¿Por qué fracasó la paz entre EE.UU. e Irán en Ormuz?

La última confrontación entre Estados Unidos e Irán no puede explicarse únicamente por los ataques contra varios buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Aquellos incidentes fueron el detonante inmediato, pero no la causa profunda. No explican por qué un alto el fuego negociado apenas unas semanas antes se desmoronó con tanta rapidez, por qué Washington respondió mediante una campaña militar de gran alcance ni por qué Teherán llegó a considerar que volver a resistir era menos peligroso que aceptar el nuevo dispositivo marítimo.

La causa real se encuentra en la disputa sobre el significado del memorando de junio. Para Irán, el acuerdo reconocía una realidad estratégica creada por la guerra: Estados Unidos podía infligir daños enormes al territorio iraní, pero no podía garantizar la seguridad de Ormuz ni estabilizar los mercados energéticos sin alcanzar un entendimiento con Teherán. Irán había convertido su geografía en un instrumento de disuasión y negociación.

Washington aceptó el memorando porque la alteración del tráfico por Ormuz había internacionalizado los costes del conflicto. Sin embargo, inmediatamente después comenzó a impulsar una solución alternativa destinada a reabrir el estrecho sin reconocer la influencia que Irán creía haber obtenido. Omán, que inicialmente había aceptado un proceso bilateral con Teherán, facilitó después un corredor paralelo en lo que puede interpretarse como una señal diplomática bajo la presión de Estados Unidos y de varios países árabes, y que pasó a depender progresivamente del respaldo político y militar de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Lo que se presentó como una solución provisional para mantener la navegación comenzó así a convertirse en la base de un orden marítimo protegido por Occidente y capaz de operar sin una participación iraní efectiva.

Éste es el argumento central: la nueva guerra no fue simplemente una reacción estadounidense, quizá desproporcionada, a unos ataques marítimos aislados. Fue la consecuencia previsible del intento de Washington —gracias al repliegue de Omán— de eludir el memorando, reabrir Ormuz mediante un dispositivo alternativo y neutralizar la principal palanca estratégica que había obligado a Estados Unidos a negociar.

Por eso Irán considera que no puede limitarse a ceder. No se trata sólo de preservar el prestigio de la República Islámica, sino de impedir que un corredor temporal se transforme en un régimen permanente que excluya al Estado iraní de la gestión de un espacio decisivo para su seguridad.

El detonante táctico pudo ser iraní. La crisis estratégica se diseñó en Washington y se hizo posible en Mascate.

La cuestión no es si los buques comerciales tienen derecho a atravesar un estrecho internacional. Lo tienen. Tampoco si Irán posee soberanía exclusiva sobre Ormuz. No la posee. La cuestión es si Estados Unidos puede invocar la libertad de navegación para construir, a través de Omán y bajo protección occidental, un orden que conserve intactos sus instrumentos de coerción y prive al mismo tiempo a Irán de uno de sus principales instrumentos de disuasión.

Ormuz como instrumento de negociación

No es necesario reconstruir extensamente la guerra de febrero para comprender la crisis actual. Basta recordar que mostró dos realidades simultáneas: la superioridad militar estadounidense y los límites políticos de esa superioridad.

Irán no podía competir de manera simétrica con el poder aéreo, la inteligencia, la capacidad tecnológica o la red regional de bases militares de Estados Unidos. Pero sí podía impedir que el coste de la guerra quedara limitado al territorio iraní.

Al interrumpir el tránsito por Ormuz, Teherán trasladó parte de ese coste a los mercados energéticos, las navieras, las aseguradoras, los exportadores del Golfo y las principales economías importadoras. El estrecho funcionó como una forma de disuasión económica. No permitía a Irán derrotar militarmente a Estados Unidos, pero impedía que Washington prolongara el conflicto sin perjudicar a sus aliados y al conjunto de la economía mundial.

El memorando de junio fue consecuencia de ese cálculo. Preveía el cese de las hostilidades, la retirada del bloqueo estadounidense, cierto alivio económico temporal y un periodo de negociación. Irán, por su parte, debía facilitar el paso comercial y negociar con Omán la futura administración de la navegación y de los servicios marítimos.

Pero las dos partes entendieron de forma distinta el alcance de esas obligaciones.

Washington interpretó la cláusula sobre Ormuz como el compromiso iraní de restaurar la navegación normal. Teherán entendió que el acuerdo reconocía una nueva realidad: Irán facilitaría provisionalmente el tránsito y después negociaría con Omán un régimen marítimo en el que su influencia estratégica quedaría institucionalizada.

