Africa Corps en el Sahel: Una intervención que compra tiempo, no soluciones

En el corazón árido del Sahel, las tormentas de arena sepultan los restos calcinados de aldeas y bases militares. Mientras la insurgencia gana terreno, los civiles son desplazados o asesinados, y el Estado ha dejado de existir en amplias zonas del territorio.

El pasado 11 de mayo, mientras el capitán Ibrahim Traoré estrechaba la mano de Vladimir Putin bajo los candelabros del Kremlin, el grupo Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimeen (JNIM) ejecutaba una ofensiva coordinada sobre más de ocho localidades en Burkina Faso. La primera en caer fue Djibo, un enclave estratégico al norte de la capital asediado desde hacía meses. 

Dos días después irrumpieron en la prisión de Diapaga, liberando a varios reclusos con el objetivo de incorporarlos a sus filas. La ofensiva dejó cientos de muertos y permitió a los yihadistas capturar un arsenal considerable, incluyendo fusiles de asalto, ametralladoras ligeras y munición de alto calibre. 

Es en este escenario donde irrumpe Africa Corps, la renovada prolongación del extinto Grupo Wagner, ahora bajo el paraguas del Ministerio de Defensa Ruso. Lo que antaño fue una fuerza caracterizada por la negación plausible, se manifiesta hoy con creciente visibilidad, incluso ostentación. Desde el puerto de Conacry, en Guinea, Rusia ha comenzado a introducir un alto volumen de equipo militar pesado. El LBMP-3, el Z-STS Akhmat o el Ural-VPK son algunos de los vehículos blindados que se han comenzado a ver en Mali. De hecho, el Africa Corps ha empezado a difundir operaciones aéreas con aviones Su-24 dirigidas contra las posiciones del JNIM. Con todo, esta transición no está exenta de paradojas. Cuanto más visible se hace Rusia, mayor es su responsabilidad frente a los fracasos en el campo de batalla. 

Estas acciones van más allá de lo táctico, son una forma de mostrar apoyo y legitimar las juntas militares a las que Rusia presta asistencia. La presencia visible de Moscú fortalece su posición política. La asistencia rusa es escudo, pero también narrativa interna. Las juntas militares del Sahel han construido el relato que presenta al Kremlin como un aliado clave contra el “imperialismo occidental” y los grupos insurgentes. Así, la cooperación militar se convierte en un argumento político que legitima sus acciones autoritarias y estrategias represivas. 

Tanto la inteligencia de fuente abierta como el periodismo local delinean un panorama desolador. La ofensiva lanzada por el JNIM fue una de las más complejas y letales en la historia reciente de Burkina Faso, evidenciando una coordinación entre subgrupos como Ansaroul Islam y Katiba Macina. Estas facciones estarían aprovechando las treguas negociadas en Mali para trasladar combatientes a través de la frontera. Ni el armamento ruso ni los bombardeos han logrado revertir esta tendencia. Al contrario, las amenazas del JNIM de atacar “las grandes ciudades” ya no son simple propaganda: ahora disponen de la capacidad operativa para cumplirlas.

Una de las grandes dificultades a las que se enfrentan las fuerzas gubernamentales es la capacidad de adaptación de las fuerzas insurgentes. Durante años, los grupos yihadistas han utilizado con eficacia artefactos explosivos improvisados (IEDs) como parte de sus emboscadas. Pero ahora, a esa táctica se suman nuevas capacidades: el uso de drones para lanzar explosivos o la captura de vehículos blindados. 

Para las poblaciones locales, las consecuencias son catastróficas. Tanto los insurgentes como las fuerzas gubernamentales cometen atrocidades a gran escala. Informes de Human Rights Watch y del proyecto ACLED documentan masacres de civiles, frecuentemente de la etnia fulani, perpetradas por el ejército y milicias auxiliares como los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), mal entrenados y peor supervisados. Estas campañas, justificadas como operaciones antiterroristas, no hacen sino alimentar ciclos de violencia y radicalización. En vez de debilitar al enemigo, refuerzan su narrativa y aumentan su base de apoyo.

En este sentido, lejos de ofrecer un modelo coherente de contrainsurgencia, la intervención rusa parece estar exacerbando las dinámicas del conflicto. La dependencia de las juntas militares de Moscú ha borrado las ya frágiles fronteras entre poder civil y militar, y consolidado una lógica de seguridad centrada en la coacción. Mientras tanto, los insurgentes capitalizan los agravios acumulados por la violencia estatal y el desplazamiento forzado. Solo en Burkina Faso, más de 2,1 millones de personas han sido desplazadas. 

Sin embargo, la narrativa del Kremlin sigue ganando terreno, especialmente entre una juventud desencantada. En las ciudades de Burkina Faso, manifestaciones con banderas rusas y eslóganes panafricanos celebran el desafío de Traoré a Occidente. Las campañas de desinformación, amplificadas por los medios estatales rusos, han logrado reposicionar a Moscú no como un actor oportunista, sino como un aliado en la supuesta “descolonización” del continente. 

Pero más allá del relato, la realidad impone límites. Cuanto más se involucra Rusia sobre el terreno, como lo hizo Wagner y ahora Africa Corps, más expuesta queda a sufrir bajas, fracasos operativos y desgaste político. No está claro que Moscú este dispuesto a asumir estos costes a largo plazo. La represión indiscriminada no sustituye a una estrategia. Insistir en una contrainsurgencia basada en la violencia masiva no solo agrava el conflicto, sino que refuerza las causas que lo alimentan. 

Una salida realista no pasa únicamente por más drones o blindados, sino por abandonar la lógica de la represión total como única respuesta. Las juntas militares no pueden sostenerse indefinidamente sobre una contrainsurgencia que agrava el conflicto y erosiona aún más el tejido social. Sin un mínimo de control civil o canales de representación, cualquier respaldo externo, incluido el ruso, solo prolongará el colapso.