La historia económica de Argentina (1900-1955)

La historia económica de Argentina (1900-1955)

La historia económica de Argentina (1955-2001)

La historia económica de Argentina (2002-2025)

A comienzos del siglo XX, Argentina figuraba entre las economías más dinámicas del mundo, ofreciendo, a través de su modelo agroexportador, oportunidades y promesas de riqueza a millones de emigrantes europeos. Sin embargo, el giro proteccionista del comercio global que precedió a la Segunda Guerra Mundial truncó la estrategia de desarrollo basada en la exportación de materias primas, lo que llevó a figuras como Juan Domingo Perón a impulsar una economía centrada en la industrialización y la promoción de la justicia social. A pesar de estos esfuerzos, Argentina nunca recuperó el estatus de potencia emergente que alguna vez ostentó y, desde entonces, el país ha atravesado una larga sucesión de crisis económicas y episodios de hiperinflación.

El siguiente artículo explica, fase a fase, la historia económica de Argentina, desde la desde la consolidación del modelo agroexportador en el siglo XIX hasta la llegada al poder de Javier Milei, pasando por hitos como la expansión de la industrialización por sustitución de importaciones, la hiperinflación de finales de la década de 1980 o la crisis del corralito.

El modelo agroexportador

Hasta mediados del siglo XIX, la economía argentina se articulaba en torno a la producción agrícola y ganadera - con preeminencia del vacuno, el maíz y el trigo - dirigida al abastecimiento del mercado interno. No obstante, el periodo de estabilidad iniciado en la segunda mitad del siglo XIX permitió la consolidación del modelo agroexportador y oligárquico, que reorientó la estructura productiva hacia la exportación de materias primas a los mercados europeo y estadounidense en el marco de la segunda revolución industrial.

La ganadería fue uno de los primeros motores del comercio exterior argentino. Ya hacia 1840, el auge de la demanda internacional de lana impulsó la expansión del ganado ovino, que llegó a representar el 55% de las exportaciones en 1881. Desde finales del siglo XIX, el creciente valor de la carne en Europa atrajo capitales, predominantemente británicos, destinados al desarrollo de plantas frigoríficas y a la introducción de razas bovinas importadas del Reino Unido. Como resultado, las exportaciones de carne experimentaron un notable aumento, pasando de 26.000 a 411.000 toneladas anuales entre 1900 y 1916.

Paralelamente, la productividad del trigo, el maíz, el lino, la avena y la cebada se benefició de la especialización en cultivos y de la incorporación de nuevas tecnologías. Así, entre 1909 y 1913, los bienes agrícolas se convirtieron en la principal exportación y Argentina se erigió como el segundo exportador mundial de cereales, solo superado por Rusia. A fin de abaratar e incrementar las ventas agrícolas en los mercados internacionales, el Estado otorgó facilidades al capital europeo para el desarrollo de una red ferroviaria que conectara los latifundios del interior con los puertos exportadores de Buenos Aires, Rosario o Bahía Blanca. Para 1916, la longitud de las vías, financiadas, construidas y operadas, en su mayoría, por capital británico, ya alcanzaba los 34.000 kilómetros de extensión.

Gracias al modelo agroexportador, entre 1870 y 1914, Argentina registró un crecimiento promedio del PIB del 6% anual, lo que atrajo una ingente cantidad de mano de obra, tanto de países limítrofes como de ultramar, particularmente de Italia o España. Entre 1850 y 1880, el estado promovió activamente la inmigración mediante normas como La Ley de Avellaneda de 1876, que facilitó el acceso a la tierra a través de contratos de arrendamiento con opción de compra, permitiendo a los inmigrantes adquirir parcelas tras haberlas trabajado durante un tiempo determinado. En otras ocasiones, los inmigrantes se integraron en el sistema productivo como arrendatarios de grandes estancias - o propiedades - en manos de la oligarquía terrateniente, abonando el alquiler en especie con parte de lo cosechado. Una fracción menor de los inmigrantes ingresó a las pequeñas e incipientes industrias urbanas.

No obstante, este crecimiento sostenido también presentaba limitaciones estructurales. La abundancia de mano de obra desincentivó la inversión en la mecanización del campo por parte de los terratenientes, lo que frenó la modernización del modelo productivo y su avance en la cadena de valor. Al mismo tiempo, el desarrollo argentino se tornó dependiente de la demanda de recursos naturales por parte de los países que habían experimentado procesos de industrialización. Ello, a su vez, convertía a las divisas obtenidas por medio de las exportaciones agropecuarias en un recurso esencial para financiar la importación de bienes de capital y de consumo de mayor valor añadido.