La diferencia afectaba a la distribución del poder tras la guerra. Según Estados Unidos, Irán debía eliminar los efectos de su estrategia y restaurar el orden anterior. Según Irán, el conflicto había producido un nuevo equilibrio que debía traducirse en una función reconocida en la seguridad y administración del estrecho.

El memorando no resolvió esta contradicción. Exigía que Irán facilitara el tránsito, pero no delimitaba con precisión su autoridad. Mencionaba la negociación con Omán, pero no establecía un mecanismo provisional inequívoco. Hablaba de una futura administración sin aclarar qué ocurriría si Teherán y Mascate no alcanzaban un acuerdo.

Esta ambigüedad podía haberse gestionado mediante negociación. Washington prefirió resolverla modificando los hechos sobre el terreno.

El repliegue de Omán

La actuación de Omán resulta esencial para comprender por qué la tregua se vino abajo.

Tras el memorando, Irán y Omán declararon que cualquier arreglo relativo a Ormuz debía respetar la soberanía y los derechos soberanos de ambos Estados ribereños. También acordaron mantener un grupo de trabajo conjunto sobre navegación, servicios marítimos y futura administración.

Aquella declaración generaba una expectativa razonable: ninguna de las dos partes establecería unilateralmente un régimen permanente al margen de la otra.

Pocos días después, sin embargo, Omán anunció un corredor temporal coordinado a través de sus propias autoridades y de instituciones marítimas internacionales. Inicialmente, la medida podía justificarse como una respuesta de emergencia destinada a reactivar el tráfico.

El problema no fue la existencia temporal del corredor, sino su evolución.

En vez de mantenerse integrado en el mecanismo bilateral, comenzó a convertirse en una alternativa al mismo. Permitía normalizar el tránsito por aguas omaníes sin resolver la participación futura de Irán. Reino Unido y Francia ofrecieron después apoyo para proteger la navegación, mientras Estados Unidos proporcionaba el marco estratégico.

El corredor dejó de ser únicamente una solución técnica. Empezó a adquirir las características de un sistema de seguridad rival, aunque su trazado meridional, condicionado por la configuración del canal y la gestión del tráfico, exige una navegación especialmente controlada.

Las razones de Mascate son comprensibles. Omán estaba expuesto económica y militarmente, afrontaba la presión de otros gobiernos del Golfo y carecía de la capacidad para garantizar por sí mismo la navegación. No quería enfrentarse a Washington ni asumir el coste de una crisis prolongada.

Omán aceptó públicamente un proceso bilateral y permitió después que ese proceso se vaciara de contenido cuando defenderlo se volvió costoso. Eligió la protección de la coalición dominante frente al entendimiento alcanzado con Teherán.

Quizá no fuera una violación formal de un tratado. Sí fue una ruptura de confianza y un abandono de la lógica de la administración conjunta. Un Estado pequeño puede actuar con prudencia sin dejar de ser fiable. Omán traspasó esa frontera.

Estados Unidos diseñó la estrategia. Omán aportó la geografía, la cobertura diplomática y la apariencia de consentimiento regional. Washington fue el arquitecto; Mascate se convirtió en el facilitador.

Para Teherán, el precedente es inquietante. Omán llevaba décadas presentándose como un mediador relativamente independiente. Su comportamiento sugiere ahora que cualquier entendimiento con Irán podría ser revisado cuando la presión estadounidense y árabe alcance la suficiente intensidad.

Vaciar el acuerdo después de firmarlo

El objetivo estadounidense no era sólo reabrir Ormuz. Era hacerlo sin reconocer que Irán había adquirido una influencia duradera sobre el orden posterior a la guerra.

Washington quería restablecer el tráfico sin condiciones iraníes, permitir que los buques utilizaran una ruta distinta a la propuesta por Teherán, debilitar las capacidades costeras iraníes y conservar a las fuerzas occidentales como garantes finales de la navegación. También pretendía mantener las concesiones económicas del memorando como instrumentos reversibles de presión.

El resultado habría dejado a Irán con las obligaciones del acuerdo y casi ninguno de los beneficios esperados. Teherán tendría que garantizar el tránsito, renunciar a su capacidad de presión marítima y contenerse militarmente. Washington conservaría sus bases, sanciones, alianzas, capacidad de ataque y facultad para retirar el alivio económico.

Eso no era una aplicación recíproca. Era una revisión del acuerdo después de su firma.

