La creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) fue una propuesta central durante la campaña presidencial del ahora presidente salvadoreño Nayib Bukele. La entidad está inspirada en la CICIG de Guatemala, y su objetivo es investigar y llevar a la justicia a grupos o individuos que hayan participado en la corrupción gubernamental. Sería liderada por el vicepresidente Félix Ulloa y el presidente ha prometido crearla en los primeros cien días de su mandato.

Debate constitucional

La creación de la CICIES ha sido un punto fuertemente debatido en El Salvador durante las últimas semanas. Los principales opositores argumentan que la creación de semejante órgano podría poner en riesgo la soberanía del país, y que sus recursos podrían ser usados de una mejor manera, como por ejemplo en la ya establecida Fiscalía General de la República. Además, algunos opositores consideran que podría generar una imagen muy negativa del país; la de una nación que no se puede cuidar solo y que necesita la presencia de funcionarios extranjeros para el buen manejo de las cosas. Y es que la CICIES implicaría precisamente esto: una comisión fundamentalmente formada por expertos extranjeros en materia de corrupción y malgasto de fondos públicos.

La estructura jurídica de la CICIES podría basarse en acuerdos con organismos internacionales como la ONU o la OEA. Esto aumentaría la legitimidad y el prestigio del proyecto en el ámbito internacional y multilateral.

Ahora bien, los detalles técnicos de la comisión todavía no han quedado particularmente claros, ya que el gobierno ha sido muy enigmático en el asunto. El presidente Bukele prometió que la CICIES iba a ser creada en los primeros cien días de su gobierno, en otras palabras, antes del 8 de septiembre. El ente paralelo en Guatemala ha sido igualmente controversial, pero lo que sí queda claro es que ha visto mucha acción en el ámbito judicial, ya que el expresidente guatemalteco Pérez Molina fue arrestado en 2015 tras investigaciones de la misma CICIG. Para un país con un alto índice de corrupción como lo es El Salvador, un ente que se dedique exclusivamente a ello sería muy bien visto por la población.

La reticencia hacia la CICIES se basan en la percepción que las acciones del nuevo gobierno puedan socavar el estado de derecho en El Salvador, y para algunos miembros de generaciones más experimentadas esto puede traer memorias no muy lejanas de cuando El Salvador no era una democracia. Y es que el pequeño país centroamericano goza de una democracia solamente desde el final de la guerra civil y el subsiguiente tratado de paz de 1992. Aún así, el nuevo embajador estadounidense Ronald Johnson ha mostrado su apoyo a la idea CICIES, y al ser EEUU tan influyente en la región esto puede llegar a ser un factor a tomar en cuenta.

¿Cómo solucionar la problemática?

La oposición política hace que el proyecto se haya convertido en una verdadero litigio parlamentario y jurídico. El presidente por su parte, sigue convencido de su posición y ha manifestado que la CICIES se llevará a cabo y que no va a cambiar su postura. A falta de algún tipo de referendum o encuesta popular oficial sobre la CICIES, la mejor manera que tiene (tuvo) la ciudadanía de expresar su opinión fue en las elecciones mismas, durante las cuales Bukele dejó claro que la CICIES iba a formar una parte clave du su mandato de ser en ese momento elegido. Se puede entonces extrapolar que la población apoya de una manera u otra la iniciativa, pero mientras no haya un marco oficial y formal, las dudas sobre el proyecto seguirán estando presentes en el ámbito de la política salvadoreña.

Y es este último punto el más importante para poder entender la dinámica detrás de todo esto. Habrán quienes se opongan a la CICIES por una legítima preocupación de mantener el estado de derecho en el país, otros lo harán por desconfianza al proyecto después de haber vivido en épocas menos democráticas. Luego están quienes se opongan por ideología y simple oposición política hacia Bukele, y por último seguramente habrán algunos que se opongan por miedo a ser los primeros en ser juzgados gracias a la CICIES misma. Pero poco importa por qué se opongan, ya que mientras no haya una estructura clara y competencias delimitadas, la CICIES va a ser víctima fácil de tecnicismos, ya sea en buena o en mala fe.

Es por eso que se han propuesto ya leyes y convenios sobre las facultades de la comisión. El objetivo de la presidencia debería ser esclarecer todas las dudas sobre los límites y poderes de la CICIES, y así demostrar que efectivamente se trata de una iniciativa constructiva sin fines de persecución política. Una vez el gobierno haga esto, y con el apoyo de organismos internacionales, la CICIES podría aportar mucho en materia de anticorrupción.

Una CICIES entre promesas y rechazos

Jaime Valle