La dependencia de los monocultivos y la sobreexposición a un mercado exterior caracterizado por la volatilidad de la demanda quedó en evidencia con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que marcó el fin de la expansión del mercado mundial de productos primarios. Tan solo en el primer año de guerra, las exportaciones hacia Europa se redujeron en un 30% y, pese a que una buena parte de la producción logró desviarse a Estados Unidos, el PIB argentino cayó un 20% entre 1914 y 1917. La victoria de Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical (UCR), en las elecciones presidenciales de 1916 reflejó el creciente descontento social con el modelo agroexportador y con las élites de estancieros vinculadas al Partido Autonomista Nacional (PAN).

La crisis de este modelo se agravó tras el crack de 1929 y la popularización del proteccionismo a escala global. En este escenario, Argentina enfrentó una drástica desaceleración de la inversión en capital, principalmente por parte de Inglaterra, que en aquel momento desempeñaba un papel fundamental en el impulso a la actividad agropecuaria por medio del sistema crediticio. Asimismo, Buenos Aires se vio obligado a recurrir a mecanismos de endeudamiento externo para hacer frente a la crisis de la balanza de pagos provocada por la caída de las exportaciones.

El temor de las élites oligárquicas a las protestas de los agricultores ante la situación de desempleo masivo que sucedió al colapso financiero de 1929 desembocó en el golpe de estado de José Félix Uriburu en 1930, apoyado por los grandes estancieros. Comenzó así un periodo conocido como la “Década Infame”, durante el cual la oligarquía terrateniente trató de sostener un modelo agroexportador en decadencia ejerciendo una fuerte influencia en las decisiones gubernamentales e impulsando normativas que, implícitamente, les eximían del cumplimiento de ciertas leyes laborales. 

Un ejemplo paradigmático de esta estrategia fue el pacto Roca-Rucimann de 1933, por el que Argentina acordó con el Reino Unido el acceso preferencial a su mercado, sorteando los aranceles que protegían el mercado de carne de la Commonwealth. A cambio, los estancieros se comprometieron a reducir el precio de la carne, mientras que el Estado argentino se abstuvo de imponer aranceles sobre el carbón y otras mercaderías importadas, además de conceder un trato favorable y facilitar la extracción de recursos por parte de las empresas británicas.

La vulnerabilidad del modelo agroexportador y la adopción de estas medidas generaron un creciente sentimiento antibritánico y anti-élite que marcaría la transición a un nuevo sistema económico: la industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

La industrialización por sustitución de importaciones

Las aportaciones del economista argentino Raúl Prebisch, uno de los máximos exponentes del desarrollismo económico, o estructuralismo, son fundamentales para comprender la industrialización por sustitución de importaciones. Según este autor, el libre comercio internacional relega a las economías primario-exportadoras a un papel secundario en las transferencias de valor frente a los países industrializados, pues carecen de un tejido industrial diversificado y de los incentivos y recursos necesarios para invertir en la producción nacional de bienes de mayor valor añadido.

Bajo la lógica del ISI, los países periféricos deben optimizar su balanza comercial, maximizando las exportaciones e importando únicamente lo necesario. Para ello, estos estados han de aplicar aranceles a productos importados que pueden ser fácilmente fabricados por mano de obra local, como los textiles o la madera. Posteriormente, el ahorro en divisas derivado de la reducción de las compras al extranjero debe destinarse a la importación de bienes de capital de mayor valor añadido, con el objetivo de expandir la industria nacional hacia la producción de bienes de consumo duradero. De este modo, se fomentaría la creación de un empleo de mejor calidad y el desarrollo de un mercado interno con mayor capacidad de consumo, lo que permitiría a los países periféricos reducir su dependencia de los volátiles mercados de materias primas.

En este proceso, el estado desempeña un papel central, pues ha de respaldar la iniciativa de los empresarios locales mediante créditos preferenciales, subsidios o exenciones fiscales, además de restringir la inversión extranjera para proteger a la industria nacional de la competencia externa. El estado también debe eximir de aranceles u otorgar tipos de cambio favorables a todas aquellas empresas industriales que precisen de la adquisición de bienes extranjeros para su funcionamiento.

Durante la “Década Infame”, las élites argentinas promovieron una industrialización moderada, aunque aún dependiente del capital extranjero, que se sostuvo gracias a la emergencia de clases sociales con capacidad de consumo en épocas anteriores. Durante este periodo, la expansión del sector textil se produjo a la par que el desarrollo de industrias más demandantes de mano de obra que de inversiones en capital, tales como la de electrodomésticos o el ensamblaje de piezas importadas para automóviles.

