La narco-filantropía en tiempos de pandemia
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo e investigar determinados temas. La prensa sobre el terreno y los investigadores se enfrentan a una situación de hostigamiento y amenazas en este ámbito que normalmente lleva a la muerte.
La pandemia ha sido una oportunidad para los cárteles ante la ausencia del gobierno. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de EEUU (CRS por sus siglas en inglés), “El narcotráfico y los cárteles mexicanos. Operaciones de los cárteles en medio del Covid-19”, explica que la pandemia ha sido utilizada por los cárteles para extender sus bases sociales, lo que implica nuevos apoyos y la expansión de sus zonas territoriales.
En tiempos de covid, las restricciones han afectado a los más necesitados en México incluyendo cortes de suministros en muchas zonas del país. Los cárteles han realizado repartos de alimentos, documentando en las redes estas actividades, incluso declarando ante medios que ejercen una autoridad necesaria ante el abandono y la corrupción del Estado, no solo en el ámbito de la alimentación sino también en seguridad, siendo unos eficaces jueces y verdugos ante la criminalidad. Estas operaciones sociales magnificadas por la difusión en redes refuerzan la idea de una Estado débil incapaz de atender a su población más necesitada.
Durante la pandemia, al igual que otros cárteles, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha ayudado a la población con repartos de alimentos, ganando apoyos populares. Esta ayuda no es gratuita: a cambio, el cártel consigue lealtad, informantes, adeptos… En definitiva, un escudo social que protege al narco y a sus familias de operaciones del ejército mexicano si se diera el caso.
Estos temas se investigan en la mayoría de los casos en base a los informes de fuentes oficiales de países protagonistas en las posiciones de oferta y demanda de drogas y armas, como la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), estamentos oficiales mexicanos y, como no podía ser de otra manera, del rastro en redes sociales que los propios grupos criminales dejan de sus actividades.
La guerra contra el narcotráfico ha costado más de 250.000 vidas en México desde 2006. Durante el confinamiento se produjeron unos 3.000 asesinatos por mes. Las cifras, aunque documentadas por fuentes estatales, son muy difíciles de parametrizar debido a un número importante de factores como los homicidios sin resolver, las desapariciones o la imposibilidad de imputar las causas de la muerte con claridad.
Según un estudio llevado a cabo por los investigadores del Programa de Política de Drogas CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica) han surgido 148 nuevos grupos criminales entre 2018 y 2019, aunque el presidente López Obrador, en declaraciones ante la presa, repercute cualquier incremento de la criminalidad a los cárteles ya existentes como el del Pacífico, Sinaloa o Jalisco.
Este estudio identifica un amplio abanico de actividades delictivas, desde narcotráfico al secuestro. Certifica que en todos los estados de México existe al menos un grupo criminal. Michoacán, Guerreo o Ciudad de México tienen de 20 a 24 grupos activos. Jalisco tiene 4. También referencia la unificación de carteles en Guanajuato, que se unen para combatir al CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación).
Destacan 6 grandes grupos con 34 brazos armados: franquicias de los cárteles. El grupo principal presta la fama, el branding, a cambio de regalías, pero las tensiones en el poder pueden llevar a fracturas en estos acuerdos. El cártel de Sinaloa tiene poder sobre 11 brazos que pueden controlar de punta a punta el país, de Sinaloa a Veracruz.
Este informe es una llamada de atención a una problemática que, a pesar de tener al país en guerra, parece que no atrae la atención de políticas públicas eficaces. El narco antiguamente aspiraba a la tranquilidad para trabajar y obviamente anonimato en medios de comunicación, pero las nuevas generaciones, y esto es algo global, tienden a la violencia con más facilidad y a la ostentación pública en redes.
Se puede ver la velocidad de reproducción de los grupos y como ocurre siempre, el narco va por delante del estado en flexibilidad, operatividad y recursos, teniendo una fuente de financiación multimillonaria. Muchos grupos se crean y se destruyen por la propia naturaleza de la profesión criminal, que es lo que la narco-cultura cinematográfica no enfatiza: las consecuencias negativas de un modo de vida ya instaurado en gran parte de la realidad de México.
Los cárteles de mayor repercusión y daño ocasionados son los de Sinaloa, el más antiguo del país, y Jalisco Nueva Generación. Sinaloa se dio conocer al mundo con los titulares que acaparó la captura del Chapo Guzmán; sin embargo, el cártel no desapareció, su captura dio lugar a una nueva etapa, con su consiguiente nuevo líder, Ismael el Mayo Zambada.
Ambos cárteles luchan por las plazas para que les faciliten el tránsito de armas, drogas y poder. Trafican desde hace años con fentanilo, un opioide de 50 a 100 veces más potente que la morfina y altamente aditivo creado en laboratorios químicos, muy rentable en el mercado negro. Desde China se puede conseguir a 5.000 USD el kilogramo, una vez cortado con talco o cafeína puede multiplicarse por 24 en Estados Unidos a 80.000 USD kilogramo, 1.920.000 millones de dólares. Este año han causado una crisis paralela a la del Covid-19, llevándose miles de vidas.
La ausencia del Estado junto con la corrupción siempre ha alimentado el desarrollo de los cárteles; en esta ocasión, la pandemia ha sido una nueva oportunidad para los grupos criminales aprovechando la dejadez del presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante su mandato, tras 13 años en vigor ha abandonado la Iniciativa Mérida de lucha contra el narcotráfico y por los derechos humanos junto con Estados Unidos, estando a la espera de un nuevo acuerdo Bilateral que ambos países consideren respetuoso para todas las partes.
Acuerdos internacionales que se suspenden y vacíos en políticas de seguridad que no se ajustan a la realidad en muchos estados de México son aspectos que fortalecen a los grupos armados.
Felipe Passolas
Foto de portada. Autodefensas pertenecientes al FUSEDEG (Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero) controlando el acceso a la localidad de Tierra Colorada. 14 de marzo de 2018. Autor: Felipe Passolas
FUENTES
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11535
https://cpj.org/americas/mexico/
https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-02/DIR-008-21 2020 National Drug Threat Assessment_WEB.pdf
https://politicadedrogas.org/site/OGrafica/id/137.html