El corredor omaní era esencial para esa estrategia. Si el tráfico podía trasladarse a una ruta administrada por Omán y protegida por potencias occidentales, el mecanismo iraní perdería relevancia. Estados Unidos lograría reabrir el estrecho sin reconocer a Teherán una función efectiva en su gestión.

La influencia que había forzado la negociación quedaría entonces redefinida como una amenaza iraní y podría ser degradada militarmente.

La interpretación maximalista iraní —el supuesto derecho a controlar todo Ormuz— no es jurídicamente sostenible. Pero la debilidad de esa pretensión tampoco justifica excluir a Irán del futuro régimen marítimo.

La solución razonable habría consistido en un mecanismo conjunto iraní-omaní, reglas transparentes de tránsito y un procedimiento acordado para investigar incidentes. Washington trató, en cambio, la oposición iraní como un problema que debía resolverse mediante presión militar.

De los ataques marítimos a la nueva guerra

La confrontación inmediata comenzó cuando varios buques comerciales vinculados al corredor alternativo fueron atacados. Estados Unidos y gobiernos regionales atribuyeron los hechos a Irán. Teherán no los reivindicó, aunque sus advertencias previas y su oposición a la ruta hicieron plausible algún grado de implicación.

Pero la respuesta de Washington fue mucho más allá de proteger la navegación. Estados Unidos lanzó una campaña contra las capacidades costeras y militares iraníes y retiró simultáneamente las concesiones económicas incluidas en el memorando. El objetivo era más amplio: debilitar la capacidad de Irán para cuestionar el nuevo dispositivo marítimo.

Washington no esperó una investigación conjunta ni trató de utilizar los mecanismos de aplicación del acuerdo. Actuó al mismo tiempo como acusador, intérprete, sancionador económico y juez militar.

Los ataques contra los buques no fueron, por tanto, la única causa de la campaña. Fueron la ocasión que permitió ejecutar una estrategia que ya estaba en marcha: degradar la disuasión marítima iraní e imponer la interpretación estadounidense del memorando. La responsabilidad no recae por igual sobre todos los actores.

Estados Unidos tiene la principal responsabilidad estratégica por haber intentado modificar el acuerdo mediante presión y fuerza. Omán posee una responsabilidad secundaria, pero decisiva, por haber debilitado el marco bilateral y facilitado que Washington sorteara a Teherán. Irán debe responder por cualquier ataque deliberado contra la navegación civil, pero ese comportamiento no elimina la secuencia política que precedió a la escalada.

Por qué Irán no puede desentenderse

Aceptar el corredor significaría para Irán mucho más que renunciar a una ruta marítima. Significaría aceptar un precedente estratégico.

En primer lugar, destruiría la credibilidad de futuros acuerdos. Si Washington puede firmar un memorando y modificar después sus elementos esenciales mediante presión militar y regional, cualquier alto el fuego se convertirá en una simple pausa operativa. Irán concluiría que cumplir los acuerdos produce vulnerabilidad, no reciprocidad.

En segundo lugar, reduciría a Irán —uno de los dos Estados ribereños indispensables— a la condición de amenaza gestionada desde Omán y protegida por fuerzas occidentales. El problema no afecta sólo a la República Islámica. Afecta a la posición de largo plazo del Estado iraní en su entorno marítimo.

En tercer lugar, Teherán perdería su principal instrumento geográfico de disuasión sin recibir garantías ejecutables contra nuevas operaciones militares. Estados Unidos conservaría sus bases, sanciones, alianzas y capacidad ofensiva, mientras Irán abandonaría la palanca que había permitido imponer costes recíprocos. Eso no sería una desescalada equilibrada. Sería una exposición unilateral.

Por último, un corredor protegido de manera permanente por potencias occidentales normalizaría una tutela militar externa sobre el estrecho y validaría la idea de que Estados Unidos puede atacar a Irán, negociar una pausa y utilizar después a sus vecinos para desmontar la influencia que obligó a negociar.

Desde esta perspectiva, Teherán no puede simplemente aceptar que el corredor se consolide como una realidad permanente. Si lo hiciera, la presión militar y económica habría conseguido después del acuerdo lo que no logró durante la guerra.

Qué significa resistir

Irán no debería combatir por la propiedad exclusiva de Ormuz. Esa posición sería jurídicamente insostenible y diplomáticamente contraproducente.

