Capitulo ll: La arista económica

En capítulos anteriores revisábamos la historia del pueblo mapuche con la corona española, el estado chileno y el origen del conflicto en la región de la Araucanía. Entendimos el origen del malestar que sienten las comunidades hoy en día y pudimos conocer quiénes son estos Weichafes (guerreros) que el Imperio español no pudo doblegar, pero si la joven república chilena.

En este capítulo revisaremos el conflicto mapuche en Chile desde el punto de vista económico. Intentaremos responder preguntas tales como: ¿Cuál ha sido el impacto de la Ley Indígena? ¿Cuál es el rol de las forestales? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región de la Araucanía?

*Predio en Temucuicui, en la carretilla se puede leer “MARICHIWEU” (Venceremos 100 veces).*

El problema de la tierra y la Ley Indígena

Uno de los ejes centrales de discusión y polémica en el conflicto mapuche es sin lugar a dudas el problema de la propiedad de las tierras. En 1993, se promulgo la “Ley Indígena”, la cual buscaba resolver este punto de discordia entre los mapuches y el estado chileno.

Esta ley, promulgada por el primer gobierno democrático tras la dictadura de Pinochet, establecía subsidios para adquisición, regularización y traspaso de terrenos, velar por la preservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural indígena, e incluía la implementación de programas interculturales en salud y educación, entre otros aspectos[1].

En 2017, el Werkén (mensajero) Jorge Huechullán, acusaba de que la Ley Indígena no había sido eficaz en devolver las tierras a las comunidades mapuches, no reconocía al pueblo mapuche como nación y tan solo referenciaba el lado folclórico de su cultura[2]. Efectivamente, este texto legislativo al no reconocer al pueblo mapuche como nación, queda corto como instrumento de mediación y reparación.

Hasta el año 2017, la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) no tenía claro la cantidad total de tierras que eran reclamadas por los mapuches, según el senador Eugenio Tuma. Además, el parlamentario señalaba que, desde su promulgación en el año 93, la Ley Indígena no ha sido modificada.

En capítulos anteriores, revisábamos que la perdida de terrenos que sufrieron los mapuches fue producto de apropiación militar por parte del estado y ocupación por parte de colonos chilenos y europeos. Sin embargo, en años recientes empresas forestales han ganado protagonismo en el conflicto y han creado una rivalidad con las comunidades indígenas de la zona.

El rol de las forestales

El problema de la presencia de las forestales en la región es el mismo del modelo económico de Chile. Éste se sustenta, principalmente, en la explotación de recursos naturales y una parte importante de estos está en la Araucanía.

Las forestales llegaron a esta región junto al decreto 701[3], que fue creado en la dictadura en 1974. Con la llegada de estas empresas empezó la forestación de monocultivo de especies exóticas, en específico, las plantaciones de pino y eucaliptus.

El decreto 701 consolida la depredación del medio ambiente regional y al generar una dependencia económica de estas materias, limita las posibilidades de definir nuevas formas de desarrollo que revitalicen la vida rural y que fortalezcan las economías locales[4]. Esto es debido a que el decreto 701 aceleró la expansión de los monocultivos, la concentración de grandes extensiones de tierra y el traspaso de las principales empresas estatales a los grupos económicos de Angelini y Matte[5], así como de tierras de propiedad estatal tras la Reforma Agraria: de un total de 10 millones de hectáreas expropiadas, 3 millones -ubicadas en la faja costera- fueron vendidas en licitaciones públicas.

*El eucalipto no deja que otras especies vegetales prosperen a su alrededor*

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) fue autorizada para enajenar las tierras de la contrarreforma, muchas de las cuales aún eran ocupadas por comunidades mapuches o campesinas. Además, se bonificó en un 75% los costos de plantación, manejo y administración, eliminando la tributación y cubriendo casi la totalidad de la inversión para las grandes empresas forestales.

La expansión de estas entidades ha sido el foco que desató el conflicto reciente. Se dice que lo único que se puede hacer en estas regiones es forestar. Sin embargo, el tipo de plantación de pino o eucaliptos que hoy se utiliza en el sur del país es incompatible con las comunidades y poblaciones humanas. Se prepara el terreno para las plantaciones limpiándolas de todo vegetal y muchas veces bombardeándolas con plaguicidas, insecticidas y mata malezas. Sobre ese suelo desertificado se plantan los pequeños árboles muy juntos unos de otros.

El bosque crece tupido y nada se desarrolla junto o dentro de él. Por si las liebres y los conejos se comiesen los brotes, muchas veces se los envenena para que así en el contacto envenenen a los otros animales. Si durante el crecimiento se descubre alguna plaga se fumiga con aviones. Los predios están resguardados con alambres de púas y los portones con gruesos candados.

Las comunidades aledañas a esas gigantescas plantaciones no obtienen beneficio alguno y por el contrario perjuicios múltiples. Las napas de agua que sirven para sus vertientes y pozos se pierden ya que esas gigantescas masas vegetales exigen mucho líquido para su rápido crecimiento. Son una suerte de esponja que chupa agua a kilómetros a la redonda. Los campos de los campesinos se secan y cada día les es más difícil realizar sus labores agrícolas. Muchas otras consecuencias tienen este tipo de plantaciones para las comunidades convivientes ya que es un sistema ideado para espacios desertificados.

