Pegasus, el virus de la mentira

Pegasus era un noble caballo alado que te conducía a cualquier destino, en cambio, el escándalo orquestado entorno al uso del virus homónimo en España debería tener otro nombre, "Sierpe", porque la bajeza y el modo de culebrear para evitar la justicia con mayúsculas y en su lugar optar por espectáculos parlamentarios, sólo puede ser el fruto de quienes más que volar como Pegasus o caminar como un ser humano, reptan como una vivora.

Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar al Europarlamentario Jordi Cañas, del grupo de Ciudadanos, un tipo poco conocido en la política nacional aunque detestado por un sector del independentismo catalán.

Durante la conversación, mi intención era abordar el Moroccogate y el uso de Pegasus por parte de Rabat y -en su caso- por el Estado español en el marco del Procés, este último un tema en principio secundario para el objetivo de mi entrevista... Pero todo cambió a medida que fui consciente de la trampa de Pegasus, que más bien empezó a parecerme un caballo de Troya, de ahí este artículo.

Jordi Cañas, lejos de limitarse a explicarnos el asunto y cómo se había vivido en Bruselas, adoptó su habitual tono directo y asertivo, pisó cuantos charcos consideró oportuno y con ello casi oculta una nota clave en el sabor de aquella entrevista: la disculpa permanente.

Toda la entrevista estuvo aderezada por disculpas y matizaciones; pese a la imagen que pueda proyectar el "Moroccogate", la mayor parte de los Europarlamentarios son gente honesta, no todos los políticos tienen un precio y no todas las escuchas -como las efectuadas mediante Pegasus- son ilegales. Todo eso lo apostilló el propio Jordi Cañas.

¿Por qué esa actitud defensiva y de disculpa constante? ¿Acaso España no es un país dotado de un índice de calidad democrática en paridad con el del resto de Europa Occidental?

Pues, o mucho me equivoco, o las escuchas efectuadas con Pegasus deben tener su correspondiente autorización judicial -como procede en cualquier Estado de Derecho- y la verdad, a tenor de las constantes declaraciones públicas en favor de un "Procés" en el que se prometía una independencia unilateral por la única vía posible -la ilegal- resulta difícil pensar que un juez no hubiera autorizado semejantes escuchas.

Entonces, ¿por qué estar a la defensiva? Hasta donde sabemos, si alguien tiene una sospecha de que Pegasus ha sido utilizado sin permiso judicial, solo tendrá que recurrir a los tribunales y exigir los documentos que autorizan las 18 escuchas reconocidas en comisión parlamentaria por la exdirectora del CNI -Paz Esteban- . Ni más ni menos.

Ahora bien, si en lugar de recurrir a los tribunales para esclarecer este asunto, los partidos separatistas optan por urdir una comisión parlamentaria -con todos los visos de convertirse en un circo- y la correspondiente campaña de medias verdades y medias mentiras en prensa, solo podemos concluir que quienes fueron "espiados" ni creen ser víctimas de una ilegalidad, ni tienen el menor interés en la verdad, aunque su desinterés por la realidad tampoco debería sorprendernos viniendo de quienes se pasaron un lustro persiguiendo una independencia más improbable que convertir el logo de Apple en una pera.

Por si lo anterior no fuera suficiente, resulta que nuestros queridos compatriotas separatistas, escudándose en la canadiense CitizenLab, pero omitiendo que toda una sección de ese grupo se encontraba dirigida por separatistas catalanes, reclaman haber detectado decenas y decenas de dispositivos infectados, eso si, ni están dispuestos a revelar su mágico método para detectar un virus ni por supuesto están dispuestos a entregar sus dispositivos ante la autoridad judicial o policial.

La exdirectora del CNI pudo haber declarado que no se había espiado a nadie, seguramente habría sido fácil -y despreciable- afirmar que no existió tal espionaje, pero no, reconoció las escuchas, tal y como debe hacer cualquier servidor público ante una pregunta parlamentaria y -si se me permite- con la conciencia tranquila de quien sabe estar haciendo lo correcto: el Procés y las declaraciones de muchos de sus líderes y cuadros presentaban indicios de intencionalidad en la comisión de un delito contra el interés general que -obviamente- habilitaba a la autorización de las escuchas.

En conclusión, no hay nada malo en las escuchas, siempre y cuando no se demuestre su ilegalidad en sede judicial, mientras tanto, sólo estamos asistiendo a un juego político de mucho estilo y muy poca sustancia, un juego patético para quienes deben soportar los argumentos de baja estofa y la mala fe de quienes no han aspirado a la verdad ni cuando mentían a sus votantes con el unicornio de una Cataluña independiente.