La pretensión más defendible también es más limitada: ningún régimen duradero de navegación y seguridad puede construirse legítimamente excluyendo a uno de los dos Estados ribereños o situando el estrecho bajo la tutela efectiva de potencias externas.

Irán puede defender sus aguas territoriales, su litoral y sus instalaciones. Puede exigir una función indispensable en cualquier marco a largo plazo con Omán, oponerse a que bases vecinas se utilicen contra su territorio y conservar capacidades defensivas hasta que exista un acuerdo recíproco.

Eso es lo que está en juego: no el monopolio iraní de Ormuz, sino la resistencia frente a una exclusión estratégica.

Sin embargo, esa resistencia no debería degenerar en ataques indiscriminados contra el comercio. Cada barco civil dañado refuerza el argumento a favor de la presencia militar occidental y permite a Washington presentar una disputa sobre poder regional como una operación destinada a proteger la navegación internacional. Esa pretensión resulta, no obstante, difícil de sostener cuando, según fuentes iraníes, las fuerzas estadounidenses también habrían destruido más de treinta embarcaciones civiles —entre lanchas y dhows comerciales— durante sus operaciones.

En principio, Irán debe distinguir entre los buques civiles y la arquitectura militar construida alrededor del corredor. Pero si Washington y Mascate canalizan deliberadamente el tráfico por esa ruta para normalizarla y hacer irrelevantes las objeciones iraníes, difícilmente podrán aislarla de la confrontación que han creado.

Teherán puede considerar que dispone de escaso margen de maniobra para permitir que el corredor adquiera la apariencia de una ruta plenamente segura e incontestada. Esto no convierte automáticamente a los buques civiles en objetivos legítimos. Significa que la responsabilidad por la inseguridad resultante tampoco puede atribuirse sólo a Irán cuando la navegación comercial se utiliza para consolidar un régimen disputado y militarmente protegido antes de alcanzar una solución política.

Irán ya ha demostrado que puede hacer inseguro Ormuz. Su objetivo debería ser demostrar que el estrecho no puede mantenerse estable de manera sostenible excluyendo a Irán.

Una guerra por el orden posterior a la guerra

Un alto el fuego no puede convertirse en una paz duradera si una potencia global utiliza la pausa para reforzar su posición y reducir progresivamente la capacidad negociadora de su contraparte regional.

El memorando podía haber establecido un equilibrio: Irán facilitaría el tránsito; Estados Unidos retiraría el bloqueo y suspendería la presión; Irán y Omán negociarían un nuevo marco.

Pero un cumplimiento incondicional por parte de Teherán no salvaría ahora el acuerdo. Completaría su transformación en un instrumento para desmantelar la influencia iraní.

La defensa de la resistencia no exige idealizar la guerra ni justificar todas las decisiones de Teherán. Se basa en una conclusión más precisa: Un acuerdo que permite a Washington eliminar la principal ganancia estratégica de Irán mientras conserva intactos todos sus instrumentos de coerción no puede producir una paz duradera.

La confrontación actual fue el resultado previsible de una cláusula disputada y posteriormente sorteada. Una acción iraní pudo encender la mecha; Washington ya había preparado el escenario político, mientras Omán careció de voluntad para sostener la lógica bilateral que había aceptado.

La responsabilidad estadounidense es principal y estratégica. La de Omán es política y facilitadora. La responsabilidad de Irán consiste en evitar que una resistencia frente a la exclusión derive en una guerra indiscriminada contra la navegación civil.

Una solución viable exige que Irán no reclame la propiedad exclusiva de Ormuz, pero también que no sea eludido; que el tránsito comercial no sea obstruido arbitrariamente, pero tampoco empleado para justificar un régimen militar extranjero; que el corredor omaní no se convierta en una estructura permanente al margen de un marco conjunto; y que no se exija contención unilateral a Irán mientras los instrumentos estadounidenses de coerción permanecen intactos.

El objetivo de la resistencia no es mantener cerrado el estrecho. Es impedir que sea reabierto en condiciones que subordinen permanentemente a Irán en su propio entorno marítimo. Washington debe comprender que no puede obtener a través de Omán lo que no consiguió mediante la guerra. Mascate debe reconocer que la mediación sin fidelidad política termina convirtiéndose en acomodación ante la potencia dominante. 

Ormuz no puede convertirse en un corredor administrado por Occidente, protegido desde Omán e impuesto contra Irán. La paz sostenible sólo será posible cuando todas las partes acepten que la seguridad del estrecho no puede construirse alrededor de Irán, contra Irán ni sin Irán.