Las forestales han plantado bosques en lugares donde hasta hacía poco se realizaba agricultura. Hoy en día en esas tierras crecen calmadamente millones de eucaliptos y pinos que no dan trabajo a nadie, salvo algún guardia, y que tampoco darán trabajo en “la cosecha”ya que la actividad está mecanizada.[6]

El historiador Fernando Pairican, opina sobre este punto: “Más que ser los indígenas opositores al desarrollo económico, lo que solicitan es un equilibrio entre la producción económica y los recursos naturales, porque son finitos, agotables, y en ese ámbito, si no se regulan, a las generaciones a futuro habrá una crisis medioambiental y alimentaria".

Otro de los puntos de controversia es el Convenio 169 de la OIT. Dicho convenio obliga al estado chileno a realizar consultas a las comunidades indígenas acerca de normas y legislación que se quiera aprobar y que afecte a estas comunidades.[7]La norma plantea, de forma explícita, que deben generarse consultas para un desarrollo económico o de producción en territorio indígena. Sin embargo, el estado de Chile no lo ha hecho.

La pobreza en la región

Pese a la alta actividad económica de las forestales, la Araucanía tiene uno de los niveles de pobreza más altos de Chile de acuerdo a la encuesta CASEN, del año 2015, realizada por el Observatorio del Ministerio de Desarrollo Social[8].

En relación a sus características educativas, La Araucanía está entre las regiones con mayor tasa de analfabetismo (5,5% versus 3,1% promedio nacional), menor promedio de escolaridad (9,9 años versus 11,1 años promedio nacional) y mayor porcentaje de personas sin educación media completa (48,7% versus 38,9% promedio nacional).

En cuanto a la participación laboral de la población en edad de trabajar (15 años o más) la Araucanía es la región del país que muestra la menor tasa de participación laboral (51,7% versus 58,3% promedio nacional) y, junto al Biobío, es una de las regiones con menor tasa de ocupación (47,7% versus 54,0% promedio nacional).

En cuanto a los ingresos del trabajo, también se observan importantes brechas respecto del promedio nacional, registrando el menor ingreso promedio mensual de la ocupación principal entre las 15 regiones del país ($343.570 versus $461.951 promedio nacional).

En el año 2015, los datos de la ENCUESTA CASEN, permiten observar que la Región de la Araucanía alcanza el más alto porcentaje de personas en situación de pobreza en el país, diagnóstico que es corroborado tanto a través de la medición por ingresos como a través de la medición multidimensional. Mientras que la medida por pobreza por ingresos revela la presencia de un 23,6% de personas en situación de pobreza, la medida multidimensional indica una tasa de 29,2% de población en situación de pobreza.

En cuanto a la vivienda, la Araucanía representa el 3,6% del déficit habitacional a nivel nacional.

Con respecto a la desigualdad, su Coeficiente de Gini es de 0,498, convirtiéndose en una de las regiones más desiguales del país.

En el año 2017 la situación no mejoraba, de acuerdo a la ENCUESTA CASEN de ese año[9], la región de la Araucanía seguía siendo la región más pobre de Chile.

En 2018, el gobierno chileno lanzó un plan con un presupuesto de más de 800 millones de dólares anuales para diversas mejoras. Un año más tarde, la iniciativa enfrentaba los mismos problemas que otros proyectos regionales: lentitud, falta de diálogo y el ministro a cargo de su impulso, Alfredo Moreno, ya había dejado el cargo.

Un estancamiento económico y político que lo único que logra es perpetuar las precarias condiciones económicas en la región y un clima político de confrontación y división.

El robo de tierras, el daño medioambiental generado por las forestales y la perpetuidad de la pobreza, fueron los ingredientes claves para detonar (y mantener vivo) un conflicto que ha cobrado vidas humanas y no ha permitido a las comunidades mapuches desarrollarse en sintonía y armonía con el resto del país.

En el siguiente capítulo conoceremos más en profundidad la violencia en la región de la Araucanía, a las víctimas y, en algunos casos, a sus verdugos.

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53673734

[2] https://radio.uchile.cl/2017/02/09/ley-indigena-un-instrumento-al-borde-del-fracaso/

[3] https://www.conaf.cl/cms/editorweb/normativa/DL-701.pdf

[4] https://www.mapuexpress.org/2014/11/03/el-conflicto-de-la-industria-forestal-en-chile-y-territorio-mapuche/

[5] La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) es uno de los principales grupos forestales de Latinoamérica y el cuarto proveedor de celulosa a nivel mundial; desde la dictadura los grupos Matte y Angelini se han enriquecido con la explotación forestal en sur de Chile.

[6] https://www.nodal.am/2017/09/los-mapuches-chile-historia-cultura-conflicto/

[7] https://consultaindigena.mma.gob.cl/que-es-el-convenio-n-169-de-la-oit/

[8] http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/docs/region/Araucania.pdf

[9]https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politicas-sociales/pobreza/casen-2017-la-araucania-no-se-recupera-y-su-pobreza-duplica-la-tasa/2018-08-21/105628.html

Guía para entender el conflicto mapuche, Capítulo II

Diego Duarte Valdivia