte, el vacío de poder lo ocupó la senadora Jeanine Áñez, que funge como presidenta interina hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Entre sus primeras (y polémicas medidas) se encuentra la firma del Decreto 4078, que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en su labor por atajar las revueltas. Algo que ha sido duramente criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, la mandataria ha presentado una propuesta de ley ante el Congreso (con mayoría del MAS) para convocar unas nuevas elecciones generales que, desde la OEA, consideran “urgentes”. Dicho proyecto de ley recoge también la anulación de los comicios del 20 de octubre y la conformación de un nuevo TSE.Se abre ahora un periodo incierto en el país sudamericano, pero todo parece indicar que el ciclo del primer presidente indígena boliviano ha llegado a su fin.

¿Qué ocurrió en Bolivia?

Álvaro Díaz Navarro