No obstante, las políticas de industrialización y el papel más activo del estado en la economía comenzaron a consolidarse tras el golpe militar de 1943, liderado por el general Edelmiro Farrell, y, especialmente, con la llegada al poder de Juan Domingo Perón en 1946. Frente a la narrativa de la UCR, centrada en la necesidad de mayor democracia y libertad, Perón y el Partido Justicialista articularon un discurso que conjugaba la necesidad de nacionalismo económico y de justicia social. 

Durante su primer mandato, Perón reforzó el papel del Estado y del Banco Central en el sistema financiero con el propósito de reducir la dependencia del crédito internacional y orientar la emisión monetaria y la política crediticia hacia el consumo nacional y la industria manufacturera. Asimismo, Perón aplicó aranceles a las importaciones y emprendió un programa de nacionalizaciones en sectores clave como la electricidad, el gas, el ferrocarril, el automotriz o el petroquímico con el fin de estimular la producción interna, mejorar las infraestructuras y reducir costes energéticos y logísticos.

Uno de los ejes de la política socioeconómica de Perón fue la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), encargado de comercializar las exportaciones argentinas y recaudar ingresos que, posteriormente, se destinaban a la financiación de la industrialización; a la inversión en servicios e infraestructura pública, como colegios u hospitales; o al impulso de programas de redistribución que incluían aumentos salariales, subsidios a la vivienda o la creación de sistemas de seguridad social. 

La captación de ingresos provenientes del sector agropecuario fue esencial para consolidar el apoyo de las clases trabajadoras urbanas y de los sindicatos, quienes a su vez incrementaron su influencia en la industria y en el funcionariado estatal. Sin embargo, el incremento del gasto público, que pasó del 16% al 29% del PIB entre 1946 y 1952, no se tradujo en un crecimiento proporcional en la producción - especialmente en sectores de mayor valor añadido - y vino acompañado, además, de un aumento del 250% en la oferta monetaria. Como consecuencia, la inflación, que ya se situaba en torno al 17% en 1946, experimentó un repunte significativo durante este periodo, llegando a alcanzar el 38% en 1952.

La limitada capacidad de la industria argentina para producir bienes tecnológicamente avanzados hizo necesaria la importación de equipos y maquinaria de mayor desarrollo técnico para mantener la productividad, lo que exigía contar con amplias reservas de divisas. Sin embargo, tan solo entre 1946 y 1952, estas reservas se redujeron desde los 1.600 hasta los 150 millones de dólares debido a la necesidad de atender los pagos de deuda externa, la disminución de la inversión extranjera - que cayó desde el 50% en 1913 hasta el 5% en 1955 como consecuencia de las nacionalizaciones -, la normalización de los precios internacionales de los productos agropecuarios o la grave sequía que afectó al país entre 1949 y 1951. 

A ojos de una buena parte de la clase trabajadora, el ISI fue percibido como un éxito, al propiciar un aumento del empleo en el corto plazo, una calidad de vida inalcanzable en el campo y tasas de crecimiento del PIB cercanas al 5% anual. Paralelamente, el desarrollo de una industria nacional fomentó un sentimiento de orgullo patriótico. Sin embargo, la escasez de divisas - y, por ende, de bienes de capital extranjeros necesarios para modernizar la producción -, sumada a la limitada presión competitiva que enfrentaba la industria argentina a causa de los aranceles y de la consolidación de oligopolios industriales, acentuó la presión al alza de los precios y deterioró la calidad de la producción. 

A pesar del amplio respaldo de las clases populares a Perón, sus políticas de nacionalización y la creciente intervención estatal en la economía provocaron un fuerte rechazo en la oligarquía vinculada al sector agropecuario, en los sectores empresariales, en la iglesia católica o en el gobierno de Estados Unidos. Este descontento culminó en el golpe de Estado conocido como la “Revolución Libertadora” de 1955, mediante el que las Fuerzas Armadas derrocaron a Perón y pusieron fin a su segundo mandato. 

A lo largo de las décadas posteriores, Argentina experimentaría una fase de profunda inestabilidad política, caracterizada por la alternancia entre gobiernos civiles y militares cuya orientación económica oscilaría entre el proteccionismo y el aperturismo. Esta falta de continuidad dificultó la puesta en marcha de políticas fiscales sostenibles que permitieran abordar de forma eficaz los desequilibrios estructurales heredados y agravados durante el peronismo. No obstante, el análisis detallado de esta etapa se explicará con mayor detalle en la segunda parte de este artículo.